DECLARACIÓN PÚBLICA
- El cuestionado proceso constitucional en curso, está llegando a su fin. El texto aprobado por la Comisión Mixta –que será refrendado por el Consejo Constitucional- constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social.
- El texto que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre es una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta legitimidad democrática de origen como en su
contenido. Su eventual aprobación plebiscitaria no sólo atentaría contra los intereses y anhelos de las grandes mayorías, sino sería nula ante la comunidad internacional. - En efecto, el mencionado texto- expresivo de un integrismo religioso alejado del sentir mayoritario de la población y de un contenido esencialmente populista- hace retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFPs y las Isapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas; limita el acceso al derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población; el derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas; priva del derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas; perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas; restringe el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país; mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados; el derecho al medio ambiente seguirá condicionado por los intereses empresariales, las comunidades de las diversidades sexuales seguirán sufriendo discriminación y los migrantes sufrirán la xenofobia institucionalizada.
- Además, el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia Militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes.
- En definitiva, es un texto que mantiene y profundiza la desigualdad social junto a la grosera concentración de la riqueza e institucionaliza los privilegios negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, consolidando el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet y relegando el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido. Así las cosas, el fundado descontento que provocará, traerá consigo nuevos y justificados estallidos sociales. Al mismo tiempo, la mantención de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión, aumentarán potencialmente la inseguridad y la delincuencia.
- La Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto con recordar que, desde su génesis, impugnó y denunció este proceso constitucional ante el ACNUDH, por carecer de legitimidad, hoy cumple con su deber de convocar a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque el texto atenta gravemente contra los derechos humanos de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio.
- Al mismo tiempo, cumple con reiterar que – en virtud del derecho de libre determinación, consagrado en el artículo 1°, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – el pueblo chileno es soberano para decidir qué Constitución anhela, tanto en su gestación como en su contenido, por lo que ningún sector político tiene el derecho de amenazar a la ciudadanía con la clausura del debate constitucional si el texto propuesto no se aprueba en diciembre próximo.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago 23 de octubre de 2023.-
