Crónica Digital
Por Marco Hernández Mariángel (*)
Cuando en los medios de comunicación o en los discursos oficiales se abordan las materias económicas, se suele recurrir a tecnicismos complejos: “incentivos a la inversión”, “certeza jurídica”, “reintegración tributaria” o “consolidación fiscal”. Se nos promete de una forma recurrente que el bienestar de las grandes empresas se traducirá, por efecto automático de chorreo, en prosperidad general para todas las familias del país. Bajo esa premisa se promulgó la llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.
El propósito enunciado en el papel suena indiscutible: ¿quién se opondría a impulsar el crecimiento y la generación de empleo? Sin embargo, la paradoja actual es profunda y preocupante. Mientras el Gobierno celebra esta reforma como un triunfo, el proyecto de Ley de Presupuestos enviado por el Ejecutivo al Congreso confirma severos recortes y un fuerte ajuste en programas sociales indispensables. La escasez presupuestaria que hoy amenaza la tranquilidad de los hogares no es un accidente de la economía ni una fatalidad inevitable; es la consecuencia directa de un diseño ideológico y dogmático de extrema derecha que prefirió desfinanciar las políticas públicas esenciales para los más pobres y la clase media con el objetivo de aliviar la carga tributaria a las élites.
Para la centroizquierda y el conjunto del progresismo, el deber ético no es solo denunciar esta asimetría, sino explicar con absoluta claridad pedagógica y rigor técnico en dónde están las trampas y quiénes terminarán pagando la factura del modelo.
1.- La tijera social: el costo de regalar US$ 1.400 millones anuales
Privar al Estado de una recaudación permanente estimada en más de US$ 1.400 millones al año no es un concepto abstracto. Ese agujero en las arcas públicas se traduce de una manera inmediata en recortes concretos que golpean el corazón de la vida familiar en el país.
El impacto del ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo se deja sentir con especial dureza en las áreas más sensibles de la sociedad:
–La infancia y la brecha digital: Se elimina el programa de entrega de computadores para los estudiantes de 7° año básico de la educación pública. En un mundo crecientemente tecnologizado, esta medida despoja a miles de niños y niñas de sectores vulnerables de su principal herramienta de estudio, reabriendo una brecha digital que los condena a la desigualdad desde la etapa escolar.
–Adultos mayores en el olvido: Se reducen y congelan los recursos destinados a programas de cuidados domiciliarios, centros diurnos y subsidios asistenciales. En lugar de garantizar una vejez digna a quienes trabajaron toda una vida, el ajuste presupuestario abandona a la población de la tercera edad y sobrecarga a las familias que deben asumir de forma privada los costos del cuidado.
–Salud pública y listas de espera: El recorte de fondos operativos para la red asistencial primaria y hospitalaria frena la contratación de especialistas, la adquisición de insumos y la renovación de equipamiento básico. La consecuencia directa la viven los pacientes en las salas de urgencia y en la postergación indefinida de cirugías en las listas de espera del sistema público.
–Vivienda y barrios seguros: Se contrae el presupuesto para subsidios habitacionales de la clase media y se reducen las transferencias a los municipios para programas de iluminación pública, recuperación de espacios comunitarios y equipamiento policial. Sin recursos locales, la seguridad en las poblaciones se debilita en el momento que más se requiere.
2.- La trampa tributaria: carga fija para el trabajador, rebajas para el gran capital
Esta asimetría en el gasto público resulta más indignante al observar cómo se distribuye la carga de los impuestos en Chile. Un trabajador dependiente o una familia de clase media no tienen alternativa ni margen de maniobra: sufren la retención directa de sus impuestos en la liquidación de sueldo y pagan un 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cada compra de alimentos, medicamentos o pago de cuentas de servicios básicos, sin derecho a descuento ni exención de ningún tipo.
En contraste, la reforma aprobada le concede un doble beneficio al gran capital. En primer lugar, reduce el Impuesto de Primera Categoría a las empresas del 27% al 23%. En segundo lugar, restituye la reintegración total del sistema tributario.
Para entenderlo en términos sencillos: antes, cuando una empresa pagaba sus impuestos, el dueño solo podía descontar un 65% de ese pago al retirar sus ganancias personales. Con la nueva ley, el Estado le permite descontar el 100% de lo pagado por la empresa en su declaración personal. Es decir, mientras el ciudadano común financia el Presupuesto Nacional en cada compra de pan o leche, los dueños de las grandes corporaciones obtienen una rebaja sustancial tanto a nivel empresarial como personal.
3.- La farsa de la retención de fondos y la respuesta del progresismo
El argumento central del Ejecutivo para justificar semejante trato preferencial era que la baja de impuestos resulta indispensable para frenar la salida de capitales y convencer a los inversionistas de dejar su dinero en el país. No obstante, las estadísticas oficiales del Banco Central desmienten rotundamente al Gobierno.
Según los registros de la Posición de Inversión Internacional, los chilenos mantienen más de US$ 190.000 millones en activos en el extranjero. Este volumen histórico demuestra que la falta de inversión local no responde a un problema de liquidez ni a una carga impositiva asfixiante, sino a una falta de compromiso de los grandes grupos económicos con el desarrollo productivo del país. Peor aún: durante el primer semestre de este año, la salida de capitales hacia el exterior alcanzó los US$ 2.146 millones, representando un salto del 155% respecto al mismo período del año anterior.
Pese a promulgarse una ley redactada a la medida del mercado, los grandes patrimonios continuaron sacando sus recursos de Chile. Y lejos de corregir el rumbo, la Administración profundizó los privilegios estableciendo tres “ventanas de excepción”:
–La regularización de capitales (al 10% o 7%): Un perdonazo que le permite a quienes mantuvieron fondos sin declarar en el extranjero blanquear su situación pagando una tarifa reducida, premiando el incumplimiento mientras la ciudadanía cumple sus deberes al día.
–Rebaja del 50% al Impuesto a las Donaciones y las Herencias: Un descuento por doce meses para la transferencia de grandes patrimonios y herencias familiares millonarias.
–Cero impuesto a las ganancias en la bolsa: La eliminación del tributo del 10% a las ganancias en la compraventa de acciones bursátiles. Ley sobre Impuesto a la Renta (Decreto Ley N° 824, Art. 107).
Frente a un proyecto gubernamental que desfinancia los derechos de los niños, los adultos mayores y la clase media para resguardar las ganancias de una minoría, las fuerzas de la centroizquierda y el progresismo tienen la responsabilidad histórica de actuar con unidad de propósito. La reconstrucción de Chile no puede levantarse sobre los escombros del Estado ni sobre la exclusión social. La respuesta debe ser firme en el Congreso y en las calles: debemos defender el presupuesto de las familias e impulsar un pacto tributario justo, donde el desarrollo se mida por la dignidad de nuestro pueblo y no por las exenciones concedidas al capital.
(*) El autor es abogado y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago, 13 de octubre de 2026.
Crónica Digital.
