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Al mediodía de este viernes 9 de febrero, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de la anulación de la condena que había determinado el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles en noviembre del año pasado, contra los comuneros mapuche procesados sin pruebas y mediante un juicio viciado.
Los acusados Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villouta Alcaman y Esteban Henríquez Riquelme, integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), habían sido sentenciados a penas carcelarias de hasta 15 años. Ante semejante montaje del Estado chileno, los comuneros iniciaron una huelga de hambre que llega a casi los 90 días y que tiene a 3 de ellos en grave riesgo vital.
Uno de los abogados de la defensa, Rodrigo Román, reafirmó que no hay pruebas y sólo especulación en el juicio: “Es parte del plan que tiene el Estado esta embestida que ha hecho en contra del pueblo nación mapuche y comunidades en resistencia y la CAM se cuenta como una de las tantas organizaciones de resistencia. No por nada encarcelan al líder Héctor Llaitul y no pasan ni diez días y luego viene Ernesto y los demás peñi. Por lo tanto, la policía y la fiscalía no fueron más que buzones de los poderes fácticos y lamentablemente arrastraron a los tres jueces del tribunal de Los Ángeles que dieron la sentencia sin fundamento”.
Román informó que sirvieron los recursos y alegatos interpuestos para que ahora se hiciera justicia y se repita el juicio. Paralelamente, la defensa realizó una solicitud de cambio cautelar para los imputados, de modo que esperen en libertad el nuevo proceso y presentación de pruebas.
La huelga de hambre se lleva a cabo con el apoyo de 11 presos políticos CAM, recluidos en el CP Biobío y el CCP de Temuco: el vocero histórico de la CAM Héctor Llaitul Carrillanca, José Lienqueo Márquez, Roberto Garling Infanta, Bastián Llaitul Vergara, Óscar Cañupan Calfin, Axel Campos Vivallos, Pelentaro Llaitul Pezoa, Daniel Canio Tralcal, Luis Menares Chanilao, Carlos Mardones Sáez, Jorge Caniupil Coña.
De acuerdo a la carta enviada al Ministerio de Justicia por los familiares y la solidaridad con los prisioneros políticos mapuche, los reos del pueblo originario también demandan la implementación de un módulo de comuneros en el centro penitenciario Biobío, tal cual como se contempla en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile y que tiene que ver con un espacio donde los mapuche pueden realizar sus labores espirituales, ceremonias, costumbres y tareas propias de su pueblo.
Asimismo, exigen el reconocimiento de los 15 comuneros como miembros del pueblo originario mapuche, y la reivindicación de su condición de prisioneros políticos, toda vez que sus causas dicen relación al conflicto histórico que existe entre el pueblo nación mapuche, el Estado de Chile, y la lucha que se desarrolla en contra del extractivismo -principalmente forestal- que depreda al Wallmapu.
Asimismo, los huelguistas reivindican la libertad inmediata de Daniel Canio Tralcal, que estuvo encarcelado injustamente por el Estado de Chile entre 2009 y 2013, resultando absuelto de los cargos que se le imputaban, y en consecuencia tiene derecho a optar a la libertad condicional.
