La denominada “Operación Huracán” ha puesto frente a frente a Carabineros y a la fiscalía de Temuco en una pedregosa pugna en cuyo centro –y de cara a la ciudadanía– está en juego la credibilidad de ambas instituciones.

CIPER reconstruyó la trama de ese quiebre, en cuyo origen se encuentra el Informe N°130 enviado por el director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Gonzalo Blu Rodríguez, a la fiscalía el 20 de septiembre de 2017.

Fue con ese informe, que puso en antecedentes al Ministerio Público sobre la posible comisión de hechos delictuales, con el que el Juzgado de Garantía de Temuco autorizó tres días después, el 23 de septiembre, la orden de registro e incautación de los domicilios de los ocho comuneros mapuche que ese mismo día quedaron detenidos.

Es ese mismo informe, que contiene el resultado de diligencias a cargo de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE), el que hoy está bajo severos cuestionamientos. En él se reproducen supuestas conversaciones entre algunos de esos dirigentes mapuche, sostenidas a través de distintos sistemas de mensajería instantánea, y que habrían sido interceptados por “Antorcha”, el software creado por el ingeniero forestal y funcionario civil de Carabineros, Alex Smith, alias el “profesor”.

Son esos mismos mensajes los que aparecieron en los equipos celulares incautados el 23 de septiembre a los comuneros mapuche en formato .txt y que, de acuerdo a tres peritajes encargados con posterioridad por la Fiscalía, pudieron haber sido implantados en esos teléfonos, pues no corresponden a archivos de mensajería instantánea, entre varias otras inconsistencias detectadas (ver reportaje de CIPER).

Uno de los protagonistas de esta intrincada trama –que tiene a Carabineros y a la Fiscalía en una guerra de declaraciones cruzadas– es el capitán Leonardo Osses Sandoval, miembro de la UIOE Araucanía, el mismo que supervisó cada una de las diligencias que esa unidad de Carabineros le solicitó al “profesor” Smith.

En conversación con CIPER, el capitán Osses descartó que los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuche hayan sido intervenidos o manipulados por Carabineros y aseguró que parte importante de la información contenida en el Informe N°130 remitido a la Fiscalía el 20 de septiembre, fue conocida por varios fiscales de Temuco –entre ellos el fiscal regional Cristián Paredes y el fiscal jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo– a partir de un “borrador” que les fue entregado con al menos dos semanas de antelación a su envío definitivo (20 de septiembre).

La acusación del capitán Osses se torna aún más grave pues según la versión que entregó a CIPER, en ese lapso de tiempo el fiscal Luis Arroyo habría “corregido” parte de la información contenida en ese supuesto borrador.

–Al menos dos semanas antes de la entrega oficial ya tenían conocimiento del borrador y sacaron a blancos (NdR: personas que iban a ser detenidas), al gusto de ellos. Yo lo único que quiero es que se esclarezca la verdad. Don Luis Arroyo tuvo acceso a ese borrador porque se le pidió asesoramiento. Él sacó a blancos, porque dijo que si tocábamos a esos blancos se iba a perder el foco de lo que es la violencia rural –dijo Osses a CIPER.

Según la versión del capitán Osses, el fiscal Luis Arroyo también habría solicitado que se eliminara del borrador del Informe N°130 antecedentes recabados por Carabineros relativos a una presunta filtración de información reservada desde la propia fiscalía (de la unidad que dirige Arroyo) a un tercero que mantendría contacto con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul, uno de los comuneros detenidos en el allanamiento del 23 de septiembre.

El fiscal Luis Arroyo también conversó en extenso con CIPER. El persecutor desmiente a Osses y asegura que recién se enteró de la existencia y los contenidos del Informe N° 130 cuando éste fue remitido oficialmente a la Fiscalía de Temuco.

–No tuve acceso antes a ese informe–señaló enfático el fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quien aclara que desde el 21 de agosto y hasta mediados de octubre estuvo concentrado en el proceso que investiga la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Arroyo, de hecho, cuestiona la existencia de un borrador del informe N°130, pues la ley (Ley 19.974) es clara en establecer la prohibición de entregar algún tipo de información preliminar al margen de los cursos legales que están establecido en la misma normativa.

–Me parece grave que un oficial de inteligencia de Carabineros aparezca señalando algo que de haber sido efectivo constituiría un delito, ya que la ley es bastante severa con los agentes de inteligencia al momento de entregar información. En su artículo 43, inciso primero, esa ley establece un delito con penas de privación de libertad para aquél que entregue información sin seguir los cursos legales establecidos (…) Me llama la atención que él mismo (se refiere al capitán Osses) reconozca participación en un delito de manera pública– indicó Arroyo.

Respecto de la supuesta filtración de información desde la unidad de Alta Complejidad que él dirige, el fiscal indicó a CIPER que recién el 26 de diciembre de 2017 –meses después de conocer el Informe N°130– fue notificado de la existencia de una investigación seguida en su contra como supuesto encubridor de su asistente, la abogada Mónica Palma. De acuerdo a la indagación de Carabineros, Palma habría sido la responsable de esa filtración y Arroyo se habría inhibido de denunciarla por mantener una relación sentimental con ella.

Para el fiscal Arroyo las acusaciones del capitán Leonardo Osses responden a las de “un imputado que se está viendo acorralado” y que los hechos que se le atribuyen intentan “cubrir la inoperancia y la falta de resultados de las investigaciones” que Carabineros realizaba en la zona. “Es la revancha de Carabineros a las dudas que estaba presentando la Fiscalía en relación con el trabajo que habían realizado”, asegura.

El 19 de enero pasado, el fiscal Arroyo –que accedió a conversar con CIPER en calidad de “víctima” y no en su rol de fiscal– presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco contra quienes resulten responsables de “los delitos de falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa; obstrucción a la investigación y violación de reserva”.

EL OFICIO DE CARABINEROS A ABBOTT

En la tensa y confusa trama que tiene hoy enfrentados a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Temuco, el 11 de diciembre resulta un día clave. Fue entonces cuando la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, remitió al fiscal nacional, Jorge Abbott, el oficio N°202 informándole de supuestas filtraciones desde la fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a un tercero conectado con la Coordinadora Arauco Malleco.

“Esto comenzó a contar del 11 de diciembre cuando nosotros denunciamos ante la Fiscalía Nacional la filtración de información desde la Fiscalía Regional de Temuco hacia otras personas”, asegura el capitán de Carabineros, Leonardo Osses, a CIPER.

Agrega que la supuesta filtración –que habría aludido a las identidades de las personas que iban a ser detenidas en la “Operación Huracán”– se produjo a mediados de septiembre y que concurrió a la fiscalía para comunicarle a Luis Arroyo que los responsables de esa entrega ilegal de información se hallarían en las propias dependencias del organismo. Las indagaciones y sospechas apuntaban a la abogada asistente de Arroyo, Mónica Palma.

El fiscal Arroyo indicó a CIPER que la Fiscalía tomó conocimiento de todos los detalles de la supuesta filtración a partir del oficio N°202 del 11 de diciembre, pero que antes de esa fecha un informe del Labocar de Carabineros, que incluía intervenciones al teléfono de uno de los comuneros detenidos, ya los había puesto en antecedentes de la existencia “de un sujeto que decía que iba a contactar a alguien de la Fiscalía” para obtener de manera subrepticia antecedentes reservados de la investigación.

Arroyo afirma que a propósito de lo anterior, el 3 de octubre se abrió una investigación a cargo de otros fiscales de la región. “Se le solicitó precisamente a Carabineros que entregara toda la información que tenía sobre la supuesta filtración. Ellos habrían indicado que era información de inteligencia, por lo tanto tenían que liberarla por el mecanismo que establece la ley (artículo 38 de la Ley 19.974), pero jamás la entregaron sabiendo que habían fiscales a cargo de esa investigación en la región”.

En vez de liberar la información solicitada por la fiscalía local, Carabineros optó por enviar toda la información a través del oficio N°202 directamente al fiscal nacional.

LAS DUDAS DE LA FISCALÍA

Para esa fecha, 11 de diciembre, en la Fiscalía de Temuco las dudas sobre la veracidad y calidad de las evidencias presentadas por Carabineros en el Informe N° 130 y que dieron origen a la denominada “Operación Huracán” habían tomado peso entre varios funcionarios del organismo persecutor.

Por esa razón, el mismo 11 de diciembre la fiscalía de Temuco solicitó a través del oficio N°1032 a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, una serie de peritajes (extracción, revisión y análisis) de la mensajería digital que dio pie al informe con el que el 23 de septiembre se había autorizado el allanamiento de los domicilios y detención de los comuneros mapuche.

Las diligencias encargadas a las ULDDECO se instruyeron luego de que en el transcurso de octubre el fiscal adjunto Felipe González (de la misma unidad de la que Luis Arroyo es jefe), detectara inconsistencias en una serie de informes entregados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) a la Fiscalía.

Los resultados del informe pericial de la ULDDECO fueron remitidos a la fiscalía de Temuco el 28 de diciembre de 2017. En él se establecen varias incongruencias, entre ellas, que algunos archivos hallados en los teléfonos incautados de los comuneros mapuche no guardan relación “con la forma en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos”. En concreto “se hallaron cinco archivos de extensión .txt que no corresponden a archivos de mensajería sino que a archivos de texto plano, sin ningún formato” (no contienen Time Stamp –marca de tiempo–ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería). Además, se hallaron en el teléfono de uno de los comuneros detenidos, cuatro archivos de nombre similar con distintas ubicaciones en la memoria del aparato, lo que la ULDECCO estimó como irregular.

Producto de las anomalías reportadas por el perito del Ministerio Público, el fiscal Felipe González habría puesto los antecedentes a disposición del Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián Paredes, para que se investigara la posible existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Otros dos peritajes encargados por la fiscalía, uno a un ingeniero en computación e informática de la Universidad de Santiago y otro al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), respaldarían con posterioridad las conclusiones del documento elaborado por la ULDDECO.

TRAICIONADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

En conversación con CIPER, el capitán Leonardo Osses de la UIOE dice sentirse “traicionado” por la fiscalía.

–Nosotros nos hemos sacado la cresta trabajando, porque todos los métodos de inteligencia que existían hasta la fecha (refiere a la fecha de la entrega del Informe N°130) habían fallado. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un profesional que tenía las competencias: el profesor Alex Smith (…) Lo importante para nosotros era obtener información para prevenir el terrorismo y la violencia rural en La Araucanía, pero lamentablemente nuestros fiscales la desaprovecharon. El país desaprovechó esta oportunidad porque ahora todas las personas que cometen ilícitos ya saben que si les llegan correos extraños, puede ser “Antorcha” (el software de Smith) –dijo Osses.

Si para el capitán Leonardo Osses el origen del quiebre entre Carabineros y la fiscalía de Temuco dice relación con el oficio que la policía uniformada envió al fiscal nacional el 11 de diciembre de 2017 (oficio N°202) denunciando una supuesta filtración desde el Ministerio Público, para el fiscal Luis Arroyo las desavenencias solo tienen origen en los cuestionamientos que hizo la fiscalía a las evidencias existentes en el Informe N°130.

–En el marco del sistema procesal penal, nosotros nos preocupamos de recabar medios de prueba que luego van a ser presentados ante un tribunal. El informe N°130 lo que hace es entregarnos información, por lo tanto nosotros debemos corroborarla a través de las normas que establece el Código Procesal Penal y es a través de esa corroboración donde se tomó conocimiento de las irregularidades que estaban presentes en el trabajo que había realizado la policía y que vertió en el citado informe –señaló Arroyo a CIPER.

En la querella que presentó el 19 de enero pasado, el fiscal Arroyo atribuyó las acusaciones en su contra (vertidas en el informe N°202 ) a una supuesta intención de Carabineros de “hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas (…) Lo cierto es que no me caracterizo por ser un profesional llano a realizar cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas y medios a través de los cuales se obtiene la información en que estas se fundan”.

Versión similar entregó a CIPER al acusar a Carabineros de imputarle acusaciones “falsas y temerarias” como una manera de cobrar “revancha” frente a las dudas que levantó la fiscalía sobre el trabajo de la policía uniformada.

DILIGENCIAS INCONCLUSAS

Las primeras fisuras en la relación entre la fiscalía de la Novena Región y Carabineros comenzaron a manifestarse a mediados de noviembre. El 13 de ese mes, y mediante oficio N°933, la fiscalía remitió al jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE), Marcelo Teuber, una orden de investigar solicitando 27 diligencias. El objetivo era establecer la existencia de la asociación ilícita de los ocho comuneros imputados denunciada en el Informe N°130 del 20 de septiembre.

La fiscalía otorgó a Carabineros un plazo de 20 días corridos para la entrega de los resultados de esa investigación. Entre las diligencias solicitadas figuraban indagar sobre el origen, fines y fundamentos filosóficos y políticos de la CAM y también de las organizaciones denominadas Weichan Auka Mapu (WAM) y Resistencia Territorial Mapuche Malleco (RMM). También determinar la existencia de otras organizaciones y personas; buscar sus fuentes de financiamiento; georreferenciar los sitios del suceso; tomar declaración a las víctimas de los hechos denunciados y empadronar a los testigos, entre varias otras.

El 12 de diciembre, y a casi diez días de que expirara el plazo para el término de las diligencias, el fiscal Felipe González recibió un correo del capitán de la UIOE, Cristián Pérez Mancilla, pidiéndole una prórroga de 30 días “toda vez que aún se están realizando diligencias para dar cumplimiento a todas las diligencias solicitadas”.

Al día siguiente, González accedió a aumentar el plazo pero en solo 20 días. La fecha límite se cumplió a principios de enero. El 22 de ese mes, y según denunció la fiscalía, Carabineros había enviado respuesta a solo tres de las 27 diligencias instruidas el 13 de noviembre.

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

Ese fue uno de los últimos capítulos de la trama de desencuentros entre ambas instituciones. El 25 de enero pasado, el fiscal a cargo de la causa, Felipe González, comunicó al Juzgado de Garantía de Temuco la decisión de no perseverar en la investigación, cuyo plazo inicial había sido fijada por el tribunal en cuatro meses (desde la formalización de los imputados el 24 de septiembre de 2017).

“Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros de Chile información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades en la forma que ya se ha expuesto, condiciones que permiten hacer dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público –producto del obrar ilícito de dichos empleados públicos– se ve impedido de continuar con la prosecución de esta investigación criminal de manera tal que viene en comunicar la adopción de la decisión de no perseverar en la presente investigación”, se lee en el escrito enviado por González al tribunal.

El 9 de febrero pasado, el Juzgado de Garantía de Temuco ratificó el cierre definitivo de la investigación, rechazando la reapertura solicitada por el Gobierno. Ese mismo día, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, tras considerar que los antecedentes que fundamentaban la investigación presentaban anomalías.

El 12 de febrero, cinco de los comuneros imputados en la causa presentaron una querella en contra de siete funcionarios de Carabineros –entre ellos el capitán Leonardo Osses y el profesor Alex Smith– por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos.

El mismo 12 de febrero, el Ministerio Público tomó la decisión de agrupar todas las investigaciones ligadas a la denominada “Operación Huracán”, designando al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, como responsable de las indagatorias. En sus manos quedó la delicada misión de investigar todas las hebras de la madeja que hoy tiene a la fiscalía de Temuco y a Carabineros bajo fuego cruzado.