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Panamá – La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley No 406, fue resultado de la movilización popular

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El Socialista Centroamericano No 386

A pesar del ambiente de desmovilización general que prevalece en Centroamérica, en los últimos meses se produjeron importantes luchas democráticas en Guatemala y Panamá.

Después de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral, en la que salió ganador Bernardo Arévalo, candidato del partido Semilla, se recrudeció la ofensiva de las mafias para distorsionar la voluntad popular, amarrar las manos al futuro gobierno y obligarlo a hacer concesiones que garanticen la impunidad y el statu quo.

El acuerdo entre Arévalo y las autoridades indígenas, que se convirtieron en la vanguardia de la lucha democrática, condujo a la desmovilización y a las negociaciones secretas, en un forcejeo que todavía no termina

En Panamá la lucha contra las empresas mineras no es nueva. Panamá tiene dos grandes recursos naturales: el canal de Panamá, que ya es patrimonio de la nación, y la riqueza mineral que es el botín que todas las empresas transnacionales mineras quieren comerse.

Todos los gobiernos de Panamá, sin excepción, han otorgado grandes concesiones a las empresas transnacionales mineras, en detrimento de la soberanía nacional y las riquezas naturales de ese país. El saqueo es brutal y el daño ambiental es inconmensurable.

La resistencia de los indígenas y del movimiento sindical y popular contra el saqueo de las empresas mineras ha sido constante, con altibajos, pero a mediados de octubre se inició una nueva oleada de movilizaciones populares contra la aprobación exprés de la Ley No 406, que otorgaba una nueva concesión por 20 años, renovables, a favor de la empresa transnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM), que explota la mina “Cobre Panamá”.

Nuevamente Panamá fue paralizada por la protesta popular, en un ambiente parecido al estallido social de julio del 2022, aunque con menor intensidad. Los diputados “vendepatria” fueron puestos en la picota. Salió a luz la enorme corrupción imperante entre los altos funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo.

La protesta popular contra el saqueo de los recursos naturales se produjo en un contexto especial: la campaña electoral de cara a las elecciones generales de mayo del 2024. Las pugnas Inter burguesas se avivaron, cada bando burgués procuró sacar provecho y llevar agua a su molino.

El presidente Cortizo primero se refirió a la negativa de otorgar nuevas concesiones, pero sin derogar la Ley No 406, posteriormente se refirió a la necesidad de convocar a un referéndum para decidir sobre la concesión minera y, como los ánimos no se calmaron, conspiraron para conducir la lucha a los mecanismos de la democracia burguesa.

Y así surgió el impulso de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley No 406 que, efectivamente, violentaba los principios establecidos en la Constitución de Panamá. En esas condiciones, correspondía a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre el asunto. A pesar de las intrigas y presiones de las empresas transnacionales mineras, que amenazaban con una demanda arbitral en tribunales internacionales, la presión popular se mantuvo y finalmente, el 27 de Noviembre, los magistrados emitieron por unanimidad una larga sentencia de 234 páginas, en la que declararon la inconstitucionalidad de la Ley No 406.

Esta sentencia del 27 de Noviembre del 2023 es una excepcionalidad, en relación a otras sentencias dictadas por esos magistrados. Fue una forma de finalizar la lucha sin mostrar que hubo un rotundo triunfo de la movilización popular. Los magistrados se colocaron medallas en el pecho, cuando ese merito les correspondía a las masas populares de Panamá, las que nuevamente han defendido los recursos naturales y la soberanía nacional.

Los magistrados reconocieron que, efectivamente, el proceso de aprobación exprés de la Ley No 406 violentó el derecho a la consulta a las comunidades, en un asunto relacionado con el medio ambiente, como quedó establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), aprobado por la República de Panamá, mediante Ley No 125 de 4 de febrero de 2020.

Esta experiencia triunfante de las masas panameñas nos indica que, aunque la legislación esté a nuestro favor, siempre debe haber luchas y presión popular para que se cumplan las leyes en beneficio de las masas populares y en defensa de la soberanía nacional.

Ahora viene la pelea para que las autoridades cumplan con esa sentencia, no debemos bajar la guardia, las trampas están por todos lados.

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