por Alejandro Valenzuela Torres
La movilización nacional de ayer jueves 1 de octubre dejó planteada una disputa política que excede largamente la discusión presupuestaria que la originó. Mientras decenas de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales convergieron bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, y mientras en Santiago la Confech calculó en más de veinte mil los asistentes —Carabineros entregó una estimación bastante menor, de seis mil—, el Gobierno desplazó rápidamente una parte importante de su intervención pública hacia los incidentes ocurridos frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Allí, provocadores de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial instalaron una contramanifestación contra el paro, con banderas chilenas y un lienzo que proclamaba que no querían “un Chile paralizado”; posteriormente fueron enfrentados e interpelados por algunos manifestantes encapuchados. El episodio fue condenado también por la propia Confech. El Presidente José Antonio Kast, el subsecretario del Interior Máximo Pavez y el delegado presidencial Germán Codina pusieron especial énfasis en esos hechos, y este último anunció que el Gobierno estudiaría la presentación de una querella.
Hay que establecer aquí una primera precisión. Los protagonistas de aquella insignificante contramanifestación han sido identificados públicamente como militantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial, y existen antecedentes suficientes para presentarlos como un grupo de enemigos de la movilización estudiantil. Existe, una relación histórica bien documentada entre el gremialismo universitario y la Fundación Jaime Guzmán. Una investigación de Radio UC publicada durante las elecciones FEUC de 2025 constató incluso que el Movimiento Gremial utiliza dependencias de la FJG como espacio operativo y recibe apoyo logístico de antiguos gremialistas vinculados a ella. El dato permite situar políticamente al grupo dentro de una tradición y de una red concreta de la extrema derecha universitaria, pero no autoriza a borrar las distinciones orgánicas entre esas organizaciones.
Un incidente no es una movilización
La cuestión políticamente significativa comienza precisamente donde termina la descripción policial del incidente. Que determinadas agresiones puedan ser investigadas individualmente —y eventualmente adquirir relevancia penal según los hechos que se acrediten— es una cosa; convertir ese episodio en la clave interpretativa de una jornada nacional de movilización es otra muy distinta. La primera pertenece al terreno de la determinación concreta de responsabilidades; la segunda pertenece al terreno de la lucha política por definir qué fue el 1 de octubre. El Gobierno ha insistido en el primer plano: Pavez calificó los ataques como “inaceptables”, Codina anunció el estudio de una querella y Kast hizo de la obligación de respetar “al que piensa distinto” uno de los ejes de su reacción pública. La Confech, por su parte, condenó los enfrentamientos frente a la UC, pero simultáneamente denunció que miles de manifestantes habían sido gaseados o alcanzados por los carros policiales durante una marcha que calificó como mayoritariamente pacífica.
De allí que el problema no pueda reducirse al cómodo expediente de escoger entre justificar una agresión o adherir al relato gubernamental. Es posible advertir que la hipertrofia política de ese incidente altera completamente la escala de los acontecimientos. Frente a la Universidad Católica había un grupo numéricamente reducido realizando una contramanifestación; en las calles de Santiago y en numerosas ciudades del país había estudiantes universitarios y secundarios, profesores, organizaciones sindicales y otros movimientos sociales protestando contra la orientación presupuestaria del Ejecutivo. En Santiago, la CUT y el Colegio de Profesores adhirieron a la convocatoria; en regiones hubo actividades desde Arica a Magallanes, pasando por Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia y Osorno. En Valparaíso, por ejemplo, Carabineros cifró posteriormente en unas 1.200 personas una marcha que llegó hasta las cercanías del Congreso; en Los Ángeles participaron organizaciones estudiantiles junto al Colegio de Profesores y trabajadores de Fundación Integra.
Visto desde esa perspectiva, la insistencia gubernamental en responsabilizar políticamente a los convocantes por la conducta de quienes protagonizaron los incidentes adquiere una importancia que va más allá del eventual procedimiento judicial. Pavez llamó expresamente a “quienes convocaron esta marcha” a hacerse cargo de la agresión, pese a que la propia conducción de la Confech la condenó públicamente. Ese desplazamiento —desde la responsabilidad individual de quienes participaron en determinados hechos hacia una interpelación a las organizaciones convocantes— abre una discusión mucho más relevante acerca de los mecanismos mediante los cuales una protesta social puede ser reconstruida discursivamente como un problema de orden público. No es necesario atribuir al Gobierno una conspiración cuya existencia no está demostrada para advertir el efecto político posible de esa operación: el debate sobre financiamiento educativo, organización estudiantil y convergencia social queda sustituido por el debate sobre violencia, responsables y sanciones.
El dato decisivo: estudiantes y trabajadores otra vez juntos
Pero acaso el aspecto históricamente más significativo del jueves se encuentre en otra parte. No puede afirmarse literalmente que los universitarios regresaron a las calles después de diez o quince años de ausencia: desde 2011 han existido numerosos ciclos de protesta estudiantil y durante 2026 la propia Confech había realizado movilizaciones. Lo que sí permite observar el 1 de octubre es una recomposición cualitativamente distinta: una convocatoria nacional encabezada por organizaciones universitarias que consiguió articular estudiantes secundarios, profesores, sindicatos y centrales de trabajadores en torno de una demanda común. Más que el “retorno” de un actor desaparecido, se trata del retorno de una determinada forma política de la movilización estudiantil: aquella que abandona los límites corporativos de la universidad y busca reconocerse como parte de un conflicto social más amplio.
Ese hecho merece atención con independencia de la orientación política de las actuales direcciones estudiantiles. Las presidencias y vocerías de varias federaciones pertenecen a corrientes identificadas con el progresismo institucional y ello condicionará inevitablemente los alcances políticos de su conducción. Pero la historia de los movimientos sociales enseña que la significación de una movilización no se agota en la identidad de quienes encabezan momentáneamente sus organizaciones. Las masas que comienzan a movilizarse producen experiencias, relaciones y contradicciones que pueden desbordar los límites inicialmente trazados por sus direcciones. Desde ese punto de vista, la circunstancia decisiva del 1 de octubre no consiste únicamente en que la Confech haya vuelto a ocupar la Alameda, sino en que haya podido hacerlo junto a trabajadores organizados. El propio dirigente de Conatracops Sergio Fuentes destacó durante la jornada que trabajadores y estudiantes volvían a encontrarse en una misma movilización, mientras la convocatoria había incorporado formalmente a la CUT, al Colegio de Profesores y a diversos sindicatos y organizaciones del sector público.
La imagen contiene una memoria política mucho más antigua que cualquiera de las organizaciones actualmente presentes. La unidad obrero-estudiantil forma parte de una tradición que recorrió buena parte de la historia social chilena del siglo XX: desde las luchas universitarias vinculadas al movimiento popular hasta la Reforma Universitaria, las movilizaciones contra la dictadura y el gran ciclo abierto en 2011. No constituye una garantía de radicalización ni determina anticipadamente la dirección que adquirirá este nuevo proceso; describe, sin embargo, una modificación relevante de las relaciones entre sectores que durante años actuaron de manera fragmentada. Cuando una reivindicación universitaria consigue transformarse en punto de encuentro con organizaciones de trabajadores, deja de ser exclusivamente una cuestión de política educacional y comienza a expresar tensiones sociales de alcance mayor.
Orden público y fragmentación de la calle
Ese fenómeno ayuda también a comprender por qué el desarrollo policial de la jornada debe ser examinado con particular atención. La marcha de Santiago estaba autorizada desde Baquedano hasta Los Héroes, pero las organizaciones denunciaron que el contingente policial impidió en distintos momentos que la columna completara normalmente el recorrido. Radio Universidad de Chile registró intervenciones de carros lanzagua y lanzagases en el sector de Universidad Católica y Santa Lucía; dirigentes estudiantiles denunciaron que los dispositivos policiales dividieron la marcha y reportaron decenas de detenidos. Carabineros entregó posteriormente un balance de 31 detenidos. Otros medios también registraron enfrentamientos entre encapuchados y policías, por lo que las circunstancias precisas de cada intervención no pueden reducirse simplemente a una única versión. Lo indiscutible es que el recorrido originalmente autorizado terminó sometido a sucesivas interrupciones y operaciones policiales a lo largo de la Alameda.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y dirigentes sindicales calificaron aquella actuación como desproporcionada o injustificada; el Gobierno y Carabineros, en cambio, vincularon las intervenciones a incidentes ocurridos durante el desplazamiento. Esa divergencia deberá reconstruirse con registros, horarios y antecedentes concretos. Pero desde el punto de vista político existe un problema anterior: una manifestación autorizada que reúne a miles de personas, que incorpora organizaciones sindicales y que pretende recorrer el principal eje de la capital terminó fragmentada espacialmente mediante dispositivos de control de orden público. Las organizaciones que pretendan mantener y ampliar este ciclo de movilización deberán necesariamente incorporar esa experiencia a sus balances, del mismo modo que tendrán que resolver políticamente cómo impedir que pequeños enfrentamientos laterales terminen proporcionando el encuadre dominante de jornadas protagonizadas por decenas de miles. Esto no debe interpretarse como una condena a la acción de los encapuchados —cuya acción se enmarca en el legítimo derecho a la protesta—sino que por el contrario, en la reivindicación de todo despliegue organizativo orientado a ganar confianza y legitimidad frente a la brutalidad represiva.
Por eso el significado del 1 de octubre difícilmente pueda encontrarse en las imágenes aisladas del frontis de la Universidad Católica. Pero la jornada completa contiene otro proceso de mayor escala: una movilización estudiantil nacional, una importante participación universitaria, la presencia organizada de sectores de trabajadores y una disputa abierta con el Gobierno acerca de los recursos destinados a educación. Reducir todo aquello al episodio de un grupo de contramanifestantes sería perder de vista aquello que verdaderamente merece ser observado: la protesta social chilena está mostrando signos de recomposición y, dentro de ella, el movimiento estudiantil comienza nuevamente a encontrar un lenguaje común con sectores organizados de la clase trabajadora. Si esa convergencia será episódica o se transformará en una tendencia más profunda no puede decidirse todavía. El jueves 1 de octubre, sin embargo, puso nuevamente esa posibilidad sobre la mesa y Kast tiene miedo, mucho miedo a que esta tendencia se desarrolle.
