por Enrique Chinaski
«La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa.»
— Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte
Hay momentos en que la historia parece tener un extraño sentido del humor.
El regreso del apellido Fujimori al poder obliga al Perú a mirar nuevamente hacia el 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori llegó a la Presidencia mediante elecciones y, dos años después, cerró el Congreso e intervino las instituciones del Estado. La ruptura fue presentada como una necesidad: el país estaba en crisis, las instituciones impedían gobernar y alguien debía concentrar el poder para resolver los problemas.
La tragedia ya ocurrió.
Ahora, treinta y cuatro años después, su hija ocupa Palacio. Pero Keiko no es Alberto, el Perú tampoco es el mismo y no existe actualmente evidencia de que esté preparando un autogolpe. Precisamente por eso la comparación resulta interesante: ¿qué ocurriría si, frente a una nueva crisis, reapareciera la tentación de resolver los problemas del país concentrando el poder?
La segunda repetición no tiene que ser idéntica a la primera. Puede ser una caricatura de ella: una tentativa de reproducir una experiencia histórica en circunstancias completamente diferentes.
El problema no es solamente Keiko
La pregunta importante no es si Keiko Fujimori «es como su padre». Esa comparación es demasiado simple.
Habría que mirar las condiciones sociales que hacen posible una ruptura institucional.
Los golpes no aparecen de la nada. Necesitan una crisis política, instituciones desacreditadas, una sociedad cansada y una clase dominante incapaz de ofrecer una salida convincente.
Y necesitan algo más: que una parte de la población empiece a aceptar la idea de que el problema no es la concentración del poder, sino que el gobierno no tiene suficiente poder para solucionar la crisis.
Ese desplazamiento es peligroso.
¿Cuál sería entonces la alternativa?
Aquí la propuesta deja de ser simplemente «defendamos la democracia».
la necesidad de una organización política independiente de la clase trabajadora, capaz de actuar al margen de los partidos empresariales y de los caudillismos electorales.
Eso significa, en primer lugar, fortalecer sindicatos y organizaciones de trabajadores con plena independencia frente al Estado, los empresarios y los partidos de gobierno. Significa también construir espacios democráticos donde los propios trabajadores puedan discutir y decidir sus reivindicaciones y su posición frente a una crisis política.
Pero el objetivo no sería únicamente impedir un golpe.
Incluso la propuesta debería irmás lejos: que la defensa de las libertades democráticas esté vinculada a un programa social que ataque las causas de la desigualdad y de la subordinación política de las mayorías.
En términos concretos, esto supone defender libertades sindicales y políticas, empleo digno, servicios públicos universales, derechos laborales y una transformación de las estructuras económicas que concentran riqueza y poder.
Y, sobre todo, supone construir una representación política propia de los trabajadores, en lugar de limitarse a escoger cada cinco años entre distintas fracciones de las élites.
Del antifujimorismo a una alternativa de clase
Esta diferencia es fundamental.
Una política reducida al antifujimorismo podría terminar llevando nuevamente a los trabajadores detrás de algún sector de la clase política tradicional simplemente porque representa «el mal menor».
La propuesta sería que los trabajadores defiendan las libertades democráticas sin subordinarse políticamente a quienes administran el mismo sistema económico que genera las crisis.
Por eso, frente a un eventual intento de ruptura institucional, la cuestión no sería simplemente restaurar el orden anterior.
Sería abrir una discusión sobre quién debe tener realmente el poder político y económico.
La elección regional y la contradicción del poder
Las elecciones regionales del domingo introducen una contradicción importante.
Keiko ganó la Presidencia, pero Fuerza Popular no consiguió construir una hegemonía territorial equivalente. Controlar Palacio no significa controlar políticamente el país.
Esa contradicción puede convertirse en una fuente de tensión.
Y precisamente por eso habrá que observar cómo responde el poder cuando empiece a encontrar límites.
Un gobierno democrático acepta que existen límites a su autoridad.
Un gobierno autoritario intenta eliminar esos límites.
La verdadera defensa de la democracia
Todavía no estamos ante un nuevo 5 de abril. No hay razones para afirmar que vaya a producirse.
Pero la historia peruana ya conoce el mecanismo.
La garantía contra una nueva ruptura no consistiría simplemente en confiar en que el Congreso, los tribunales o los partidos tradicionales la impedirán.
Consistiría en algo más profundo: una clase trabajadora organizada, políticamente independiente y capaz de defender las libertades democráticas sin entregar su autonomía a ninguna fracción de las élites.
Y esa organización tendría un objetivo que va más allá de impedir un autogolpe: disputar el poder político y transformar las relaciones económicas que permiten que una minoría concentre riqueza y poder.
Porque la alternativa no debería ser elegir entre un Fujimori y su adversario.
Ni esperar al próximo salvador.
La alternativa revolucionaria sería construir una fuerza política propia de los trabajadores y de los sectores populares, capaz de convertir la defensa de la democracia en el comienzo de una transformación social mucho más profunda.
Alberto Fujimori convirtió una crisis en una oportunidad para concentrar el poder.
La respuesta no debería ser permitir que otro caudillo haga lo mismo en sentido contrario.
La respuesta sería que la sociedad organizada conquiste la capacidad de decidir sobre su propio destino.
La primera vez fue tragedia.
La segunda podría ser farsa.
La verdadera victoria sería que nunca hubiera una segunda vez.
