HERNÁN MUÑOZ Y SEBASTIÁN OSORIO
Reflexiones sobre la lucha por el cierre del comercio a las 19 horas en Chile.
Recientemente fue aprobada en la Cámara del Senado la idea de legislar sobre el cierre anticipado de las grandes tiendas y cadenas comerciales, en un proyecto que refundió las mociones sobre el cierre del horario comercial a las 19 horas, el cierre del comercio los días domingos y la exceptuación de la norma para fechas excepcionales[1]. Dicha propuesta fue formulada desde la Alianza de Trabajadores del Comercio (ATCOMER)[2], que agrupa a un importante segmento de trabajadores sindicalizados del sector.
Las razones que justifican la iniciativa son bastante obvias: establecer un horario más seguro para el retorno de las y los trabajadores a sus hogares, y la necesidad de contar con un mayor tiempo libre para actividades no laborales y recreativas, todo ello considerando la arbitrariedad que implica el cierre generalizado de la atención a las 22 e incluso a las 23 horas en algunos casos. Aunque razonable y atendible por sí misma, esta demanda adquirió especial relevancia por las cuarentenas, que vinieron a constatar en la práctica que las grandes tiendas podían (y pueden) terminar la jornada mucho más temprano sin que ninguna calamidad irreversible asolara al sector.
A primera vista las iniciativas impulsadas desde diferentes sectores sindicales pueden parecer un asunto meramente gremial, pero sus alcances llegan bastante más lejos considerando la vorágine electoral, la situación económica del país en el marco de la pandemia y el contexto previo de discusión sobre las 40 horas semanales, que lleva más de un año descansando en el Senado. En realidad, lo que está en juego es una de las formas más solapadas pero relevantes en las que se expresa la contradicción de intereses entre sindicatos y empresarios, por lo que su resolución en favor de los primeros constituye una batalla de primer orden que debería preocupar al conjunto de los trabajadores.
¿Cuáles son los verdaderos intereses del capital en esta disputa? ¿Qué es lo que pueden ganar los trabajadores en el corto y mediano plazo? ¿Qué desafíos y proyecciones plantea la coyuntura para el movimiento sindical en el país? A continuación intentaremos abordar estas preguntas desde el punto de vista de los intereses materiales sobre los que se desarrolla el conflicto.
Jornada laboral, intereses empresariales y la trampa del diálogo
Muchas veces, cuando se habla del empresariado en Chile, se alude a un actor fuertemente unificado en su ideología. Pero, más allá de las apariencias, es posible verificar históricamente continuas desavenencias que de a ratos derivan en enfrentamientos fratricidas y que expresan la propensión de la competencia capitalista a convertir la economía en una despiadada lucha entre hombres de negocios.
En el caso particular del sector de comercio, hace décadas que la guerra está declarada entre las principales firmas que pugnan por imponerse en el mercado y apropiarse de una fracción mayor de las ganancias que provee la lucrativa venta al detalle de las mercancías de consumo masivo: Walmart, Jumbo y Unimarc, Falabella, Paris, Sodimac y Ripley, entre otros nombres, son marcas conocidas por prácticamente toda la población, con diversas especializaciones en segmentos de productos, tipos de clientes y, por supuesto, ingeniosos mecanismos financieros que utilizan para aumentar su margen de beneficio en base al endeudamiento.
Mirada en profundidad, la historia de estas empresas está llena de innovaciones logísticas, organizacionales y legales, que tienen como factor común el tomar a los trabajadores como una variable que debe adaptarse a directrices que continuamente deterioran sus condiciones laborales. Esto se ha traducido en tres tipos de maniobras combinadas: reducciones salariales, adaptabilidad de las jornadas y polifuncionalidad. En todos los casos el objetivo ha sido reducir los costos de mano de obra, ya sea pagando directamente menos, alargando las horas de trabajo o intensificando el ritmo o la cantidad de las tareas asignadas.
Para hacer y deshacer libremente en sus respectivas empresas, los empresarios del sector contaron con dos condiciones favorables desde la década de 1980: el nuevo Código del Trabajo y el crecimiento sostenido de la fuerza de trabajo disponible. Lo primero facilitó todas las operaciones de flexibilidad laboral, mientras que lo segundo mantuvo lejos las molestas presiones salariales al alza, con empleados fácilmente reemplazables. El principal obstáculo que quedaba en ese escenario era la organización de los mismos trabajadores para defenderse. Lamentablemente, la utilización impune del resquicio del multirut, junto con la falta de visión de muchos dirigentes, redundaron en una extraordinaria fragmentación y multiplicación de sindicatos que facilitaron las acometidas contra el trabajo.
Con estos antecedentes se explica que las grandes tiendas de retail hayan logrado construir un modelo de negocios con locales que, desde fines de la década de 1980, abren casi 12 horas diarias y prácticamente todos los días del año, con la honrosa excepción de los feriados irrenunciables y días específicos en que se ven obligados a bajar antes las cortinas, gracias a los cambios legales empujados por organizaciones multisindicales del sector entre fines de los noventa y comienzos de los 2000. Pero considerando que a la acumulación de capital siempre le viene bien reducir sus costos, es razonable preguntarse si mantener las tiendas abiertas hasta elevadas horas de la noche es «eficiente».
Uno de los aspectos interesantes de la pandemia es que, en muchos sentidos, puede tomarse como un experimento natural del tipo «¿qué pasaría si…?». En este caso, la contingencia sanitaria demostró que aún con una reducción importante del horario de atención, al sector comercio no le fue nada de mal, como se observa en la variación acumulada del Índice de Actividad del Comercio (IAC), que tuvo un crecimiento de 25,4% al mes de julio, la más alta registrada desde 2015; asimismo, el índice de ventas de los supermercados creció un 25,7% en doce meses.
Estos hechos generan complicaciones para el empresariado a la hora de argumentar su rechazo a volver a un horario vespertino, ya sea que apelen a su interés directo por el menoscabo económico que implicaría tener menos horas para vender, o que señalen que los verdaderos perjudicados serán los trabajadores, quienes verían lesionado su bolsillo por una caída en las comisiones de venta, porque al final del día las cifras muestran que éstas aumentaron. Un tercer orden de argumentos que también cae por su propio peso es la idea de que acortar el horario es inconveniente porque afectaría a los consumidores, muchos de los cuales requerirían hacer compras después de su jornada laboral. Pero lo cierto es que el flujo de ventas ha tendido a concentrarse sin mayores problemas antes de las 19 horas y en los fines de semana, además de evidenciarse una mayor participación de transacciones online.
Más allá de esta discusión, durante la tramitación en la Cámara el gremio patronal se dividió inicialmente en dos posiciones. Por un lado, la Confederación Gremial del Comercio Detallista, totalmente alineada con la derecha y el Gobierno, exigía volver a la «normalidad» cuanto antes; por otro lado, la Cámara Nacional del Comercio (CNC), que había manifestado que «la pandemia nos ha enseñado que podemos negociar» con los trabajadores, mostrando cierta apertura.
Aunque recientemente el empresariado logró unificar una postura contra la ley en cuestión, la mayor aversión al comienzo fue planteada por el sector que agrupa a las tiendas pymes, representado por Rafael Cumsille. Este segmento, que muchas veces ha sido defendido erráticamente como «motor de la economía», por su condición estructural ha tendido a utilizar formas más directas de precarización del trabajo para nivelar su productividad ante una gran empresa que concentra un 75.9% de los ingresos con solo un 3,1% de las firmas. En el contexto de fuertes presiones competitivas que solo pueden enfrentar aumentando la explotación de sus trabajadores, es natural que cualquier medida que mejore las condiciones laborales sea combatida como «injusta», tal y como lo han hecho saber cada vez que se habla de reformas laborales o de fortalecimiento sindical.
Por otro lado, el segmento de grandes capitales mostró al principio una disposición a conversar. Pero, en realidad, detrás de los discursos siempre se encuentran razones materiales. En este caso, la CNC representa al sector de grandes capitales cuyo cierre anticipado podría ajustarse a criterios razonables de eficiencia económica, dados por su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos de vanguardia en el ámbito de la circulación y distribución de las mercancías, el control flexible de su fuerza de trabajo en alza y una importante reducción de costos en infraestructura. Con estas cartas, allanarse al diálogo puede no ser más que una excusa para proponer mayores márgenes de reestructuración para sus negocios.
En suma, se puede aseverar que la capacidad de maniobra superior que tienen los capitales de las grandes tiendas comerciales les permite mostrarse menos reacios, pero sobre todo es una forma de actuar estratégicamente en vistas del incierto panorama político que aguarda al país en el corto plazo. Mientras, las pymes se verán arrastradas a un debate incómodo, y recurrirán a su habitual libreto de victimizarse para reclamar un trato diferenciado. En este sentido, el problema del horario de cierre podría encontrar respuesta institucional pero sin que por ello el nuevo equilibrio de las jornadas implique una menor explotación de los trabajadores, en tanto el modelo de relaciones laborales permite a las empresas reorganizarse internamente sin que el Estado pueda interferir en ello.
Por estas razones, si los cambios legales se hacen de forma descuidada y sin un protagonismo sustantivo del actor sindical, es posible que los empresarios aprovechen estos proyectos para adelantar terreno y experiencia ante la eventual discusión de la jornada de 40 horas, aun cuando a primera vista parezca que la medida les perjudica. Y es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones…
Jornada laboral, trabajadores y sindicatos
Como es sabido por cualquier observador atento, el «secreto» para aumentar el margen de ganancias de cualquier empresa descansará siempre en dos mecanismos: invertir en técnicas de producción más avanzadas o aumentar la explotación del factor trabajo. El primero de estos mecanismos excede el análisis que proponemos en estas líneas. En cambio, el segundo tiene directa relación con la demanda de las y los trabajadores del comercio. Y es que junto con el aumento salarial y la reducción de la intensidad del proceso de trabajo, el acortamiento de la jornada laboral es una de las herramientas que tiene la clase trabajadora para disminuir su explotación.
Aunque la mayor parte de las luchas sindicales apuntan en última instancia a uno o más de esos objetivos, diversos factores empujan a las organizaciones laborales a centrarse en los salarios. De hecho, en Chile, el artículo 305 del Código del Trabajo prohíbe expresamente que los trabajadores negocien las características de sus jornadas laborales. Sin embargo, interviniendo en la cantidad y el modo en que se distribuyen las horas de trabajo se puede incidir indirectamente en el salario (por ejemplo, aumentando o disminuyendo su valor por hora), pero especialmente abre la posibilidad de mejorar la calidad de vida en términos de extender el tiempo disponible para disfrutar de otras actividades, como la familia o el ocio.
El mayor obstáculo para disputar la extensión de las jornadas laborales es que requiere una articulación que rebase el espacio físico de trabajo para organizar una fuerza sindical más amplia, no tan solo sectorial, como lo han atestiguado las emblemáticas luchas por la jornada de 8 horas a comienzos del siglo XX y, desde hace un par de años, las dificultades para impulsar el proyecto de las 40 horas semanales. También es difícil porque, en su amplitud, puede generar confusión entre los trabajadores de algunos sectores en los que existe una arraigada costumbre de jornadas extensas, en los que es fácil asumir que una medida de ese tipo vendría necesariamente de la mano con una reducción de los ingresos.
Es importante notar que estos malentendidos no son fortuitos. Responden, en primer lugar, al sentido común que entrega la experiencia: en general, menos horas de trabajo corresponden a un menor sueldo, y el mecanismo más simple para aumentar los ingresos de un trabajador suelen ser las horas extras. Como no existe la costumbre de negociar los tiempos, éstos tienden a considerarse como un factor invariable o directamente proporcional al salario. En segundo lugar, los empresarios saben cómo aprovechar esta condición para dividir a los trabajadores espuriamente, contraponiendo a aquellos que quieren trabajar más y tener mayores ingresos y a los que supuestamente no.
Apoyados en esta falsa dicotomía, nunca faltarán grupos de empleados que coincidan con el interés empresarial y reivindiquen su «libertad» para trabajar las horas que deseen sin límites legales. El supuesto que hay detrás de este reclamo es la archiconocida fantasía liberal de que cada individuo puede «elegir» sin coerción alguna cuánto, cómo y dónde trabajar, un delirio en el que habría una relación equilibrada y simétrica entre capital y trabajo, cuyo intercambio se regularía simplemente por el juego virtuoso de la oferta y la demanda. Contra esa idea irreal es que las luchas del movimiento sindical decantan en leyes que permiten ponerle coto a las decisiones unilaterales de las empresas. ¿De qué otra manera se podría impedir que un empleador exija jornadas laborales más largas a quienes no las desean? ¿De qué otra manera podría la clase trabajadora establecer mínimos civilizatorios en sus condiciones laborales?
De lo anterior se desprende la enorme relevancia que tiene la demanda de cierre del comercio a las 19 horas, ya que ha aglutinado a un sector que, según datos de la Dirección del Trabajo, agrupa simultáneamente a la mayor cantidad de mano de obra (1.200.000 ocupados), a la mayor cantidad de sindicatos (cerca de 1900), y la mayor cantidad de trabajadores afiliados (unos 195.000, que representan a un 16,4% del total). Paradójicamente, sin reivindicaciones que unifiquen esta fuerza, los números pueden ser leídos como un indicador de debilidad más que de fortaleza, ya que la fragmentación de la acción redunda en una capacidad disruptiva parcial y la mayor parte de las veces débil, incluso al interior de un mismo establecimiento.
Considerando lo anterior, uno de los aspectos más positivos de la campaña de ATCOMER es que permite visualizar los tiempos de trabajo definidos por el capital como un aspecto que puede ser negociado, en lugar de relegar al sindicalismo a cuestiones puramente económicas. Y es que, en efecto, la naturalización del horario del comercio impuesto en Chile es fácilmente discutible al mirar otros países: en Perú, las tiendas abren de lunes a sábado entre 7 y 22 horas, con un máximo de 48 semanales; en Colombia, de lunes a sábado entre 9 y 21 horas, con un máximo de 42 semanales; en España depende de cada Comunidad Autónoma, sin exceder el máximo semanal de 40 horas; en EE. UU., de lunes a viernes entre 9 y 22 horas y fines de semana de acuerdo a cada Estado, con un máximo de 40 semanales. En suma, la experiencia internacional es disímil y muestra que existe suficiente margen para cambios.
Por lo demás, la campaña de ATCOMER logra poner sobre la mesa otro elemento virtuoso que merece ser destacado: el vínculo entre las demandas laborales y aquellas correspondientes al ámbito del trabajo reproductivo, es decir, la cara oculta de la acumulación del capital que supone el trabajo doméstico, de cuidados y de disfrute que cada sociedad es capaz de darse. En este sentido, si bien el cierre del comercio a las 19 horas no cambia necesariamente los márgenes de explotación del trabajo, si puede llegar a (re)organizar los límites en los que se sustenta su propia reproducción. Desde luego, el protagonismo de este tipo de demandas se relaciona indudablemente con la creciente feminización del sindicalismo del sector, donde un 55,6% de los afiliados son mujeres.
Proyecciones y desafíos sindicales
En el actual contexto de incertidumbre sobre el futuro político del país, los sindicatos del comercio han logrado instalar la cuestión del tiempo libre como un campo de batalla fundamental que sin duda abrirá otras disputas sindicales en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, el empresariado del sector ha logrado aunar sus posturas contra la propuesta de cerrar el comercio a las 19 horas, luego de un amague de voluntad de diálogo exhibido al comienzo. Pero más allá de las apariencias, las orientaciones políticas del capital comercial deben entenderse sobre la base de las aceleradas transformaciones en sus procesos productivos, tendientes a la automatización, la polifuncionalidad y la flexibilidad del factor trabajo.
Los cambios tecnológicos y la competencia en uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena han engendrado un modelo de relaciones laborales donde la potestad del patrón parece incuestionable, tanto debido a la existencia de sindicatos débiles como a una legislación altamente burocrática y favorable a la empresa. En ese contexto, el proyecto de ley fue visto como una oportunidad para presentar indicaciones que favorecieran su propia agenda. Cuando fue aprobado en su primer trámite y estuvo claro que no había espacio para ello, no tardaron en cuadrarse con una negativa cerrada.
Mientras que el Congreso ha mostrado su habitual desdén por los trabajadores organizados al excluir a ATCOMER de las reuniones técnicas en el Senado y mantener la discusión lejos de sus prioridades, los empresarios han vuelto a la ofensiva con la reactivación de importantes procesos de reestructuración productiva. Aquí destaca el caso de Walmart que, ignorando los contratos colectivos firmados con sus empleados, busca convertir a las cajeras en «operadoras de supermercado», es decir, pretende expandir el arco de tareas que puede exigirle a sus trabajadores para disminuir su personal y abaratar costos. Las estimaciones sindicales hablan de una pérdida potencial de 5000 puestos laborales, afectando principalmente a mujeres.
Aunque no está del todo claro el desenlace de esta apuesta, sin lugar a dudas otras empresas intentarán emularla en el corto plazo para adelantarse a la posible disminución de ganancias que podría acarrear una agenda que propenda a la reducción de las jornadas laborales. Tal como ocurre también con algunas huelgas, la previsibilidad de una mejora en las condiciones de trabajo les lleva a ajustar su curva de beneficios con la flexibilidad administrativa que les brinda la libertad de despedir y modificar la gestión de sus procesos de trabajo intensificando el trabajo realizado por cada empleado.
Por esta misma razón, cualquier proyecto de ley que apunte a generar cambios en la forma de organizar el trabajo (jornada, salarios, funciones) debe asumir como base que el capital tiene un poder mucho mayor que el trabajo para imponer su punto de vista, especialmente en el espacio físico y jurídico de la empresa privada. Solo a partir de esa constatación se comprende la relevancia de los sindicatos que, la mayor parte de las veces, apenas alcanzan a ser garantes de la ley ahí donde el Estado no fiscaliza su aplicación, ya sea por desinterés o incapacidad. De tal modo, mientras no exista un sindicalismo fuerte y bien constituido, cualquier nueva ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta, por muy buenas que sean las intenciones de sus promotores.
Con todo, la demanda levantada por ATCOMER es una buena noticia, así como lo ha sido el proyecto de reducción de la jornada a 40 horas. Independientemente del resultado que tenga su tramitación legislativa en lo inmediato, las luchas de los trabajadores deben tener un punto de partida desde el cual comenzar a avanzar, y un sujeto que se proponga la tarea de ganarlas. Por eso, aunque no se puede asegurar su éxito inmediato, el intento es del todo necesario. Y aunque el resultado sea incierto, el aprendizaje político-sindical que se genera al poner el tiempo libre y la organización de los trabajadores en el centro de la disputa tiene un valor incalculable. Es de esperarse que más temprano que tarde el ejemplo sea imitado por el sindicalismo en otros sectores económicos.
Notas
| ↑1 | Véase Boletines: 14511-13; 14567-13; 14578-13 de la Cámara del Senado de Chile. |
|---|---|
| ↑2 | Alianza conformada por: Sindicato nacional CENCOSUD Supermercados S.A, CONATRACOPS, FENATRAFAR, Sindicato UNILEVER, Federación Nacional de Trabajadores Centro Sur (Walmart), Sindicato Interempresa Lider (SIL), Federación de Casino FENASICAJH, Ramal del Comercio CUT, Federación Ripley (FESER), Sindicato Complementos, Sindicato Starbucks, CONSFETRACOSI, Sindicato Homcenter, Federación Corona, Sindicato SMU (Unimarc), Sindicatos Jumbo, Sindicatos Paris, Sindicato Establecimientos Ripley Mall Marina Arauco, SINRIPLEY, Sindicato Ripley Store SPA, Sindicato Chillán Stores, Sindicato Ripley Los Andes, Federación Nacional de Trabajadores Retail Paris, Unión de Trabajadoras y Trabajadores Supermercadistas Walmart, Sindicato N°1 de Comercial ECCSA Interempresas Holding Ripley y Empresas Relacionadas, y Sindicato nacional de Trabajadores La Polar. |
