Enfermedades preexistentes
Como Uruguay, Costa Rica y Cuba, Paraguay mantiene cifras muy bajas de afectados por la pandemia. Su gobierno, sin embargo, está en el ojo de la tormenta por fraudes millonarios en la compra de insumos médicos.
Andrés Colman Gutiérrez, desde Asunción
Brecha, 13-6-2020
“Le estamos ganando al covid-19, pero estamos perdiendo contra la corrupción”, rezaba el cartel de un manifestante de la organización Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache. Fue en la Marcha contra la Corrupción y la Impunidad, la noche del miércoles 3 de junio, que reunió a centenares de personas frente al Panteón de los Héroes, en Asunción, en desafío a las restricciones sanitarias impuestas debido a la pandemia del coronavirus.
En Paraguay hay satisfacción con respecto a los resultados de las políticas sanitarias del gobierno de Mario Abdo Benítez, que, con una estricta cuarentena, logró mantener el número de contagiados de covid-19 en poco más de mil personas y el número de muertes en poco más de una decena (11 al comienzo de esta semana). Pero, al mismo tiempo, crece la indignación por los escándalos de corrupción destapados: millonarias compras de insumos médicos hechas con los fondos públicos de emergencia.
Una rápida reacción
Junto con Uruguay, Costa Rica y Cuba, Paraguay es uno de los países que están logrando vencer el covid-19 en América Latina, según un estudio de la organización End Coronavirus, una red conformada por científicos del “científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard.”
El 10 de marzo, cuando se detectaron los dos primeros casos de la enfermedad en territorio guaraní, el gobierno decretó el aislamiento preventivo general. Se trató de una cuarentena parcial con la suspensión de clases presenciales en todas las escuelas, los colegios y las universidades; la prohibición de eventos y reuniones con aglomeración de personas; el cierre de comercios y servicios que no fueran estrictamente necesarios, y un toque de queda nocturno en todo el país.
La Organización Mundial de la Salud consideró prematura la decisión, pero las autoridades paraguayas se mantuvieron firmes. Diez días después, el 20 de marzo, cuando se tuvo indicios de que el virus circulaba en la comunidad, el gobierno endureció las medidas y estableció, hasta el 12 de abril, la cuarentena total, que luego fue extendida en varias oportunidades.
“Sabíamos que era un duro golpe para la economía y requería un gran sacrificio de la población, pero no teníamos otra alternativa, porque el sistema de salud pública no estaba preparado para enfrentar un contagio masivo. Necesitábamos contener los niveles de contagio mientras trabajábamos en mejorar el sistema”, relató a Brecha el médico epidemiólogo Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En los inicios de la pandemia, Paraguay tenía sólo 304 camas de terapia intensiva en los hospitales públicos y poco más de doscientas en los sanatorios privados. Sumadas a las de otros establecimientos, como el Instituto de Previsión Social, totalizaban 734 para atender a más de 7 millones de habitantes.
El 23 de marzo, el gobierno presentó un proyecto de ley de emergencia para solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares a la banca internacional. El Congreso respaldó la iniciativa sin muchas objeciones. De este monto, 500 millones debían destinarse a equipar los hospitales públicos y el resto, a ayudas para la población y los sectores afectados por la paralización económica.
Verdadera pandemia
“Una vez más ha quedado demostrado que la verdadera pandemia que tiene en jaque a Paraguay es la corrupción y no el covid-19”, dijo a Brecha la médica Esperanza Martínez, quien fue ministra de Salud durante el gobierno del exobispo Fernando Lugo (2008-2012) y actualmente es senadora del izquierdista Frente Guasú. A los pocos días de iniciada la cuarentena, surgieron las primeras denuncias de compras sobrefacturadas o fraguadas de insumos médicos y productos para combatir el coronavirus.
Uno de los casos más escandalosos se dio en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), entidad que administra los aeropuertos del país. El 27 de marzo, su titular, Edgar Melgarejo, dirigente del movimiento político Colorado Añetete, liderado por el presidente Abdo Benítez, hizo una compra directa por vía de excepción –esto es, mediante adjudicación directa– de 4 mil mascarillas quirúrgicas.
A partir de denuncias periodísticas y ciudadanas, pronto se descubrió que la compra se hizo a 29,990 guaraníes la unidad (4,5 dólares), el doble del precio de origen. La empresa adjudicataria, Proyecto Global SA, estaba representada por una jovencita de 18 años sin experiencia comercial, Katherine Toñánez, a pesar de que la misma empresa ya había vendido otros productos a la Dinac.
La Fiscalía comprobó que los llamados “tapabocas de oro” fueron revendidos seis veces en menos de 48 horas antes de llegar a la entidad pública, mediante un esquema de “empresas de maletín”, armadas exclusivamente para hacer negocios con el Estado. Además, las mascarillas tenían como fecha de caducidad setiembre de 2019. El escándalo derivó en la renuncia del presidente de la Dinac y su imputación por lesión de confianza.
Paralelamente se descubrió otro pintoresco caso de compras fraudulentas, esta vez en la empresa semipública Petróleos Paraguayos SA (Petropar). El hecho involucró a su presidenta, Patricia Samudio, empresaria del sector de los combustibles y una de las principales contribuyentes de la campaña electoral de Abdo Benítez.
El 19 de marzo Petropar adquirió, por vía de excepción y de una empresa llamada Solumedic SA, varios lotes de mascarillas, insumos médicos y productos para combatir el covid-19; entre ellos, 5 mil botellas de agua tónica a elevados precios. Cuando se le consultó el motivo, Samudio respondió: “El agua tónica tiene una propiedad que sirve como inmunidad contra el coronavirus, por eso hicimos esa compra”.
Por supuesto, el agua tónica carece de semejante propiedad. Tras el escándalo, la Fiscalía develó que empresas fantasmas proveyeron el producto inflando en un 333 por ciento el costo de cada botella. Samudio renunció al cargo y también fue imputada por lesión de confianza.
El naufragio del capitán
Pero el caso más grave de corrupción involucra al Ministerio de Salud, cuya labor en la emergencia venía siendo aclamada. El ministro, Julio Mazzoleni, se había ganado la confianza de la población por su adecuada formación médica, su apertura y su franqueza en el contacto con la prensa, además de por sus importantes logros en contener el avance del covid-19. Por su historial de médico naval, es conocido popularmente como “el capitán”.
En las primeras semanas de abril, Mazzoleni apostó sus fichas a una primera gran compra de camas para terapia intensiva, trajes de protección biológica, mascarillas e insumos médicos importados de China. Supuestamente, esto iba a permitir equipar pronto los hospitales públicos mientras se pedía a la población que cumpliera estrictas medidas de cuarentena.
En el marco de la ley de emergencia, el ministro adjudicó, en forma directa, dos contratos que suman 85.000 millones de guaraníes (12,7 millones de dólares) a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, y les dio un anticipo de 17 mil millones de guaraníes (2,5 millones de dólares). La primera partida llegó en un avión carguero desde China el 18 de abril. Enseguida aparecieron las primeras denuncias de que era una compra arreglada para favorecer a personas ligadas al gobierno y de que los equipos no cumplían las especificaciones técnicas requeridas.
Aunque el ministro de Salud y el propio presidente de la república minimizaron los hechos, un lapidario informe de la Contraloría General de la República, publicado el 20 de mayo, concluyó que la operación estaba viciada de irregularidades “en todas sus etapas”. Otro informe, esta vez de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el exfiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, confirmó que a algunos miembros del comité evaluador del Ministerio de Salud se les hizo firmar la autorización con la compra ya aprobada. La comisión recomendó anular al menos 14 de las 32 licitaciones en marcha. El ministro Anticorrupción, René Fernández, integrante de la comisión, declaró que en una de las compras se iban a adquirir productos a un precio 200 por ciento más alto que el de referencia.
La mayoría de los contratos están ahora cancelados. Hay dos denuncias penales por este caso, pero, hasta el momento en que se escribe este artículo, la Fiscalía no ha formulado ninguna imputación. Eso favorece la presunción de que tras las mafias empresariales hay poderosos padrinos políticos, a quienes se busca proteger con impunidad.
La situación genera frustración en sectores de la ciudadanía que han obedecido con disciplina la indicación del gobierno de hacer la cuarentena y soportar la consecuente crisis económica. Todo para permitir que el sistema de salud se prepare para un escenario de contagio masivo.
Hoy el sistema de salud pública de Paraguay sigue casi tan precario como cuando empezó la pandemia. En las últimas semanas empezó a crecer la cantidad de contagios, principalmente por la llegada de nuevos casos de Brasil. Dada su incontrolable situación sanitaria, el país vecino es ahora la mayor amenaza para los paraguayos.
