El gobierno de Milei vive entre el fracaso de la Ley Ómnibus (oficialmente, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), y la apuesta del Pacto de Mayo que deberá discutirse el día 25 de ese mes.
Términos en que se da la confrontación
El partido de Milei, La Libertad Avanza sólo cuenta con 15% de los escaños en la Cámara de Diputados, por lo que la Ley Ómnibus, con 664 artículos, debió ser retirada ante el fracaso en el Congreso en diciembre 2023. Esto significó el rechazo de dejar en manos de empresas privadas las pensiones de la población. En el Senado fue rechazada la desregulación del mercado laboral. Ambos sistemas son Bienes Comunes, a la altura de la Salud, la Educación y la Vivienda, es decir no pueden quedar en manos del mercado. Rechazos que determinó como represalia de parte del gobierno, el anuncio del recorte a las transferencias del gasto para las provincias.
Este clima de confrontación debía zanjarse de alguna manera. Por eso Milei anunció el Pacto de Mayo como una nueva etapa del ya reiterado fracaso de la Ley Ómnibus.
En el Pacto se incluyen 10 reformas estructurales en cuyo listado destacan entre otras, medidas de libre comercio, reforma tributaria, pensiones y equilibrio fiscal. En los términos dados a conocer por la prensa se detalla lo siguiente: “inviolabilidad de la propiedad privada; equilibrio fiscal innegociable; reducción del gasto público al 25% del PIB; reforma tributaria con reducción de la presión impositiva; nuevo proyecto de coparticipación; compromiso en las provincias por avanzar en la explotación de recursos naturales: reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; reforma previsional sustentable que respete a quienes aportaron más (mediante un sistema privado de jubilación); reforma política estructural; alinear intereses de representantes y representados y apertura al comercio internacional”.
Sin mayores detalles, de un programa que nunca existió, corresponderá a los negociadores concretar lo que ahí se enuncia.
El Ajuste y sus efectos en la población
Lo que sí se sabe es la práctica de las medidas tradicionales del ajuste-shock monetarista que en sus enunciados busca resolver el déficit fiscal y la inflación. Bajo el lema de la moto sierra, las promesas de campaña, levantaron el entusiasmo de la población contra la clase política acusada de corrupción y que en definitiva saldaron el contundente triunfo de Milei con un 56% de los votos.
Aún hoy, pese al shock en las áreas pública y privada las encuestas revelan que apoyo y repudio se reparten un 50%.
El desafío es enorme si se considera que en diciembre de 2023 la Deuda Pública Bruta se estimaba en 419 mil millones de dólares y las reservas del Banco Central se evaluaban a menos de 12 mil millones de dólares.
Siempre en el terreno de los anuncios, el gobierno proclama que para el período 2024-2028, según lo programado, la deuda pública llegará a aproximadamente a un 41% del PIB. Pero, esto no se consigue sin mayores impuestos, lo que implica una reforma tributaria, en parte no menor, dependiente del crecimiento de la economía y de una planificación de los Bienes Comunes en jaque a saber, pensiones, sistema de salud y vivienda (alojamiento). En definitiva, se trata de un tema no saldado. Sin embargo, en algo parece haber unanimidad entre gobierno y oposición, ambos abordan con reticencia la reforma tributaria, pues los próximos enfrentamientos en las urnas, invitan a postergar, entre otros temas, para la instancia de Mayo.
Lo que sí permanece es la reducción del gasto público de 36%, siendo parte de ello la rebaja de 82% de las transferencias discrecionales a las provincias. Las rebajas de gasto en los tres meses de gobierno incluyen salarios con un 27%; gasto en obras públicas, 86%; subsidios económicos, 64%. Parte de estos efectos en la población es el aumento de precio del transporte público en Buenos Aires en más del 200%, a lo que se suma un severo golpe a los hogares con tarifas eléctricas que subieron entre el 65% y 150%.
El manejo del tipo de cambio y el IPC
El manejo del tipo de cambio, llevada a cabo en diciembre pasado, comenzó con la devaluación del peso argentino, de 50% que en conjunto con la liberación de precios, fue determinante en la baja de un 20% de los salarios reales y de un 28% las jubilaciones. Así funcionó lo que en Argentina se conoce, como la licuadora.
El superávit presupuestario fue un objetivo estrella de Milei durante la campaña. Por ello el logro de un superávit de US$ 620 millones y el comienzo del pago de intereses de la deuda pública, fue anunciado en marzo, con bombos y platillos, subrayando que en 12 años este logro no se hubiere obtenido. Cabe preguntarse si este logro puede ser mantenido en el futuro para así llegar en 2024 a un superávit presupuestario del 2% del PIB, antes del pago de intereses. Baste consignar que en 2023 se contabilizó un déficit de 3%.
Pese a la baja del índice de precios al consumidor (IPC), la inflación persiste. De un 25,5% en diciembre el IPC cayó en enero a 20,6% y en febrero a 13,6%, registrándose en febrero una inflación interanual de 276,2%.
Esto ha golpeado rudamente a la población bajo la línea de la pobreza que subió de 49,5% a 57,4%. El gasto de los pobres alcanza sólo a la alimentación. En bienes de consumo masivo, alimentos y bebidas, el alza interanual de la inflación registra 303,8%. Los efectos se reflejan en las ventas de los comercios pymes que se desplomaron un 25,5% interanual en febrero.
Frente a la gravedad de la situación social, según un comunicado de la Agencia EFE, el 12 de marzo, el gobierno resolvió “abrir las importaciones de productos de la canasta básica como alimentos, bebidas productos de limpieza, cuidado e higiene personal, y de los medicamentos, además de suspender por 120 días ciertos impuestos sobre estas importaciones”. Pese a todas estas medidas el gobierno proyecta para el mes de marzo una inflación en torno al 12%.
Algunos, como el economista argentino Miguel Kiguel, director de EconViews, en una presentación en el Centro de Estudios Públicos (CEP) en Santiago, comentó que para 2024 se produciría una recesión con una caída del PIB de 2,8%. (El Mercurio, marzo 6, 2024, p. B 2).
Problemas estructurales que el ajuste no resuelve
El gobierno de Milei plantea el shock monetarista y cambiario como un procedimiento esencial para lograr el saneamiento de la economía. Sin embargo, existen en la sociedad, tres problemas centrales, inmediatos y previos que la metodología del shock no aborda a saber, la pobreza, el decrecimiento de la economía real y el desempleo.
Los índices, no sólo en lo que va de la experiencia argentina, sino en aquellos países donde se planteó la medicina del shock, demuestran que el saneamiento de la economía es un proceso complejo que sin la participación de la población no se logra. Aplicar la violencia del Estado, como fue entre otros, el caso de Chile, plantea un costo que en democracia es inaceptable.
La errada política propuesta por Milei significa realizar la transición desde un clientelismo estatal a una economía de reajustes automáticos. Utopía que no se sostiene en el siglo XXI, donde sin el rol estratégico del Estado, quedan sin abordar el cambio climático, la reserva de energías renovables y la administración de los Bienes Comunes básicos a saber, educación, salud y vivienda.
Hay otros Bienes por supuesto, pero eso es lo básico; esa canasta va en aumento, dado que el crecimiento de la fuerza de trabajo es superior a la demanda de empleo. A ello debe sumarse el envejecimiento de la población con Bienes Comunes que deben programarse por el Estado.
El gasto en infraestructura productiva a saber, rutas, comunicaciones, almacenajes, transporte, et cetera, es parte esencial de las políticas de empleo y modernización de la economía. Por ello, el saneamiento en la economía, léase los sectores público y privado, sin una modernización de la economía real no es viable.
Reducir subsidios, sin discriminar sectores, no tiene mayor sentido si no se sanea la economía real y se preserva, conjuntamente el gasto de la población que se traduce en mayor demanda.
Una transición necesaria
Los programas de ajuste estructural exigidos por el Fondo Monetario y el Banco Mundial a aquellos estados que mantenían deudas por los créditos otorgado por el Fondo, constituyeron un fracaso, precisamente por no tener en cuenta la proyección hacia la modernidad en países que funcionaban como verdaderas factorías con la _mal venta_ de sus recursos naturales no renovables.
Los programas de ajuste se centran en el pago de la Deuda, pero esta crece en la medida que los sectores privados ponen en mano del Estado la resolución de los problemas sociales generados por los bajos salarios.
Ajustar la Caja Fiscal, sin restablecer la economía local corre el grave riesgo de olvidar la Demanda cuya sostenibilidad implica la productividad en alza en la economía real. Más aun, contener el proceso inflacionario solo mediante la política monetaria, lo que es un proceso lento, arriesga neutralizar las políticas de restablecimiento del aparato productivo.
El sector agropecuario argentino es proveedor de 155 países a nivel mundial de manera que su desarrollo es parte central de la economía de Argentina. El desarrollo del sector minero (el litio entre otros) y de energía (gas, petróleo), entran en la cadena de valor de sectores que tienen proyección en la modernidad de la economía; eso significa acuerdos con la inversión extranjera y penetración en los mercados internacionales.
Considerar el sector externo conlleva restablecer la economía local, por eso la relación estrecha entre los sectores modernos e intermediarios y pymes de la economía. Sin ese paso fundamental en el aparato productivo de la Nación, corremos el riesgo de convertirnos en factoría extractivista, especializada en la venta de recursos naturales. Como ya lo dijimos, en mala venta de nuestros recursos naturales. El significado del camino libertario, como lo quiere Milei, es entregar al Estado los Bienes Comunes, al precio que los fija el mercado cuando esos bienes son entregados exclusivamente a la actividad privada. Realizada la operación se contabiliza la Deuda Pública para enseguida sanearla al costo de la población.
Lo que aquí llamamos transición es recobrar la dignidad del trabajo, es decir sin descontar de las remuneraciones el peso de la Deuda de las empresas. Esta es una transición necesaria; paso que pocos países Latinoamericanos han dado o están dispuestos a realizar, porque resulta más fácil entregar nuestro destino a redes de poder, locales o extranjeros, antes que poner el destino de nuestro país en nuestras propias manos.
Santiago, marzo 27, 2024
