por Héctor Vega
Sin una planificación del Estado en el desarrollo industrial del siglo XXI las materias primas seguirán el curso de un extractivismo sin sentido. Esto adquiere particular urgencia en el caso de economías pequeñas como es el caso de Chile pero que se encuentran en una zona de convergencia con otras economías de riqueza minera.
En las últimas décadas del s. XX y las tres décadas del siglo XXI las nuevas estructuras de la producción industrial han modificado sustancialmente las reglas del comercio internacional. Sin embargo, quien fija el precio del mineral no es el productor sino el comprador, pues quien funde y refina, quien transporta y obtiene el producto final que se incorporará a quien manufactura (que estará en la cadena de valor del comprador de metales) realiza la cuenta final de la transacción. Esto consagra una multiplicidad de funciones en la economía de mercado a saber, la de armador, agente de seguros, deudor, financista acreedor, todo ello en el marco de oligopolios y manejo del crédito en las transacciones. De esa manera las partes del negocio a saber, producción de la materia prima, obtención de los subproductos y comercialización corresponden a una estructura de mercado basado en la llamada economía mundo que a la manera de Fernand Braudel (1979) es una economía de una parte del planeta en la medida que esta forma parte de un todo económico integrado en un espacio geográfico determinado en torno a un centro, esto es un Estado-ciudad o una capital económica, por ejemplo Nueva York en EE.UU. En esta visión la economía mundo de Braudel evoluciona en zonas sucesivas de hegemonía económica en el tiempo. Esta concepción dinámica de un todo formado por partes interdependientes se encuentra también en los trabajos de Wallerstein (1979 , 1984) y Taylor (1993) . La división en filiales del proceso de producción se reparte a escala internacional, lo que va acompañado de un incremento de los intercambios comerciales situación que es independiente de la evolución seguida por la producción. Juan M. Albertos Puebla (1997) explica que el valor de los componentes y bienes semi acabados al ser registrado en las estadísticas de comercio exterior tantas veces como estas atraviesan una frontera al hilo de las diferentes fases del proceso productivo, necesariamente es superior al registro de producción. Es lo que la OMC denomina “tráfico de perfeccionamiento” .
Dos puntos centrales permiten entender la viabilidad de una política minera y su proyección en la creación de un sector minero-industrial: (I) convergencia o fricción de intereses (II) precios y monopolios a la escala internacional.
(I) El abastecimiento de materias primas de los países industrializados, constituye la vulnerabilidad central que debe explotarse para terminar con su control sobre el comercio internacional.
La historia enseña los pasos a seguir. En el siglo pasado Chile negoció los convenios de Washington (8 de mayo de 1951) en virtud de los que:
(1) accedió a vender por su propia cuenta el 20% de la producción – nótese que en esa época el estado de Chile no estaba autorizado para disponer de una tonelada de cobre refinado para la exportación;
(2) obtuvo un aumento de precio para el cobre vendido en EE.UU, de US $ 24,5 a 27,5 ctvs., por libra aumento que percibía íntegramente el Estado de Chile, y que representó US $ 25 millones de mayor ingreso anual. Recuérdese que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos congeló el precio del cobre en 11 ½ centavos por libra, situación que se mantuvo inamovible hasta 1946;
(3) recibió un préstamo de hasta US $ 15 millones para la minería cuprífera nacional, es decir una suma equivalente a 12 años del presupuesto total de la Caja de Crédito Minero de la época;
(4) las empresas norteamericanas reconocieron a obreros y empleados de Chuquicamata, Potrerillos y El Teniente un bono de 300 millones de pesos al año.
En síntesis, para mantener su desarrollo científico, tecnológico e industrial EE.UU necesitaba negociar las condiciones leoninas con las que se desenvolvía desde 1905 la explotación del cobre amén de los minerales de salitre y hierro y que al día siguiente de la guerra ya no eran aceptables.
En 1933, la ley de Control de Cambios Internacionales otorgó a estos minerales el privilegio de no retornar a Chile, en dólares el valor total de las exportaciones, sino solamente del costo de producción a un tipo de cambio de $ 19 por dólar. Hasta 1941 el Estado de Chile no había revisado este desequilibrio entre los intereses de Chile y el de las Compañías norteamericanas. Ese año en la ley 7160 se modificó en parte esa situación lo que representó un mayor ingreso del orden de 500 millones de pesos al año.
Este historial revela una situación en la que la potencia dominante es obligada a ceder en virtud de sus propios intereses de inserción en un proceso de reestructuración del comercio mundial y fundamentalmente de parámetros de defensa que representa su seguridad nacional. Antes de la Primera Guerra Mundial esta era un asunto relativamente limitado al continente americano, al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial esta se amplió a la presencia americana en el mundo. EE.UU por su poder, su envergadura, sus carencias, en fin, sus necesidades en energía, minerales, tecnología, capitales financieros, recursos humanos, etc., fatalmente derivó en intervenciones y compromisos internacionales, lo que determinó la creación de escudos en escenarios alejados de su territorio; es más, lo obligó a crear un entramado de influencias, créditos a su favor en intercambios fatalmente desfavorables para sus eventuales socios y siempre beneficiosos para sus intereses. De ahí la importancia de un entendimiento entre las potencias locales del Cono Sur.
(II) En el ámbito del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Perú) existen las potencialidades para articular mecanismos compensatorios a las oscilaciones especulativas de precio de las materias primas. En el pasado se han establecido este tipo de mecanismos entre ellos, la facilidad del FMI (1979) que terminó favoreciendo paradojalmente a los países industrializados pues se fijan en función de las partes de capital que los países poseen en el FMI; está además el sistema Stabex, creado en la convención de Lomé I firmado en 1975, refrendado en Lomé II (1980) y, numerosos otros acuerdos que se han negociado en los últimos 40 años en el seno de la UNCTAD y la CEE.
Sin embargo, estos acuerdos no han logrado remontar las barreras que han impuesto al libre comercio las empresas mineras transnacionales, pues quien controla la fundición-refinación fija el precio del cobre electrolítico pues establece las condiciones del contrato en virtud del que se transa el metal.
A esto agreguemos en el caso de Chile, la existencia en la Gran Minería de las sociedades de personas, vía principal de eludir el pago de impuestos a la renta; la existencia de precios de transferencia; pérdidas en los mercados de futuro; la sustitución del royalty por un impuesto específico más el envío al parlamento en la época de la presidencia de R. Lagos, el impuesto adicional de 35% en reemplazo del 42% de invariabilidad tributaria, que no se pagaba; reembolso de préstamos ficticios: las utilidades se remesaban al extranjero, disfrazadas de pago de intereses que sólo pagan un 4%, reduciéndose de esa manera artificialmente las utilidades en Chile, pagándose en definitiva menos impuestos. Se consagró así la transformación del impuesto adicional de 35% en un impuesto del 4%.
Dos reservas en relación a la producción de commodities:
(1) Altos precios llevan a especializarse en estos y profundizar la dependencia y subordinación a los países del Norte. En el pasado esto llevó a la “década perdida”, cuando los altos precios de los commodities a fines de los 70 y comienzos de los 80 llevaron a las economías subdesarrolladas a endeudarse. Cuando los precios bajaron, no pudieron pagar la deuda y comprometieron su crecimiento. El exceso de divisas provenientes de los commodities, neutralizaron los esfuerzos por desarrollar otros sectores de la economía que fueron abandonados. Es lo que se llamó el “síndrome holandés”.
(2) El comercio es en el origen (siglos XV – XVIII) el mecanismo esencial del capitalismo mercantil. Pero también lo es cuando se trata de ampliar el ámbito de la globalidad a través de los monopolios, oligopolios, carteles de materias primas y su manufactura. Su característica ofensiva modifica las reglas del mercado e impone los precios. Es lo propio del capitalismo periférico (Prebish, 1981) donde la élite política que controla el Estado no tiene alicientes para modificar sus economías, por tanto sin una modificación previa del Estado que instaure los intereses hegemónicos de la población y como prioritarios los objetivos del desarrollo económico no se logrará un avance estructural de la economía, eliminando la heterogeneidad estructural, los bajos salarios, la desigualdad social para así acceder a niveles de modernidad propias de una sociedad avanzada.
Esto es parte de la realidad de la producción minera de las Transnacionales con prácticas productivas y tecnológicas en detrimento del futuro de nuestra economía.
Es lo que se deduce de un estudio del profesor Juan Camus donde se establece que de 1 tonelada extraída en la explotación de cobre, 973,15 kg corresponde a un complejo pasivo ambiental (escombros, relave, escorias y gases), 26,84 kg de concentrado y 9,05 kg de cobre fino, lo que equivale a una relación de concentrado/cobre refinado de 3,33 (=26,84/8,05).
Los gobiernos nacionales no se han interesado por llevar adelante una política de fundición-refinación y de manufactura del cobre postergando de esa manera indefinidamente el desarrollo de un sector minero-industrial de alta tecnología.
Santiago, noviembre 11 2022
