Iván E. Gajardo Millas
La tensión desatada esta semana en Brasil entre el Tribunal Supremo
y el dueño de la red social (X)Twitter, Elon Musk, repone en nuestras sociedades
el debate sobre cómo el Estado puede resguardar
a los ciudadanos de la violencia política en redes,
la desinformación, las fake news, y como esta relación impacta en la Democracia.
Por estos días, el panorama político global muestra algunas prácticas que, si bien no son nuevas, han adquirido una velocidad e impacto inusitados gracias a las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles. Se trata de un patrón de amedrentamiento que integra troleos, ataques digitales y patotas virtuales, con gran capacidad para barrer la convivencia democrática e inhabilitar cualquier diálogo crítico colectivo.
Esta mecánica, una marca distintiva de la derecha radical, es apenas la punta del iceberg de una estrategia más compleja cuya autoría es atribuida al estadounidense Steve Bannon –el gurú y ex asesor estrella de Donald Trump-, que además de las patoteadas incluye un amplio abanico que suma hackeos, sabotajes tecnológicos, acusaciones de fraude electoral, teorías conspirativas varias, entre otras herramientas de desinformación.
Así, la última década se caracterizó por un ajedrez político regional fuertemente impactado por estas prácticas en las que Brasil y Argentina son ejemplos inequívocos de cómo ese dispositivo irrumpe en el debate público para imponer un desorden informacional, aprovechando las características de algunas plataformas, entre ellas X (Twitter) cuyo algoritmo favorece la polarización y desincentiva el diálogo.
Cruzando la cordillera
En Argentina, desde la llegada al poder el pasado 10 de diciembre de Javier Milei, la movida ya era vox populi en algunos espacios virtuales, pero tomó otra volumen y especificidad con la ultraderecha manejando ahora la botonera estatal.
Desde las tempranas movilizaciones opositoras, el gobierno lanzó una batería de ataques contra el derecho a la información que, además del cierre de la agencia de noticias estatal Télam, incluyó acciones represivas cada vez más virulentas contra periodistas y fotógrafos, a la que se sumó luego el asedio en redes y provocaciones varias.
Esta semana y la anterior, la prensa argentina informó profusamente sobre la irrupción de patotas digitales, trolls en redes sociales y oscuros personas vinculados a los servicios de inteligencia que mayoritariamente en X, lanzaron campañas contra periodistas opositores y adversarios políticos en general.
Los ataques se circunscribieron a dos prácticas concretas: el doxing y el swatting. La primera consiste en la recopilación y posterior publicación y viralización de información personal de la víctima sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional.
La segunda, en tanto, consiste en la publicación de llamativos anuncios falsos (ofertas laborales, ventas, donaciones, etc) con la dirección de la víctima a swattear y busca que quienes concurran descubran en esa dirección que las ofertas son falsas. Al llegar a esa dirección, los interesados son además bombardeados con mensajes que les informan que se trataba de “una broma” y que los están grabando desde dentro de la casa. Acá el objetivo es que se desquiten con el dueño y su morada.
El país verde amarelo
El caso brasileño es muy interesante por ser uno de los primeros en los que la justicia intenta mediar ante el colosal poder y arbitrariedad de las plataformas y su escasa regulación.
La situación de X en ese país se modificó drásticamente esta semana tras la decisión del juez de la Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que a principios de año ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores brasileños, en el marco de una investigación sobre una organización criminal que difundió desinformación y cuestionó la legitimidad del sistema electoral brasileño, tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Iair Bolsonaro.
Su propietario, Elon Musk desobedeció la orden de la justicia, el lunes cerró las oficinas de la plataforma en el país sudamericano y tuvo la osadía de calificar de “inconstitucional” la orden emanada de la máxima instancia judicial de Brasil, poniendo de manifiesto por un lado el creciente conflicto entre las plataformas y las autoridades en Brasil y por otro, la imperiosa necesidad (y complejidad) de regular el contenido digital y la desinformación en un contexto democrático.
¿Cómo andamos por casa?
“Chile está bastante poco preparado para este tipo de problemáticas” señala categórico Marcelo Santos, investigador del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile (MEPOP).
Según Santos, a pesar de que el Gobierno del presidente Gabriel Boric está “muy pendiente y preocupado en enfrentar la problemática de la desinformación”, sobre todo desde el SEGEGOB, igual enfrenta ”un panorama político desfavorable”, pues “el solo hecho de crear una comisión contra la desinformación ya generó mucha resistencia en los medios tradicionales”.
En contraste con el intento brasileño descripto más arriba, es muy difícil avanzar en Chile en sentido regulatorio, que avance con contundencia, porque hay muy poca disposición en el resto de los sectores políticos, agrega el investigador, también académico en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP).
Chile no se ha fortalecido jurídicamente en los últimos años, a pesar de haber tenido más tiempo, por haber recibido todas estas tácticas antidemocráticas un poco después que los países de la región.
“Es como si estuviera esperando una crisis como la que ha pasado en los países vecinos” insiste y compara la situación con la pandemia de Covid-19 “que venía desde el Oriente hasta Occidente y nadie se preparó muy bien”.
A modo de ejemplo, Santos invoca los planteos de la Comisión Asesora contra la Desinformación, creada por decreto en Chile en 2023 , que definió los distintos tipos de desinformación existentes y analizó iniciativas legales para abordarla, aunque nada de eso se materializó en términos jurídicos.
“Entonces estamos ahí en veremos y esto puede ser bien relevante para las elecciones presidenciales de este año”, concluye.
En la actualidad, al menos tres proyectos de ley en la Cámara de Diputados buscan regular la difusión de desinformación. Uno de ellos propone tipificar en el Código Penal el delito de «difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población», con pena de prisión, según Latam Journalism Review.
En este punto, Santos subraya la necesidad de que cualquier avance regulatorio se circunscriba a la búsqueda de transparencia y no de la censura. “Un poco más de transparencia, no solo algorítmica, no de cómo funcionan las plataformas, sino que de las operaciones que suceden detrás de eso”, por ejemplo qué usuarios fueron “baneados” de la plataforma y porqué, quién pagó para hacer publicidad política, qué información y con qué objetivos fue entregada por la plataforma a los gobiernos, etc.
Por último, en relación a X y su creciente tendencia polarizadora, Santos , dijo que los conflictos que enfrenta esa red marcan un precedente complicado, que sin embargo él agradece.
“Para mí lo mejor que ha pasado últimamente es la llegada de Elon Musk X, porque pone en evidencia lo que puede implicar una gestión, digamos esquizofrénica, de una plataforma con ese poder, con esa gravitación en la esfera pública digital, con los sesgos que puede impulsar hacia un cierto sector político”, y en consecuencia pone sobre la mesa la importancia de regular el sector.
