Dino Pancani
Radio Universidad de Chile Domingo 27 de junio 2021
Lo/a invito a recordar. En octubre del 2018, durante la movilización de los Estudiantes Secundarios y “coincidentemente” con la campaña de legitimización de la ley “Aula Segura”, la cual arbitrariamente permite expulsar a estudiantes de liceos que participen de protestas sociales, Canal 13 presentó un reportaje que vinculaba a supuestos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con estudiantes del Liceo N° 1, quienes habrían sufrido adoctrinamiento.
Tras indagaciones del Colegio de Periodistas, el Consejo Nacional de Televisión y La Corte de Apelaciones se multó al canal a pagar 200 UTM, algo así como 10 millones de pesos, por afectar la honra de las estudiantes. Imagino que el canal de televisión pagó la multa y felicitó al periodista rostro de la falsa noticia, Alfonso Concha, pues fue promovido como conductor de uno de sus noticieros de la tarde.
Por otra parte, la elección de la Convención Constitucional dejo cuatro grupos políticos relativamente equiparados: La Derecha, representado por Chile Vamos; el Centro, por Unidad Constituyente; la izquierda por Apruebo Dignidad y los independientes, por la denominada Lista del Pueblo. Sin embargo, Canal 13, en su programa político sólo da voz permanente a la derecha y al centro y TVN hace lo propio, aunque suma al espacio a una de las voces del Frente Amplio más cercanas al centro político.
¿Tenemos un problema? Indudablemente que sí: no es tolerable que sean los empresarios y sus coaliciones políticas afines las que determinen qué acontecimiento merece ser noticia, qué visión de mundo puede ser promovida y qué líderes y lideresas son legitimados.
No es admisible que los empresarios televisivos y TVN, agrupados en la Asociación Nacional de Televisión, en post de defender la desregulación de sus empresas, tergiversen y descalifiquen una propuesta presidencial, sugiriendo que “quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo.”, afirmación que intenta confundir a la ciudadanía, instándola a valorar a la libertad de empresa como si eso significase libertad de expresión.
Comparto lo señalado por Faride Zerán, cuando indica que es la Constitución de 1980 la que ampara y promueve el monopolio de los medios de comunicación: “Cómo estará de distorsionado esto, que todo lo que signifique ‘libertad de mercado’ está consagrado y lo que implique ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión, de pluralismo, de que efectivamente se expresen las grandes mayorías, las distintas etnias, sencillamente no está consagrado. No existe hoy libertad de expresión plena en nuestro país”.
En medio de la mayor crisis institucional que vivimos desde el retorno a la democracia, es imperioso discutir sobre nuestro derecho a la comunicación y el cómo se regula la industria. La evidencia demuestra que no es suficiente la “autoregulación” de los medios, pues son actores políticos que defienden intereses específicos, los cuales, muchas veces, se contraponen a los intereses de la ciudadanía.
Ejemplifiquemos: en febrero del 2021 Greenpeace denunció la extracción de agua ilegal que realizaba la Agrícola El Cerrito, desde el canal Asiento en el Valle del Elqui, empresa de propiedad de Andrónico Luksic, Es una información de alto interés periodístico, ya que permite entender, en parte, la escasez de agua en la zona. Si usted conocía la información ¿Recuerda el medio que la publico u emitió? ¿Lo vio en Canal 13 o escuchó en alguna radio de propiedad de Luksic? La respuesta es lapidaria. No, como tampoco se enteró de la crisis social e hídrica que provoca Alto Maipo u otras anomalías de las empresas del multimillonario. Sin embargo, un hito televisivo fue ver en el noticiero central de Canal 13 a su dueño, entrevistado sin preguntas de los periodistas, refutando las apreciaciones de un diputado de la República.
La propuesta de Daniel Jadue de crear un organismo que defienda a las audiencias y públicos, autónomo del Estado, que tenga como función hacer campañas educativas y velar por la pluralidad de voces en los medios, es una idea que ha estado rondando durante décadas en los medios de comunicación que componen el Tercer Sector. Por ende, uno esperaría que fuese una idea compartida por el candidato Gabriel Boric y que la sume a su manifiesto programático que, dicho sea de paso, no se refiere a los medios de comunicación y su monopolio. No tengo dudas del genuino deseo de hacer participar a la ciudadanía y a los “territorios” en un futuro gobierno del diputado, por eso, creo prudente que lo evidencie también en sus ideas programáticas y exprese la profundidad de esa participación.
Pongo énfasis en lo anterior, ya que el candidato Gabriel Boric ha hecho declaraciones que lo suman, quizás de modo involuntario, al coro de quienes indican que, en caso de darle poder de regulación a la ciudadanía, se atentaría en contra de la libertad de expresión. Sin pregunta mediante, en un programa radial, señaló: “En un gobierno del FA no vamos a cerrar ni presionar ningún medio”. Es necesario recalcar que en ninguno de los puntos del programa de Daniel Jadue, siete en total sobre el tema, se dice de modo directo o indirecto que se cerrará un medio de comunicación y tampoco que se intervendrá en su línea editorial. Sólo se propone que la ciudadanía regule el negocio de las comunicaciones en función de más pluralidad y asegurando el derecho humano de expresarse de todos/as.
Si Chile cambio y quienes desean dirigir el país señalan estar a la altura de ese cambio, ningún candidato que se presenta como transformador puede soslayar que tenemos un problema profundo con la estructura, los contenidos y el financiamiento de los medios de comunicación de masiva. La nueva constitución y el gobierno que venga deben dar cuenta de esa complejidad, acogiendo como principal eje el derecho a la comunicación y no la libertad de empresa.
