Por Gustavo Espinoza M.
El Triángulo de las Bermudas -un área geográfica entra las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami- fue considerado altamente peligrosa para la navegación marítima y aérea.
En la segunda parte del siglo pasado, no menos de 50 barcos de distinto calado y algo más de 20 aviones, simplemente desaparecieron allí, sin dejar rastro. Nunca se supo del destino de esas naves, ni de sus tripulantes; de tal modo que el lugar quedó en la memoria como sinónimo de extremo peligro.
Los peruanos podemos percibir que en el escenario nacional registramos un episódico Triángulo de las Bermudas, donde confluyen diversos fenómenos aun no claramente definidos, pero que colisionan entre si generando daños de alta magnitud, y dejan una secuela funesta.
Podemos hablar de tres vértices de este sospechoso triángulo que semeja al fenómeno geográfico del Caribe. Nos referimos a lo que ocurre en los días actuales aquí. Y que podría alimentar el imaginario de escritores como Vincent Gaddis o Charles Bertlitz, que popularizaron lo ocurrido en esta área en los años 60.
Las tres puntas de la crisis, son, efecto, la caída del gobierno de Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre del 2022; el naufragio de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, registrado la noche del miércoles pasado, y el Indulto de la vergüenza, ejecutado por Dina Boluarte a contramano de las disposiciones internacionales que rigen la materia y pese a las advertencias de la CIDH. Estos, colisionaron en el transcurso de la semana que termina y generaron momentos particularmente tensos.
El jueves 7 de diciembre grandes multitudes llenaron calles y plazas en todo el país condenando lo que realmente fue un Golpe de Estado: el ejecutara por el Pentágono nativo con la complicidad de Washington, e integrado por la dirección de los Partidos ultra derechistas, el Congreso, el empresariado, la cúpula militar y la Prensa Grandes, y debido al cual fue derribado Pedro Castillo y asumió Dina Boluarte, la mandataria más repudiada de la historia política del país y la más desprestigiada del continente.
El hecho, ocurrió de manera ilegal. Tomando como pretexto una absurda proclama de Castillo, se le detuvo sin mandato legal y se le confinó finalmente en la DIROES, donde actualmente se encuentra. Se le “vacó” sin trámite, en una sesión en la que se festinó todo y se abrió paso a un “nuevo orden”, de sangre y muerte, a espaldas de la voluntad ciudadana.
La secuela de esa aventura, fue excepcionalmente trágica: alrededor de 80 muertos y más de mil heridos, muchos de los cuales aun registran secuelas.
Nada de lo que dijo Dina a partir de entonces se orientó a esclarecer los hechos, ni sancionar responsables. Por el contrario, el convenio de la impunidad quedó pactado como un “acuerdo” entre el Ministerio Público -la Fiscalía de la Nación- el Tribunal Constitucional, el Congreso y el Ejecutivo.
Fue un sello de sangre que perdura en la memoria de los peruanos. Hoy en todas partes se recuerdan los dolorosos sucesos derivados de esta acción siniestra que puso al pueblo peruano frente a las bayonetas.
El segundo elemento, estuvo signado por la crisis de la Fiscalía de la Nación. Como era notorio, la titular del cargo lideraba la entidad a su capricho y a espaldas de los intereses del país. Denunciadas sus acciones finalmente quedó suspendida por seis meses y procesada por la Junta Nacional de Justicia.
Es indispensable que se ahonde en el caso. Podría demostrarse que las “declaraciones” de “colaboradores eficaces” mostradas contra Castillo, fueron artificialmente creados para derribarlo, y que sus “testimonios” son falsos.
Eso, se grafica en el hecho que hasta hoy no hay un solo proceso, ni acusación formal contra el presidente derrocado. Bien podría insinuarse incluso que los miembros actuales del TC fueron promovidos mediante procedimientos turbios.
El tercer elemento, es la liberación de Alberto Fujimori. Ella fue dispuesta por el Tribunal Constitucional, pero hoy se sabe que no hubo sesión del TC para ese fallo. Fueron 3, de 7 miembros los que suscribieron el documento. Los otros, no fueron convocados, y se ignoró la posición singular de un Tribuno.
Para cumplir el requisito formal de presentar cuatro votos, el titular del organismo hizo uso del voto “dirimente”, es decir, votos dos veces- ¡Vaya!
El Indulto, es írrito hasta por un principio elemental del Derecho: sólo un juez puede ordenar una captura; y sólo un juez puede disponer una libertad. No hubo un juez en el procedimiento usado. El de Ica, se negó a participar en la farsa, y dejó el desnudo la trama.
Por lo demás, la decisión contraria las normas de la CIDH de la que el Perú forma parte. Y es bueno que se recuerde que la Constitución vigente -esa que dicen defender- señala que los Convenios Internacionales son obligatorios {a y tienen fuerza de ley.
Pareciera que el dúo Boluarte / Otárola, actuó con sentido estratégico. Apunta a abandonar la Corte Interamericana pensando en ellos mismos. Si el Perú se retira, ninguno de los dos será juzgado en el fututo por sus crímenes¨.
Por eso pasaron por alto todo: AFF no pagará los 57 millones de reparación civil, no pedirá perdón a los familiares de sus víctimas, ni colaborará al esclarecimiento de los hechos generados por su acción.
Se conoció después (Fin) el pedido de la Fiscalía para que se disponga la detención domiciliaria del Indultado a la luz de nuevos procesos: la matanza de Pativilca y otros. Veremos si progresa.
El Triángulo nuestro no se puede equiparar al de las Bermudas, pero deja ya secuela de golpeados y contusos. Hay para contar.
