Juan Carlos Gómez Leyton
Dr. en Ciencias Sociales y Política
Director Académico CIPPSAL
A la memoria de Adela Coria,
académica, educadora y luchadora social
(Córdoba, 1959-2022)
Hace 21 años atrás estando en Ciudad México concluyendo mi doctorado en Ciencias Sociales y Política por la FLACSO-México escribí un artículo referido a los 20 años de la Constitución Política de 1980, texto que fue difundido con distintos títulos en algunos medios de la prensa nacional, por cierto que no fueron los dominantes, sino en medios de prensa alternativos y, especialmente, medios digitales, tales como el Diario de la Sociedad Civil; Primera Línea, diario dirigía Juan Pablo Cárdenas, editado por la joven periodista Yasna Lewin; y circuló impreso en la Revista Punto Final, bajo la dirección de Manuel Cabieses. Los dos primeros ya no están en circulación, desaparecieron hace más de una década, mientras que la Revista Punto Final, dejó de circular en papel, para transformarse en página digital, sostenida hasta hoy, por vigorosas, lucidas y combativas columnas de análisis político de su histórico director. Más tarde, en el año 2010, el artículo fue incluido en mi libro Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010, editado por la Editorial ARCIS-CLACSO.
El titulo inicial con el cual fue publicado en Primera Línea era: Un (in)feliz Cumpleaños de una espuria Constitución”. Mientras que el editor de Punto Final, lo titulo: Todavía en Chile rige la “manu militari”: 20 años soportando una constitución ilegítima.
Justamente, lo que buscamos con dicho artículo era denunciar y develar para las nuevas generaciones el carácter ilegitimo de una Constitución impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet como por el kapital nacional como internacional con el objeto de entronizar sobre los pueblos de Chile la dominación y hegemonía del capitalismo neoliberal. Y, también explicar por qué de la vigencia y continuidad de ella.
Gruesamente, sostuvimos que la CP80, se había mantenido por dos décadas, fundamentalmente, porque la oposición política, autonombrada como Democrática, se había refugiado y amparado en la institucionalidad pinochetista y autoritaria para protegerse de la insurgencia popular y, especialmente, de su potencia armada demostrada en activas y violentas protestas nacionales desde 1983 en adelante y del intento de magnicidio del dictador, en septiembre de 1986.
A pesar del fracaso del atentado a Pinochet, las fuerzas políticas opositoras que convergían en la Alianza Democrática, liderada por la Democracia Cristiana, el Bloque Socialista, liderado por los Socialistas (renovados) e incluso algunos sectores del Movimiento Democrático Popular (MDP) como los sectores socialistas Almeydas, hicieron suya la tesis de Patricio Aylwin propuesta en 1984 que sostenía que había que aceptar la CP80 y dejar de discutir su legitimidad. Lo cual en otras palabras significaba asumir o someterse al itinerario político-institucional establecido en la espuria CP80. Ello implica desechar la movilización social y la protesta política, “abandonar las barricadas” fue el texto que los socialistas Núñez y Brunner hicieron circular en los meses posteriores a septiembre de 1986, en pleno Estado de Sitio.
Pero no solo se llamo a “abandonar las barricadas”, sino también en palabras del expresidente Patricio Aylwin y un activo promotor y defensor del golpe militar en contra del Gobierno Popular de Salvador Allende, quien sostuvo en 1985 “en las actuales circunstancias no resulta viable la proposición de convocar a una Asamblea para generar una nueva Constitución”. Palabras refrendadas, años más tarde, por unos de los constructores de la “transición chilena” el democratacristiano E. Boeninger (ex Ministro de Estado, del gobierno de Patricio Aylwin y exsenador Designado), de que había que desechar la idea de realizar una Asamblea Constituyente, pues había que evitarle a la sociedad chilena “la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente”. Las razones que adujo el exrector de la Universidad de Chile fueron la “falta de consenso político”, la “falta de mayoría parlamentaria”, el peligro de ingresar a un clima “confrontacional e inestabilidad política”.
Una de las consecuencias no deseada del fracasado atentado fue abrir la estructura de oportunidades políticas para que los sectores procapitalistas de la oposición liberal democrática (Alianza Democrática y Socialistas Renovados) se refugiaran en la CP80 camino que más tarde mayoritariamente también seguirían los conglomerados políticos que se organizaban en el MDP.
El camino para que la CP80 no solo durara 20 años sino 42 años fue construido y proyectado tanto por la derecha autoritaria como por los sectores democráticos liberales y sociales que, desde finales de la década de los ochenta del siglo XX, venían experimentando un viraje ideológico y político de aceptación del capitalismo neoliberal.
La demanda que los tres conglomerados políticos a que hemos hecho referencia realizaron al momento de emerger al calor de las primeras protestas nacionales de 1983, de convocar una Asamblea Constituyente para reemplazar la espuria CP80 fue olvidada completamente.
A pesar de que el expresidente Ricardo Lagos, en febrero del año 2001declaró al semanario alemán de Spiegel “la transición a la democracia llegaría a su fin solo y cuando el país tuviera una nueva Constitución”.
Si seguimos el razonamiento político del expresidente, Chile ha batido un récord histórico y político: lleva 32 años en “transición”. Pues, la CP80 sigue vigente. Aunque el propio Ricardo Lagos realizó una reforma constitucional parcial y puntual en el año 2005. Esta fue acordada y pacta con la derecha, sin convocar a una Asamblea Constituyente, para esos efectos.
En su estilo de “rey sol”, Lagos declarara en una barroca ceremonia el 17 de septiembre de ese año, que por fin Chile contaba, desde ese momento, con “una Constitución Democrática acorde con el espíritu de Chile”. Según el expresidente “el pueblo de Chile” tenía, por fin, una Constitución Política, que no nos dividía y, por eso, “teníamos razones para celebrar”, y, “nos reunimos para celebrar, celebrar solemnemente el reencuentro de Chile con su historia”.
Exacto tenía razón Lagos con esas palabras se unía a la larga lista de gobernantes nacionales que desde 1830 en adelante han despreciado y postergado de las grandes decisiones nacionales al pueblo y han usurpado su soberanía de manera autoritaria, denigratoria y excluyente. Desde Portales, pasando por Alessandri Palma, Aylwin, Lagos y Piñera, excluyendo, por cierto, al presidente Salvador Allende, todos los presidentes de la República de Chile, han considerado que el pueblo no tiene las virtudes republicanas ni los conocimientos, ni las destrezas, ni las competencias ni los saberes para ejercer el poder constituyente. O sea, el reencuentro con la historia de Chile, con la historia autoritaria y excluyente. Lagos se reencontraba con el “alma autoritaria” de la clase dominante y de su clase política.
Durante 190 años las elites del poder y en el poder le han usurpado y expropiado el poder constituyente al pueblo, a las y los ciudadanos, solo el miedo y el terror que acoso a la clase dominante y a la clase política ante el levantamiento popular de octubre de 2019, estuvieron dispuestos como una forma de evitar el derrumbe de su dominación, a sacrificar la CP80/2005.
Acordaron, por cierto, no convocar a una Asamblea Constituyente dónde la ciudadanía ejerciera de manera directa y sin intermediarios el poder constituyente, solo le entregaron un poder limitado y controlado, el poder constitucional. A través de una Convención Constitucional la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos, de manera paritaria, con la presencia de representantes de los pueblos originarios y sectores independientes variopintos se encargaran de elaborar y redactar una Nueva Constitución Política para Chile.
Luego de un año trabajo, especialmente, de 117 convencionalista, con la resuelta oposición desleal, obstruccionista, discriminadora, racista y patriarcal de la mayoría de las y los 37 convencionalista de la derecha, han redactado y elaborado una NCP, que hoy 4 de julio entregaran al Presidente de la República Gabriel Boric, quien deberá convocar a un plebiscito para que sea el pueblo, la ciudadanía toda, la Apruebe o la Rechace el próximo 4 de septiembre. Por primera vez, luego de 42 años de vigencia de la CP80 impuesta a sangre y fuego por el peor dictador de la historia política de Chile y de América Latina, se tendrá la posibilidad de derogarla. Por eso el 4 de septiembre los pueblos de Chile tienen la gran oportunidad histórica de enterrar la peor pesadilla institucional que la sociedad ha tenido en toda su historia independiente. Y, abrir nuevos caminos históricos para la sociedad chilena.
De allí que considero que, a pesar de todos los errores, limitaciones, ausencias y otras tantas falencias que puede contener la NCP, hay que valorar sus virtudes políticas, pues son ética y moralmente superior en muchas dimensiones a la CP80/2005. Constitución que ha servido para devastar a la vida humana como a la naturaleza durante 42 años.
Por cierto, la NPC, no es un texto que proponga el fin de capitalismo, ni la explotación humana ni de la naturaleza, pero, establece un conjunto de derechos sociales para los humanos y el reconocimiento de los derechos de los animales y de la naturaleza, nunca considerados por la elite de poder ni por los técnicos constitucionales; la nueva constitución entrega reconocimiento a los pueblos originarios y su cultura; etcétera.
En síntesis, el texto elaborado es inmensamente superior a todas la Constituciones de 1833, 1925 y 1980, porque fue elaborado por las y los representantes de los pueblos de Chile. Por cierto, faltan muchas cosas. Pero, puede y debe ser considerado como una plataforma político-institucional para luchas sociales y políticas futuras.
Cabe señalar que desde que escribí el texto que hice referencia más arriba vengo estudiando los procesos constituyentes de Nuestra América y la mayor conclusión que he arribado es que ningún cambio radical de las estructuras del poder dominante se modifican por la acción de una Constitución Política sin que peviamente haya acontecido una revolución social.
Lamentablemente, en Chile esa revolución no ha acontecido como tampoco la fuerza social y potencia popular ha destituido al poder constituido como fueron los casos de Bolivia y de Ecuador, para nombrar dos de los casos más representativos de esas situaciones. Y, a pesar, de las nuevas constituciones que las y los ciudadanos se otorgaron el capitalismo sigue allí presente.
Por lo tanto, en Chile la revuelta popular de 2019 tuvo la potencia suficiente de agrietar la dominación y la hegemonía neoliberal abriéndole un boquete de tal magnitud que hoy al cabo de dos años se está entregando al poder constituido una nueva constitución política. Esta entrega tiene a los sectores dominantes desesperados y nerviosos pues nunca habían tenido que aceptar lo que los subordinados han propuesto como estructura político-institucional.
Están exasperados e irritados, por eso inventan, tergiversan, mienten y utilizan todo su poder infraestructural para desacreditar la labor realizada por los 117 convencionalistas, buscaran todas las formas posibles para impedir que la CP80/2005 deje de operar a su favor como lo ha hecho durante los últimos 42 años.
Efectivamente, la estructura de la dominación del capitalismo neoliberal no fue modificado sustantivamente y hay una continuidad de formas económicas y sociales, eso no se puede negar, pero, tampoco se puede sostener que la forma capitalista neoliberal sale fortalecida de este proceso constitucional la hegemonía capitalista está golpeado y trizada, pero no derrumbada, por ello la lucha social y política por una sociedad más justa e igualitaria no concluye hoy 4 de julio ni tampoco el 4 de septiembre, el camino hacia otra sociedad es largo, serpenteante y tortuoso. Nuevas tareas políticas tienen tanto el movimiento social y popular como sus organizaciones políticas.
Producto del antidemocrático quorum de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales instalado por los poderes constituidos el 15 de noviembre 2019, un manto de ilegitimidad cae sobre la Convención Constitucional. Por cierto, no se puede desconocer que, sin esa regla, tal vez, tendríamos otra constitución política. Pero, considero que no es un criterio político válido para restarle legitimidad democrática a la labor realizada por la Convención Constitucional, sino un punto de arranque para luchar social y políticamente para reforzar la legitimidad democrática la nueva Constitución Política. Ella debe ser instalada y promulgada por nuevas autoridades políticas. De ahí que hoy puede ser un gran día para que el movimiento popular y ciudadano presione a los poderes constituidos por de elecciones generales. Esa es una tarea política democrática.
La historia la siguen escribiendo los pueblos en lucha. Hoy concluye una fase. Y, estamos desde ya abriendo otra. Pero, tengo la certeza que será muy diferente en un escenario político con la nueva Constitución que de mantenerse la espuria y criminal CP80/2005.
El pueblo, la plebe, la clase trabajadora, los sectores subordinados que han sufrido a lo largo de varias generaciones la existencia de la CP80, sabrá que hacer el 4 de septiembre.
San Joaquín, 04/07/2022
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Juan Carlos Gómez Leyton Dr. en Ciencias Sociales y Política. Director Académico CIPPSAL
