El Consejo para la Transparencia ordenó a la Subsecretaría de Prevención del Delito entregar actas clave sobre el sabotaje a la Central Rucalhue, tras acoger un amparo por falta de transparencia. El caso reabre cuestionamientos sobre el manejo de información en torno a un proyecto marcado por conflictos socioambientales en la región del Biobío.
Por J. Arroyo Olea | Colaboración entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
En abril se cumple un año del sabotaje al proceso de construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue en el río Biobío, impulsada por capitales chinos y que arrastra más de una década de conflictividad socioambiental.
El proyecto ha estado cruzado por criminalización a defensoras/es, denuncias por talas ilegales, mecanismos de movilización de la población, denuncias por precarización laboral y duros cuestionamientos a los intereses del gigante asiático en el territorio.
Los flancos del proyecto son diversos, y uno de ellos guarda relación con la poca transparencia con la que se ha actuado. En este sentido, en noviembre de 2025 se hizo pública la decisión de la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución encabezada en ese entonces por Carolina Leitao Álvarez-Salamanca bajo la administración de Gabriel Boric, de no entregar documentos que den cuenta de los acuerdos y compromisos establecidos para la realización del proyecto tras el sabotaje de abril, ni tampoco de las actas de instancias políticas sostenidas en el territorio donde participaron representantes ministeriales, municipales e incluso de la propia Embajada de China.
Posteriormente, la Subsecretaría hizo entrega, tras revisar nuevamente los antecedentes, de solo una minuta de acuerdos, pero no así de la totalidad de la documentación solicitada.
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La negativa del organismo se basó en causales de secreto o reserva, apelando a la Ley de Transparencia pero, de igual forma, al Código de Justicia Militar, lo cual frena aspectos mínimos de transparencia y que son de interés para la población.
Sin embargo, al tratarse de una solicitud vía transparencia, se recurrió al Consejo para la Transparencia (CPLT) ingresando un amparo ante el rechazo de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Seguridad.
El organismo respondió a fines de marzo de este año, dando respaldo a la solicitud y acogiendo el amparo, señalando que «en cuanto a la información requerida referida a las actas de las instancias políticas que se sostuvieron en las comunas de Santa Bárbara, Alto Biobío y Quilaco sobre la materia consultada, el órgano requerido no acreditó haber entregado la información pedida, reconociendo expresamente en sus descargos que no concurren causales de reserva legal sobre la materia pedida».
En este sentido, la Subsecretaría tendrá 5 días hábiles para hacer entrega de todas las actas de instancias políticas que se sostuvieron en Santa Bárbara, Alto Biobío y Quilaco sobre el sabotaje.
