La Justicia hondureña suspendió el proceso contra David Castillo, acusado de ordenar el asesinato de la referente indígena y ambientalista en 2016. Aunque su defensa recusó a los magistrados a cargo, las pruebas de la acusación lo implican a él y a miembros de una de las familias más poderosas del país.
Edy Tábora *
Brecha, 30-4-2021
El juicio contra David Castillo, oficial de inteligencia militar y empresario acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres, comenzó el 5 de abril de 2021. Fue suspendido dos días más tarde, luego de las nuevas pruebas presentadas por la acusación privada, que representan avances importantes para establecer la responsabilidad penal de los autores intelectuales del crimen.
En el momento del asesinato, el 2 de marzo de 2016, Castillo era el presidente del consejo de administración y el gerente general de Desarrollos Enérgeticos SA (DESA), una estructura criminal disfrazada de empresa que ha utilizado mecanismos de violencia, corrupción e impunidad para hacer avanzar su proyecto económico. DESA usurpó territorios indígenas lencas –a través de la corrupción y el otorgamiento de licencias de manera ilegal– para construir una hidroeléctrica y defraudar al Estado en millones de dólares mediante un acuerdo de compra de energía negociado también ilegalmente. Además, implementó acciones para criminalizar a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) –la organización que Cáceres cofundó y dirigía en el momento de su asesinato– y empleó violencia, amenazas e intimidaciones que culminaron con el asesinato de la activista.
Desde abril de 2013, Cáceres lideró una exitosa campaña para detener el proyecto hidroeléctrico junto con los miembros organizados del Copinh de Río Blanco, que forman parte de las comunidades directamente afectadas. Con la financiación internacional en peligro y la empresa constructora retirándose debido a las denuncias que hicieron, en 2016 los ejecutivos de DESA decidieron que era el momento de detenerla. Castillo fue capturado hace tres años por su rol en el asesinato, pero, hasta ahora, el resto de los ejecutivos de DESA –miembros de la poderosa familia Atala Zablah– han permanecido impunes en los procesos judiciales. Con la condena, en noviembre de 2018, de otros miembros de la estructura criminal, incluidos cuatro sicarios, un militar activo de rango mayor y dos trabajadores de DESA, el Tribunal de Sentencia reconoció que los directivos de DESA conocían y consintieron el plan de asesinato (véase «Pedazos de justicia», Brecha, 7-XII-18). Sin embargo, ninguno ha sido ni siquiera interrogado en el proceso actual. Ahora el alcance de su participación es aún más claro para la Justicia.
En el expediente judicial se incluyen miles de páginas de datos de telecomunicaciones, entre otros medios de prueba, que evidencian que Castillo coordinaba con los sicarios ya condenados para llevar a cabo el plan de asesinato mientras se desempeñaba como subordinado de los ejecutivos de la empresa. La nueva prueba vincula claramente a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con un pago que coincidiría con la entrega de dinero de Castillo al ya condenado Douglas Bustillo, exgerente de seguridad de DESA.
La preparación del asesinato
Aunque DESA es la cara pública del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al menos dos empresas más –registradas en Panamá y Honduras, y controladas por los Atala y Castillo– tuvieron que ver con el proyecto. Según la nueva prueba, Atala Midence autorizó e hizo un pago de la empresa Concretos del Caribe (Concasa) a la empresa Potencia y Energía de Mesoamérica SA (PEMSA) dos días antes del asesinato de Cáceres por un monto de 1.254.000 dólares, correspondiente a un pago posterior hecho al grupo sicarial.
Concasa fue constituida como empresa en Honduras por Castillo y un socio pocos meses después de la creación de DESA, en 2009. A finales de 2015, dos meses antes del asesinato de Cáceres, Castillo, como presidente de la junta directiva y representante legal de la empresa, otorgó el poder general de la administración de Concasa a Atala Medince, lo que, presumiblemente, le habría permitido autorizar y hacer transacciones financieras desde ese momento. Además de su papel en Concasa, Atala Midence era el director financiero de DESA en el momento del crimen. El documento bancario propuesto como evidencia muestra que utilizó su correo electrónico de trabajo de DESA para hacer la transferencia de Concasa a PEMSA. Todavía no se ha aclarado públicamente de dónde proceden los fondos de Concasa para hacer la importante transferencia. PEMSA es una empresa constituida en Panamá que Castillo presidía en el momento del crimen. Desde la reunión de accionistas de DESA en noviembre de 2011, PEMSA ha sido una accionista minoritaria de esta empresa. La transacción internacional entre Concasa/Atala Midence y DESA/Castillo se hizo a través del banco Bac Credomatic, presidido por Jacobo Atala Zablah, miembro de la junta directiva de DESA.
El juicio de 2018 demostró que el gerente socioambiental de DESA, Sergio Rodríguez, dejó de ser pagado por DESA en 2016, el año del asesinato, pero seguía siendo pagado por PEMSA y Concasa, incluso después de haber sido capturado por el asesinato de Cáceres. Los límites entre estas tres empresas podrían haberse difuminado para limitar la responsabilidad de cada una. Hasta ahora, el Estado de Honduras no ha hecho ninguna investigación relacionada con la posible naturaleza criminal de estas compañías ni con quienes las conforman. La nueva evidencia demuestra que la transferencia bancaria de Atala Midence a Castillo se hizo después de un atentado abortado contra Cáceres entre el 5 y el 6 de febrero. En ese momento, un sicario solitario informó a su superior –un oficial militar activo que coordinaba directamente con Bustillo– que no pudo llevar a cabo el asesinato por falta de recursos. Dijo que necesitaba un arma, un carro y otras personas con las que trabajar. En la preparación del asesinato, menos de un mes después, Bustillo se comunicó con Castillo para expresarle: «Necesito lo que va a presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos».
Castillo se reunió con Bustillo el 1 de marzo para darle lo que en sus chats llamaban un préstamo. El día siguiente, el grupo sicarial, que Bustillo coordinaba a distancia, se desplazó de la zona norte de Honduras a la ciudad de La Esperanza para asesinar a Cáceres. En las horas posteriores se registró el movimiento de Bustillo desde la zona central –donde, presuntamente, se había reunido con Castillo el día anterior para recibir los fondos– hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde las antenas telefónicas evidencian una posible reunión con el sicario y militar –condenado también en 2018– Henry Hernández. Esa reunión es señalada por el Ministerio Público como el momento en que se pagó al grupo sicarial por el asesinato.
El socio
Más de 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de texto, GPS y correos incautados de los teléfonos celulares de los involucrados, que forman parte del proceso penal, dan cuenta del vínculo entre la familia Atala Zablah y sus empleados. La acusación privada sostiene que Castillo fue parte de la estructura criminal que llevó a cabo las acciones para perseguir, atacar y, finalmente, matar a Cáceres. Esto incluyó la participación de sicarios, empleados y ejecutivos de DESA. Esta nueva prueba fortalece una línea de conexión ya establecida entre la autoría intelectual y la ejecución del asesinato a través de la instrumentalización de empresas privadas para cometer crímenes. Hasta la fecha, el Estado hondureño se ha negado a investigar y procesar la estructura empresarial que se utilizó para proveer la logística necesaria para cometer el asesinato.
A pesar de que la acusación privada ha presentado dos solicitudes de acusación penal con la información detallada contra Atala Midence, el Ministerio Público hondureño no lo ha llamado para interrogar. Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público instruido contra Castillo para declarar sobre las actuaciones de este último. Será la primera vez que la Justicia hondureña llame a un miembro de la familia Atala Zablah para hablar sobre el asesinato de Cáceres. (Artículo publicado originalmente en El Faro: https://elfaro.net/es/)
* Edy Tábora es un abogado hondureño especializado en libertad de expresión, proyectos extractivos y derechos humanos a través del Bufete Justicia para los Pueblos. Fue coasesor del ecologista mexicano Gustavo Castro, que sufrió un atentado la noche en que fue asesinada Berta Cáceres.
