Por Gustavo Espinoza M.
Al concluir este complicado año del 2022, ha vuelto a ponerse en la orden del día un dilema que asumió connotación decisiva en las últimas décadas: ¿Quién vence a quién? ¿La nueva oligarquía alimentada por el empresariado, la “Prensa Grande”, el Ministerio Público y otros entes del Poder Estatal; o el pueblo, que se bate en distintos rincones del país y lucha en condiciones adversas, pero que posee una fuerza colosal.
Bien mirada la cosa, esta contradicción que hoy eriza a la sociedad peruana, se incubo con fuerza hace más de 240 años, cuando José Gabriel Túpac Amaru se alzó en armas contra el Poder Imperial.
Pudo haber vencido, lo que habría cambiado la historia, pero eso, no ocurrió. Fue derrotado, lo que hizo que la vida nacional fluyera casi sin grandes confrontaciones bajo la égida de una Clase Dominante, que nunca fue capaz de construir un modelo de país ni alentar su bienestar ni desarrollo.
Hubo atisbos en el registro histórico. Ramón Castilla, que abolió la esclavitud, fue uno de ellos. Y Andrés Avelino Cáceres en su primera época, fue otro; pero sólo en el siglo XX, la confrontación tomó un signo definido. Fue la experiencia de Velasco Alvarado, la que señaló el derrotero y marcó una ruta que hoy siguen los pueblos.
En nuestro tiempo, la confrontación que se perfila en el escenario peruano adquirió forma en el 2011, cuando el pueblo ungió como Mandatario a Ollanta Humala. Independientemente de sus méritos -o deméritos- personales, personificó una demanda popular legítima, que fue adquiriendo dimensión creciente desde entonces.
El 2016, ella se expresó en la derrota de Keiko Fujimori, símbolo viviente de un pasado oprobioso; pero el 2021 adquirió un nuevo sesgo con la victoria de Pedro Castillo.
La resistencia de la clase dominante, tornó ingobernable su gestión. Desde el inicio de la misma –y aun antes- no hubo día en el que la Oligarquía superada y en derrota, clamara por el fin de su administración. Para lograr ese propósito, todos los recursos fueron válidos.
Desde las campañas mediáticas alimentadas por la prensa basura, hasta las acusaciones más truculentas, como aquella del helipuerto privado de Castillo en el pampón colindante con su casa en Muña y el plan siniestro para “asesinar a la Fiscal de la Nación”. Todo, unido a deposiciones de presuntos “colaboradores eficaces” contribuyó a enlodar al Maestro chotano, al que se busca mimetizar como una suerte de Al Capone criollo.
En el cenit de esa ofensiva, fue posible construir el tinglado del 7 de diciembre. Hoy, con más elementos de juicio, se puede tener una idea de lo que ocurrió entonces y que desencadenó la crisis. Castillo habría recibido dos mensajes definidos: su suerte estaba echada en el Congreso de la República, en tanto que su decisión de cerrarlo, contaría con el respaldo inmediato de la Fuerza Armada. Convencido de eso –y quizá también amenazado- finalmente optó por la alocución que generó su caída.
A partir de entonces se abrió paso el verdadero Golpe de Estado que dio al traste con la voluntad ciudadana consagrada en junio del 2021. ¿Quién pudo estar detrás de estas acciones perversas?. En diversas ocasiones hemos hablado de las tareas y acciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Ella es una estructura sólida que tiene política propia y opera en el mundo a su libre albedrío. Sus líneas gruesas, responden a los intereses del complejo militar-industrial que tiene en sus manos las riendas del Poder en la patria de Jorge Washington; pero tiene una acción relativamente autónoma.
Obra incluso, a espaldas del Poder formal que se expresa en la Casa Blanca y en el mandatario que la ocupa circunstancialmente. Así ha quedado demostrado en diversos episodios de la vida internacional.
La actual embajadora de los Estados Unidos en nuestro país fue durante nueve años agente de la Agencia Central de Inteligencia, y trabajó bajo las órdenes de Mark Pompeo, entonces jefe de la entidad, quien sería posteriormente Secretario de Estado de ese país.
Seguramente por razones de Estado, Lisa Kane fue designada para trabajar en la representación diplomática de los Estados Unidos en el Irak militarmente ocupado. Luego de tan nutritiva experiencia, fue trasladada a operar en Lima, y nombrada para ese efecto por la administración de Donald Trump.
Quizá la única actividad oficial que cumpliera el general Gustavo Bobbio al frente del Ministerio de Defensa el 6 de diciembre pasado, fue recibirla en su Despacho, hecho que quedó registrado para la historia. Cuando asumió el cargo Dina Boluarte, el primer saludo que recibió, vino de la Sala Oval para que nadie dudara de la voluntad del Amo del Norte.
La segunda presencia de la señora Kane en esta crisis, se registró en Palacio de Gobierno y ocurrió el 12 de diciembre. Un día después, se decretó el Estado de Emergencia y la ocupación militar de aldeas y ciudades, con la dolorosa secuela que todos conocemos. Inmediatamente después ocurriría la afectuosa llamada del Secretario de Estado USA. Todo se hizo evidente.
Ahora se inicia el 2023. Las organizaciones populares anuncian para el 4 de enero, el reinicio de la lucha. Los Ministros del Interior y de Defensa aseguran tener “todo previsto”. Han tomado –dicen- todas las medidas y cuentan con los aparatos necesarios para imponer “el orden público” y “resguardar la propiedad”. En otras palabras, la paz de cementerios.
Nuevamente asoma en el escenario peruano la misma interrogante: ¿Quién vencerá a quién? A un lado, la Oligarquía armada; y al otro, el pueblo en combate. En estas circunstancias es cuando el poema de Gonzalo Rose adquiere una nueve dimensión: “Feliz año, fusil / enséñame a cantar los años nuevos…”
