por Franco Machiavelo
Los cobros excesivos de electricidad en Chile no aparecen como tema central en las elecciones presidenciales porque precisamente ahí, en esa ausencia calculada, se revela el verdadero mapa del poder. Cuando un problema afecta a millones de hogares, empobrece a las familias y concentra riqueza de forma obscena, pero aun así no entra en el debate público, no es casualidad: es diseño.
La política institucional, colonizada por intereses económicos, prefiere hablar de “seguridad”, de “inversión”, de “confianza de los mercados”, pero jamás del precio real que pagan las personas por un servicio básico que debería estar sometido a estricta regulación. ¿Por qué? Porque cuestionar las tarifas eléctricas es cuestionar el corazón mismo del modelo neoliberal chileno: la privatización de lo esencial y la subordinación de la vida cotidiana al lucro de unos pocos conglomerados.
El silencio del gobierno —cualquier gobierno dentro de este modelo continuista— no es simple omisión: es complicidad estructural. Se administra la crisis energética como si fuera un asunto técnico, lleno de comisiones, siglas, cálculos y decretos, para que el pueblo no vea lo evidente: las empresas privadas fijan las reglas, dictan las tarifas y moldean la política pública bajo la lógica de “recuperar inversiones” que nunca terminan de recuperarse, mientras los usuarios pagan facturas que crecen como si fueran castigos.
Las élites políticas ocultan que este sistema eléctrico no está hecho para garantizar energía justa, sino para garantizar ganancias. Las alzas, los reajustes automáticos, los cobros retroactivos y las distorsiones tarifarias son expresiones de una estructura que convierte un derecho básico en mercancía premium. Y la clase política calla porque depende del financiamiento, del lobby y de la arquitectura legal heredada de la dictadura y perfeccionada en democracia.
Lo que llaman “ordenamiento energético” es, en realidad, un dispositivo de control: encerrar a la población en un pago permanente e inevitable. No importa si la familia reduce el consumo; el precio sube igual. No importa si la empresa tuvo utilidades récord; el usuario seguirá siendo el fusible que se quema. No importa si la comunidad reclama; será tratada como ruido inconveniente.
Los cobros excesivos no son un “desajuste” ni un error de cálculo. Son un negocio redondo, un flujo continuo de riqueza desde los hogares hacia monopolios blindados por leyes hechas a su medida. Y no se debate en campaña porque tocar este tema sería reconocer que el modelo energético chileno es un ejemplo perfecto de cómo opera el neoliberalismo: privatizar las ganancias, socializar los costos y convertir necesidades humanas en oportunidades para especular.
Por eso las elecciones hablan de todo menos de esto. Porque si se hablara en serio del precio de la luz, habría que admitir quién manda realmente en Chile: no el voto popular, sino las empresas que convierten la oscuridad en negocio y la electricidad en mecanismo de extracción silenciosa. Y mientras ese pacto no se rompa, seguirá el saqueo.
