Impulsemos una campaña internacional para exigir el fin al Estado de Excepción, la libertad de todas las personas detenidas, el cese de los procesos penales y las persecuciones a luchadores y sus familias. ¡Necesitamos poner todos los ojos del mundo en Bolivia! – Impulsado por el centro de Profesionales por los Derechos Humanos Contra la Represión estatal.
Bolivia atraviesa un escenario altamente represivo que pone en grave peligro conquistas democráticas elementales y restringe seriamente los derechos políticos, demandando la más amplia atención, alerta y repudio nacional e internacional.
El pasado 20 de junio del 2026, el gobierno de Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo Nº 5636, declarando estado de excepción por conmoción interna. Esta decisión se produce en un contexto de profundo descontento social, al que desde el Estado se ha respondido con represión y normativas destinadas a silenciar la protesta.
El gobierno aplica un paquete de ajuste económico desde el inicio de su gestión, que descarga la crisis sobre trabajadores, campesinos e indígenas mientras beneficia a los grandes grupos empresariales. Organizaciones sindicales y espacios autoconvocados que defienden las conquistas laborales, la tierra y el territorio, los bienes comunes naturales y elementales libertades democráticas, son objeto de una creciente violencia estatal y paraestatal. La persecución, criminalización racista, judicialización y un preocupante cerco mediático privado-estatal se han intensificado desde las movilizaciones de mayo y junio de 2026.
El estado de excepción institucionalizó y profundizó este clima represivo. Bajo la narrativa de la «recuperación de la normalidad», el gobierno lo ha utilizado políticamente para aplastar a quienes se movilizaron y continuar implementando su plan de ajuste y saqueo. Incorpora al Ejército a tareas de control del orden público, vigilancia de caminos e infraestructura crítica, restringe garantías democráticas como la libertad de circulación, el tránsito y la libertad de reunión y amplía las condiciones para la utilización de figuras penales como terrorismo y delitos conexos contra los sectores movilizados. Bajo la denominada «presunción de legalidad operativa», amplía los márgenes de impunidad para el accionar policial y militar. El ejercicio del derecho a la protesta queda severamente restringido y, aunque su vigencia inicial es de 90 días, existe la posibilidad de que sea prorrogado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Estas vulneraciones permanecen prácticamente invisibilizadas por los grandes medios de comunicación, que reproducen una narrativa oficial que estigmatiza a sectores sociales críticos. Según la Fiscalía Departamental de La Paz, hasta la publicación de este llamado existen 114 procesos penales por bloqueos contra 335 personas y 26 personas con detención preventiva.
El gobierno ha lanzado una persecución focalizada contra dirigentes sindicales y activistas autoconvocados, acusando a varios de terrorismo y exigiendo penas de hasta 20 años de prisión. Entre los detenidos están dirigentes como Vicente Salazar de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, David Quispe de la CSUTCB y otros como David Mamani se encuentran perseguidos bajo órdenes de detención. Varios permanecen en la clandestinidad al considerar que no existen garantías mínimas para un debido proceso. La persecución alcanza también a sus familias: decenas de mujeres han sido procesadas por figuras como «encubrimiento» y «complicidad». Esta política represiva expone a niñas, niños y familias enteras a situaciones de extrema vulnerabilidad y devela el carácter profundamente racializado y patriarcal de la persecución.
Los pocos organismos independientes de derechos humanos que permanecen activos en el país, han denunciado allanamientos violentos, torturas, vigilancia, intimidaciones y hostigamiento contra personas y organizaciones críticas al gobierno. El Estado de Excepción es una mordaza que pretende paralizar cualquier posibilidad de organización y protesta en el país y afecta a todos/as, en especial los sectores socialmente explotados y oprimidos, quitando la libre manifestación social y política, por mínima que sea.
Denunciamos que nada de esto ocurre de manera aislada. El uso de la narrativa de terrorismo y esta persecución, se condice con el alineamiento de Paz a la agenda de Donald Trump, como lo demuestra la participación de la cancillería boliviana, junto a otras de la región, en la “Cumbre contra el resurgimiento del terrorismo político”, organizada por Marco Rubio. Una narrativa que nos retrotrae a los peores momentos de la doctrina de seguridad nacional, las dictaduras militares y el Plan Cóndor en América Latina.
Por todo ello, quienes firmamos este documento, repudiamos enfáticamente cada uno de estos hechos de persecución a dirigentes, activistas y luchadores sociales y a sus familias. Repudiamos la criminalización racista y patriarcal de los sectores obreros, campesinos e indígenas. Exigimos el fin al estado de excepción y la libertad de todas las personas detenidas y el cese de los procesos penales. Extendemos un llamado a sumarse a esta campaña a todas las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, de derechos humanos, de la juventud, mujeres, feministas, de las diversidades y disidencias, a quienes convocamos también a difundir este documento e impulsarlo a nivel internacional.
Acá el link: https://docs.google.com/forms/
