(360Noticias) El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una nueva controversia. Tras conocerse las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ahora se revela que el Ministerio de Justicia también redujo las penas de tres ciudadanos venezolanos que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua. Dos de ellos ya recuperaron su libertad.
El gobierno que llegó a La Moneda prometiendo mano dura contra la delincuencia, mayores penas y expulsión de criminales extranjeros enfrenta serios cuestionamientos por las decisiones adoptadas por su ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Primero se conoció que 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes recibieron rebajas de penas que les permitieron recuperar su libertad. Ahora, una investigación de Interferencia revela que tres ciudadanos venezolanos condenados por delitos violentos también obtuvieron este beneficio.
Los sujetos fueron detenidos en diciembre de 2021 en La Serena, luego de intimidar con armas a mujeres migrantes que ejercían el comercio sexual, exigiéndoles pagos semanales a cambio de permitirles trabajar. Para imponer sus amenazas, se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, aunque su pertenencia a esa organización no fue acreditada judicialmente.
En agosto de 2022 fueron condenados a cinco años y un día de prisión por robo con intimidación y delitos relacionados con armas.
Rebajas de condenas y liberaciones anticipadas
Durante la administración de Kast, el Ministerio de Justicia concedió las siguientes reducciones:
Franyorkin Aramburu Hernández: nueve meses de rebaja.
Winder Marott Morán: tres meses de rebaja.
Jhonder Ollarves Berbesi: tres meses de rebaja.
Los dos últimos abandonaron la cárcel el 9 y 10 de septiembre, respectivamente.
Lo más cuestionable es que los tres registraban infracciones al régimen penitenciario y, pese a ello, recibieron la calificación de comportamiento sobresaliente necesaria para acceder al beneficio.
La denominada «Doctrina Rabat»
El ministro Fernando Rabat ha justificado estas decisiones argumentando que, cuando los condenados cumplen los requisitos legales, el Ministerio no puede negar las rebajas únicamente por la gravedad de los delitos.
Sin embargo, esta interpretación abre un debate sobre la responsabilidad del Gobierno en la aplicación de estos beneficios, los criterios de evaluación penitenciaria y la protección de las víctimas.
¿Cómo se explica que un gobierno que prometió expulsar a los delincuentes extranjeros termine facilitando la salida anticipada de prisión de personas condenadas por graves delitos?
La contradicción resulta aún más preocupante cuando se considera que las víctimas de estos ciudadanos venezolanos eran mujeres migrantes sometidas a amenazas y extorsiones.
Un gobierno que debe responder por sus decisiones
El caso de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores y las nuevas revelaciones sobre los tres venezolanos ponen en cuestión la distancia entre el discurso de seguridad de Kast y las decisiones de su administración.
No basta con proclamar mano dura contra la delincuencia mientras se firman decretos que reducen las penas de condenados por hechos de extrema gravedad.
El Ministerio de Justicia debe explicar los criterios utilizados, las evaluaciones penitenciarias y las medidas adoptadas para proteger a las víctimas.
Primero, 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Ahora, tres extranjeros condenados por delitos violentos que invocaban al Tren de Aragua. El gobierno de Kast debe responder por estas decisiones y asumir sus responsabilidades políticas.
La seguridad de la población exige hechos concretos, no solamente discursos.
