Radio del Mar
En días en que el presidente Boric nos habla de ir por más democracia y no por menos, da a conocer la Agenda pro Inversión Septiembre 2022 que va en el sentido contrario y nos presenta un panorama ya conocido, muy propio de los gobiernos anteriores.
Por Karen Ardiles – Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
20 de septiembre de 2022
La Agenda, a modo de contextualización, presenta el complejo escenario económico que estamos viviendo y su agudización para el próximo año, anticipando una transición hacia una economía verde con equilibrios con el medio ambiente para ir por más crecimiento e innovación para hacer frente a este panorama.
Sin embargo, al analizar los diferentes capítulos, vemos que los equilibrios con el medio ambiente se quedan en los términos rimbombantes pues, por ejemplo, en el punto sobre Rebaja de tasa ad-Valorem para proyectos nuevos y de expansión en minería, señala que se incentivarán los nuevos proyectos y los proyectos de expansión de yacimientos, sin hacer mención alguna respecto de los impactos socioambientales de la minería, que tampoco son considerados a la hora de otorgar la concesión minera bajo el modelo de garantía constitucional vigente.
En el capítulo sobre mejoras a la eficacia de los procedimiento en regulaciones y permisos, luego de diagnosticar los problemas que significa el otorgamiento de permisos sectoriales dando gran énfasis a los proyectos de descarbonización de la matriz energética y la transición socio-ecológica -sin dar ningún marco respecto para quién o por qué una transición- vuelve a plantear la misma medida de Piñera en 2018: la conocida Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS),[1] con los mismos argumentos sobre paralización o estancamiento de proyectos de inversión sin -nuevamente- advertir que los proyectos no se estancan porque sí, sino porque de hecho no se ajustan a las normas sobre la materia, teniendo a la vista que el estándar en el país no es el más alto.
Se insiste en reducir tiempos y simplificar procesos de tramitación, de dar dotación temporal y permanente de funcionarios, de adecuaciones normativas y reducción mínima en un 25% en los tiempos de tramitación como meta, pero no vemos la democracia que señala el Presidente cuando dentro de los criterios no hay nada relativo a participación ciudadana, de cómo mejorar las herramientas en materia de democracia ambiental, en términos de acceso a la información o tiempos adecuados para garantizar la participación. Se insiste en volver predecible y dar certeza jurídica el sistema de evaluación de proyectos de inversión, una visión ad hoc a las empresas, pero dónde queda la certeza jurídica para las comunidades, cómo se vive dignamente con la amenaza constante de que se instale un proyecto eólico en el patio de tu casa o se siga disponiendo de las aguas sin considerar el grave escenario de crisis hídrica y ecológica en que vivimos.
Bajar el estándar ambiental o reducir los tiempos evadiendo la participación ciudadana va en directa afectación de los derechos humanos sociales y ambientales de las comunidades que quedan sin herramientas en defensa de sus territorios y de la Naturaleza. Elemento contradictorio en la línea de la firma del Acuerdo de Escazú hace tres meses.
Así también, el presidente nos ha hablado de descentralización y transferencia de herramientas para las regiones, pero la Agenda olvida aquello al buscar intervenir con esta Oficina de Grandes Proyectos o la creación de nueva institucional con comisiones de expertos y expertas, tomando las decisiones desde el poder central sin la debida consideración de las regiones. En vez de robustecer los órganos con competencias que no dan abasto y entender las válidas diferencias de este país diverso, la medida va en la línea de los gremios como CChC y SOFOFA, tal como relatan.
Finalmente, y siguiendo con lo sectorial, al señalar las alianzas público-privadas se señalan cuatro rubros, al dar luces sobre energía, transporte y minería todas giran la potencialidad de las energías limpias y el hidrógeno verde, tal como Piñera, [2] pero sin considerar los impactos de estas que no por verdes o limpias están libres de impactos socioambientales, ni del grotesco avance que están teniendo en el país, menos de los impactos sinérgicos de tanto proyecto de inversión.
Vemos que el actual gobierno sostiene y profundiza las mismas políticas de Piñera. En tiempos en donde la crisis económica se agudiza, seguir sacrificando las comunidades y territorios no es la vía, nuestros derechos -que ya están reducidos y siendo vulnerados en el contexto actual- no debieran ser la moneda de cambio. Adoptar medidas económicas que se ajusten a los intereses empresariales no es más democracia.
Karen Ardiles
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
OLCA
[1] Disponible en: https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=74712
[2] Disponible en: https://energia.gob.cl/
