Morir por el covid o morir de hambre
Con reducciones salariales del 50 y el 75 por ciento habilitadas por el gobierno de López Obrador para frenar el desempleo, la clase obrera paga el costo de la pandemia. En las maquilas, donde las firmas multinacionales explotan a sus empleados en labores no esenciales, aumentan los contagios.
Eliana Gilet, desde Ciudad de México
Brecha, 24-4-2020
Trescientas cincuenta mil personas perdieron su trabajo en México entre el 13 de marzo y el 6 de abril. La posibilidad de “negociar” la rebaja de hasta el 50 por ciento del sueldo y el recorte de otros derechos adquiridos –abierta por la Secretaría de Trabajo Federal para contener esta caída del empleo– no consideró la nula representatividad de los sindicatos que negociaron las reducciones, ni cómo la decisión afectaría a los trabajadores de las empresas chicas, quienes han tenido que aceptar (y hasta agradecer) que les bajen el sueldo y no los corran a la calle.
La respuesta a los brotes de covid-19 en los lugares de trabajo ha sido dispar. Mientras el personal de salud –que representa el 15 por ciento del total de los contagiados confirmados del país– logró a fuerza de protestas que se le pagara el 100 por ciento de su sueldo en caso de contraer el virus, a muchos trabajadores de la maquila apenas les pagan el 25 por ciento del salario al dejar de trabajar. Esto, a pesar de que el parate parcial fue obligado por la muerte por covid-19 de varios trabajadores de estas empresas multinacionales, ubicadas en los norteños estados de Baja California y Chihuahua.
La ausencia de una política que apuntale a 25 millones de trabajadores formales para que negocien condiciones dignas con sus patrones y que prevenga que otros 31 millones de informales salgan diariamente en busca del dinero mínimo para comer ha hecho de esta pandemia una enfermedad laboral, una enfermedad que se contrae por no poder parar de trabajar. O como se dice popularmente en México: por tener que elegir entre morir de hambre o morir de covid.
Sindicato de uno
Sandra tiene 28 años, dos hijos y ofrece su testimonio a Brecha mientras recorre en transporte público los 30 quilómetros que separan su trabajo de su casa. “Me da miedo a veces subirme a las combis vacías [utilizadas por buena parte del transporte local en la capital y el conurbano] porque piensas que en cualquier momento se pueden desviar y tú ya no saber nada; eso también es parte de los peligros de salir”, contó mientras hacíamos el trayecto, cuando hablar es una compañía.
“Yo estoy en un punto bizarro, porque a mí la preocupación económica me llegó antes, cuando cerraron las fronteras en China”, explicó luego. Como miles de mexicanos, Sandra trabaja para una empresa extranjera, dedicada en este caso a la importación desde el gigante asiático y con negocios también en Rusia y Chile. Su tarea es la de gestionar la logística: el movimiento de los contenedores entre los puertos, el traslado desde el puerto mexicano a la bodega y la organización de su descarga allí.
Todo eso implica coordinación entre sectores, pagar los impuestos en ambos puertos y un montón de tareas en las que maneja dinero y que, por lo tanto, conllevan mucha responsabilidad. “Tengo un sueldo fijo que no coincide con lo que gano en realidad. Me tienen dada de alta [ante el Estado mexicano] como vendedora, por un salario mínimo, y además me pagan una comisión por contenedor de entre 400 y 600 pesos [entre 17 y 25 dólares]. Obviamente, cuando China cerró fronteras y yo no tuve contenedores, me quedé sin ese extra, que tampoco puedo reclamar porque es un acuerdo implícito entre nosotros. No hay nada que pruebe que ellos me pagan por fuera. Entonces los patrones me ofrecieron un préstamo, que fue leve en comparación con mis compañeras. Endeudarse es el problema de la gente ahorita, volvemos a estar como en las antiguas tiendas de raya, trabajando para pagar la deuda.”
Así vive Sandra ahora, con el dinero justo para pagar pasajes y comida, porque tuvo que reforzar el gasto de la casa cuando el padre de sus hijos quedó sin trabajo. “A mis compañeras les ofrecieron trabajar desde casa, yendo a la oficina 15 días al mes y pagándoles la mitad, pero yo no acepté. Les dije que si me descansan, renuncio. No estuve hablando sólo por mí, pero mis compañeras me dijeron que siempre voy por la contraria y prefirieron quedarse con menos por temor a perderlo todo”, analizó ya casi llegando a su destino. “Quiero que se respete lo mínimo que están obligados a cumplir, porque la empresa nos puede pagar el sueldo completo y declararlo sin problemas. Ya ni siquiera nos vamos a jubilar ni a obtener el crédito para una casa, porque ellos son libres de recontratarte cada tres meses, a prueba. Ese es el régimen legal que le tocó a mi generación: eres un empleado informal todo el tiempo.”
Sindicato charro
Es otra forma coloquial de llamar “amarillo” a lo que oficialmente se denomina “sindicato de protección patronal”: “Un sindicato que no representa a los obreros, sino que simula una negociación colectiva y hace acuerdos a modo del interés patronal”. La definición es de la politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México Andrea E García, quien dedicó buena parte del mes de diciembre de 2019 a investigar las condiciones de trabajo precario en la zona maquilera en los estados de Chihuahua (norte) e Hidalgo (centro), particularmente en la fábrica Lear Río Bravo de Ciudad Juárez, donde 14 trabajadores han fallecido tras contagiarse de covid-19. Las reporteras de Chihuahua Gabriela Minjares e Itzel Ramírez publicaron una investigación (“De Europa a Juárez: el virus que desató contagios dentro de una maquiladora”, en Verdad Juárez, 23-IV-20) en la que vinculan el brote en esa maquila con la visita de un grupo de empresarios europeos en plena pandemia.
Lear es una de las compañías multinacionales más grandes del sector automotriz, dedicada a la confección del sistema eléctrico y las vestiduras de automóviles para abastecer al mercado estadounidense, sobre todo a General Motors. Concentra en México la mayor parte de sus actividades, donde emplea a 52 mil trabajadores en 25 centros distintos. “Es una compañía enorme que estaría en condiciones de permitir a sus trabajadores ir al resguardo domiciliario pagando el 100 por ciento de los salarios”, afirmó García a Brecha.
Este tipo de industria es una pieza clave del proceso de globalización capitalista. En México la magnitud de ese proceso es tal que se asemeja a un Uruguay entero trabajando en una maquila. De los 3 millones de personas que estas empresas emplean en México, 1 millón está en el sector automotriz.
Huberto Juárez, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, señaló a Brecha que a mitad de abril sólo 141 de las 900 maquilas ubicadas en el llamado “corredor” entre Tijuana y Mexicali habían parado sus actividades. Sin embargo, ninguna de ellas es considerada una actividad esencial excluida del paro preventivo de actividades pautado por la Secretaría de Salud Federal.
Coincidentemente, es en esos municipios de Baja California donde se concentra el segundo número más alto de contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus (después de la capital, que tiene el mayor brote del país). “Tal como está organizada la producción de este tipo de industrias, es imposible distribuir a los operarios de forma tal de mantener la sana distancia de metro y medio. Las máquinas están en círculo para permitir pasar la pieza al otro trabajador, no hay forma de reorganizar la producción para mantener la distancia sanitaria requerida sin un proceso de reingeniería industrial de la línea, que todavía no se ha hecho”, explicó García. Para las maquilas que han cerrado, el convenio acordado entre los sindicatos charros y los patrones transnacionales permitió reducir el pago de salarios al 65 por ciento. Pero García comentó a este semanario que según los sondeos telefónicos que ha hecho con trabajadores de Lear, en Ciudad Juárez apenas están recibiendo por la quincena entre 800 y 1.000 pesos mexicanos [entre 34 y 43 dólares], “lo que no representa ni el 25 por ciento del salario completo, que en la maquila está apenas encima del mínimo. En términos reales, no es nada”. Sin embargo, tanto García como Huberto Juárez señalaron a Brecha que hay un despertar de formas democráticas de organización entre los trabajadores de la maquila, quienes ven una oportunidad en medio de esta crisis.
Patrón azteca
Rodolfo Huvy Cruz, de 30 años, murió el 27 de abril a causa de la covid-19. Trabajaba como tercerizado y por el salario mínimo en el call center de Elektra, tienda del Grupo Salinas, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de México. Sus compañeros responsabilizan a la patronal de negligencia por no permitirles trabajar desde la casa. El dueño del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, es el segundo hombre más rico de México y, entre otras empresas, es también propietario de varios medios comunicación. El pasado viernes 17 protagonizó una movida “inédita” contra el gobierno federal cuando uno de sus presentadores estelares de noticias llamó a desoír a la autoridad sanitaria, al grito de “ya no haga caso [al subsecretario de Salud, Hugo] López Gatell”. Según señaló el periodista mexicano Luis Hernández Navarro a Brecha, “el propio Salinas Pliego ha insistido en lo mismo, que se debe seguir trabajando”, y lo del viernes fue sólo una transmisión pública de ese mensaje. “Lo paradójico es que Salinas Pliego ha sido uno de los grandes empresarios beneficiados por el gobierno actual”, concluyó Hernández Navarro.
