Dossier Correspondencia de Prensa 20 de Mayo 2023
Juanita Rico, desde Quito
Inter Press Service, 19-5-2023
Un día después de que se iniciara su juicio político, Guillermo Lasso presidente ecuatoriano, firmó el decreto para disolver la Asamblea con base en el mecanismo conocido como la «muerte cruzada», una figura que forma parte de la Constitución ecuatoriana de 2008 y que permite al jefe del Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que ésta obstaculiza gravemente su capacidad para gobernar.
Desde que se promulgó la Constitución, es la primera vez que un presidente invoca esta figura en el país, por lo que hay preocupación sobre cómo se manejará el proceso.
A partir de la entrada en vigor del decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de siete días. La primera vuelta debe celebrarse en un tiempo máximo de 90 días, según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y quienes sean elegidos en esa vuelta permanecerán en sus cargos hasta 2025, año en que están previstas las próximas elecciones regulares en Ecuador.
El presidente Lasso puede presentarse como candidato en las elecciones anticipadas, lo que pone en cuestión su mandato oficial, que va hasta 2025.
De ahí el nombre «muerte cruzada» que alude a que tanto la Asamblea como el presidente pueden perder sus atribuciones al invocar esta figura para justificar su decisión. Lasso afirmó que la oposición puso «en jaque la democracia ecuatoriana» al desestabilizar al gobierno.
Sin embargo, la razón real detrás de las acciones de Lasso podría ser su miedo a perder la presidencia en el juicio político puesto en marcha, a pesar de que solo necesitaba que un tercio de los 137 congresistas rechazaran su destitución para mantenerse en el poder. Ahora, con la «muerte cruzada» puede gobernar por decreto durante un plazo máximo de seis meses.
El miedo de Lasso se puede explicar con su baja popularidad, y la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador. Sin embargo, algunos medios hablan de la muerte cruzada como un «suicidio político«, ya que le abrió la puerta de par en par a los correístas, que fueron los ganadores absolutos de las recientes elecciones seccionales en el país.
Violencia y ceguera política sin tregua
La problemática del aumento exponencial de la inseguridad y la violencia en Ecuador ha puesto en jaque a Lasso, Desde el comienzo de su mandato, el presidente ecuatoriano ha enfrentado revueltas carcelarias, avances del narcotráfico y ha tenido que declarar varios estados de emergencia para frenar los crímenes violentos en el país.
Durante el gobierno Lasso Ecuador ha registrado algunas de las tasas de homicidios más altas de América Latina y no ha podido enfrentar esta crisis de seguridad pública.
A finales de 2021, Lasso decretó el estado de excepción por «grave conmoción interna» en todo el territorio nacional. En ese momento calificó al narcotráfico como el «principal enemigo» de Ecuador. En 2022, durante el paro nacional masivo, para recuperar el orden público Lasso declaró de nuevo estado de excepción durante 30 días en las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Orellana y Azuaya.
En enero de 2023 el movimiento indígena pidió la renuncia del presidente y se declaró en movilización permanente. Según Lasso, esta decisión del movimiento fue el pretexto para comenzar el juicio político en su contra, que llevó a la crisis actual del país. Finalmente, en abril, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como terroristas, declaraciones que le dieron un poder absoluto a los militares para perseguir a las pandillas, a pesar de las denuncias sobre corrupción al interior de este órgano de control.
Lasso, por otro lado, ha sido objeto de críticas políticas, especialmente por parte del correísmo y del mismo expresidente Rafael Correa, que está muy presente en la política ecuatoriana desde que se refugió en Bruselas para huir de un juicio pendiente por corrupción.
Durante la campaña presidencial, la relación de Lasso con la banca fue cuestionada. En 2021 el correísmo creó una comisión para investigar el «feriado bancario» de 1999, debido al cual el gobierno ecuatoriano congeló los depósitos bancarios, lo que llevó a una acelerada devaluación de la moneda local, el sucre, que hizo que el país se dolarizara.
Lasso ha dicho que no tuvo nada que ver con el feriado, pero los correístas no creen en sus palabras.
En 2022, el presidente ecuatoriano sobrevivió a un intento de juicio político debido al aumento desmedido en el precio del combustible y los alimentos, y en 2023 Lasso tuvo que enfrentar la derrota de su partido en las elecciones seccionales y en el referendo ecuatoriano, que tuvo como resultado un rechazo de los cambios que el gobierno propuso a la Constitución, y que le dio la victoria al correísmo en las regiones.
En este contexto, el 9 de mayo la Asamblea Nacional resolvió proceder a su juicio político por presunta participación en el delito de malversación de caudales públicos puesto que, según la oposición, el presidente no finalizó un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para transportar derivados de petróleo, lo que representaría significativos perjuicios a las arcas del Estado ecuatoriano.
Lasso, sin embargo, afirmó que era un contrato de 2018, que el proceso carece de pruebas y que solo es un mecanismo para destruirlo.
Un problema que puede crear la nueva situación del país es que provoque protestas masivas; varios movimientos indígenas advirtieron que se movilizarán y que están buscando el apoyo de colectivos políticos y sociales. A Mayo 17 de 2023, las Fuerzas Armadas se habían desplegado en puntos clave de Quito para evitar conflictos por movilizaciones.
Si bien la “muertes cruzada” que aplica Lasso permite pensar en una nueva Asamblea y un nuevo gobierno, también profundiza la inestabilidad política e institucional de Ecuador, un país que, en los últimos tres años, ha sido golpeado duramente por la crisis económica y social, desastres naturales, baja inversión, desempleo y alta emigración.
El paso a paso tras la «muerte cruzada»
-El CNE tiene siete días para convocar nuevas elecciones presidenciales y de legisladores.
-Después de convocadas las elecciones, deben realizarse en un plazo máximo de 90 días.
-Luego, el CNE debe hacer públicos los resultados en un plazo máximo de siete días.
-Si ningún candidato presidencial queda electo, se convoca a una segunda vuelta que debe realizarse en los 45 días siguientes a la publicación de los resultados.
-El CNE tiene un plazo de siete días para hacer públicos los resultados.
-Los ganadores deben posesionarse en los 15 días siguientes a partir de la publicación de los resultados.
-El nuevo presidente y los nuevos legisladores ocuparon sus cargos hasta 2025.
-La «muerte cruzada» no podrá invocarse de nuevo en lo que resta del periodo constitucional.
(Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy, 18-5-2023: https://www.opendemocracy.net/es/la-muerte-cruzada-resquebraja-ecuador/)
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La Corte Constitucional de Ecuador ratificó la validez de la «muerte cruzada»
Arrancó la campaña para ocupar el sillón de Lasso
Tras haber disuelto la Asamblea Nacional por decreto el presidente ecuatoriano anunció que no será candidato en las elecciones programadas para el 20 de agosto..
Página/12, 20-5-2023
Ecuador acelera la búsqueda de candidatos tras la confirmación de la Corte Constitucional de la disolución del Parlamento decretada por el presidente, Guillermo Lasso. Mientras tanto el Consejo Electoral inició el proceso para las elecciones extraordinarias de presidente, vicepresidente y legisladores.
Elecciones el 20 de Agosto
Aunque aún debe ser conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral, su presidenta Diana Atamaint, avanzó que las elecciones -a las que debe convocar hasta el próximo miércoles- podrían desarrollarse el 20 de agosto.
De ser necesario un balotaje, éste tendría lugar el 15 de octubre, por lo que, en noviembre, Ecuador ya tendría integrados el Ejecutivo y el Legislativo, según los cálculos de Atamaint. Mientras tanto, y por orden Constitucional, el conservador Lasso gobernará mediante decretos-ley y será la Corte Constitucional la que avale o no los relacionados con temas económicos.
En medio de un juicio político en su contra, Lasso optó el miércoles por la herramienta constitucional de la «muerte cruzada», invocando «grave conmoción interna y política», por lo que disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y pidió elecciones generales.
El jefe de Estado no esperó al resultado de la votación de la moción de censura en la Asamblea, donde la oposición lo acusaba de un supuesto delito de peculado (malversación), que él negaba.
La Corte ratifica la «muerte cruzada»
A su vez la Corte Constitucional de Ecuador rechazó este jueves por unanimidad las demandas presentadas contra la decisión de disolver el Congreso. El máximo tribunal ecuatoriano emitió seis fallos en los que resolvió «rechazar las demandas de inconstitucionalidad», así como «los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto impugnado», señala un comunicado del organismo.
La corte agregó que «no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna» y que «tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país».
Con ello, queda en firme la decisión de Lasso anunciada el miércoles. El mandatario, quien asumió el cargo en mayo de 2021, celebró a través de su cuenta de Twitter. «Este Tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República», escribió.
Lasso no se presenta
Lasso declaró este viernes al diario estadounidense The Washington Post que no piensa ser candidato y que no le importa quién lo vaya a reemplazar. «Mi objetivo no es prevenir que alguien regrese a Ecuador,» dijo en referencia al expresidente Rafael Correa, que actualmente vive en el exilio en Bélgica.
Lasso dijo que había resuelto decretar la»muerte cruzada» varios días antes de .hacerlo, pero que esperó hasta asegurarse el apoyo de la cúpula militar. «Lo fundamental era generar una salida para esta crisis política. Fue un acto de generosidad hacia el país, acortar el mandato presidencial en favor del interés general delos ecuatorianos y no continuar con este espectáculo vergonzoso de peleas entre políticos,» se autoelogió.
Sin embargo en el mismo artículo el politólogo Simón Pachano de FLACSO-Ecuador pone en duda la supuesta generosidad política del presidente. «Más bien parece que no tiene chances de ganar,» dijo el analista. «Lasso es como un jugador de poker, no muestra sus emociones,» agregó.
Lasso ha decretado estado de emergencia en varios puntos del país, haciéndose eco en ocasiones de la estrategia del presidente Nayib Bukele en El Salvador, conocido por sus políticas de mano dura en materia de seguridad. En abril, Lasso permitió a los civiles poseer y portar armas para defensa propia.
Y la próxima semana, le dijo a The Post, planea aprobar una orden ejecutiva para dar “más confianza, tranquilidad y seguridad a nuestras fuerzas del orden, para que puedan usar sus armas dotadas para proteger a ciudadanos inocentes y también a ellos mismos”.
Danza de nombres
Uno de los nombres que suena como posible precandidato es el del exasambleísta Fernando Villavicencio, quien ha fijado ya en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que desde el Parlamento luchó contra la corrupción y las mafias.
«Esto no puede quedar aquí, tenemos que continuar», dijo antes de invitar a los ecuatorianos «a continuar en esta tarea, identificando claramente que el enemigo común es la mafia del narcotráfico, (…) los delincuentes de cuello blanco. Me comprometo con todos ustedes a traer justicia y paz para reactivar la economía», señala en un video.
A su vez, Esteban Torres, del opositor Partido Social Cristiano (PSC), apuesta por un gran frente de reconstrucción nacional del centro a la derecha, enfocado en las necesidades de todos, especialmente en temas de seguridad.
El líder del PSC, Jaime Nebot, no se ha pronunciado sobre una eventual candidatura, pero en un comunicado en que señala que aceptan «bajo protesta» el fallo de la Corte Constitucional, apunta: «Ni Lasso ni Correa. Progreso en libertad para el Ecuador».
Un correísmo fuerte
Las elecciones extraordinarias encontrarán al movimiento político del expresidente Correa (2007-2017) en su mejor momento al haber quedando como la principal fuerza política del país en los comicios locales de febrero pasado.
Correa tilda de «inconstitucional» la disolución de la Asamblea por considerar que no había «conmoción interna», y cree que Lasso opto por la medida para evitar la censura en el juicio político, pero sostiene que «lo mejor para la Patria es tener elecciones».
El correísmo no ha mencionado aún posibles precandidatos, pero Andrés Arauz, quien perdió ante Lasso en el balotaje de 2021, habla de la necesidad de construir una coalición, un «bloque histórico», que cobije a diversos movimientos sociales, incluidos los indígenas.
De su lado, el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) sostiene que «es la hora ciudadana» y ha pedido «cabeza fría» para que no se repita el triunfo del correísmo de las elecciones locales del pasado 5 de febrero.
Moreno, que se distanció del correísmo al llegar al poder tras haber sido vicepresidente de Correa, consideró que hay que «entender el momento, privilegiar lo verdaderamente importante: libertad, democracia, institucionalidad, respeto y bienestar ciudadano».
«Para ello se requiere (es condición no opción): unidad, organización, sincronicidad y, sobre todo, humildad y desprendimiento. Lo tenemos claro o repetimos lo de febrero», dijo.
Según Correa, la «ficha de la derecha» será el exvicepresidente de Moreno, Otto Sonnenholzner, quien el pasado miércoles criticó a la clase política ecuatoriana. «Esta crisis es resultado de la irresponsabilidad de una clase política que ha puesto sus intereses por encima de las necesidades de los ecuatorianos,» señaló. «El país no merece más división e inestabilidad. Se debe recuperar la calma y trabajar por fortalecer la esperanza de un verdadero cambio», agregó.
Por su parte el excandidato presidencial, Yaku Pérez, avanzó que mantiene reuniones con organizaciones sociales para definir una postura y no descartó diálogos, «pensando en el país», con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, cuyo nombre también suena como presidenciable.
