Natalia Figueroa
EL DESCONCIERTO 22.06.2021
El requerimiento hecho a Contraloría pide indagar en el eventual exceso en contratación de asesores y asesoras, que sobrepasaría el límite presupuestario fijado de acuerdo a la reglamentación interna fijada por la actual administración en 2020, en más de 240 millones de pesos. Desde el INDH descartan que la nómina considere a funcionarios asesores de dirección, sino que son contrataciones asociadas a programas específicos para 2021. A lo que los funcionarios indican que estas se hicieron previo, incluso, a que fueran aprobados estos planes.
La alerta fue dada por las asociaciones de trabajadores hace varias semanas a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Algunos de estos, a su vez, habían llevado los cuestionamientos a la dirección del organismo, encabezado por Sergio Micco (DC). La situación, sin embargo, escaló el 10 de junio pasado cuando la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH, AFFINDH –que agrupa a 83 trabajadores de cerca de 200 en total–, llevó la denuncia por exceder el límite presupuestario fijado para contratación de asesores y asesoras hasta Contraloría, solicitando abrir un proceso de investigación por una situación que han calificado de “inédita” en la historia del Instituto.
En este documento detallan que, de acuerdo a la información revisada vía transparencia activa, publicada en la página del INDH, en la que aparecen los nombres de nueve asesores contratados por Código del Trabajo para trabajar con la dirección. Entre ellos el periodista y ex asesor de Comunicaciones, Alberto Pando Escalona, a quien se le hace la observación de haber trabajado hasta enero de 2021 y otros diez funcionarios a honorarios, dentro de ellos el sociólogo Rodrigo Márquez Arellano, contratado hasta junio de 2021. Además, explican que con contratación excesiva no se justificaría porque, en algunos casos, ya estarían cubiertas por el personal contratado de base.
De hecho, aquí precisan que una de las asesoras de Dirección, Valentina Avendaño, a cargo de la Unidad de Registro, cumpliría funciones directivas de coordinación y dirección de equipos de una unidad recién creada por esta administración. También que Rodrigo Márquez Arellano, contratado con remuneración a honorarios equivalente a una jefatura, quien labora en la Unidad de Estudios y Memoria, cumpliría las mismas funciones que la jefatura de dicha unidad, quien fue elegida por Alta Dirección Pública, y que, según señalan, cuenta con un staff permanente de profesionales que no justificaría el apoyo.
En la planilla que la asociación elaboró e hizo llegar al órgano contralor, se indica que, con la contratación de estos asesores proyectada a diciembre 2021, se excedería en 5% el presupuesto anual asignado al subtítulo 21, es decir, las contrataciones de trabajadores hechas bajo el Código del Trabajo (CT) y a honorarios. El límite del monto total sería de $398.574.400, sin embargo, el gasto proyectado sería de $579.714.148, excediendo el presupuesto en más de $181.139.748, lo que representaría un exceso de alrededor del 45% del presupuesto asignado al gasto para estos fines.
Revisa aquí la solicitud completa a Contraloría:
Foto: Agencia Uno.
El cambio de Micco
Lo anterior tiene como fundamento previo el cambio al Reglamento Orgánico y de Estructura Interna del INDH, realizado el 16 de marzo de 2020, y aprobado por mayoría, aunque no por unanimidad: cinco de once de los consejeros votaron en contra en esa oportunidad. [Resolución Exenta 121-2020]
Aquí quedó establecido que, acuerdo al artículo n°8 del Gabinete, “para el ejercicio de sus funciones y atribuciones el/la directora/a contará con un gabinete integrado por asesores/as que los apoyarán en aspectos estratégicos para su gestión, entre los que deberá considerar los de Comunicaciones, Gestión Territorial y Asesoría Jurídica Administrativa, entre otras. Sus funciones e integrantes los definirá el/la directora/a según las necesidades que detecte y las prioridades que fije. No obstante, el conjunto de sus remuneraciones brutas anuales no podrá superar el 5% del subtítulo 21 “Gastos en Personal”, según establezca para cada año la Ley de Presupuestos del Sector Público y su número no podrá superar, además, el 5% de los funcionarios/as contratados según el Código del Trabajo”.
Además, este artículo agrega que “el gabinete siempre deberá organizar y coordinar todos los antecedentes, información y agenda de las actividades que realice el/la directora/a en conjunto con el área, unidad o sede que corresponda, las reuniones del/la directora/a con áreas o unidades internas, asociaciones de funcionarios/as, con personas o entidades externas y con representantes de la sociedad civil, la realización de eventos de carácter internacional, relacionados con temas de derechos humanos”.
Desde el interior del Consejo aseguran que implementar este cambio, causó bastante recelo en algunos consejeros. “Hace tiempo nos veníamos dando cuenta que se estaba hipertrofiando el equipo de dirección, cosa que no había pasado nunca. Para eso Micco venía arreglando el camino hace tiempo, para eso se hizo una reforma al reglamento, que le da muchas atribuciones y un equipo de dirección con mayores facultades que antes. De hecho, los jefes de gabinetes se reúnen con jefes regionales, tienen más facultades”, explica una consejera.
La consejera y ex directora del INDH, Consuelo Contreras, recuerda que se envió una carta a los consejeros sobre el tema y el director entregó información con la presencia de la jefa de personal descartando la situación advertida por los funcionarios. Sin embargo, plantea un conflicto de entrada: el consejo no conoce la totalidad de los asesores porque no se hizo una presentación por parte de la dirección de Micco. “Cuando fui directora transparenté ante el consejo quienes estarían asesorando y en esta ocasión no se ha hecho, Lorena [Fríes] también y se conocían. Con el cambio del reglamento se aumentó la cantidad de asesores y se establecía que los cargos de jefaturas de unidad y regionales eran de confianza del director y nosotros no estábamos de acuerdo con eso porque creíamos que debía haber continuidad en el trabajo y ser escogido por un consejo que es plural”, señala.
De todas maneras, hace hincapié en que es necesario tener un equipo de confianza que pueda apoyar en las tareas, como en su caso que mantuvo cinco asesores. “Son personas que trabajan 24/7, casi sin horarios. Como es el equipo de confianza con el que uno llega, uno los elige a dedo y como es lógico es que se vayan con uno, para que el próximo designe a su equipo de confianza”, dice.
La abogada Paula Salvo, fue asesora de Contreras y de Fríes como secretaria de acta, y explica que fue con esta última que el consejo aprobó con un número de profesionales que iba a cumplir asesorías con la dirección. “Eran cinco y eso era un tema sagrado porque el riesgo si no tienes personal calificado y, por otro lado, tienes un director o directora que trae todo su equipo es que las unidades funcionales que realizan el trabajo de derechos humanos se vean cooptados por una u otra dirección”, plantea.
Asegura, además, que el impacto que tenía la contratación de asesores en ambas direcciones era menor al de ahora, donde no se ha cumplido el balance interno que debiese primar en este tipo de órganos autónomos. “Desde mi perspectiva tiene un sentido político porque lo que hacen los asesores, en definitiva, es torpedear o complicar las funciones de las unidades, desde el momento en que contratas a personas que cumplen las mismas funciones del mismo equipo permanente. Comienza a haber un equipo paralelo que comienza a hacer el trabajo técnico”, explica.
Foto: Agencia UNO
Paro indefinido de la ANDEDH y criterios
Desde el 7 de junio pasado, los trabajadores de la Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH) iniciaron una paralización indefinida, que involucra a cerca de 50 trabajadores. Entre las demandas levantadas está el mal uso de recursos públicos, por la situación anterior, la instalación de una política de contratación de personas, políticas de autocuidado, ajustes de remuneraciones y la consideración de una carrera funcionaria.
Si bien con la otra asociación que envió la denuncia a Contraloría, el presidente de la ANDEDH, Luis Guerrero, asegura que hay diferencias de criterios en algunos asesores que ellos sí han considerado dentro de la nómina, aunque el denominador común es que se excede el límite presupuestario. Respecto al profesional Eduardo González Merino, afiliado a la asociación, señala que cumple funciones de secretario de acta, un cargo que siempre ha sido desempeñado por un asesor, motivo por el que es integrado por ellos en esta nómina.
“Se lo llevaron sabiendo que era el profesional de mayor jerarquía en la Unidad de Administración y Finanzas, se le llama profesional senior, y se lo llevan a dirección en enero de 2020 y es contabilizado como un gasto de gabinete. Ese criterio no lo adoptó la otra asociación y lo sacaron”, explica el también funcionario de la Unidad de Personas del INDH. “Además, nosotros no incorporamos a Rodrigo Márquez, aunque es un sueldo de tres millones y medio mensuales, es un contrato a honorarios que trajeron para coordinar tareas relativas al informe anual 2019 y este año está contratado para hacer seguimiento a ese informe”, complementa.
Planilla elaborada por la ANDEDH.
El sociólogo Mauricio Carrasco, vocero de esta misma organización y funcionario del Área de Investigación Avanzada de la Unidad de Estudios y Memoria del INDH, asegura que este ha sido un tema que han reiterado al jefe de gabinete. “Le dijimos que se estaban pasando en el presupuesto y que era elemental que esos recursos se fueran a las unidades. Nosotros atendemos víctimas, otros que hacemos investigación y no hay plata para contratar a más trabajadores. Esto ha venido ocurriendo paulatinamente”, explica.
Esta situación, además, fue advertida vía correo electrónico a diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, como a su presidenta Emilia Nuyado, entre otros, para que fueran solicitadas respuestas al INDH.
Respuesta del INDH
Frente a estos cuestionamientos de los trabajadores, la dirección del INDH respondió que, a diferencia de sus cifras, actualmente cuentan con siete asesores y asesoras, que representan un 3,7% del gasto en el subtítulo 21 “Gastos en Personal” de la Institución, cifra que está bajo el 5% que establece como máximo la Resolución N°121.
Aseguraron que “el resto de los profesionales que se mencionan en la denuncia, no son “asesores/as” porque pertenecen tanto a áreas permanentes de la institución, como a programas estratégicos temporales, que son aprobados por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a la contingencia nacional, cuando se presentan la propuesta anual de “Planes y Programas”.
Es decir, la cifra que ellos dicen gastar es de $297.801.416 bajo sus criterios, que no sobrepasaría el límite impuesto. Incluso, según esto, quedarían por debajo del porcentaje gastado en administraciones anteriores: 2013-2016 un 9,2%; entre 2016-2018 un 4,4%; entre 2018-2019 un 4,2%; y, entre 2019 y 2020 un 3,9%.
Revisa aquí la respuesta completa del INDH:
Según ellos, los profesionales que no son asesores de la dirección integran programas estratégicos transitorios, aprobados por el consejo del INDH, el 5 de abril de 2021, en el ítem “Planes y Programas 2021”, abordan la situación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la crisis social y a la situación de las personas con discapacidad.
Por otro lado, desde el mismo consejo detallan que este no es consultado para contrataciones de gabinete ni de personal de apoyo, este es un hecho de forma discrecional de la dirección. “El tema sigue siendo de qué forma se contrata y quienes”, insisten desde el Consejo.
