ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE
Coordinación Política Nacional. Santiago, 19 de octubre de 2019.
Al pueblo de Chile La simpleza y liviandad con que el Gobierno y sectores que lo apoyan, han tratado de delincuentes y violentos a estudiantes adolescentes, jóvenes y trabajadores, así como defender la legalidad del “estado de derecho” para cuestionar las expresiones de desobediencia civil que se están desarrollando esta semana, motivados coyunturalmente por las alzas de pasajes del metro, muestra una vez más que los intereses de las clases sociales dominantes y las oligarquías que administran el estado, siempre han gobernado para intereses minoritarios y cada vez más alejados de las necesidades de los Pueblos de este País.
La constitución y la legalidad vigente tributan a esos intereses. Coherente con ello, el gobierno responde poniendo los derechos de propiedades y bienes públicos sobre la vida digna de las personas, desconociendo las raíces profundas que motivan las protestas sociales.
Validar las “protestas pacíficas y criticar la violentas”, como primer acto para sentirse con permiso de emitir una opinión política ética, es aceptar la finalidad ideológica del aparataje comunicacional que busca centrar el problema en las formas y no en el fondo, para validar crecientes y sofisticadas políticas de represión. Por el contrario, la condición ética fundamental y los requisitos éticos de un “buen gobierno” y de un “buen estado” es establecer y favorecer mecanismos de participación democrática como condición basal para la resolución pacífica de los conflictos sociales.
Sin embargo, los hechos demuestran una vez más lo que es una constatación histórica: las administraciones del Estado Chileno se sienten más cómodas ejerciendo sobre la ciudadanía una institucionalidad intrínsecamente violenta, la cual ha utilizado en muchos pasajes de la “vida republicana”, para detener las legítimas demandas sociales y/o políticas por la vía de la represión y la muerte.
El alza del pasaje del metro, no es una particularidad, sino la suma de una serie de políticas económicas funcionales al modelo y siendo esta protesta social la de mayor impacto, no es tampoco la primera. Tampoco la respuesta represiva a las manifestaciones públicas es la primera. Lo ejemplifican las políticas de pensiones, de salud, de educación, de los conflictos étnicos, de las políticas de recurso naturales, de la privatización de las aguas, de las políticas medioambientales y sus efectos sobre varias comunidades humanos y biológicas en general, etc.
Despojado el pueblo, desde la dictadura hasta ahora, de los derechos de ejercer la democracia y de participar de las decisiones políticas, a la vez que sometido a una vida de precariedades humanas y económicas, expresa su desobediencia en la protesta pública.
Superadas las fuerzas policiales, el estado promulga un estado de excepción cuya finalidad es el uso de la violencia represiva para atemorizar y subyugar el descontento social, para seguir sosteniendo un modelo económico que ha intensificado las desigualdades sociales, se ha apropiado del trabajo de las personas, depredado el medio ambiente y limitado el ejercicio de la soberanía nacional entregado los recursos naturales a intereses económicos particulares y supranacionales.
Al amplio listado de reclamos sociales hacen evidente que la finalidad política de dictadura y de los posteriores gobiernos, no ha estado centrada en buen vivir de las personas, sino en sostener y profundizar material e ideológicamente un paradigma económico desarrollista donde el progreso se mide por la capacidad de la sobre-explotación de los recursos de la tierra y la apropiación del trabajo humano.
Frente a la imposibilidad ideológica fundacional de la actual institucionalidad y la falta de voluntad de las estructuras y organizaciones políticas, para realizar cambios profundos en las estructuras del estado, el pueblo está expresando que no puede seguir esperando y usa los únicos recursos políticos que le quedan, la protesta pública, la exposición del cuerpo y la reconstrucción de la solidaridad.
Confiamos que en este camino, el pueblo de Chile, destinatario de este mensaje, encontrará las formas adecuadas de organización política que permitan construir un nuevo contrato social, concretizada en una nueva carta constitucional, incluyente de los diferentes pueblos, de las diferentes realidades territoriales y de las múltiples formas en que puede desarrollar una buena vida, donde se reconozca explícitamente que la materialidad otorgada por medio ambiente, es la condición basal de la felicidad humana y que por tanto, no puede seguir estando apropiada por oligarquías económicas y políticas.
Coordinación Nacional Izquierda Cristiana de Chile
