Werken Noticias /Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2026
Héctor Llaitul Carrillanca, histórico werken de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cárcel. De ellos, 15 corresponden a delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, relacionados con sus declaraciones públicas.
Pero ¿qué existe detrás de esta condena? ¿Se trata únicamente de justicia o también puede interpretarse como un intento de frenar un proyecto político que desafía los intereses económicos del gran capital forestal en Wallmapu?
Desde una lectura crítica, la condena contra Llaitul puede entenderse como algo más que una sanción penal: como parte de una estrategia para debilitar un proyecto político que cuestiona la concentración de la tierra y los intereses económicos instalados en territorio ancestral mapuche.
Como vocero de la CAM, Llaitul levantó una posición autonomista que reivindica la reconstrucción nacional mapuche, la recuperación territorial y la confrontación, principalmente, con las grandes empresas forestales. Un proyecto que su organización ha buscado materializar mediante la recuperación de territorios históricamente reclamados por comunidades mapuche y acciones de resistencia y confrontación, algunas de ellas sancionadas penalmente.
Aquí surge una cuestión de fondo: reconocer las reivindicaciones territoriales del Pueblo Mapuche también implica cuestionar enormes intereses económicos construidos sobre tierras cuya propiedad y legitimidad histórica siguen siendo objeto de controversia.
Testigos protegidos y debido proceso
En el juicio contra Llaitul también se utilizaron testimonios de personas cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Su defensa cuestionó esta medida, sosteniendo que afectó el derecho a defensa y las garantías del debido proceso, al dificultar el examen de esos testimonios. La Corte Suprema rechazó posteriormente el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la condena.
Este punto merece atención. ¿Cómo se garantiza plenamente el derecho a defensa cuando parte de la prueba proviene de testigos cuya identidad no se conoce? Es una pregunta especialmente relevante para el Pueblo Mapuche, considerando la larga historia de cuestionamientos al uso de este tipo de testimonios en procesos contra integrantes de comunidades y organizaciones.
La responsabilidad de distintos gobiernos
Existe también una responsabilidad política que no puede quedar fuera de este análisis. La persecución judicial contra el werken se inició durante el gobierno de Sebastián Piñera y continuó bajo la administración de Gabriel Boric, que amplió en 2022 la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.
El gobierno de Boric, respaldado por partidos de izquierda, defendió públicamente el proceso que desembocó en la condena de Llaitul. Entre sus autoridades, la entonces vocera Camila Vallejo manifestó la posición del Ejecutivo frente a las resoluciones judiciales. Para quienes vemos en este caso una expresión de persecución política, resulta difícil dejar de cuestionar que una dirigenta comunista respaldara la actuación de un tribunal cuya justicia es profundamente cuestionada por el Pueblo Mapuche.
Con la llegada de José Antonio Kast, esta política de seguridad no comenzó desde cero: encontró un camino previamente establecido. La continuidad del despliegue militar y las prórrogas del estado de excepción en Wallmapu muestran que, más allá de las diferencias entre gobiernos, existen elementos de continuidad en la forma en que el Estado enfrenta las reivindicaciones territoriales mapuche.
Firme desde la cárcel
Pese al encarcelamiento, Héctor Llaitul se mantiene firme en sus convicciones y en la defensa del proyecto político que ha representado. Su situación también ha estado marcada por cuestionamientos al trato y a las decisiones de Gendarmería, que se remontan al período de Jaime Gajardo.
Mientras los gobiernos cambian y sus discursos se diferencian, las políticas de seguridad frente al movimiento autonomista mapuche mantienen importantes elementos de continuidad.
Los tribunales establecen responsabilidades por delitos concretos. Pero eso no impide preguntarse por la dimensión política de una condena de 23 años contra quien representa uno de los proyectos autonomistas más confrontacionales de las últimas décadas, en un contexto en que las injusticias contra el Pueblo Mapuche persisten.
Porque, si el encarcelamiento de Llaitul también busca debilitar ese proyecto, la pregunta sigue abierta: ¿cuánto de esta condena responde a los delitos juzgados y cuánto al temor que genera cuestionar el poder económico y territorial del gran capital forestal en Wallmapu?
