por Saúl Escobar Toledo, México
El sistema de pensiones en México sufrió un cambio radical hace unas décadas.
El esquema solidario e intergeneracional fue sustituido por otro, basado en
cuentas individuales a cargo de una administradora privada (para los trabajadores
afiliados al IMSS) o pública en el caso de quienes cotizan al ISSSTE.
Con este propósito se impusieron dos reformas, en 1997 a la Ley del IMSS y en
2007 para enmendar la del ISSSTE. A partir de esas fechas, las personas
trabajadoras tuvieron que financiar su propia jubilación con los recursos ahorrados
en sus años de servicio, resultado de sus aportaciones y las que hicieron los
patrones (IMSS) o el gobierno (ISSSTE). Adicionalmente, fueron obligados a
pagar una cuota a las administradoras por el “servicio” que prestan por manejar
estos recursos.
Ocurrió una privatización parcial de la seguridad social. La administración de los
fondos de pensiones se convirtió en un gran negocio que dio lugar al surgimiento
de poderosas empresas financieras, un verdadero monstruo oligárquico que hoy
maneja una cantidad de recursos equivalentes a casi el 23% del PIB.
Además, el sistema no cumplió las metas que se había fijado. El monto de la
pensión resultó muy bajo y muchos trabajadores no tuvieron acceso esa
prestación debido a las semanas de cotización requeridas. Estas fallas fueron
advertidas por la OIT y otros estudiosos del tema desde hace años. Según esta
organización, varios países del mundo han echado para atrás el modelo privado y
han vuelto al esquema solidario público. En Chile, la crítica al sistema privatizado,
que se inició en tiempos del dictador Pinochet, ha sido constante a lo largo de
todos estos años lo que ha motivado varias reformas, la última del presidente
Boric poco antes de terminar su mandato. En los últimos años el presidente Petro
de Colombia también intento enmendar la ley, pero se enfrentó a la poderosa
oligarquía de las administradoras privadas y la iniciativa quedó congelada.
El Banco Mundial (BM) fue uno de los principales impulsores de la reforma en los
años ochenta y noventa del siglo pasado. Su diagnóstico falló en varios aspectos:
sobrestimó el envejecimiento de la población; no calculó correctamente el llamado
“costo de transición”, es decir los recursos públicos destinados a mantener el pago
de las pensiones bajo el viejo sistema; y tampoco entendió las características del
mercado laboral latinoamericano: muchas personas se ocupan en el sector
informal y, al mismo tiempo, muchos empleos registrados en la seguridad social
son inestables o precarios, lo que impide a las personas trabajadoras reunir las
semanas de cotización necesarias para pensionarse.
En 2021, los representantes de las administradoras privadas reconocieron que, en
México, “varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con
los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70% de los
jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo”.
Ante la catástrofe que se avecinaba, el presidente López Obrador propuso una
reforma que, en los fundamental, aumentó las aportaciones de los empleadores y
redujo, parcial y transitoriamente, las semanas de cotización necesarias para
pensionarse. Sin embargo, esta reforma sólo modificó la Ley del IMSS y al poco
tiempo se consideró insuficiente. Por ello, en abril de 2024 se publicaron en el
Diario Oficial otras enmiendas destinadas igualmente a la Ley del IMSS y, ahora
también, a la del ISSSTE.
El texto de la iniciativa presidencial, en su exposición de motivos contenía una
crítica severa de las reformas de 1997 y 2007, y las calificó como una “regresión
histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Reconocía que en la
actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a
menos de la mitad de su salario.
No obstante, la iniciativa se propuso sólo “reducir los daños”, es decir no cambió el
modelo que tan duramente condenaba. El “remedio” consistió en modificar las
leyes para “procurar” que los trabajadores “reciban un complemento a las
obligaciones del Gobierno Federal” para que su pensión alcance un monto
equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en ese año, $16 777. 68,
monto que se “actualizará anualmente el 1° de enero de acuerdo con la inflación
estimada para ese año”. Para 2026 se calculó en $17 885. Este apoyo sólo aplica
para los trabajadores que se jubilen a partir de julio de 2024, estén inscritos en
una cuenta individual, y cumplan con los años de cotización que marca la ley.
Para financiar esta reforma, se creó el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. En
el caso de los afiliados al ISSSTE, los recursos provendrán, principalmente, de las
cuentas no reclamadas de la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual de
cada trabajador en PENSIONISSSTE.
Habría que aclarar que muchas personas trabajadoras no han reclamado los
recursos acumulados en sus cuentas individuales por diversas razones: dejaron
de laborar; hubo errores en su inscripción; o nunca supieron que tenían esos
ahorros. Todo lo cual nos habla de una falla más del sistema.
Recientemente, el director del ISSSTE, ante las exigencias de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoció públicamente las
deficiencias del modelo, pero argumentó dos cosas: una, que las cuentas
individuales tienen dueño y que el estado no puede apropiarse de ellas, y segundo
que “el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos
que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario”.
Ambas afirmaciones son discutibles: la primera, porque, si se llegara a crear un
sistema solidario, los trabajadores con cuentas individuales podrían
voluntariamente solicitar su cambio a ese modelo alternativo. Hoy, de acuerdo con
la ley vigente, una persona trabajadora puede elegir otra administradora privada o
pública y darse de baja de la que está inscrito.
La segunda afirmación, el 20% del PIB, es dudosa porque el gobierno no ha
explicado cómo calculó esta cifra. En realidad, el gobierno gasta una cantidad
considerable de recursos del presupuesto federal para pagar las pensiones de los
trabajadores del viejo sistema solidario que destruyó. Es decir, en lugar de que
estas se paguen con el fondo común que existía, ahora los pagos se han tenido
que hacer con dineros que provienen del presupuesto de cada año. Como ya se
dijo, esto fue uno falla del sistema desde su inicio porque no se calculó
correctamente este “costo de transición”.
En 2025 el gasto total en jubilaciones y pensiones fue de alrededor de 1.6 billones
de pesos, poco más del 17% del gasto neto total y equivalente a más del 4% del
PIB. Para las que están a cargo del IMSS fue de 962 mil millones de pesos y para
las que corresponden al ISSSTE 382 mil millones de pesos lo que representó, en
este último caso, un 4.1% del gasto total y 1% del PIB.
La Ley ISSSTE de 2007 exige, para otorgar una pensión por cesantía en edad
avanzada o por vejez, 25 años de cotización y 60 años de vida de tal manera que
las personas trabajadoras que podrán aspirar a esas prestaciones lo harán hasta
2032 si ya cumplieron la edad requerida. Hay muy pocos trabajadores, unos 65
mil, que ingresaron a trabajar antes de 2007, decidieron ingresar a una AFORE,
incluyendo PENSIONISSSTE, y por lo tanto se han jubilado con las reglas del
sistema de cuentas individuales. La gran mayoría decidieron acogerse al X
Transitorio de la Ley y sus pensiones quedaron a cargo del presupuesto del
gobierno federal.
La posibilidad de diseñar un modelo solidario para los afiliados al ISSSTE, como
reclama la CNTE, tendría entonces varias ventajas: en lo que se refiere a los
trabajadores que cotizaron en el viejo modelo (antes de 2007) y ya están jubilados
o lo van a hacer en los próximos años, la carga para las finanzas públicas podría
ser menor pues se reduciría el “costo de transición” .Por su parte, las personas
trabajadoras que ingresaron a trabajar después de 2007 y tienen una cuenta
individual en PENSIONISSSTE, podrían elegir entre mantener esa cuenta o
ingresar al nuevo esquema solidario que se llegara a crear. Si se deciden por este
último, el monto de la pensión y la tasa de reemplazo podrían ser mayores. debido
a que ya no contarían solamente con sus propios ahorros; el fondo solidario
serviría para financiar su retiro.
Como puede verse, el debate tiene un componente técnico y presupuestal
complejo pues se trata de calcular los montos de las pensiones que se pagan hoy
y las que se harán en el futuro. Sin embargo, la experiencia internacional enseña
que el sistema intergeneracional con una administración pública es mejor para el
trabajador y menos oneroso para las arcas públicas.
La posibilidad de construir un sistema solidario alternativo no puede descartarse
con razones poco claras. La demanda de la CNTE no es un disparate y la ley del
ISSSTE no puede convertirse en un tabú. Todavía contamos con tiempo para
analizar seriamente el asunto. Las reformas más recientes al modelo de cuentas
individuales tanto del IMSS como del ISSSTE no garantizan su sustentabilidad
financiera, ni una pensión digna para todos los trabajadores. Tampoco sirven para
remediar el enorme gasto del presupuesto público, el cual va aumentando año tras
año. Urge una revisión del sistema de pensiones en su conjunto. El resultado
puede ser beneficioso para el país y un ejemplo para el mundo.
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