Editorial de La Jornada, domingo, 25 de octubre de 2026
El viernes, dos soldados israelíes fueron asesinados y tres resultaron
heridos cuando patrullaban la ciudad de Hebrón, parte del territorio
palestino de Cisjordania ocupado de manera ilegal por Israel desde 1967.
Los dos presuntos atacantes fueron abatidos en el lugar. Tel Aviv no
realizó ninguna investigación antes de usar el ataque como pretexto
para recrudecer sus operaciones de limpieza étnica en toda
Cisjordania: todos los habitantes del barrio donde ocurrieron los
hechos fueron obligados a huir y el ejército de ocupación comenzó la
demolición de edificios sin ninguna relación con el atentado, una
forma de castigo colectivo codificada como crimen de guerra y llevada
a cabo por Israel con total impunidad. Decenas de palestinos fueron
secuestrados por los invasores y la ciudad entera fue sitiada.
El primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional,
Benjamin Netanyahu, se apresuró a visitar el área, donde prometió
lanzar una operación sobre Cisjordania a una escala que no se ha visto
desde la Guerra de los Seis Días “en el momento en que determinemos”.
Asimismo, afirmó que los invasores destruirán los hogares de los
palestinos –a los que se refirió como “infraestructura terrorista”– y
construirán más de 100 nuevos asentamientos y más de 100 granjas. Las
granjas no tienen un propósito productivo, son un mecanismo para
arrebatar mayores extensiones de tierra a los palestinos. Fuentes del
ejército colonial confirmaron que el objetivo es desplazar a los
árabes y dejar que los colonos se expandan libremente.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sostuvo que Israel actuará
para destruir Cisjordania, dejando claro el “precio muy alto” de
defenderse de la ocupación. Subrayó que los visto ayer es “apenas el comienzo”.
Las declaraciones de los gobernantes mencionados y de sus colegas en
la clase política israelí sólo pueden leerse como la intención de
elevar las operaciones genocidas en Cisjordania a la misma escala de
terror alcanzada en Gaza. La referencia a la Guerra de los Seis Días
resulta en particular ominosa.
Dicho conflicto, ocurrido entre el 5 y el 10 de junio de 1967, fue
provocado por Israel con el designio de apoderarse de los territorios
de Cisjordania, Jerusalén Este, la franja de Gaza, los Altos del Golán
y la península del Sinaí. Con excepción de esta última, devuelta a
Egipto en 1982, mantiene un régimen colonial sobre el resto.
Como ha hecho durante toda su historia, Tel Aviv aseguró que se trató
de un acto de defensa propia ante un inminente asalto de sus vecinos,
pero el peligro nunca existió.
Menájem Beguín (ministro sin cartera en ese momento y posterior primer
ministro) admitió: “las concentraciones de tropas egipcias en los
accesos del Sinaí no probaban que el presidente Gamal Abdel Nasser
estuviera realmente a punto de atacarnos. Debemos ser honestos con
nosotros mismos. Nosotros decidimos atacarlo”.
Isaac Rabin (jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas israelíes en
1967) reconoció: “No creo que Nasser quisiera la guerra. Las dos
divisiones que envió al Sinaí el 14 de mayo no habrían sido
suficientes para lanzar una ofensiva contra Israel. Él lo sabía y
nosotros lo sabíamos”.
Además, los sucesos deben enmarcarse en una siniestra tradición
política israelí: asesinar palestinos en las vísperas de elecciones políticas.
Con los comicios a sólo tres días y una acuciante necesidad de evitar
la derrota para alejar la rendición de cuentas por sus actos de
corrupción y su sospechoso manejo de los informes sobre el ataque del
7 de octubre de 2023, es evidente que Netanyahu explota la violencia
con fines propagandísticos, sin reparar en el costo humano de su uso
político de la guerra.
