Por Gustavo Espinoza M.
La expresión “Toma y Daca” –Tit for tat- es un antiguo juego inglés que refleja el acuerdo entre dos personas o colectivos regularmente adversos, que convienen en lograr propósitos propios a partir de mutuas concesiones. Implica un cierto pacto: tú me apoyas para que yo obtenga lo que quiero; y, a cambio yo te apoyo a fin que tu consigas lo que deseas.
El Fit for Tat tiene reglas que lo encausan. En todo caso, son determinados “principios” a los que se acogen quienes optan por él. Presupone un nivel de colaboración, para lograr ciertos objetivos; la venganza, en el caso de un no cumplimiento de lo acordado; el perdón, ante el propósito de enmienda; y el afán de reincidencia si es que la acción les beneficia, como es lo “las partes” mutuamente desean. .
Es claro que el juego se aplica en muy diversas escenarios. Pero también suele usarse en el plano de la política. Una persona, o un movimiento, pueden convenir un entendimiento con otro para alcanzar algo que no tendrá a la mano con sus propios recursos. Busca, entonces, el “acuerdo” a cambio de una concesión.
Cuando algunos meses atrás el Congreso de la República se vio ante el reto de elegir 5 miembros del Tribunal Constitucional, la tarea asomaba prácticamente incumplible. Requería que cada uno de los propuestos, obtuviera 87 de 130 votos, cifra difícilmente alcanzable en un parlamento tan diversificado como el actual.
Contra todo pronóstico, el milagro fue. Cada uno de los propuestos, superó la valla. Los votos de Fuerza Popular y sus aliados habituales, resultaron suficientes sólo porque a ellos se sumaron los de Perú Libre, el Partido habitual de Oposición. Cuando el hecho aconteció, pocos entendieron cómo había sucedido.
Más recientemente, tuvo lugar la elección del Defensor del Pueblo, un único funcionario encargado de cumplir una tarea aun insuficientemente explorada, pero ciertamente útil. En la circunstancia, el candidato de Perú Libre –Josué Gutiérrez– superó las 87 balotas, y se hizo del cargo. En la ocasión, nuevamente los votos de Fuerza Popular y Perú Libre se sumaron logrando que el abogado fuera ungido en ese puesto.
Bien puede entonces, y no necesariamente en forma despectiva, hablarse de un curioso Tit for tat criollo convenido entre dos fuerzas formalmente adversarias, pero que arriban a una suerte de acuerdo para alcanzar propósitos más bien particulares, aunque impliquen decisiones incompatibles con los intereses de la población.
El Tribunal Constitucional es un ente colectivo de la más alta importancia. Su tarea esencial es interpretar las disposiciones constitucionales, y asegurar su cumplimiento. Aleatoriamente tiene la posibilidad de decidir sobre temas puntuales de muy amplio interés ciudadano. Su Poder es tal, que puede decidir en lo que le compete y hasta en lo que no le incumbe.
Por eso resulta indispensable que conserve un carácter pluralista y no se adscriba a opciones estrechas. Por tal razón, sorprendió que, en el caso, los 5 miembros hayan formado parte de una sola cantera -el fujimorismo- que los apadrinó hasta ungirlos. Un TC monocolor, es nada recomendable, pero así fue.
En lo referente a la Defensoría del Pueblo –ganada por Perú Libre- la situación no es exactamente igual. Se trata de un instrumento importante para interpretar la voluntad ciudadana y asumir la defensa de los afectados por disposiciones o acciones ilegítimas. Y aunque sus límites, no estén todavía definitivamente precisados ni garantizados, su titular debe asegurar un nivel de sensibilidad que lo convierta en garantía popular.
Esto, en el caso concreto, tampoco está confirmado. Lo real es que la suma de votos de ambas bancadas, ha logrado su objetivo. En relación a Fuerza Popular, no hay duda que el TC sirve a sus fines, lo que en buena medida ya se está confirmando. En cambio la suerte de Perú Libre arroja interrogantes.
Bien puede Vladimir Cerrón incubar sinceramente la idea que un Defensor del Pueblo afín a su Partido responderá mejor a los intereses de la población, pero eso no habrá de ocurrir. Hasta la buena voluntad del titular del cargo, podrá ser truncada por la decisión de una mayoría parlamentaria que hasta podría incluso revocarlo como ya lo ha sugerido el vocero parlamentario de FP.
Josué Gutiérrez tendrá el cargo, pero no necesariamente la posibilidad de interpretar la voluntad popular y asumirla enfrentando a una coalición ultra derechista que es capaz de traicionar cualquier acuerdo.
Vivimos tiempos de fronda y tormenta. Ella puede ser real, o artificialmente fabricada. Fuerza Popular no es garantía de nada. Ni siquiera de proteger los resultados de un “toma y daca” urgido por circunstancias efímeras que en lugar de asegurar gobernabilidad, alientan convulsiones de todo tipo
Hay que decir, entonces, que si Perú Libre se avino a un acuerdo como el ocurrido, cometió un grueso error. Si por regla general, cuando se coincide con la derecha, la derecha es la que se beneficia; en particular, este consuno parlamentario no habrá de servir al pueblo. Si Josué Gutiérrez pretendiera hacerlo, será degollado.
En todo caso, tiene una prueba: que se enfrente al Poder Judicial, para el que toda protesta, es delito. Diferenciar la protesta “pacífica” de la “violenta” es un sofisma. Todas son pacíficas hasta que llega la policía y las acaba con palos y balas.
En suma, este Toma y Daca criollo no se regula con los preceptos caballerescos del Tit for Tok inglés. No es un juego, sino una componenda
