Libertad a los presos políticos de la India

En los últimos cuatro años, el líder estudiantil indio Umar Khalid presentó su solicitud de libertad bajo fianza más de una docena de veces. Pero viene sufriendo repetidos retrasos en las vistas o la denegación total de la libertad bajo fianza tanto por parte de los juzgados de primera instancia de Delhi como del Tribunal Supremo, lo que lo dejó indefinidamente entre rejas.

Khalid fue detenido en septiembre de 2020 acusado de formar parte de una «conspiración mayor» para provocar disturbios mortales en la capital, Nueva Delhi, que se saldaron con la muerte de más de cincuenta personas, en su mayoría musulmanes, linchados en las calles por turbas hindúes. Acusado de «promover la enemistad» y de «terrorismo», la policía utilizó sus discursos públicos como pruebas para el cargo de incitación.

Un examen de lo que realmente dijo hace que estas afirmaciones sean bastante dudosas. En uno de esos discursos, pronunciado en Maharashtra en febrero de 2020, instó a la gente a no responder a la violencia con violencia, ni al odio con odio. «Si difunden odio, responderemos difundiendo amor. Si nos golpean con lathis (porras de la policía), mantendremos en alto la tricolor (bandera india). Si disparan balas, sostendremos la Constitución y levantaremos las manos (…). Pero no dejaremos que destruyan nuestro país», dijo a la multitud, haciendo un llamamiento a sus compatriotas indios para que protestaran pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA), una ley discriminatoria que los expertos temen que pueda convertirse en un arma para despojar de su ciudadanía a millones de indios musulmanes.

Pero a ojos del gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, se trató de un discurso sedicioso. La única consecuencia adecuada pasaba por convertir a Khalid en un ejemplo para otros manifestantes.

Pero Khalid no es el único preso de conciencia en la India de Modi. Hay cientos de personas como él, encerradas entre rejas como presos políticos. En los diez años transcurridos desde que Modi llegó al poder, diezmó la democracia india castigando a periodistas, miembros de la sociedad civil, activistas, estudiantes y abogados por criticarlo a él, a su gobierno o a su ideología supremacista hindú.

Comprobar los hechos de la propaganda gubernamental, informar sobre una noticia que revela el sufrimiento de las minorías o la brutalidad del Estado, intentar conseguir justicia para las víctimas de la violencia nacionalista hindú: todos estos actos pueden llevar a una persona a la cárcel con acusaciones de terrorismo y escasas posibilidades de un juicio justo y de libertad bajo fianza.

Ley antiterrorista

Modi llevó a cabo esta represión en gran medida mediante el uso de una draconiana ley antiterrorista: la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA, por sus siglas en inglés). Introducida por un gobierno dirigido por el Congreso en 2008, pero enmendada en gran medida por Modi en 2019 para alcanzar a los individuos y no solo a las organizaciones, esta ley le permite al gobierno procesar por terrorismo a civiles sin ninguna prueba real. También hace que obtener la libertad bajo fianza sea casi imposible, lo que significa que las personas acusadas en virtud de la UAPA pueden pasar años en prisión sin ser declaradas culpables de ningún delito.

Rara vez se utiliza esta ley para implicar a supremacistas hindúes, como los violentos vigilantes de las vacas, que utilizan como arma la creencia de que las vacas son sagradas en el hinduismo y atacan y linchan regularmente a musulmanes sospechosos de comprar o vender carne de vacuno. La ley tampoco se aplica a las milicias hindúes que participan en ataques colectivos y destrucción de propiedades contra musulmanes y otras minorías. En cambio, la UAPA se dirige contra estos mismos grupos simplemente por ejercer sus derechos básicos a la libertad de expresión y la disidencia.

Esta discriminación es evidente en la forma en que la UAPA se aplicó libremente contra los musulmanes que protestaban pacíficamente contra la CAA. Junto con Khalid, otros jóvenes musulmanes, hombres y mujeres, fueron detenidos en 2020. Una de ellas, la activista estudiantil Safoora Zargar, estaba embarazada de tres meses cuando fue detenida, y se le negó atención médica adecuada mientras estuvo en prisión. Asimismo, la activista Gulfisha Fatima languidece en una prisión de Delhi desde abril de 2020 por encabezar protestas contra la UAPA; mientras que otro activista, Sharjeel Imam, lleva encarcelado desde enero de 2020 acusado de incitar a la violencia, denegándosele repetidamente la libertad bajo fianza a pesar de que, según informes, fue reiteradamente agredido en prisión por otros reclusos.

La UAPA también se utiliza con frecuencia como arma contra activistas y periodistas en la región de Cachemira, de mayoría musulmana, que fue centro de abusos contra los derechos humanos durante décadas. En 2021, Khurram Parvez, defensor de los derechos humanos de Cachemira y ganador del Premio Rafto, fue detenido acusado de «financiación del terrorismo» y de «librar una guerra contra el Estado», cargos que otros activistas consideran consecuencia de su amplia labor de documentación de los abusos contra los derechos humanos en Cachemira. Aunque su detención desató la indignación internacional —hasta el punto de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió su liberación—, el gobierno indio hizo caso omiso de los llamamientos para liberarlo.

Quizá el ejemplo más personal de la vendetta de Modi contra sus críticos sea el encarcelamiento del denunciante Sanjiv Bhatt. Bhatt, ex funcionario de la policía india, es el único testigo superviviente del papel de Modi en la organización del pogromo de Gujarat de 2002, durante el cual turbas de militantes hindúes masacraron a unas dos mil mujeres, niños y hombres musulmanes. En 2011, Bhatt presentó una declaración jurada ante el Tribunal Supremo indio en la que informaba de que Modi, entonces ministro principal de Gujarat, había ordenado a las fuerzas del orden que no intervinieran en el terrible derramamiento de sangre.

Cuando Modi se convirtió en primer ministro en 2014, tomó represalias contra Bhatt, que fue despedido del servicio en 2015 y sus oficinas, junto con parte de la casa de su familia, fueron demolidas como medidas punitivas. En 2018, Bhatt fue detenido en un caso de muerte bajo custodia de hace treinta años en el que no tuvo nada que ver, condenado falsamente en 2019 y sentenciado a cadena perpetua. Modi está intentando enterrar vivo al canario de la mina de carbón.

Hay quienes logran salir de prisión. Pero en un caso desgarrador, el encarcelamiento en virtud de la UAPA se convirtió en una sentencia de muerte. En 2018 estallaron violentos enfrentamientos entre dalits y grupos militantes hindúes en Bhima Koregaon, un pueblo del estado de Maharashtra. En lugar de detener a ningún militante, la policía del estado arrestó en los dos años siguientes a dieciséis eminentes activistas, académicos y abogados, todos ellos implicados en labores de derechos civiles en apoyo de los dalits marginados y las comunidades tribales adivasi. La policía plantó pruebas falsas en los dispositivos electrónicos de los activistas para implicarlos en la violencia, lo que llevó al grupo a ser acusado de terrorismo en virtud de la UAPA.

Entre ellos se encontraba el padre Stan Swamy, anciano cristiano defensor de los derechos humanos que fue detenido en 2020, lo que lo convirtió en la persona de más edad acusada en virtud de la UAPA. Swamy padecía la enfermedad de Parkinson y su salud no hizo más que empeorar tras su detención. A pesar de ello, no se tuvo piedad de él: no sólo se le denegó la libertad bajo fianza por motivos de salud, sino también objetos tan simples como un vaso para sorber y una pajita. Murió de un paro cardíaco en 2021, aún entre rejas.

Revés electoral

No debe haber otro preso de conciencia sometido a la crueldad de la muerte en prisión como Swamy. Afortunadamente, existe la esperanza de que figuras como Khalid, Parvez, Bhatt, Imam y otros aún puedan salir en libertad. Hace algunas semanas, India celebró sus últimas elecciones generales, que no dieron el resultado esperado por el BJP. Modi y su partido se quedaron sin mayoría, por lo que dependen de pequeños partidos regionales para formar gobierno. Estos partidos regionales, que suelen ser más laicos, pueden frenar la capacidad del gobierno de Modi para llevar a cabo su vendetta contra los críticos.

La pérdida de la mayoría electoral de Modi presenta una oportunidad crucial para liberar a estos presos de conciencia. El gobierno fue capaz de ignorar la presión internacional en el pasado, pero ahora que la oposición más laica de India está mejor posicionada para pedirle cuentas, es imperativo que esta presión aumente. Tanto los aliados democráticos de India como los grupos mundiales de derechos humanos deben insistir en la liberación de todos los presos de conciencia. Este debe ser el principio del fin de la represión de Modi contra sus críticos, que dura ya una década.