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La operación de Ponce Lerou al interior del Gobierno de Chile para perpetuar su control del Litio

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El Ciudadano

El ex yerno de Pinochet busca descartar que el Estado explote el litio por sí solo y quedarse con el negocio sin licitación

La operación de Ponce Lerou al interior del Gobierno de Chile para perpetuar su control del Litio

La estrategia que involucra a personeros políticos y operadores al interior de Codelco, Enami y en el segundo piso de La Moneda, permitiría a SQM seguir explotando litio en propiedad fiscal durante las próximas décadas y ahorrarse entre 9 y 18 mil millones de dólares que debería pagar al Estado en caso que licitara la operación para el Salar de Atacama. Un negocio redondo que la red de Ponce está cocinando a espaldas del presidente Gabriel Boric.

SQM, la empresa minera privatizada a manos del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, ha infiltrado al Estado de Chile con operadores claves para conseguir que se le deje como el único socio del Estado, sin licitación y mediante un acuerdo directo. Se busca aprovechar la creación de la Empresa Nacional del Litio para mantener el control efectivo del negocio del “oro blanco” en el país.

UN POCO DE MEMORIA 

Se debe recordar que gran parte de las ganancias de SQM provienen de la explotación del Salar de Atacama, que es la reserva mundial de litio más grande del mundo, empresa que fue nacionalizada en 1971 por Salvador Allende, para luego en 1983 comenzar su proceso de privatización en favor de Ponce Lerou, en el gobierno de Pinochet.

Ponce Lerou junto a su ex suegro, el dictador Augusto Pinochet

Luego, en 1995 a través de un proceso oscuro durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le entregó al yerno del dictador el arrendamiento del Salar de Atacama hasta el 2030 o hasta la extracción de 180.000 toneladas litio, en condiciones manifiestamente abusivas para las finanzas públicas, que incluían el pago de una renta fija de apenas 5 mil dólares anuales al Estado, más un porcentaje menor de las ventas que hiciera la empresa de Ponce calculados a partir de un reporte trimestral elaborado por el propio SQM que nunca tuvo mayor fiscalización.

Tras detectarse que SQM incurría en graves y múltiples incumplimientos, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet CORFO presentó una demanda para dejar sin efecto el arriendo. En esa presentación se detalló cómo SQM durante décadas se benefició irregularmente a costa del Estado en el Salar de Atacama, incluyendo la obtención de derechos ambientales a su nombre y en perjuicio del fisco, además de superposición de pertenencias a nombre de la minera con las de titularidad de CORFO y que la empresa se había obligado a proteger durante la vigencia del arriendo, entre otras actuaciones en contra del interés del Estado.

Finalmente dentro de ese proceso judicial se llegó a un nuevo acuerdo con la minera. Es así como el mes de enero del 2018, Eduardo Bitran en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Corfo suscribió una conciliación con SQM donde se mantuvo su derecho exclusivo de explotar las pertenencias del fisco en el Salar de Atacama hasta el 2030, fecha del contrato original, además de aumentar la autorización original de 180 mil toneladas de litio dentro de 45 años, a 180 mil toneladas por año hasta el 2030.

Si bien los nuevos términos lograron revertir en parte las acciones de SQM en contra del interés fiscal que se habían denunciado, y se aumentó sustantivamente el porcentaje que el Estado recibiría de las ventas de litio provenientes del Salar de Atacama, las nuevas condiciones le garantizaron a la empresa de Ponce ingresos de a lo menos 8.000 millones de dólares.

EL PROBLEMA VITAL DE SQM

Sin duda que el nuevo contrato suscrito con Corfo el 2018 fue un enorme triunfo para SQM, en un contexto donde no solo se había revelado ante la opinión pública su sistemático incumplimiento a los términos originales del contrato de arriendo y el atentado grave al interés público que cometió durante décadas en su explotación del Salar de Atacama, sino donde además quedó al descubierto la extensa trama de corrupción que Ponce había montado a partir del financiamiento ilegal de la política. En esta red aparecían involucrados importantes personeros de derecha, tales como Sebastian Piñera y Pablo Longueira, además de parlamentarios y autoridades históricas de la ex concertación, como Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Roberto Leon, Rodrigo Peñailiio, Enrique Correa, Osval Puccio, entre muchos otros.    

Sin embargo, el principal problema para SQM y Ponce es qué hacer después del 2030 cuando se termine el contrato con Corfo para explotar el Salar de Atacama, lo que representa para la compañía una parte sustancial de sus ganancias, y que incluso podría poner en riesgo su continuidad.  

Analistas del mercado comentan que el éxito de ingresos de SQM es por su condición casi monopólica lograda a partir de los contratos que obtuvo en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esto le ha permitido generar enormes ganancias a pesar de ocupar tecnología primaria para la sustracción del litio.

Es decir, después de 2030, de seguir los contratos y la legalidad vigente, se finiquita la concesión del Salar de Atacama y se le acaba el negocio al ex yerno de Pinochet.

ESTRATEGIA Y TÁCTICA: EL PLAN DE PONCE.

Frente al grave riesgo que le significa perder la explotación del Salar de Atacama, Ponce busca instalar a lo menos dos ideas en la autoridad y la opinión pública, para poder seguir controlando el mercado del litio en nuestro país:

1. El Estado no tiene la capacidad técnica necesaria para desarrollar proyectos de litio en Chile;

2. SQM es la única que cuenta con esa capacidad y con la infraestructura necesaria para desarrollar a corto plazo proyectos de litio en Chile mejorando los estándares ambientales y de eficiencia.  

Para concretar ese objetivo, el ex yerno de Pinochet empezó a ejecutar una estrategia que continúa y profundiza lo que había hecho durante años con éxito en un escenario de total impunidad, la cual incluye tres pilares fundamentales: 

1. Infiltrar a Corfo, Codelco y Enami, las cuales tienen en la práctica una clara influencia en el desarrollo de la denominada “estrategia nacional de litio”;

2. Levantar una campaña comunicacional masiva para limpiar la imagen de SQM frente a la opinión pública y bajar el costo político asociado a que el Estado pacte directamente con la empresa, lo que explica lo masivos avisos en calles, radio y televisión donde se promociona a la empresa, a pesar que no vende ningún producto directo a público;

3. Tratar de coordinar un equipo de alto nivel político para influir a liderazgos importantes de los partidos de la coalición de gobierno, además de intentar infiltrar al círculo más cercano al presidente Boric, quien nunca ha formado parte de las redes de Ponce.

Todo esto ocurre luego que ya había empezado a tomar fuerza durante el gobierno de Michelle Bachelet la idea de crear una “Empresa Nacional del Litio” que le permitiera al Estado tomar el control en la explotación del mineral, desplazando la posición de los actores privados a suscribir contratos para realizar ciertas tareas específicas, pero siempre en una posición subordinada o minoritaria. 

Si bien esta fórmula se desactivó durante la segunda administración de Sebastian Piñera, volvió a tomar fuerza con el gobierno de Gabriel Boric, quien no sólo señaló al litio como una de las políticas más importantes de su programa de gobierno, sino que desde la Cámara de Diputados fue uno de los personeros políticos que denunció y rechazó de forma más abierta y frontal los actos de corrupción en que aparecía involucrada la empresa de Ponce Lerou, criticando duramente su figura y lo que representa. 

“Lo que más me ha sorprendido del caso Cascadas es el nivel de colonización que el empresariado tiene de la clase política chilena», sostuvo el entonces diputado y hoy Presidente de Chile, Gabriel Boric.

EL ROL DEL SALAR DE MARICUNGA.

Un primer hito en los planes de Ponce es el Salar de Maricunga, segunda reserva de litio de Chile, donde Codelco obtuvo un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) durante la administración de Bachelet, el cual señala expresamente en una de sus cláusulas que se le permite a la estatal explotar litio asociándose a un privado hasta el 49% de participación, que es precisamente el espacio que quiere ocupar Ponce sin que medie ninguna competencia o licitación, y a partir de ahí negociar su verdadero y principal interés, que es el Salar de Atacama. 

Con esto, SQM no solo evitaría que el Estado explote por sí mismo el 100% del litio de Maricunga, sino que la intervención de Codelco lo ayudaría a enfrentar a las comunidades indígenas que han luchado férreamente por impedir que se dañe el medio ambiente, en un contexto donde no hay claridad sobre la real situación de la cuenca de dicho Salar. Esto es especialmente, importante considerando que una actividad minera de envergadura podría causar un daño irreversible a un ecosistema que la propia autoridad ambiental, ha señalado como “frágil”. 

De hecho, tanto los proyectos privados Salar Blanco como Sales de Maricunga, que obtuvieron permisos ambientales para desarrollar explotación de litio en la zona durante el segundo gobierno de Piñera a pesar de presentar informes contradictorios sobre cuál es la situación del Salar, están enfrentando recursos judiciales presentados por organizaciones ambientales y comunidades indígenas.

Ariel León, asesor de la comunidad colla Pai- Ote

Ariel Leon, asesor de la comunidad colla Pai- Ote, destaca que lo fundamental es que no sea destruido el Salar de Maricunga. “Para nosotros es sagrado, ahí se realizan ceremonias desde los tiempos de nuestros ancestros. Es Fuente de Agua de toda la cuenta junto con la Laguna del Negro Francisco y el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Asimismo pedimos que no se nos destruya como comunidad, ya que el salar tiene rutas de trashumancia, ahí nuestros animales comen la sal para protegerse de los parásitos. Si lo destruyen finalmente eso será una herida incurable para nosotros como pueblos originarios, pero también para la región que se verá sin una importante fuente de Agua que alimenta todas la cuenca”, señaló a El Ciudadano.

Elena Rivera, integrante de la comunidad colla de Copiapó

Por su parte, Elena Rivera, integrante de la comunidad colla de Copiapó, sostiene que “nosotros como Comunidad nos oponemos a la extracción del litio, sea por parte de cualquier empresa tanto del Estado como privada y no solo del Salar de Maricunga tambien de Laguna Verde o Laguna Negro Francisco o cualquiera que sea parte de nuestro territorio o tenga algun vestigio cultural para nuestros hermanos de otros pueblos originarios. Nos oponemos porque hemos visto la destrucción, la sequía y la reducción de la biodiversidad de estos lugares. Esto pasa en San Pedro de Atacama”

Reclama que “si el Salar se seca nosotros no podremos seguir habitando la cordillera, porque existe un daño latente y con ello se secan nuestras vertientes, aguadas, bofedales y humedales, y así nuestra cultura y costumbres en el territorio, no podemos seguir permitiendo un avance tecnológico a costa de nuestros territorios y un avance que ni siquiera es para nuestro país”, indicó a El Ciudadano.

Subsecretario de Minería Willy Kracht

Para conocer la versión oficial  El Ciudadano tomó contacto con el subsecretario de Minería Willy Kracht quien señaló al ser consultado sobre las futuras licitaciones de litio : “En el caso del salar Maricunga es Codelco quien tiene asignado el contrato especial de operación y hay un par de otras empresas que tienen intereses y están realizando proyectos ahí. Así que en el caso específico de Maricunga no podríamos hablar de ningún tipo de licitación”.

“En el salar de Atacama es distinto porque lo lleva Corfo y tiene un tratamiento que es diferente, pues ahí hay constituida propiedad de litio pre 79 que está en manos de Corfo, por lo que cualquier cosa que ocurra lo maneja directamente Corfo, en el Salar de Atacama el controlador, el dueño es Corfo por lo que puede resolver directamente”, señaló el representante de la cartera minera.

SQM NO ES EL ÚNICO CON LA CAPACIDAD DE EXPLOTAR LITIO

La principal idea que Ponce y su red están tratando de instalar para convencer al Presidente Boric consiste en que SQM es la única que cuenta con la infraestructura y tecnología para aumentar en a corto plazo la explotación de litio, mejorando la sustentabilidad ambiental de los procesos para su extracción y procesamiento. Lo anterior en un contexto donde existiría urgencia de aprovechar los altos precios que ha alcanzado el litio, sin que se sepa exactamente hasta cuándo se mantendrá en esos niveles.

Esto, a pesar que de a partir de una revisión de proyectos de litio en ejecución a nivel regional e internacional, se puede constatar fácilmente que existen muchos otros actores con capacidades instaladas que podrían invertir en paralelo a SQM y dinamizar la industria con más actores de aquí a que termine su contrato el 2030. 

La idea de que solo SQM cuenta con la tecnología que permita aprovechar el “superciclo” del precio del litio tampoco resulta consistente si se considera que usada actualmente por la empresa es muy conocida desde hace más de tres décadas y es de baja eficiencia, por medio de la cual se extrae el mineral no metálico secando al sol la salmuera extraída, añadiendo productos que purifican el ‘oro blanco’. Las innovaciones que promete realizar la compañía de Ponce Lerou, que serían menos perjudiciales para el medio ambiente y reduciría sustancialmente el uso del agua, han sido desarrolladas y aplicadas desde hace años por otras mineras.

Por otra parte, el discurso sobre las “imbatibles” capacidades de SQM para la extracción y comercialización de litio chocan con el hecho que la empresa de Ponce no desarrolla proyectos exitosos en el extranjero, los que son realizados por otras entidades públicas y privadas. En este contexto muchos explican el éxito de Ponce y SQM solo por las condiciones abusivas en que explota las pertenencias del fisco, las que se atribuyen a una red de corrupción transversal que ha logrado mantener de forma impune a través del tiempo.  

Es por eso que muchos actores del mercado del litio han señalado que hay disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos que van más allá de SQM, y que el Estado de Chile podría adquirir para levantar una Empresa Nacional del Litio que explote y comercialice exitosamente ese recurso por sí mismo en un 100%. Esto, en un contexto donde aún queda tiempo suficiente hasta el 2030 para obtener los permisos y realizar las obras necesarias a fin de garantizar una explotación continua de litio después del término del contrato entre SQM y Corfo en el Salar de Atacama. 

Sin embargo, y empujados por la operación de Ponce, operadores y autoridades de gobierno estarían proponiendo como la única opción realista al presidente Boric que la explotación por el Estado asociado con privados, alternativa que valoran como un acto de “pragmatismo” en el resguardo del “interés nacional”, señalando como “ la alternativa real y viable” para tal asociación a SQM.   

Stella Li  vicepresidenta ejecutiva de BYD

Un ejemplo del interés por desarrollar proyectos de litio en el país es la gigante china BYD, la que  ha sido clara en mostrar públicamente su disposición de hacer una inversión millonaria en Chile.  “BYD quiere construir aquí un proceso de valor añadido; podemos comprometer la inversión de capital. Tenemos que esperar la aprobación del gobierno. BYD realmente cree en Chile y podemos hacer mucho trabajo aquí”, indicó Stella Li  vicepresidenta ejecutiva de BYD y presidenta para América de la compañía, sobre una  planta de cátodos de litio para Chile.

NEGOCIO SIN LICITACIÓN: ENTRE 9 MIL Y 18 MIL MILLONES DE DÓLARES MENOS PARA EL FISCO QUE SE AHORRARÍA SQM.

Apostando que el Estado de Chile finalmente va a renunciar a la opción de explotar y comercializar litio por sí mismo, muchas empresas han puesto los ojos en la posibilidad en hacerse parte de un negocio multimillonario, considerando además que el fisco cuenta con pertenencias mineras que abarcan casi todo el Salar de Atacama, que es la mayor reserva mundial de litio, sin perjuicio de otros importantes proyectos. 

Recorte de prensa de Ponce

Ponce sabe de esta situación y del riesgo que representa para sus intereses, ya que en el caso de que se abriera una licitación pública podría perder el negocio. 

Un indicio de esto fue la licitación que se realizó al término del segundo gobierno de Piñera por permisos para explotar litio, que si bien eran muy acotados, generó que diversas empresas realizaran mejores ofertas que SQM. 

Si bien ese proceso quedó finalmente en nada, a partir de la acción judicial de comunidades indígenas que denunciaron las graves irregularidades del proceso y el hecho de que no fueron consultadas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, sirvió para demostrar que en un escenario de competencia abierta, el negocio de Ponce corre serio peligro. 

Un componente fundamental de estas licitaciones consiste en que los oferentes se obligan a pagar un monto inicial a todo evento, como una suerte de “derecho de llave” para ingresar al negocio, además de un royalty por los volúmenes de extracción que realicen, todo en beneficio del Estado. 

Respecto del primer componente, se calcula que el monto inicial que debería pagar en todo evento una empresa por licitar la explotación del Salar de Atacama sería de 18 mil millones de dólares aproximadamente. 

De esta forma, si el plan del gobierno es hacer participar a los privados en un 49% del negocio, quedándose la “Empresa Nacional del Litio” con el 51% restante, el monto a pagar por el privado según condiciones normales de mercado debería ser de aproximadamente 9 mil millones de dólares, como monto inicial a todo evento, y sin perjuicio de lo que deba pagar durante la explotación como royalty. 

En este escenario, la estrategia de Ponce es que la actuación de su red le permita quedarse con la participación en el negocio del litio sin licitación, ya sea por el 100% pagando un royalty, o junto con la Empresa Nacional del Litio por un 49% del negocio bajo la misma fórmula, pero siempre a través de un trato directo y sin que SQM pague ningún valor inicial, como tendría que hacerlo en caso que se licitara. 

Para justificar frente a la autoridad que el Estado no haga licitación renunciando a recibir miles de millones de dólares, los distintos miembros de la red de Ponce han tratado de instalar la idea que se debe “reconocer” el valor de las inversiones que ha realizado SQM en el Salar de Atacama, especialmente la planta de conversión en funcionamiento donde procesa las salmueras que saca del lugar. 

Para reforzar esa estrategia, SQM ha hecho pública su intención de invertir 1.500 millones de dólares para mejorar la eficiencia de sus procesos de extracción y procesamiento de litio bajo estándares más amigables con el medio ambiente, lo que en todo caso pasa por la condición de abrir una mesa de negociación con autoridades del actual gobierno para definir los términos en que la empresa de Ponce seguirá su explotación en el Salar de Atacama más allá del año 2030, obviamente, sin licitación de por medio.   

Esto ocurre en un contexto donde las decisiones sobre el futuro de la explotación de litio en el Salar de Atacama se deben tomar en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya que cualquier proyecto para instalar una planta para la extracción de litio requiere entre 5 a 7 años para empezar a funcionar, considerando los permisos ambientales,  administrativos, procesos de consulta indigena y ciudadana, sumados a su construcción. 

Si no, se corre el riesgo de que se reduzca la posibilidad de continuar de forma ininterrumpida con la extracción de litio después del año 2030 a pactar con la empresa de Ponce, considerando que se encuentra actualmente operativa en la zona.  

El estado profundo de Ponce Lerou

Según la información entregada por nuestras fuentes, que son consistentes con la red de corrupción manejada por SQM durante décadas y que quedó parcialmente expuesta e impune a partir de los casos de financiamiento ilegal de la política, estaríamos frente a una versión chilena del denominado Deep State (Estado profundo), que no es otra cosa que una  forma de gobierno en “las sombras”, la cual opera mediante redes de grupos de poder encubiertas, que actúan de manera concertada con el fin de llevar adelante una agenda. 

Esto viene funcionando mediante infiltración del aparato público y lobbystas, de la mano de Ponce Lerou, quien fuese en dictadura Gerente General de Corfo, entre otros diversos cargos que le permitieron conocer el Estado por dentro.

Tras hacerse del control de SQM, en 1988 Ponce Lerou se puso firme con la campaña del Sí para la reelección de su suegro, Augusto Pinochet. Un año después fue el principal auspiciador de la campaña presidencial de su amigo Hernán Büchi. Con la Concertación en el gobierno se aproximó a Genaro Arriagada, mano derecha de la campaña de Eduardo Frei en 1993. De la segunda campaña de Frei, en 2009, aparecen rastros de un aporte de Ponce Lerou en boletas pagadas por SQM. Ya en el decenio socialista de la postdictadura el vínculo, primero con Lagos y después con Bachelet fue a través de Enrique Correa, siendo SQM uno de los principales clientes históricos de su consultora Imaginaccion.

También Ponce Lerou apoyó las campañas de Sebastián Piñera. En la primera (2009) usó a Jaime de Aguirre, director de Chilevisión para traspasar plata de Pampa Calichera para su campaña política. Según Carlos Tromben e Ignacio Schiappacasse, SQM aportó casi un millón de dólares a Piñera a través de facturas falsas. Una muestra de la cercanía entre ambos, es que ya instalado en la Moneda, Piñera invitó a Ponce Lerou al matrimonio de Sebastián Piñera Morel en diciembre de 2011.

Para la segunda campaña de Bachelet el aporte de Ponce Lerou fue de un monto estimado en $204.999.332, acordado entre el tesorero de la campaña de la candidata de la Nueva Mayoría, Jorge Rosenblut, y el gerente general de SQM, Patricio Contesse.

A la oficina de Contesse, según develó  su secretaria en declaraciones a la fiscalía, llegaban políticos de todo el espectro político, desde la UDI hasta socialistas. Es así como pasaron por esa oficina intercambiando favores Pablo Longueria, Jovino Novoa, entre varios otros. Se sabe de aportes de SQM a las campañas de Jorge Pizarro, Fulvio Rossi y Jaime Orpis, entre otros. En tanto, Contesse llevó en el avión privado de la empresa para conocer las oficinas de SQM en María Elena a varios parlamentarios, como los senadores Jorge Pizarro, Pedro Araya y a la entonces diputada Carolina Tohá.

Patricio de Solminihac confesó ante la Fiscalía respecto de la campaña presidencial de 2013 que “la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de US$ 1 millón y menos de US$ 10 millones” en aportes.

En definitiva, las investigaciones penales sobre el financiamiento irregular de la política dieron cuenta en 2015 que SQM habría invertido a lo menos 7.000 millones de pesos en campañas políticas. Un informe contable entregado por la misma compañía a la Fiscalía Nacional registró el pago entre 2009 y 2015 a 156 personas próximas a Bachelet y Piñera, entre varios otros políticos.

Pero más allá de la política, SQM cuenta con un red de “expertos” para defender sus intereses. En estas tareas también se preocupan de contribuir en la formación de cuadros técnicos e innovadores tecnológicos, siendo la forma de operar de SQM el establecer vínculos a través de ofertas de empleo y fondos de investigación asignados a escuelas de Ingeniería en Minas, el soporte de centros de estudio, y la colocación de actores claves en puestos de influencia, infiltrando así el aparato público con cabilderos y promotores de sus políticas.

Entre los hombres para la operación actual de SQM, que es ampliar la concesión de explotación del Salar de Atacama más allá del 2030 y sin licitación,  estaría Jaime San Martín, quien actualmente ocupa el cargo de gerente de operaciones en Codelco, pero que anteriormente trabajó por más de 16 años para Ponce Lerou.

San Martín ingresó como subgerente de desarrollo metálico en 1997 a SQM, llegó a ser Vicepresidente de Asuntos Mineros en 2005, y Vicepresidente de Operaciones en 2006, cargo en el que se mantuvo por 7 años. En ese contexto desarrolló una relación de cercanía con el ex yerno de Augusto Pinochet, la cual mantendría hasta la actualidad.

El 2016 ingresa a Codelco como Gerente de Desarrollo de Proyectos Estratégicos, concentrándose en “el diseño e implementación de proyectos estratégicos de la Corporación, con foco en algunos de sus activos, tales como el litio y otros minerales no metálicos contenidos en sus concesiones mineras de los salares de Maricunga y Pedernales, definiendo la estrategia de litio de Codelco, proponiendo modelos de negocio para lograrla y liderando la búsqueda de socios estratégicos para el negocio del litio”, según él mismo ha declarado.

Pero Jaime San Martín no trabajaría solo, contaría con un fiel escudero. Se trataría de Tomás Esguep quien desde el 2020 se desempeña como director de Desarrollo de Negocios de Codelco, mientras que desde el 2011 al 2016, también sirvió para SQM en diferentes cargos asociados al desarrollo de proyectos mineros metálicos, lo que le permitió mantener un alto perfil dentro de la compañía, y ganarse la confianza de Ponce Lerou.

La vieja guardia vuelve al ataque

Mapa de actores señalados por nuestras fuentes en favor del plan de Ponce Lerou

Según lo reveló en detalle una fuente al interior de una de las empresas estatales a cargo de las negociaciones, quien prefiere mantener reserva por la gravedad de la situación y las posibles represalias, el principal operador de toda esta estrategia es un viejo amigo de Ponce Lerou. Se trata de Osvaldo Puccio, ex ministro secretario general de Gobierno entre 2005 y 2006, durante la administración del presidente Ricardo Lagos. También fue Embajador en Austria en tiempos de Eduardo Frei Ruiz Tagle, época en la que inició una relación de amistad con el ex yerno de Pinochet, casado con una ex equitadora austriaca, nacionalidad que adoptó el propio Julio Ponce. 

Entre el 31 de julio del 2012 y el 19 de agosto del 2013, Puccio fue miembro del directorio de Pampa Calichera, una de las empresas cascadas de Ponce a través de las cuales controlaba a  SQM y que fueron objeto de sanción por la Superintendencia de Valores y Seguros por vulneración grave a las normas sobre mercado de valores para beneficiar al ex yerno de Pinochet, en un contexto donde se sostuvo por la Superintendencia de Pensiones que tales operaciones irregulares perjudicaron el interés de los cotizantes por una suma superior a los 44 millones de dólares. Además Puccio fue el encargado de Chile para ver los temas relacionados con la energía nuclear, materia de alto interés para Ponce y donde el Litio juega un rol clave. Recordemos que es justamente la Comisión Chilena de Energía Nuclear la cual otorga parte de los permisos asociados a la explotación del Litio.  

Lo que más llama la atención de la historia de Puccio es que con tan solo 20 años estuvo junto a Salvador Allende en el bombardeo a La Moneda,  fue torturado y estuvo prisionero en Isla Dawson junto a su padre, y pasó al exilio en la RDA. A pesar de todo esto, terminó siendo uno de los principales amigos y operadores del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Pero Osvaldo Puccio no trabajaría solo encabezando la operación que está desarrollado Ponce dentro del Estado para perpetuar el control del litio en Chile durante este gobierno, sino que cuenta con la ayuda de Ricardo Solari, socialista y líder del denominado “tercerismo” dentro del partido, quien ha desempeñado diversos cargos durante los gobiernos de Lagos, Bachelet e incluso Piñera. 

Cabe recordar que los  socialistas antes ya usufructuaron del imperio montado por Ponce Lerou. En mayo de 2017 un reportaje de Meganoticias dio cuenta de que 2.000mil millones de pesos, parte de los dineros devueltos por el fisco al Partido Socialista como indemnización por los bienes expropiados durante la dictadura, fueron invertidos en acciones de SQM y Pampa Calichera. De esta forma el partido de Salvador Allende obtenía ganancias en los negocios especulativos del ex yerno de Pinochet.

Otro socialista que aparece en esta red es el ex ministro de energía y actual presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, quien junto a personajes como Enrique Correa y Jorge Abbott, fueron miembros del MAPU. 

Pese a que es ampliamente reconocido como “un hombre de gran talento empresarial”, Pacheco  debería inhabilitarse de cualquier acto o negociación que pueda involucrar  a SQM por posible conflicto de intereses, ya que sus yernos son hijo del ex senador Pizarro- quien también fuese vicepresidente del CINVER (Comité de la inversión extranjera en Chile). En este punto se debe recordar que Sebastián Pizarro Crispi fue condenado por dos delitos tributarios cometidos a través de su empresa Ventus Consulting la cual emitió facturas falsas por servicios no prestados a SQM, recibiendo dineros que terminaron en las manos del ex  Senador Jorge Pizarro. 

Por su parte, Ernesto Águila, ex PS y muy cercano a Ricardo Solari, trabaja en el segundo piso de la Moneda como asesor, y sería uno de los actores claves de esta operación. Columnista habitual de medios, Águila es doctor en Educación y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en donde llegó a ser director de Extensión. Se ha desempeñado también como investigador del Instituto Igualdad del PS, y en el primer gobierno de Bachelet fue director de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2006-2008). En enero de 2020 un centenar de socialistas renunciaron al partido argumentando razones de “principios” junto a varios otros militantes socialistas, como Germán Correa y el actual vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce. Luego constituyeron Plataforma Socialista, quienes se autodefinieron como “a la izquierda del PS”. El mismo Águila se  diferenció públicamente del PS oficial al “asumir una posición antineoliberal”. También llamó “a la unidad de la izquierda: no más Concertación, no más reeditar ese conglomerado. Y comprometernos con la vinculación de la izquierda en los movimientos sociales”.

Una de las fuentes señala que el rol de Águila fue clave para el nombramiento de Willy Kracht como subsecretario de Minería.

WILLY KRACHT: DE CESCO A LA SUBSECRETARÍA DE MINERÍA

Willy Kracht, ex socialista y quien actualmente pertenece al colectivo Plataforma Socialista, se hizo conocido en su visita a Juan Carlos Jobet, ministro de Minería de Sebastián Piñera, cuando éste había concesionado el litio a fines de su reciente gobierno. Tras salir de la oficina del ministerio y consultados por la prensa declararon que la licitación estaba correcta en términos jurídicos y “ya no había nada que hacer”.

En su carrera Kracht escaló hasta integrar la comisión de minería del programa de gobierno de Apruebo Dignidad y posteriormente la subsecretaría de Minería. Si bien comenzó a militar en el Partido Socialista, renunció tras el estallido social de octubre de 2019 y pasó a ser parte de Plataforma Socialista, colectivo fundado por el analista político Ernesto Águila. En mayo de 2021 pasó a militar en Convergencia Social (CS), partido con buenas perspectivas al tratarse del colectivo del presidente.

Consultado por El Líbero, Ernesto Águila comentó respecto de Kracht: “Willy es un excelente académico”. También contó que el actual subsecretario se inscribió en Convergencia Social para apoyar así la candidatura en primarias de Boric, sin dejar de participar regularmente en reuniones de Plataforma Socialista. Águila agregó que “es alguien que conoce mucho el mundo de la minería en Chile. Es una persona muy cálida y amigable. Es una persona muy abierta y dialogante”.

Kracht, ingeniero Civil Químico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería es académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, integrante  del Consejo Editorial de la revista Minerals Engineering, generó contacto con las mineras como subdirector del Centro de Tecnología Avanzada para la Minería (AMTC). Sus credenciales académicas lo validaron en el equipo económico de la campaña de Boric.

Su tarea fue darles certezas al mundo privado de que las reglas del juego para las compañías mineras no iba a variar en un eventual triunfo de Boric. En una carta a El Mercurio, publicada el 8 de diciembre de 2021, diez días antes de la segunda vuelta presidencial, Kracht aclaró que “nuestra propuesta busca capturar parte de la renta de manera eficiente, sin poner en riesgo el desarrollo minero. (…) En nuestra visión, la minería -con sus componentes público y privado- es clave en el desarrollo económico del país”.

Cuatro días antes de la elección, entrevistado por Reporte Minero, aseguró que promovería el “modelo virtuoso de relación público-privada que representa Enami”. Asimismo, detalló que desde esa perspectiva, el fortalecimiento de dicha empresa implicaría “no solo mantener su propiedad estatal y proteger su patrimonio, sino también darle un apoyo para que pueda seguir cumpliendo el rol de fomento de la pequeña minería”.

Además de las habituales visitas de los estudiantes de Ingeniería en Minas a los salares de SQM en el Salar de Atacama, en el caso de Kracht, las relaciones con SQM  se acercan cuando integró el directorio de CESCO en junio de 2019, junto a Daniela Desormeaux, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con 18 años de experiencia en la industria minera, como su paso por SQM y la creación de consultoras; y Osvaldo Urzúa, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, doctor en Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex y empleado de BHP Billiton durante más de 11 años.

EL DISCRETO MUNDO DE LOS SEMINARIOS

El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) es un espacio en donde se encuentran la academia y los negocios. Fue creado en 1984, un año después de ser dictado el Código de Minería de la dictadura que abrió espacio al capital extranjero y la privatización de yacimientos.

El Ciudadano consultó con dicho centro, quienes respondieron que las vías de financiamiento son a través de las cuotas de los directivos y, principalmente, la organización de los seminarios Cesco Week Santiago, realizado cada comienzo de año y, desde 2012, el Asia Copper Week, cena también anual realizada en Shanghai.

Si bien, según Cesco, las mineras no financian directamente el centro, siendo los ingresos obtenidos principalmente por las cuotas de participación, se observa que las mineras entran ya sea como auspiciadoras o con ponencias.

Ocurrió así a mediados de agosto de 2022 en un seminario organizado por Cesco y auspiciado por AngloAmerican, Minera Collahuasi y SQM, y que contó con la activa participación de mineras, abogados e investigadores. Se trató del encuentro titulado ‘Modificación de la legislación en materia de exploración y minería en Chile’, realizado en el Hotel Cumbres de Vitacura en pleno proceso constituyente, cuando en el aire estaba la demanda por nacionalizar los recursos mineros.

La apertura estuvo a cargo de Alejandra Wood, quien en 2015 asumió como Directora Ejecutiva de Cesco, tras desempeñarse durante tres décadas en Minera Escondida y BHP Billiton, como gerente de comunicaciones, responsabilidad social corporativa y asuntos externos. En mayo de 2022 fue nombrada en la dirección de Codelco.

En los seminarios se conocen los ejecutivos de las mineras con lobistas e ingenieros que piensan nuevos procesos extractivos. En los intermedios intercambian tarjetas y exploran oportunidades de colaboración mientras comparten un café. Y así, de a poco, los académicos e investigadores se comienzan a transformar en consultores.

El subsecretario de Minería, fue fue el encargado de dar las palabras de bienvenida en uno de estos eventos, el reciente Foro del Litio, realizado a fines de septiembre de 2022 en el Hotel Western Marina en Santiago. En dos de los cuatro módulos del encuentro expone un representante SQM no individualizado en el programa abierto al público. Lo que sí aparece son los principales auspiciadores del evento: SQM y Albemarle.

(https://www.electromov.cl/2022/08/23/foro-del-litio-2022-conozca-el-programa-de-la-sexta-version/)

KRACHT: “EN ATACAMA Y MARICUNGA LA SITUACIÓN ESTÁ MÁS O MENOS RESUELTA” 

Willy Kracht ostenta el tal vez único récord de algún funcionario del actual gobierno: haber sido aplaudido por El Líbero. En un extenso perfil hecho por el periódico de extrema derecha, no escatiman elogios a Kracht, a quien describen “con un perfil técnico, dialogante y propositivo y destacan su compromiso con el rol cooperativo entre Estado, empresa y academia”. El periódico destacó además que era moderado y que no quería poner en riesgo el desarrollo minero y que era considerado por fuentes del empresariado como una carta “bien preparada y que conoce las distintas problemáticas de la industria”.

En la publicación,  El Libero llegó a perfilar a Kracht como el posible ministro de Minería, señalando que  “la visión positiva es transversal entre quienes han compartido instancias laborales con Kracht, a quien califican como una persona propositiva, dialogante, con amplias propuestas, defensor de la minería y con una fiel convicción del rol cooperativo entre el Estado, las empresas y la academia”.

Al ser consultado por El Ciudadano sobre la forma en que el gobierno tiene proyectada la explotación de litio en nuestro país, y en especial en el de Atacama, Kracht señaló que “En los otros salares, no descartamos que el mecanismo para encontrar los socios estratégicos pueda ser el de licitación”. 

Respecto a la fecha del anuncio de la Empresa Nacional del Litio, dijo que “no tenemos una fecha definida del anuncio, pero el anuncio debería ser pronto. Según lo informó el ministro de hacienda, tenemos una expectativa de que ocurra enero, pero no tenemos fecha definida aún, tampoco respecto a la vocería”.

Consultado una vez más respecto a qué sucederá con el Salar de Atacama, principal reserva del litio del mundo dijo “Eso es algo que está o debería resolver Corfo directamente y yo esperaría que el 2023 existan noticias al respecto, nosotros estamos preocupados de activar la industria en los otros salares. Lo que vaya a ocurrir en el Salar de Atacama es un tema de Corfo, no creo que veamos un anuncio pronto al respecto”. 

Además agregó que “entonces deberíamos esperar que para los otros salares, distintos al de Atacama y Maricunga, donde la situación ya está más o menos resuelta, tengamos búsqueda de socios estratégicos para el Estado mediante licitación, o eventualmente en condiciones bien acotadas, trato directo si se presenta una buena asociación con empresas del Estado como en este caso Codelco”.

Respecto a la denuncia de la red que tiene operando Ponce, Karcht señaló “No tengo ningún antecedente de algún lobby de SQM, y las reuniones que han existido han sido solicitadas por el mecanismos de transparencia, han sido reuniones técnicas (…)  Yo descarto que exista un lobby, en el sentido de estar perpetuándose en el Salar de Atacama”, puntualizó.

Una vez nombrado subsecretario de Minería, Kracht se ha preocupado de manifestar al empresariado de que es segura su inclusión en la propiedad de la Empresa Nacional del Litio. Poco antes de asumir en el cargo hizo una presentación en el Foro Desafíos y Oportunidades de la Minería del Litio en Chile, una instancia de reunión de los ejecutivos de la industria minera. En la oportunidad se preocupó de anunciar que Enami “pueda actuar en asociación con diversos actores privados”. Entre las siete tareas por hacer en el corto plazo destacadas en su presentación, consideraba “explorar eventuales socios estratégicos que permitan acelerar la incorporación de Chile a la cadena de valor del litio”.

En ese mismo sentido Kracht le señaló a El Ciudadano que “por ejemplo, en los salares Infieles y Aguilar estamos viendo un trato directo con ENAMI, porque ellos nos los vienen a solicitar y después ENAMI va tener su propia búsqueda de socios”.

En enero de 2022 la comunidad colla Pai- Ote, habitantes del Salar de Maricunga, demandaron la licitación hecha por Piñera al no haberse efectuado la consulta indígena que exige el Convenio 169 de la OIT. En instancias posteriores consiguieron mantener la orden de no innovar. El proceso legal demostró que pese a lo dicho por Kracht a la salida de la reunión con el ministro de Piñera, sí habían cosas por hacer, y que el proceso no había sido ilegal.

Entrevistado en junio por el medio financiero Bnamericas, el subsecretario volvió a recalcar que “nosotros queremos tener algo que esté abierto a la colaboración con privados”. En la oportunidad, y argumentando la falta de conocimiento respecto de la explotación del litio por parte de Codelco, Kracht adelantó que creía mejor que “el Estado podría tener varios socios estratégicos en distintos estadios de la cadena de valor. Un socio estratégico [por ejemplo] que nos ayude en la explotación y producción hasta el carbonato de litio. Eventualmente podría haber otro socio que nos apoye con el desarrollo de materiales para batería”.

En septiembre pasado, con ocasión del VI Foro de Litio, organizado por B2B y Minería Chilena, Kracht dio más luces al respecto, diciendo que “el diseño de la futura empresa nacional del Litio está siendo discutido al interior del gobierno, para antes de fin de año llegar a una propuesta que dé luces respecto a su estructura, rentabilidad de sus unidades funcionales y el modelo de negocios. Y en paralelo, continuar con el proceso mediante la búsqueda de socios estratégicos y la formalización del diálogo territorial”.

Luego volvió a repetir que desde el Estado “necesitamos abrirnos a encontrar socios estratégicos que tengan el conocimiento y con los que podamos establecer una relación de colaboración para explotar litio y aprender”. Remató su discurso diciendo que la proyectada ENL  “no es un nuevo Codelco”.

Según informó El Diario Financiero en septiembre de 2022, la participación de la empresa privada no se limitará a la explotación de proyectos de litio, sino que también se contempla su participación como socios minoritarios en la propiedad de la Empresa Nacional del Litio.

LAS REUNIONES EN MINERÍA

Al analizar los registros por ley del Lobby del subsecretario Kracht, encontramos reuniones relacionadas al litio y ofertas tecnológicas con  L1X LITHIUM CANADÁ -Fusion Enertech Development Co., Ltd.- Clean Tech Lithium – jnworldtech – Tsingshan South America, todas las cuales se han reunido en una sola oportunidad con el subsecretario y en su solicitud detallan de forma detallada el motivo de cada reunión.

En este contexto, llama la atención las reuniones de Kracht con ejecutivos de SQM, tales como Carlos Díaz, Vicepresidente Senior de operaciones Potasio-Litio SQM y Gabriel Meruane Naranjom, Lithium Research and Production Process Manager en SQM. Más allá que, a diferencia de lo que ocurre con otras entidades relacionadas con el tema litio, las reuniones con personeros de la minera de Ponce son más de una, en el registro no se da mayor detalle acerca del contenido específico de lo tratado.

Además si se hace una revisión general de las reuniones de hombres de confianza de Ponce con autoridades de gobierno, Ricardo Ramos, CEO de SQM destaca desde enero de 2019, con un récord de 7 reuniones con funcionarios del gobierno. Ha visitado ya dos veces las oficinas del jefe de Corfo, el organismo que arrienda las pertenencias mineras en el Salar de Atacama. También se ha reunido con los ministros de Hacienda, Economía y Minería.

Lo que ha llamado la atención de muchos al interior del Ministerio de Minería es la forma como Kracht se ha apropiado del tema del litio al interior de la cartera, desplazando claramente a la Ministra Marcela Hernando, quien no formaría parte de la red de Ponce. 

EL ESPERADO ANUNCIO DE LA EMPRESA NACIONAL DEL LITIO

En el punto 50 del programa de Gobierno de Gabriel Boric planteó que “promoveremos la creación de una Empresa Nacional de Litio  que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”.

Se trata de una vieja demanda que ya convocó entre julio de 2014 y enero de 2015 a la Comisión Nacional del Litio, la que planteó la necesidad de una visión estratégica para una política nacional del litio que contribuya al desarrollo del país, de valor agregado al producto y respete a las comunidades. Se planteó la maximización de la renta económica en el largo plazo para el usufructo del Estado.

Según ha trascendido la ENL será llevada a cabo por la Enami, siendo un actor clave en esto el vicepresidente ejecutivo, Jaime Pérez de Arce, nombrado en abril de 2022 y principal cargo de Enami después de la ministra de Minería. Enami exporta al año más de mil millones de dólares y entre trabajadores propios y contratistas da empleo a unas 3 mil personas.

Pérez de Arce ya había ocupado el cargo de vicepresidente de la estatal en los gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2007-2010 y 2014-2018). Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile e hizo carrera en Codelco y Enami. También se desempeñó como gerente de desarrollo de la División El Teniente  y vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco en 2013.

Al igual que Ernesto Águila y Willy Kracht, Pérez de Arce se marginó del PS para constituir Plataforma Socialista.

En el directorio de Enami también está desde abril de 2022 el ex integrante del directorio de CESCO, el ingeniero industrial Osvaldo Urzúa Winkler, quien antes hizo una vasta carrera en la minería privada, desempeñándose como gerente gubernamental BHP Billiton en 2008 y 2017; además de gerente de Comunidades y Asuntos Externos  de Minera Escondida entre 2011 y 2021 y trabajó con Kracht en Cesco.

A cargo de la Enami, Pérez de Arce se ha preocupado por la apertura de una nueva planta de fundición y la creación de la ENL. En entrevistas ha planteado que usarán la posibilidad legal para que Enami explote los Salares Infieles y El Aguilar, localizados en la zona de los Siete Salares en la Región de Atacama, en donde  también se pretende levantar la fundición.

Y, al igual que el subsecretario Kracht, se ha preocupado de aclarar en cada instancia empresarial a la cual asiste, que los salares contarán con la intervención de privados. En el portal Minería Chilena, aseveró que “buscamos desarrollar estos proyectos a través de una alianza público-privada. A través de ese CEOL, esperamos incorporar socios estratégicos que nos permitan financiar esos proyectos y queremos poner como condición que sea con nuevas tecnologías, que sean más sustentables y que mejoren las recuperaciones”.

La Enami ya ingresó una solicitud de CEOL al Ministerio de Minería para la explotación de litio en asociación con privados. Pérez de Arce sostuvo en septiembre de 2022 a la revista del Colegio de Ingenieros, que iniciaron la tramitación de dicha concesión para que la Enami “pueda asociarse con privados para llevar adelante estos proyectos. A partir de esta iniciativa, hemos creado una unidad de litio y a medida que avance este proyecto se puede crear una gerencia, y después se puede hacer una filial, la que puede convertirse en la ENL”.  

Pérez de Arce también se preocupó de dar cuenta de que la participación de privados es capital en la creación de la ENL. Comentó así que “el Ejecutivo reconoce tres pilares fundamentales para este proyecto: la inversión completamente privada, tecnologías probadas industrialmente, no a nivel de laboratorio, y que se genere capital humano chileno”.

En otra entrevista dada a un portal minero, Pérez de Arce señaló que la explotación de litio en la zona de los Siete Salares, “claramente es un proyecto que vamos a desarrollar con el sector privado y esperamos que ese proyecto traiga más tecnología, esperamos que agregue valor a la producción de Litio, que además podamos desarrollar conocimientos y expertise en esa materia”.

La creación de la ENL a partir de Enami permite su concreción sin necesidad de pasar por el Parlamento y una ley de quorum calificado.

El economista y abogado, Julián Alcayaga, autor de El libro negro del metal rojo (1999), destaca que “para crear una Empresa Nacional del Litio no se requiere de una ley, es decir, no se pasa por el Senado. Las mismas empresas del Estado pueden crear empresas, como Codelco, Enami, ENAP. No hay ningún problema con la creación y pueden participar como accionistas las mismas otras empresas estatales. Incluso, se puede asociar con empresas privadas extranjeras. Pero el objetivo no es producir más litio como materia prima, sino que sea industrializado en Chile para fabricar baterías u otros productos industriales”.

“Crear una ENL no es un problema jurídico, sino una decisión política que puede tomar el gobierno. Lo puede decidir mañana mismo”- destaca Alcayaga.

Junto a la creación de una ENL se contempla además fundar un Instituto del Litio y Salares en el que se desarrollará investigación aplicada respecto de nuevos métodos de extracción del litio, aplicaciones industriales, medio ambiente y relación con las comunidades. Así fue refrendado en un convenio entre el Ministerio de Minería y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, realizado en agosto de 2022, y en el que se plantea la implementación de un Centro de Estudio Multidisciplinario que fomente la investigación básica y aplicada y la innovación.

De igual modo se resiente la inercia del Estado respecto de la elección de SQM como la aliada de la nueva ENL. Una de las fuentes destaca que “en la práctica acabará apareciendo como socio del Estado quien siendo funcionario del mismo en dictadura privatizó SQM para quedarse con la empresa. La misma empresa que cuando le dieron la concesión en el Salar de Atacama sacaba más litio del permitido, que el Estado tuvo que demandarlos e ir a un juicio, perderlo y estar obligado a rebajar las multas”.

UNA CAMPAÑA BIEN ORQUESTADA

En mayo de 2022 apareció por primera vez la sigla SQM para los chilenos de a pie. Una campaña a gran escala en televisión, avisos en carretera, radios, páginas completas de diarios y patrocinando eventos como nunca lo había hecho. La empresa del ex yerno de Pinochet incluso colocó como conductora de su programa Ruta Verde, emitido por el canal de Luksic, a Carolina de Moras, en un claro intento de greenwashing ,  ¿Pero para qué una marca gasta enormes cantidades de dinero en publicidad si no vende productos directos a las personas?

Carolina de Moras en programa Ruta Verde

La campaña corresponde a una estudiada estrategia para poner a la opinión pública a su favor para cuando se terminen las concesiones de litio para SQM. Esta campaña, ideada inicialmente desde las oficinas de Enrique Correa, se comenzó a afinar en 2019, cuando tras los escándalos de Cascada y el financiamiento ilegal a la política, la minera comenzó a realizar estudios para medir la opinión de la ciudadanía respecto de la marca. Finalmente SQM decidió crear una Gerencia de Asuntos Corporativos, a cargo de la periodista Ignacia López,  y encargaron el diseño de la campaña.

El objetivo es producir una opinión pública que no reproche el origen oscuro de la propiedad de SQM y el monopolio en la explotación del litio que han gozado.  En la estrategia usan gente joven y se centran en las dimensiones tecnológicas del litio.

Consultado respecto del objetivo de la campaña por el diario de la familia Edwards, un exdirector de la minera, reconoció que: “SQM tiene que hacer un trabajo para ser el mejor aliado del Estado de Chile para producir”. 

“Están preparando a la opinión pública para hacer presentable a una empresa que ha corrompido la política todos estos años -comenta una de las fuentes consultadas- pueda seguir enriqueciéndose a costa de explotar en propiedad fiscal una de las mayores riquezas del país. Es difícil de tragar, pero van a tratar que la gente lo apoye o que no le importe”.

Como si fuese una casa laberinto, de a poco, autoridades claves en decisiones claves han ido arrinconando la sentida y transversal demanda del aprovechamiento del boom del litio para el erario público antes que se acabe. Con el argumento de que el Estado no puede explotar sólo el litio nos conducen por un pasillo. Un poco más allá se reducen las opciones al sacar como argumento de que sea una empresa nacional. Y paso a paso, como durante toda la post-dictadura, vamos siendo conducidos al cuarto donde nos espera Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet que saqueó al Estado apropiándose de una empresa estratégica.

Como se ha confirmado varias veces expuestas en este reportaje, muchos señalan que  el camino del gobierno estaría decidido y que el desarrollo del Litio en Chile no se va a asumir por una Empresa Estatal al 100% y que necesariamente se buscarán socios privados. En ese contexto, las alternativas son una licitación abierta y transparente en donde privados compitan con la mejor oferta para el erario público o un trato directo. ¿Será con la empresa del ex yerno de Pinochet que corrompió a casi toda la clase política?

En todo caso el gran problema para Ponce Lerou y su red sigue siendo el presidente Gabriel Boric, quien tiene la última palabra, y al cual está tratando de arrinconar. 

¿Qué sucederá finalmente? Está por verse.

Por Mauricio Becerra

El Ciudadano

RECUADRO

Con el  superciclo del valor del litio, el Estado percibió el 2022, 3917 millones de USD  de mano de SQM y Albemarle. A  noviembre la tonelada de carbonato de litio rondaba los 80 mil dólares. 

En  la última presentación corporativa de SQM 2022, el precio de venta promedio por tonelada métrica de litio para el tercer trimestre fue informada en 56 mil dólares la tonelada.

Al 30 de diciembre de 2022, una de las compañías productoras, China´s Sinonime Resource Group, está convencida de que el precio de la tonelada caerá hasta un 25% en 2023. Eso sí, lo hará poco a poco. Desde los citados 80.000 dólares/tonelada esperan que descienda hasta los 54.000 dólares/tonelada, aproximadamente, mientras los optimista piensan que estará en torno a los 60.000 dólares. Para la London Metal Exchange el valor por kilo de hidróxido de litio al 05 de enero de 2023 era de 83.50 dólares el kilo, es decir unos 83.000 dólares la tonelada.

El arriendo actual da la posibilidad de explotación de 180 mil toneladas anuales, lo que vendido al precio pronosticado de 60.000 USD la tonelada supera los 10 mil 800 millones de dólares. 

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