Editorial de La Jornada, sábado, 11 de mayo de 2024
Con una abrumadora mayoría de 143 votos a favor, nueve en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exhorta a incorporar de manera plena a Palestina como Estado miembro del organismo. La incorporación sólo puede ratificarla el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ejerce sistemáticamente su poder de veto en contra de toda iniciativa para proteger al pueblo palestino de la ocupación y el genocidio perpetrados por Israel, pero el consenso alcanzado ayer le permitirá a Palestina participar plenamente en los debates, proponer temas de la agenda y elegir a sus representantes en los comités. Además de Washington y Tel Aviv, se opusieron Hungría, República Checa, Micronesia, Naurú, Papúa Nueva Guinea y Argentina. México votó a favor y reiteró su compromiso con la paz y la solución de dos Estados, tal como lo exigen la comunidad y el derecho internacional desde hace casi seis décadas.
La votación muestra el creciente aislamiento del régimen de Benjamin Netanyahu conforme se vuelve más y más difícil incluso para los más incondicionales entusiastas de Israel negar que lo que las tropas de ese país llevan a cabo en Gaza no tiene nada que ver con el intento de erradicar al grupo armado Hamas, sino que constituye una limpieza étnica en la que cada minuto se cometen crímenes contra la humanidad.
El gesto con que el embajador de Tel Aviv ante la ONU, Gilad Erdan, respondió a la derrota diplomática resumió la actitud de los sucesivos gobiernos israelíes ante los derechos humanos: al tomar una copia de la Carta de las Naciones Unidas y destruirla con una trituradora de papel, Erdan recordó al mundo que su país es una potencia colonial motivada por un racismo sistémico, a la que nada le importan las vidas humanas, la resolución pacífica de las diferencias, ni los acuerdos y marcos legales que hacen viable la coexistencia de las naciones.
El sentido del sufragio de Washington fue una nueva exhibición de los malabares imposibles que practica el gobierno de Joe Biden para tratar de salvar la cara como defensor de los derechos humanos al mismo tiempo que mantiene intacta su complicidad con Tel Aviv. Mientrasl las fuerzas armadas israelíes atacan de manera inmisericorde el último reducto donde se apiñan un millón 400 mil gazatíes, ashington sostiene el absurdo de que la solución de dos estados requiere el visto bueno de los genocidas. El 8 de mayo Biden afirmó que no suministrará a Israel armas ofensivas que pueda utilizar para arrasar Rafah, y el día 10 su gobierno dijo que no puede condenar las violaciones al derecho humanitario internacional consumadas por Tel Aviv debido a que no fue posible por el momento vincular armas estadunidenses específicas a ataques individuales por parte de las fuerzas israelíes. La administración demócrata viene a decir que si no se puede identificar el número de serie de la bomba que asesinó a mujeres, niños y ancianos, no se puede afirmar que ocurrió una masacre.
En medio de la tragedia, cabe lamentar también la intrascendencia y la abyección a la que ha sido arrastrada Argentina bajo el mandato de Javier Milei. Al colocarse entre el pequeño coro de neofascistas y estados satélites que se alinean con Washington incluso en las causas más vergonzantes, el ultraderechista lastima las perspectivas de paz, pero ante todo mina la soberanía de su propio país.
La votación de ayer fue sin duda un paso positivo para la protección de las vidas palestinas, pero queda claro que el genocidio israelí proseguirá en tanto el rechazo simbólico y diplomático a sus crímenes no se traduzca en un cierre total del flujo de armamento y en sanciones que le impidan abastecer su maquinaria de muerte.
