Según una carta enviada por las organizaciones, y dirigida a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Superintendencia de Medioambiente, al Ministerio de Medioambiente y Sernapesca, esta situación afecta al menos dos regiones del sur. “Es una vergüenza nacional y mundial y está al margen de la ley”, señalaron desde una de las agrupaciones.
Artículo publicado por Elmostrador.cl (Mayron Sills)
25 de agosto de 2022
“Tanto la Contraloría como el Tratado de la Convención de Washington, del cual Chile es firmante, prohíben la salmonicultura en zonas aledañas a parques nacionales, entonces ¿cómo explicamos la presencia de jaulas en tres parques nacionales?”, señaló la directora ejecutiva de la ONG Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, en relación a la carta enviada por las organizaciones de defensa socioambiental.
«Es difícil entender porqué una actividad económica puede estar por sobre los dictámenes y tratados internacionales sin que el Estado pueda hacer algo para evitarlo”, continuó.
El 28 de julio pasado enviaron el documento a la Subsecretaría de Pesca y acuicultura, Superintendencia de Medioambiente, el Ministerio de Medioambiente y Sernapesca para detallar el problema y entregar la ubicación exacta de las casi treinta concesiones detectadas por ellos y ellas en las regiones de Magallanes y Aysén.
Mapa elaborado por la campaña permanente Áreas Protegidas Sin Salmoneras
“En particular, denunciamos la presencia de diecinueve concesiones salmoneras en aguas del Parque Nacional Alberto de Agostini (en la región de Magallanes), ubicadas al norte de la isla Capitán Aracena”, mencionaron en el documento.
“También cuatro concesiones en las aguas marinas del Parque Nacional Laguna San Rafael, (región de Aysén) al norte de Caleta Huillines, y otras cuatro en la porción marítima del Parque Nacional Isla Magdalena”, agregaron.
Mapa elaborado por la campaña permanente Áreas Protegidas Sin Salmoneras
¿Áreas (des)protegidas?
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) define a los parques nacionales como “regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial”. De acuerdo a sus cifras, Chile cuenta con 42 de ellos, además de 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales, los cuales forman parte del patrimonio ambiental de Chile y se encuentran bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado y administrado por CONAF.
Mapa elaborado por la campaña permanente Áreas Protegidas Sin Salmoneras
En relación a las políticas públicas de protección a la diversidad, existen numerosas normas, como la Ley 18.362 (que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado), la Ley N°19.300 (sobre Bases Generales del Medio Ambiente) y decretos como el N°873 (que Aprueba la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y el Decreto N° 1.963 (que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica), entre tantos otros. No obstante, actualmente no existe una ley específica de protección integral y coordinada de las áreas protegidas y la biodiversidad.
Desde la Agrupación Defendamos Chiloé, Alvaro Montaña indicó: “Es impactante e inconcebible que una industria, que es intensiva en el uso de antimicrobianos, pesticidas, y que genera severos impactos en el medio ambiente nativo (incluso generando condiciones de pérdidas, parcial y total de oxígeno en los fondos marinos como la industria salmonera) siga operando en las aguas de los Parques Nacionales”.
Por otro lado, Montaña subrayó que los parques, pese a ser de los más protegidos por la legislación ambiental “que tres de ellos tengan 27 concesiones de salmones es una vergüenza nacional y mundial” pues a menos de una milla “existen al menos 45 concesiones más”, las cuales están provocando “efectos ambientales en las aguas de los parques nacionales”, precisó el geógrafo.
“Por lo tanto, acá se requiere avanzar en una zonificación del borde costero que relocalice estas concesiones y que se castigue también, porque muchas de ellas han provocado impactos graves, como la aparición de condiciones anaeróbicas en los fondos marinos” añadió.
En esta misma línea, el presidente de la Fundación Ciudadanos y Clima, Alejandro Nuñez advirtió la existencia de un plan de transición justa, esto es, un compromiso político de maximizar las oportunidades sociales y económicas resguardando y protegiendo el medio ambiente que no se está reflejando.
“Se supone que en este plan (las empresas) deberían comenzar a salir de esos lugares. Aquí hay prioridades”, dijo. “Esto de buscar acciones que nos permitan mitigar tiene que ver justamente con actividades que hacíamos antes. El uso de algas por ejemplo, para biodiesel, sabemos ya no va porque tienen una función ecosistémica, captan dióxido de carbono y entregan oxígeno”, ilustró.
En 2021, desde la misma campaña en la que participan casi un decena de organizaciones socioambientales, impulsaron ante la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto de ley para poner fin a las concesiones dentro de las áreas protegidas, proyecto que aún está a la espera de tratamiento.
La Alianza de Campaña permanente, ciudadana y comunitaria de Áreas Protegidas Sin Salmoneras, solicitó a los organismos señalados “investigar cada caso y tomar todas las medidas necesarias para que estas concesiones sean retiradas”, finalizó en la misiva.
