ESCRITO POR NATALIE GILBERT
HASTA EL 1 DE JUNIO SE EXTIENDE EL PLAZO DE LA CONSULTA PÚBLICA EN LA QUE PUEDEN PARTICIPAR PERSONAS NATURALES U ORGANIZACIONES PARA DETENER LA AVANZADA DE LA AGROINDUSTRIA TRANSGÉNICA EN LOS TERRITORIOS.
n marzo de este año, el Servicio Agrícola y Ganadero -SAG– emitió un decreto que deroga la resolución n° 1523 de 2001 que establecía ciertos límites a la producción de la industria transgénica en el país. Este permitía sólo la producción de semillas transgénicas para exportación.
De paso, sin aviso, ni espacio para el debate, abrió la puerta a que la agroindustria incremente su actividad en el territorio para producción y comercialización de cultivos transgénicos en el mercado interno.
Como ha sido la tónica, durante estas semanas de Pandemia bajo el gobierno de Piñera, el sistema sigue operando a su antojo, sin espacio para la participación ciudadana ni protocolos necesarios bajo este contexto de aislamiento y cuarentenas. Gran cantidad de proyectos con altas inversiones se han presentado en el Sistema de Evaluación Ambiental y otros tajantemente rechazados por diversas comunidades afectadas han avanzado en sus trámites, sin ningún obstáculo. Es el caso de Putaendo y la mega minería que se pretende instalar en la zona, en donde un proyecto de 350 nuevos sondajes mineros fue aprobado el pasado 20 de abril por video conferencia.
Así mismo, es que el SAG sin anuncio alguno inició en una página interna de su sitio web el proceso de consulta pública ante la derogación del único decreto que regula la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado.
¿Qué está detrás de la nueva Resolución del SAG?
El actual documento del SAG, que pretende derogar el decreto de 2001, considera en su punto 4° que “producto de la revisión de las normas vigentes, de los avances biotecnológicos para el mejoramiento genético vegetal, y de la experiencia recogida en los últimos 20 años, se ha determinado la necesidad de actualizar los requisitos para la importación, permanencia, acondicionamiento y liberación confinada al medio ambiente de material vegetal genéticamente modificado, importado o de desarrollo nacional”.
Si antes, en el decreto de 2001 sobre internación y producción de organismos genéticamente modificados, el SAG incluía dos procesos de identificación de efectos adversos previa autorización, hoy con esta resolución sólo permanece uno de ellos: el Análisis de Riesgo, descartando la Evaluación del Riesgo.
Junto a ello y entre otras graves implicancias, en el artículo n°17 sobre la modificación de las “Medidas de Bioseguridad” establecidas por el SAG en la resolución actual, se anula la condición de cumplimiento de “períodos con cuarentenas de cultivo” establecida en la versión derogada.
Además, la estipulación de que las medidas de bioseguridad no podrán dejarse sin efecto o modificarse “cuando Chile sea centro de origen de la especie a la que pertenece el Organismo Modificado” deja de ser una exigencia y pasa a ser sólo un factor a considerar.
Esto es de suma importancia, pues las medidas de bioseguridad implican hasta ahora el único, aunque laxo, resguardo que exige el SAG para evitar o minimizar los riesgos y afectaciones de los transgénicos en el medio ambiente.
En este contexto, es que diversas organizaciones territoriales y socioambientales han levantado el urgente llamado a participar de la consulta pública del SAG. Un proceso que si bien no es vinculante, sí permite presionar al sistema y posicionar la postura política con respecto al rechazo a la transgenia y los agrotóxicos, al resguardo de las semillas nativas o tradicionales, al cultivo del buen vivir, de la agroecología y de la protección de los bienes comunes, principios que cultivan los Pueblos Originarios, como el Pueblo Mapuche, y que no han sido consultados como lo exige el Convenio 169 de la OIT.
Esta consulta pública finaliza su recepción de cartas el 1 de junio de este año. Las misivas deben ser enviadas a participacion@sag.gob.cl, idealmente con copia a rap-al@terra.cl, con la finalidad de elaborar un registro de la participación.
La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP Chile) dirige el llamado tanto hacia personas naturales, como hacia organizaciones con o sin personalidad jurídica, a enviar sus observaciones y rechazo a esta resolución del SAG, emitida entre gallos y medianoche.
Ante este nuevo guiño hacia la agroindustria, es que desde RAP Chile solicitan que se establezca una moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos (OGM) destinados al mercado interno.
¿Cuáles son las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos?
En este escenario es que el pasado jueves 21 de mayo se realizó el conversatorio “La sorpresiva resolución del SAG y sus impactos: Transgénicos y plaguicidas en territorios y localidades del Wallmapu”, organizado por Pamela Contreras, del Movimiento por el Agua y el Territorio (MAT) y el ingeniero agrónomo, José Miguel Garcés.
En este encuentro participaron vía meet, María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile – Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la periodista Lucía Sepúlveda, miembro de RAP-Chile y vocera nacional de Yo No Quiero Transgénicos; la ingeniera agrónoma Valentina Torres Huechucura, e integrante de la Asociación Mapuche Ad Kimvn; y Alfonso Medrano, representando a la ONG socioambiental de Victoria Oveja Verde.
En las exposiciones se revisó el panorama general con respecto al funcionamiento de la agroindustria en Chile, así como su estado de avance y consecuencias en el Wallmapu y La Araucanía. Además, se explicaron las acciones concretas que se pueden realizar ante el SAG para demostrar el rechazo a esta última resolución.
Según la presentación de Lucía Sepúlveda, La Araucanía es la 4° región más afectada a nivel país por el cultivo de transgénicos y uso de plaguicidas. En 14 de las 32 comunas, ya se ha instalado esta agroindustria. En el caso de cultivo de raps (canola) las comunas con más hectáreas intervenidas son Renaico (233), Freire (195,7) y Pitrufquén (175).
Además, la periodista citó los resultados del 1° Estudio de efectos a largo plazo de alimentación con Roundup (glifosato) y maíz tipo GMNK 603. Ambos de Monsanto. La investigación se realizó en el 2013 por la Universidad de Caen en Francia. Entre los hallazgos, las hembras registraron muertes prematuras por enormes tumores y problemas en la glándula pituitaria. Los machos presentaron daños en pulmón e hígado. Como posibles causas se identificaron la alteración endocrina ligada al Roundup más la acción del transgen contra el metabolismo.
Por su parte, Valentina Torres Huechucura hizo énfasis en cómo el paradigma de crecimiento continuo y el extractivismo han profundizado la intervención del capital en los campos, acaparando para sí los bienes comunes como la tierra y el agua. Ello, solventado en legislaciones y regulaciones para favorecer la mercantilización y el despojo. Entre ellas se cuentan el Código de Aguas y el Decreto de Ley 701 (subsidio a forestales), ambos herencia de la dictadura de Pinochet; la Consulta Indígena (no vinculante); el Plan Impulsa (de Piñera); los Tratados de Libre Comercio, como el TTP 11; y la reciente resolución del SAG que pretende la producción de transgénicos para comercialización y consumo interno.
La integrante de Ad Kimvn señaló que “para nosotrxs, la defensa del territorio también es la lucha por la soberanía alimentaria, el libre uso y venta de semillas tradicionales, no sólo como recurso productivo, sino porque constituyen la base de la alimentación y de la vida”.
En tanto, sobre la urgencia de actuar rápido y ser partícipes de la consulta pública del SAG frente a su última resolución sobre Organismos Genéticamente Modificados, María Elena Rozas subrayó que “esta resolución exenta es mucho más peligrosa que una ley, porque una ley requiere un trámite que siempre es más o menos largo, en cambio esta resolución se pone en vigencia de inmediato una vez que sea aprobada”.
“Por lo mismo -comentó Rozas-, debemos ser más ágiles en sentido de movilizarnos con fuerza ahora. Estamos corriendo un gran riesgo porque las empresas biotecnológicas están regulando desde el Estado. El SAG se ha convertido en una oficina de estas empresas. Ellos hacen y deshacen ahí. Esto no es un invento mío, ni nada, lo saben en el SAG, lo saben antiguos directores del SAG, y es de público conocimiento, entonces movilicémonos fuerte ahora, tenemos sólo hasta el 1 de junio”.
El negocio letal de los agrotóxicos
El cultivo de transgénicos y el uso intensivo de plaguicidas altamente tóxicos avanzan de la mano por los diversos territorios donde irrumpen. Especialmente, durante las últimas dos décadas, se han convertido en dos eslabones esenciales para la mercantilización brutal de la agricultura, controlada por corporaciones que mueven miles de millones de dólares y poderosas redes de influencia a nivel mundial. Al mismo tiempo, empobrecen y enferman la tierra y las comunidades que en ellas habitan. El avance de la transgenia y el uso exponencial de los agrotóxicos es una constante fundamental para el agronegocio.
Herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas son algunos de los tóxicos que se rocían sobre los monocultivos transgénicos, que impactan no sólo a las plantas sino también a los suelos, a los cursos de agua, y que son manipulados en su mayoría por clase trabajadora pobre y muchas veces de temporada.
Según la Red de Vigilancia Nacional de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas (REVEP), desde el 2008 a 2018 se contabilizaron 7.350 casos de personas intoxicadas por plaguicidas, 80 de ellos fallecieron y 2.171 requirieron hospitalización.
En tanto para el año 2019, según el Informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, se registraron 496 casos. De ellos, 35,3% correspondientes a personas jóvenes desde 20 a 39 años; seguido por 27,6% de personas entre 40 a 69 años; 17,3% de adolescentes; y 11,7% de niños y niñas. Del total de intoxicaciones, 334 corresponden a uso de insecticidas.
En cuanto a los plaguicidas causantes, el informe sobre el balance 2019 detalla que “de acuerdo a sus ingredientes activos, los principales son la Cipermetrina, el Diazinon y el Metomilo”.
La Cipermetrina que es responsable de 109 de las 496 intoxicaciones registradas el año pasado. Es un insecticida de acción neurológica, utilizado también en la industria salmonera y según diversos estudios ha presentado efectos nocivos en el ambiente acuático, en diversas especies de ranas, así como en insectos polinizadores como las abejas.
El Diazinon, causante de 44 de las intoxicaciones del mismo periodo, del que Chile es uno de los productores, está prohibido en la Unión Europea y en 5 otros países.
El Metomilo responsable de 27 intoxicaciones agudas, está prohibido en 12 países además de la Unión Europea.
El 4° en la lista es el Glifosato, causante de 21 intoxicaciones en el 2019; herbicida que según la Antología Toxicológica del Glifosato, recopilación de 830 artículos científicos y actualizada al 2018, su toxicidad ha sido comprobada en diferentes especies, así como sus efectos cancerígenos, abortivos y crónicos entre otros.
Según un informe presentado a la Comisión de Agricultura en junio de 2019, a mayo de ese año se contabilizaban 1.305 plaguicidas con autorización vigente. Los ingredientes activos autorizados son 493 y según categorías de toxicidad, 36 corresponden a “Ia” o extremadamente peligroso y 19 a “Ib” o altamente peligroso, según definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Revisa el video completo del conversatorio “La sorpresiva resolución del SAG y sus impactos: Transgénicos y plaguicidas en territorios y localidades del Wallmapu”, en nuestro canal de YouTube.
