“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluido los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.
Artículo 14: Convención Contra la Tortura.
El 23 y 24 de este mes se realizó en la ciudad de Coquimbo, el “II Encuentro Nacional de ex Prisioneras y Prisioneros Políticos”, con la asistencia de organizaciones desde Arica a Puerteo Montt, que pertenecen a la Mesa Nacional Unitaria, de Sobrevivientes de Prisión Política y Tortura.
La tortura, es una deuda no reparada por el Estado, cuyo trauma siempre acompañará a las víctimas. El Estado, adolece de políticas públicas realmente reparativas. No reconoce al sujeto social, que ha sido víctima directa de la tortura, del trauma y el daño social.
Los ex prisioneros y prisioneras políticas, requieren de una reparación social e integral, ya que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La definición que hace Naciones Unidas de reparación: “Son todas aquellas acciones que son fruto de recomendaciones, políticas sociales, medidas y leyes orientadas a la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción de garantías de no repetición a familiares y sobrevivientes” (ONU, 2005).
El petitorio histórico de las organizaciones, comprende abolir los 50 años de silencio e impunidad, sobre las torturas y crímenes de la dictadura. Calificación permanente de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Que no exista incompatibilidad, entre exonerados y prisioneros, en lo reparativo.
Exigen, que en el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS), se instruya la formación y habilitación de un “Concejo Resolutivo”, donde participen con voz y voto, familiares y víctimas usuarias de salud.
Además de la homologación de las reparaciones, como fue propuesto por la Comisión Valech a todas las víctimas de la dictadura, respetando normativa de los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile.
Sobre las actuales violaciones a los Derechos Humanos, cometidos por agentes del Estado, exigen la liberación de los prisioneros y prisioneras políticas y proponen la formación de una “Comisión de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación”, con participación de Académicos, Profesionales, Investigadores, Organizaciones de Derechos Humanos y protagonistas de las comunidades, incorporando los presos y presas políticas del Wallmapu y reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad de nuestros pueblos.
En relación a América Latina y El Caribe, proponen el respeto a los derechos humanos, priorizar la solidaridad, la soberanía, la autonomía y la autoadministración de los pueblos, enfrentar la dictadura comunicacional de los consorcios económicos, la libertad de las presas y presos políticos, terminar con los golpes para-judiciales.
Condenar en todas sus formas, las agresiones, sabotajes e injerencias imperiales contra los pueblos que buscan incorporar la dignidad y gobernanza social. Solo con la unidad de la patria grande, construiremos una sociedad libre y justa.
Se promoverá la unificación de las organizaciones reales, de los ex prisioneros y prisioneras políticos y se difundirá la propuesta entregada a la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.
Se apreció un gran espíritu unitario, para que no se siga discriminando a las víctimas de la dictadura, como ha ocurrido en el periodo neoliberal. Finalizó con una marcha y un acto social cultural, en la plaza de Coquimbo, con la presencia del alcalde, concejales y Cores de la zona.
RICARDO KLAPP SANTA CRUZ
