Por Atilio A. Boron
Hoy, 16 de Junio, se cumplen 66 años del criminal bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Esta verdadera masacre, encubierta por el relato que prevaleciera durante décadas -o, en el mejor de los casos, minimizada en su tremenda gravedad- fue producto de la conspiración de los “elementos democráticos y republicanos” de la Argentina que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional del general Juan D. Perón.
Guardo conmovedores recuerdos de ese momento. La vivienda de mi familia se hallaba en la trastienda de un negocio, una módica relojería y joyería de barrio ubicada en las proximidades de Santa Fe y Sánchez de Bustamante, una zona de la ciudad que en esa época se llamaba Palermo (de ahí el nombre del pequeño comercio familiar) pero que años más tarde la especulación inmobiliaria bautizaría con el más ostentoso (y lucrativo) nombre de Barrio Norte. Ni bien se conocieron las primeras noticias el negocio cerró sus puertas y bajó la cortina metálica. Mi madre, sumamente angustiada, apenas contenía las lágrimas ante las novedades y la zozobra que le producía la eventualidad de un prolongado cierre de los comercios de la zona, esos que a diario la abastecían de los insumos alimentarios básicos de la familia, en una época en que los freezers eran raros y las heladeras pequeñas. Mi nonna, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial en la fragorosa frontera entre Italia y el imperio austro-húngaro, rezaba sin cesar consternada ante la reiteración de la pesadilla que viviera entre 1914 y 1918, viuda y junto a sus cinco pequeños hijos poniéndose a salvo de interminables cañonazos. La angustia familiar se acrecentaba al ritmo del ruido ensordecedor producido por el paso rasante de los aviones y el disparo de sus ametralladoras, agigantado por el eco de las ondas sonoras en los edificios de altura que ya caracterizaban a la avenida Santa Fe.
Lo anterior tenía como telón de fondo el lejano retumbe de las bombas que estallaban en Plaza de Mayo. Cuando el estrépito llegó a niveles insoportables y premonitorios de más cercanos y letales peligros mi padre nos dijo que descendiéramos al sótano de la trastienda a buscar seguro refugio. Mi hermana (de nueve años) y yo con doce no salíamos del asombro ante la escena que imaginábamos estaría desarrollándose afuera aunque nadie, absolutamente nadie, se animaba a salir a la calle y la información que proporcionaban las radios era a todas luces insuficiente. Nadie se movía, o hablaba: la combinación del mortal silencio del vecindario con el rugido de los aviones y la detonación de las bombas era aterradora, cargada de los peores presagios. Lo que se decía -en realidad, lo que venían diciendo hacía algunos meses los voceros de la oligarquía- era que una guerra civil con todos sus horrores era inevitable para que el país “recuperase las libertades conculcadas por el peronismo”. Lo decían sin tapujos y en voz alta los clientes del negocio, desmintiendo con su conducta el carácter supuestamente dictatorial del peronismo. Lo que estábamos oyendo desde el sótano de mi casa era apenas el primer acto de esa tragedia en la cual el peronismo y los “gorilas” librarían la batalla final.
La coalición reaccionaria, cada vez más resuelta a acabar con el debilitado gobierno de Perón a cualquier precio, tenía en su núcleo a la soberbia, arrogante y autoritaria oligarquía argentina, la indiscutible dueña del país. Una clase social que en mi familia, de humildes orígenes inmigratorios, despertaba un intenso rencor. No obstante ese generalizado rechazo, la dinámica de la lucha de clases desatada desde 1945 había atraído hacia la hegemonía oligárquica a un importante segmento de las capas medias y del empresariado industrial y comercial, aún aquellos beneficiados por las políticas económicas y sociales del peronismo. Se sumaban a esta coalición, por diversos motivos, la Iglesia, sectores mayoritarios de las fuerzas armadas, al servicio de la oligarquía desde los albores de la historia nacional, y por supuesto la “prensa libre” que con mayor recato que en la actualidad atizaba las llamas de la sedición.
Cuando por la tarde terminaron de oírse los últimos disparos y dejaron de pasar los aviones salimos del sótano, convencidos de que se venían días muy difíciles y que, muy probablemente, estábamos asistiendo al final de un ciclo o las vísperas de una nueva etapa histórica de la Argentina. Me atrevería a decir que eso era lo que oscuramente presentía mi padre, aunque trató de llevar tranquilidad a la familia procurando minimizar la gravedad de lo acontecido. Pero cuando pocas horas más tarde y sobre todo al día siguiente, se conoció el luctuoso saldo de la masacre la convicción que nos hallábamos en las vísperas de una brutal revancha de la derecha se hizo inocultable. Al ver mi estupefacción ante lo ocurrido y sabedor de mi temprana inquietud por la vida política se limitó a decirme, con un inocultable dejo de pesimismo: “vamos a ver si Perón tiene la fuerza necesaria para reprimir a estos asesinos.” La historia demostró que no la tenía y que tampoco estaba dispuesto a construirla.
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Hasta aquí mis recuerdos: el balance histórico preciso revela que ese 16 de junio de 1955 la derecha argentina, proclive a perpetrar este tipo de crímenes (como lo demostraría con creces en las sucesivas dictaduras de 1966 y 1976) asesinó a 386 víctimas y produjo más de 800 heridos. Tal como se asegura el informe preparado por Osvaldo Bayer, Julio C. Gambina y el autor de estas notas en el libro El Terrorismo de Estado en la Argentina (Buenos Aires: Ediciones del Instituto Espacio para la Memoria, 2010. Descarga gratuita del libro aquí: https://atilioboron.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/LIBRO-TEA.pdf )
“… pese a tan graves episodios Perón se abstuvo de perseguir a los sediciosos. Si bien se implantó el estado de sitio, la política adoptada por la Casa Rosada procuró -vanamente sin duda, como lo ratificaría la historia- sentar las bases para la reconciliación nacional. A tal efecto limitó a un mínimo la confrontación contra los socios y aliados de los golpistas y, al mismo tiempo, exhortaba a los sectores obreros agrupados en la CGT y los sindicatos a mantenerse en calma y dejar que fueran las instituciones y las leyes de la República las encargadas de conservar el orden. Si bien se podría haber aplicado la pena de muerte por los delitos de sedición y traición a la patria, uno de los principales responsables de los hechos, el contralmirante de la Marina Samuel Toranzo Calderón fue condenado a reclusión perpetua; otros fueron dados de baja de la fuerza, pero se encontraban disfrutando de un seguro asilo en el Uruguay. El resto de los culpables no fue ni siquiera sometido a juicio. Al caer el gobierno peronista, pocos meses después, todos ellos fueron repuestos en sus cargos.” (pg. 88)
