Luis Hallazi *
Rebelión, 28-5-2020
Panshin Nete[1] es uno de los cuatro mundos shipibos, el que simboliza el color de las enfermedades, el color de las desgracias y de la muerte. Cuentan que el Panshin Nete está representado por el arcoíris y que cuando repentinamente aparece en medio de las colinas, el pueblo Shipibo teme una tragedia. La pandemia del coronavirus es el presagio de esa tragedia que viene azotando a toda la humanidad, pero que en las frías estadísticas se ceba con los más vulnerables y desprotegidos de éste mundo dramáticamente desigual en el que, sin reflexión, continuamos afanados en retornar a la normalidad.
Los pueblos indígenas de la amazonia peruana suman 51, organizados en aproximadamente 2 435 comunidades nativas[2]. De esos pueblos se sabe que por lo menos 15 de ellos estarían contagiados del SARS-CoV-2, conocido por COVID-19, entre ellos las etnias: Awajún, Ashaninka, Achuar, Candoshi, Kichwa, Matses, Shipibo-Konibo, Urarina, Ticuna, Yine, Huni Kuin, Culina, se calcula extraoficialmente que habría más de diez mil contagiados.
De ellos el pueblo Shipibo- Konibo con más de 35 mil personas, organizado en 153 comunidades nativas, principalmente asentadas alrededor del rio Ucayali y afluente es el que está siendo duramente golpeado por COVID 19 se han registrado más de 500 contagios y 58 fallecidos[3]. De la misma manera, la comunidad indígena urbana de Cantagallo en Lima, tiene contagiados alrededor del 73% de los más de 2500 shipibos que viven hacinados a las faldas del rio Rimac, registrándose hasta el momento tres muertes. En ambas comunidades son sus ancianos y ancianas poseedores de la memoria ancestral shipiba los que están en inminente peligro, al igual que muchos de sus artistas contagiados o en estado de salud grave. La pérdida cultural ya es una realidad y solo después de esta borrasca pandémica sabremos realmente la magnitud de lo que hemos perdido.
Evidencias de una catástrofe
Si bien ningún Estado se preparó para enfrentar esta pandemia y rápidamente sus sistemas sanitarios fueron rebasados, es necesario apuntar que en el caso peruano desde el inicio (enero) de las primeras acciones para la contención ante la llegada de COVID 19, no se tomó en cuenta la vulnerabilidad epidemiológica de los pueblos indígenas. Así pasaron 67 días de la emergencia sanitaría, sin medidas específicas para atender a dichos pueblos, omitiendo como Estado la obligación de adoptar a tiempo medidas de prevención, atención y mitigación ante el contagio de la enfermedad, lo que se concretiza en la violación del derecho a la vida, salud y a la existencia digna de estos pueblos.
Como se sabe, 56 días después de declarado el estado de emergencia el Ministerio de Cultura, ente rector de los pueblos indígenas, emitió una tardía respuesta a través del Decreto Legislativo N° 1489, decreto insuficiente para atender la urgencia humanitaria que ya requerían las comunidades indígenas. Bajo ese marco es que, 11 días después, se aprueba el “Plan de intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonia frente a la emergencia de Covid 19”.
Si uno revisa la información organizada en el reciente repositorio sobre COVID 19 y Pueblos Indígenas[4] se encuentra que la primera exigencia dada desde los pueblos indígenas data del 16 de marzo, el mismo día que empieza la cuarentena en todo el territorio nacional. Se trata de un pronunciamiento de la Unión Indígena Asháninka Nomatsiguenga del Valle Pangoa (KANUJA)[5] reaccionando a dicha declaración de emergencia y pidiendo atención específica para sus comunidades. Dos días después AIDESEP[6] ,principal organización indígena amazónica, se pronunciaba ordenando el cierre de sus territorios comunales y evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante el acecho de la COVID 19.
A partir de allí, se registran diversos pronunciamientos, cartas y solicitudes que contenían información sobre lo que estaba ocurriendo en los territorios indígenas. Se identificaban falencias de autoridades e institucionalidad, pero, al mismo tiempo, se adoptaban decisiones que las mismas organizaciones indígenas ejecutaban. Tal es así, que la medida de cuarentena a nivel nacional fue prácticamente paralela al cierre de los territorios indígenas, demostrando la eficacia en la gobernanza territorial de los pueblos originarios.
Mientras eso ocurría en los territorios, los órganos competentes para atender a los pueblos indígenas no tuvieron capacidad de reacción. No es que actuaron de manera negligente, porque eso significa actuar con falta de cuidado o diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, simplemente no funcionaba esa parte del Estado que debería responder oportunamente a la situación que se iba agravando en las comunidades indígenas. Es más, ya en la situación de contagio y atención en el caso de la comunidad de Cantagallo en Lima (el epicentro del contagio) la reacción del Estado era tardía; la comunidad pide apoyo el 7 de mayo[7] y 5 días después esta recién llega. Es el mismo caso para la comunidad de San Francisco en Ucayali, donde el 14 de mayo se anuncia la situación de más de 40 fallecidos y tres días después el Estado recién reacciona. Otros ejemplos pueden caracterizar también la negligencia del ente competente por ejemplo con respecto a la entrega de víveres que, sin articulación con municipios, sin lista de comunidades beneficiarias, ni protocolos para a la entrega y recibimiento de canastas de alimentos, convirtió al propio Estadoen vector de contagio[8].
A veces las palabras y los papeles no solo se agotan ante la burocracia, sino que terminan careciendo de contenido, y esa es la impresión que se tiene cuando se revisan las más de cien cartas, pronunciamientos y solicitudes que, desde el inicio del estado de emergencia, interpelaban al Estado con algún tipo de respuesta que no llegó y cuando lo hizo llegó de manera tardía. En suma, lo que apreciamos de manera evidente es que hasta el momento son los pueblos indígenas, los que han gestionado la emergencia sanitaria de COVID 19. Nunca como ahora los reflectores de ineficiencia burocrática dejaron ver a toda luz la inoperancia de una languideciente institucionalidad en materia de pueblos indígenas.
La pandemia continua así es que el primer punto ante una reacción tardía es aprender cómo operar cuando el daño ya está hecho y sobre todo cuando el tejido comunal de los pueblos indígenas se está encargado de gestionar la crisis en este mismo momento. Queda eso o, caso contrario, nos encontramos a las puertas de lo que podría constituir un etnocidio en nuestra amazonia por una omisión ya histórica en la atención de estos pueblos.
Respuesta sanitaria: Plan de intervención en comunidades nativas
Mediante resolución ministerial 308-2020-MINSA, el 21 de mayo se aprobó finalmente el esperado plan de intervención, dispositivo que debió tenerse al inicio de la emergencia sanitaria para prevenir y mejorar la capacidad de atención ante propagación de COVID 19 (como detalla en sus objetivos). Recordemos que este plan se enmarca dentro del D.L. 1489 que generó una estrategia limitada de implementación y ejecución de servicios y acciones para la protección y atención de los pueblos indígenas, donde se plantearon 5 ejes, uno de ellos es la respuesta sanitaría, los otros cuatro son: el control territorial, abastecimiento de bienes, información y alerta temprana, y protección de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (art. 4.3).
El plan atenderá la emergencia sanitaria en 10 regiones amazónicas con un presupuesto insuficiente de 88 millones de soles. Tomando en cuenta que, prácticamente, se trata de implementar una política sanitaria en emergencia bajo la realidad de precarios establecimientos de salud, falta de medicinas e insumos básicos como el oxígeno, falta de personal médico especializado y sin contar con recursos para traslados y conexiones aéreas en casos graves, la realidad es que con dicho presupuesto no se podrá atender ni a Loreto.
El documento técnico enmarca la manera cómo se fortalecerá las medidas de prevención desde el nivel comunitario y cómo es que se mejorará esa capacidad resolutiva de los que implementarán las acciones operativas: las Direcciones Regionales de Salud, las redes de salud y las denominadas IPRESS, Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud. La responsabilidad de difusión, implementación y supervisión está a cargo de la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios, dependiente de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del MINSA. La pregunta es si habrá capacidad para que esta pequeña dirección de pueblos indígenas pueda cumplir con el encargo.
El plan no es nacional, puesto que deja excluida de la atención a las comunidades campesinas. El ámbito de aplicación es para 10 regiones amazónicas, pero, incluso en el mismo plan, se menciona que priorizarán la atención 5 distritos de la región de Loreto: Caballococha, Requena, Contamana, San Lorenzo y El Estrecho. Probablemente los recursos asignados no den para más. Por otro lado, no queda claro la articulación intersectorial con el Ministerio de Cultura, sabiendo que es esta institución la que tiene que aprobar distintos lineamientos y protocolos para la atención con pertinencia cultural y con enfoque intercultural (art.4.1 DL 1489).
El plan tampoco aclara la participación de las organizaciones indígenas para su implementación, sobre todo para el fortalecimiento de las medidas de prevención, lo único que refiere es la capacitación a líderes y agentes comunitarios de salud. Volvemos a mencionar: las comunidades y sus autoridades locales, regionales y nacionales, vienen encargándose en la práctica, con sus limitaciones, de atender la crisis, por lo que es necesario incorporar esa experiencia y aprendizaje y repotenciar las acciones realizadas en la implementación de este plan.
Finalmente, la crisis pandémica COVID 19 sigue al acecho en los territorios indígenas. Esperemos que la reacción del Estado sea tangible a partir de estos instrumentos, puesto que la reiterada omisión de sus obligaciones puede constituir una catástrofe cultural. Hay, que duda cabe, responsabilidad política de sus funcionarios, pero, sobre todo, esta crisis sanitaria nos ha puesto los límites a los que se atiene la retórica intercultural. Necesitamos urgentemente aprender y desaprender caminado con los pueblos indígenas para incorporar en nuestras instituciones estatales mecanismos de co-gobernanza. De eso trata el reto del diálogo intercultural y para eso hay esperanza, así como en el relato shipibo existe un mundo de desgracia llamado Panshin Nete, coexiste también el mundo Jakon Nete o mundo de la esperanza, allí las estrellas, que en lengua shipiba se llaman wishmabo, representan la vida de cada shipibo o animal muerto y esas estrellas simbolizan la perpetuidad e inmortalidad del pueblo shipibo.
* Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
Notas
[1] Relato Shipibo-Konibo de Los Cuatro Mundos, Inin Metsa /Harry Pinedo, en Antiguamente en el monte los animales, las plantes y otras seres eran gente, tradiciones orales de las naciones Shipibo y Uitoto, Casa de la Literatura Peruana, 2019.
[2] Datos según el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común-IBC
[3] MongaBay https://es.mongabay.com/2020/05/peru-pueblos-indigenas-58-fallecidos-covid-19-shipibo-konibo-ucayali/
[4] Servindi Repositorio Covid 19 y Pueblos Indígenas: http://www.servindi.org/actualidad/24/05/2020/repositorio
[5] Servindi: 16 de marzo : https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/03/2020/edit-indigenas-demandan-intensificar-coordinaciones-y-medidas-en-sus
[6] Aidesep 18 de marzo: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-emergencia-indigena-ante-el-coronavirus
[7] Servindi 7 de mayo: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/05/2020/hay-mas-de-300-shipibos-esperando-la-respuesta-del-gore-ucayali
[8] PUINAMUDT 30 de abril: https://observatoriopetrolero.org/cuatro-casos-covid-19-en-delegacion-de-municipalidad-de-trompeteros-que-recorrio-comunidades-achuar-y-urarinas-en-el-rio-corrientes/
