EL DESCONCIERTO
Ahí estaban sindicatos, movimientos sociales, ONGs, fundaciones, ciudadanos y ciudadanas, advirtiendo desde hace años que el progreso }no solo se debe pensar en función del PIB per cápita; sino también se debe hacer desde la empatía y la solidaridad. Fueron diez años que explican lo que pasó el 18 de octubre de 2019, diez años que El Desconcierto ha recopilado en voz de algunos y algunas de sus protagonistas.
El 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un después en el país. De eso no hay duda. Pero el estallido social que se hizo visible ese día se venía incubando desde antes; al menos, desde hace unos 30 años, cuando el sistema económico y político que hoy nos rige se consolidó al término de la dictadura y el inicio de la transición a la democracia.Pasaron dos décadas, con una elite que se acomodó a los beneficios que entrega una economía extractivista, alejada de la innovación, y una ciudadanía que vio cómo sus derechos sociales básicos estaban al arbitrio del mercado. Pensiones, salud, educación y una larga lista de empresas que alguna vez fueron públicas, ahora establecían sus planes y precios en función de la oferta y la demanda, con una regulación mínima, casi inexistente, y una gran masa de ciudadanos transformados en meros consumidores. Así Chile creció y se forjó como una nación próspera, en términos macroeconómicos, pero desigual y cultivando un profundo malestar social.Los últimos diez años no fueron más que la expresión de aquello. El movimiento estudiantil de 2011 reclamando por educación gratuita y de calidad, la marcha del millón de personas que clamó por el fin de las AFP, la cuarta ola feminista que cambió la concepción de todo, la lucha de los pueblos originarios, y la tragedia de niños y niñas del Sename, entre otros, fueron alertas claras, fuertes, de que el malestar en Chile ya se había hecho carne en millones. La elite, política y económica, quizás acomodada en sus privilegios, no lo pudo leer. Pero ahí estaban sindicatos, movimientos sociales, ONGs, fundaciones, ciudadanos y ciudadanas, advirtiendo desde hace años que el progreso no solo se debe pensar en función del PIB per cápita; sino también se debe hacer desde la empatía y la solidaridad.Fueron diez años que explican lo que pasó el 18 de octubre de 2019, diez años que El Desconcierto ha recopilado en voz de algunos y algunas de sus protagonistas.
Educación. Emilia Schneider, presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile:
Desde 2011, pero también históricamente, el movimiento estudiantil ha sido un actor en Chile sumamente relevante para las luchas y la ampliación de derechos. En 2011 se pone en la palestra un movimiento muy amplio, que excede a lo estudiantil, de impugnación del modelo heredado en la dictadura y profundizado en los gobiernos de la transición: Estado subsididario, derechos mercantilizados, sin derecho a salud, educación, pensiones y trabajo digno. El movimiento estudiantil fue un gran aporte en eso y la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad es un momento de mucho avance de esa lucha y un antecedente de este estallido social.
Decir que no se veía venir es muy expresivo de la política tradicional, que es impermeable a los derechos que se reivindican. El estallido nos tomó en un momento de recomposición de las organizaciones sociales, de la izquierda y los progresismos, pero esto parte de un acumulado histórico de fuerzas y malestar que venía abriéndose con el movimiento estudiantil, No+AFP, el feminismo, el movimiento por la salud, etc. Era lógico que en algún momento esto iba a estallar y, al ser tantas las demandas, el reclamo por un nueva Asamblea Constituyente iba a cobrar sentido. Además, porque la Constitución es el tope para nuestras demandas. Hoy se expresan en conjunto y articuladas las manifestaciones que por años hemos visto en las calles.
El gobierno anterior representó una derrota política e ideológica para el movimiento estudiantil muy tremenda porque tomó nuestras banderas por una educación pública y gratuita y las transformó en más becas que terminaron fortaleciendo el mercado educativo y mantuvieron a los compañeros y compañeras endeudados. En 2018 el movimiento estudiantil dio una profundización mayor de su reflexión e incorpora una perspectiva feminista para mirar este conflicto y ya no se habla solo de conquistar una educación pública, ampliarla o fortalecerla, sino de construir una nueva educación pública que sea feminista, que permita combatir la violencia de género, la discriminación hacia la disidencia sexual y que sea radicalmente democrática en sus prácticas y en su contenido.
Pensiones. Luis Mesina, vocero de No+AFP:
El movimiento estudiantil y las grandes movilizaciones de 2011 nos señalaron un camino que se apareció. No+AFP, como movimiento surgió el 2013 y en 2017 aprovechó la coyuntura de escándalos que se venían produciendo para irrumpir en las calles con esa masiva movilización de más de dos millones de personas en todo el país. Fue un ascenso: en 2011 un salto, en 2016 otro salto, en 2017 logramos tener las marchas más grandes hasta el momento. Luego llegó 2019. Eran señales contundentes de que algo pasaba en el país, de que es necesario cambiar algo. En eso, además de la responsabilidad de Sebastián Piñera, no se puede blanquear al anterior gobierno, que jugaron un rol activo para mantener intacto el modelo que este gobierno consolida. Algunos de los partidos que ahora son oposición tienen una gran responsabilidad en lo ocurrido en este país. Por eso la gente no confía en ningún partido. Hay ejemplos para entender cómo se ha llegado a este punto porque la dosis de desconfianza que se ha generado ha sido tan alta.
Cuando en 2008, con la gran crisis subrpime, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, eliminó las Administradoras de Fondos de Jubilaciones de Pensiones (AFJP) de la noche a la mañana a través de un decreto supremo, no pasó nada en el país, nadie se fue, nadie se robó las platas y volvieron al antiguo sistema.
Si bien este estallido social sorprendió por la magnitud del fenómeno, por la extensión de la protesta, generó una preocupación por el nivel de intensidad y la violencia desde distintos ángulos que pueda realizarse, a los dirigentes de los movimientos sociales este estallido no nos sorprendió tanto, nosotros somos parte de este, representamos una parte importante. Se explica porque es la acumulación de un largo tiempo en el que Chile y sus habitantes fue un espectador de la política del abuso sistemático y sostenido y de la impunidad de la cual gozaban los abusadores.
Medioambiente. Flavia Liberona, Fundación Terram:
Los conflictos ambientales tienen una base social y en los últimos diez años hemos sido testigo de muchas problemáticas que han movilizado al país entero poniendo de manifiesto que a los habitantes de distintas zonas les preocupa lo que ocurre en sus territorios. La regulación ambiental chilena, de una u otra forma, es permisiva y hace que se sucedan año tras año muchos conflictos medioambientales porque la gente siente que los proyectos se les imponen y que se vulneran sus derechos, alteran su forma de vida, dañan los ecosistemas y, por lo tanto, difunden estas problemáticas y algunas de ellas han alcanzado connotación nacional.
Entre los casos emblemáticos está la oposición a la termoeléctrica Barrancones, previa al primer gobierno de Sebastián Piñera y que culmina cuando el presidente decide desistir el proyecto sin pasar por un proceso apegado a la legislación ambiental chilena. Luego llegaron las grandes manifestaciones en contra del proyecto Hidroaysén, en 2011, que se quería emplazar en la Patagonia chilena, y posteriormente sucede la oposición a la planta de cerdos en Freirina, de Agrosuper; también toda la oposición de Mina Invierno, en Magallanes. En forma reiterada durante los años se suceden los episodios de contaminación en la bahía de Quinteros y se levantan las zonas de sacrificio. También está la oposición al tranque de relave El Mauro, la oposición a Pascua Lama, y a la central Río Cuervo. Empiezan a aparecer también denuncias a la empresa salmonera chilena y sus malas prácticas, que tiene un hito en 2016 cuando hay vertimiento masivo de salmones. Y, por supuesto, la ley de pesca, una ley corrupta que ha sido rechazado por muchos que creen que esta legislación debería ser modificada o derogada.
El estallido, por lo tanto, no ha sido una sorpresa porque los habitantes de Chile han estado permanentemente reclamando en contra de proyectos de inversión que afectan su calidad de vida y que dañan las economías locales, contaminan y destruyen sus ecosistemas. Esto no ha sido escuchado desde Santiago; no sólo por este gobierno. El estallido social tiene un componente ambiental y si uno busca encuentra una base de movilización social en todo el país que rechaza todos estos proyectos y que denuncia que se están vulnerando sus derechos.
Corrupción política (SQM, Penta, Corpesca y Caval, entre otros). Carlos Gajardo, ex fiscal:
Una de las características de la década fue el destape de ese maridaje que es la política y el dinero. Su principal hito ocurrió entre los años 2014 y 2015, cuando se conocieron los casos Penta, SQM y Corpesca. Allí se mostró cómo los grandes grupos económicos financiaban de manera más o menos transversal a los diferentes candidatos al parlamento y a la presidencia del país. Tales casos tuvieron un gran impacto en la sociedad que razonablemente desconocía, aunque podía sospechar de esa vinculación. A partir de eso, hubo una dosis profunda de frustración consecuente, porque la forma en la que se terminaron esos casos fue con bastante impunidad, fruto de un acuerdo transversal, que buscó un cese en las investigaciones.
Ahora bien, esa fue una relación que se incrementó en el tiempo y se hizo perceptible, porque con los años las campañas se hicieron más caras, más onerosas. Pero fue evidente que esto comenzó en la década de los ‘90, y eso es consistente con lo que se declara en la misma investigación, y que al menos esto habría comenzado en la campaña de Lavín en 1999, según declararon desde el grupo Penta. Se pudo apreciar esa consistencia cuando se veía que los gastos que se declaraban no guardaban relación con los ingresos que posteriormente podía producir el candidato directo vía los sueldos que recibía. Era evidente que había un intento de, mediante este financiamiento, posteriormente influir en la posición que el candidato directo podía tener estando ya en el poder.
Hay dos aspectos en los que esto tuvo efectos. Primero, en la institucionalidad. Allí funcionó en dos sentidos: por una parte, ponerse de acuerdo para generar una impunidad, y para ello apretaron dos teclas: por una parte, se cambió a las jefaturas del SII, que inicialmente habían estado disponibles y activas presentando querellas; y a fines del año 2015 también hubo un acuerdo para cambiar al fiscal nacional con el mismo propósito, que es que no se siguieran adelante las investigaciones. Y luego hubo un acuerdo transversal para generar cambios en la institucionalidad, que fue el resultado de la Comisión Engel, donde hubo diversas reformas legales que apuntaban a un sentido correcto, pero probablemente fueron bastante tímidas para lo que se necesitaba correspondiente a la urgencia del problema. Se creó un nuevo delito de carácter electoral, pero con condiciones limitadas, con penas bastante bajas, con un plazo de prescripción bastante breve, de dos años, además con un requisito de que para iniciar una investigación la fiscalía no puede actuar de oficio, sino que debía haber una denuncia previa del Servel.
Por consiguiente, hubo modificaciones que apuntaron en el sentido correcto, pero me parece que quedaron bastante cortas. Ahora bien, sobre lo otro, hubo un divorcio entre ciudadanía y clase política como no se había visto en los últimos 30 años. A partir del episodio Penta y SQM, se hace más evidente el clivaje entre ciudadanía y clase política. La ciudadanía comienza a sentirse menos representada por la clase política. Es una de las grandes causantes de la crisis que estamos viviendo hoy en día, del 18 de octubre en adelante.
En resumen, fue una década en la que hubo mucha verdad y muy poca justicia; se supo mucho y se castigó poco. Y eso, en definitiva, es un fenómeno negativo, lo que provoca un descrédito institucional.
Crisis en el Sename. Cristóbal Yessen, activista por la niñez:
Durante esta última década, el informe Sename II (2017) develó con crudeza las violaciones sistemáticas a Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de lo más negativo está el nulo avance en materia de garantías de derechos de la niñez y adolescencia que se ha visto acorralado con medidas punitivas y criminalizadoras que en nada aportan al deber que tiene la sociedad de cuidado con los que serán el futuro y pilar de nuestra comunidad. Además del poco avance en las causas, descritas por diversos organismos internacionales y nacionales, existe mucha impunidad.
La gestión política de la problemática se ha dado la misma tónica, lo que está bien o mal depende del gobierno y coalición que gobierna, es así como se calla o grita, incluso justificando la mala gestión dependiendo del militante u operador político que representa la institución en determinado momento.
Hoy, la demanda es clara: No más Sename. No tenemos claro cuántos niños, niñas y adolescentes necesitan una real intervención y quienes están -incluso fraudulentamente- en situación de institucionalización sólo por mantener un sistema fracasado. El panorama es triste, el nuevo servicio de protección de la niñez de Piñera, contempla a las mismas instituciones, acusadas en los informes de las más graves vulneraciones, sin aumentar supervisión, sin saber cuál es la verdadera necesidad. Se construye a medida de los privados. Hoy Sename es crítico con las familias, pero guarda silencio ante las violaciones de derechos humanos del Gobierno, demostrando que los niños y niñas son lejos su foco de preocupación. Finalmente, es importante destacar que es incomprensible porque solo ingresan niños, niñas y adolescentes pobres al sistema, porque para niños y niños de estratos socioeconómicos altos, se tiene otro criterio, de buscar incluso más allá del árbol genealógico del niño/a para evitar la institucionalización.
Conflicto Estado chileno – mapuche. Fernando Pairican, historiador:
El movimiento mapuche tiene una larga historia y distintas fases para poder entenderlo. Y, entre todo eso, la perspectiva de la resistencia como forma de reconstrucción del país mapuche ha sido muy importante, al igual que la autodeterminación como un objetivo a conquistar.
En este contexto, resulta trascendente la memoria de Alex Lemun, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca (comuneros asesinados en democracia), quienes son símbolos de la represión del Estado chileno. También creo importante destacar, como símbolo político, a la machi Francisca Linconao y cómo ella ha luchado dentro de la institucionalidad y apoyando a los hermanos presos políticos.
Respecto de cómo el Estado chileno ha entendido a los mapuche, creo que hay dos brazos: Uno es la represión a los levantamientos reivindicativos y el otro es la política de asimilación con el fin de detener la potencia política del pueblo mapuche, para domesticar los derechos en torno a elementos que el Estado pueda controlar, recurriendo a instituciones, como lo que terminó siento la Conadi. Pero también se ve hoy al impedir las cuotas para pueblos originarios en la nueva Constitución que podrían abrir espacios para revertir la segregación política que ha sufrido el pueblo mapuche.
De cara a este proceso constituyente, debemos correr el cerco de lo posible. Y lo primero es reestructurar Chile en un Estado plurinacional e intercultural, lo cual nos permitiría seguir desestructurando las estructuras coloniales del Estado que han imposibilitado -por posición política- la democratización de los derechos de las naciones originarias. Se podría iniciar la primera etapa de un proceso de desmantelamiento de las estructuras de dominación, para poder avanzar a través de una vía política a la conquista de la autodeterminación como un derecho humano fundamental.
Movimiento feminista. Coordinadora 8M. Constanza Cifuentes, vocera; Red Chilena de Violencia contra las Mujeres, Lorena Astudillo, vocera:
Constanza Cifuentes: Durante la última década, pero sobre todo desde 2016, el feminismo ha vuelto a ocupar un lugar de visibilidad de primera línea, aunque siempre ha estado en permanente organización, y en un permanente cuestionar. Como Coordinadora, nosotras empezamos desde 2018 en adelante a articular distintas mujeres de grupos sociales diversos para poder avanzar hacia una huelga general feminista el 8M. Bajo ese paraguas nos congregamos mujeres que provienen de las distintas luchas de las últimas décadas: muchas provenimos de las luchas secundarias de 2006 y de 2011 por la educación pública y gratuita, pero también hay compañeras que proceden de las luchas contra la dictadura o contra las distintas formas de depredación del modelo de vida en el campo y la ciudad.
En esta década, nuestro mayor hito ha sido visualizar la lucha contra violencia estructural patriarcal, que ha tenido formas de expresión distintas: en 2016 con #NiUnaMenos, las luchas por el aborto libre en Latinoamérica y el mundo, el 8-M por el paro general de mujeres o, más recientemente, con la propuesta de Las Tesis. En estos años, hemos rescatado la memoria activa de las mujeres y de las feministas de los últimos 40 años (o más atrás) para poder ponerlas en el centro de nuestra memoria viva para construir una nueva sociedad antipatriarcal, feminista, antirracista y anticolonial.
Lorena Astudillo: Cuando surge la idea de que “Chile Despertó”, entre las feministas se responde con el comentario de que nunca estuvimos dormidas. Si bien el movimiento feminista no tenía visibilidad comunicacional en medios masivos como la de los últimos años, ha estado presente y latente desde fines de 1800 en una lucha constante: las mujeres en las salitreras (fines 1800), las sufragistas (1930), con la anticoncepción (en los 60), las mujeres que lucharon contra la dictadura, por la pastilla del día después, por el aborto y desde 1990 contra la violencia, como la La Red Chilena.
En la última década, movimiento feminista logró pasar del errado concepto que existía y que intentaban posicionar algunas personas en su contra, como si fuera negativo, y logra traspasar el concepto real del feminismo a la opinión pública y hoy muchas mujeres se consideran feministas. Se comprende y entiende que no es una lucha de mujeres que odian hombres, sino que es una lucha por la equidad y para relacionarnos de igual a igual. Eso se hace tan bien que tenemos incluso personas de derecha autodenominándose feministas cuando es un contrasentido en sí mismo.
Hay una necesidad de decir ‘sí’, y el feminismo le dobló la mano a quienes lo querían posicionar negativamente, sobre todo los fundamentalistas. También son hitos que las mujeres dijeran en las encuestas “quiero aborto libre”; el hecho de reconocer que las mujeres somos violentadas y ponerle nombre a esa violencia que antes estaba naturalizada, condenarla y denunciarla (el piropo callejero, las violaciones, el acoso sexual, etc.), que saliéramos un millón de mujeres a la calle el 8M a decir ‘basta’ y, finalmente, lo que pasó con Las Tesis culmina esta ideología hasta el punto que logra reconocer la violencias que vivimos las mujeres en nuestros cuerpos y politiza algo que nos pasa a todas a nivel mundial. Lo hacemos a través de la unidad de todas.
Migración. Rodolfo Noriega, Coordinadora Nacional de Inmigrantes:
El flujo migratorio que hoy vive el país se originó a mediados de los años 90. Y cambia al no ser solo un afluente de países andinos, sino que se extiende a los países del Caribe y a otras latitudes, como Asia, África y Europa. Ahora bien, el status quo de la institucionalidad fue la respuesta de los últimos 10 años: recién en 2017 y 2018 el gobierno de (Michelle) Bachelet presenta un proyecto de ley que sustancialmente no difiere de 2013. Chile ha perdido la oportunidad de poder afrontarlo estableciendo una política pública robusta, que busque concretar una reforma integral del tema.
Los peruanos han sido el grupo que ha dinamizado la migración en las últimas dos décadas. Todo, excepto en 2018, cuando por el contexto latinoamericano es desplazado por la población venezolana, que irrumple y desplaza el flujo peruano. Pero la diversidad de vertientes migratorias es la que va a abarcar la última década, y principalmente la caribeña va a aportar. El flujo de haitianos va a ser notorio y evidente, al igual que el de los dominicanos. Pero va a ser la comunidad haitiana la que va a transformar y, si se quiere, va a marcar el flujo migratorio, principalmente por el tema idiomático.
Pese a todo, hay una constante y que es la principal: se van a marcar elementos que estaban escondidos dentro de la idiosincrasia nacional. Frente a una institucionalidad discriminadora, la sociedad civil, el pueblo de Chile integra al migrante. Hay hechos racistas y xenófobos que son evidentes, como que el Presidente diga que los responsables de la cesantía son los migrantes. Eso genera un rechazo y un eco. Sin embargo, en el cotidiano, en el día a día, conviven y se hacen vínculos y relaciones. Santiago es una ciudad cosmopolita, no hay lugares donde no puedas ver la influencia extranjera: en la comida, las cosas que se venden, los modismos, los peinados, la ropa, la música. Es una tendencia que va a superar la discriminación institucional. Eso es una marca que se acentuó en los últimos 10 años.
Creo que estamos viendo el inicio de un proceso que va a ser más fuerte, y que va a tener sus alcances en cambios dentro de la institucionalidad donde confluyan todos.
Estallido social 18O. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y vocero de Unidad Social:
Este año hubo dos hitos previos al 18O que dieron luces de lo que vendría. Las manifestaciones feministas del 8M, con la marcha gigantesca, y después el paro de profesores, que duró 51 días y que tuvo gran apoyo ciudadano. Estos movimientos, por la transversalidad que lograron, fueron la antesala de lo que ocurrió el 18 de octubre. Ahí se empezó a ver que había mucho malestar y la gente canalizó ese malestar apoyando estas manifestaciones. En el caso de los profesores, la gente empatizó mucho con nuestras demandas. Hubo cacerolazos masivos, donde participaron mucho más que los profes. Con eso quedó demostrado que la gente entendía que había algo mayor. Durante los últimos años, las causas habían sido más bien sectoriales. Cada sector en lo suyo, sin tanta conexión con otros. Pero este año, la gente fue entendiendo que había un problema con el modelo, con el ideario social que ya estaba fracasado.
Y en ese sentido, la respuesta de la institucionalidad a la crisis ha sido muy pobre. Y la mayor pobreza ha estado en el Gobierno, que tiene una desconexión dramática de la realidad social. Pero me parece que también a los partidos políticos, incluyendo a la oposición, les ha costado mucho asumir que hay un cuestionamiento a la institucionalidad en su conjunto. Es cosa de ver las encuestas y cualquier sondeo, que demuestran que hay una fuerte crítica a la clase política. Han reaccionado lento y se han preocupado más de la formalidad institucional que de dar efectivo cause a las demandas sociales, y ahí se han quedado bastante desfasados de lo que pide la ciudadanía.
Sobre el proceso constituyente que se ha abierto tras las movilizaciones, creo que la ciudadanía tiene la expectativa de que esto dé curso a un cambio de fondo, a una efectiva democratización de la sociedad chilena y a un efectivo ejercicio de soberanía popular. Al salir de la dictadura llegamos a una democracia de baja intensidad y el tiempo lo ha demostrado. Ha habido una baja participación social. Una democracia meramente formal. Muy de cartón. Y eso ha hecho crisis. Entonces, el proceso constituyente efectivamente tiene que terminar con esta apropiación que la élite ha hecho de la soberanía.
