MANUEL ACUÑA ASENJO
La apoteosis electoral ya ha comenzado, y apenas tendrá un leve respiro luego de las primarias de 18 de julio; y el 23 de agosto. Porque, a continuación, el SERVEL ya nos anuncia que, en noviembre de este mismo año, hemos de elegir un nuevo abanico de ‘representantes’ nuestros entre los que se cuentan senadores, diputados, consejeros regionales y hasta un presidente, cargo para el cual no faltan candidatos. Y, a pesar de ello, nadie sabe qué harán todos estos conspicuos personajes respecto de la nueva constitución que aprobaremos el próximo año. La política no deja de ser un apéndice de la economía cuya única función radica en competir.
Pero las actividades políticas no se limitan solamente a realizar tareas que fija el SERVEL. Abarcan, igualmente, otros ámbitos. Alcanzan al Gobierno que, en estas últimas semanas, se ha visto involucrado en un verdadero frenesí justiciero. Como si quisiera acometer un completo y complejo conjunto de materias que parecía estar olvidado, rezago de su incumplido programa, y que hoy se presenta en el carácter de urgente y necesario. Dar respuesta a las demandas de justicia de los diversos actores sociales, se dice. Y más de algún analista incauto aceptará esas razones convencido que de ello se trata. Especialmente, cuando tales medidas apuntan inequívocamente en tal sentido.
UNA ORDEN SINGULAR
En efecto, hace un mes atrás, nos sorprendíamos con la publicación de una noticia casi increíble: el señor Fiscal Nacional, Jorge José Winston Abbott Charme,había ordenado
“[…] en una reunión con los fiscales regionales revisar las causas que se han archivado por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del estallido social”[1].
Pero las sorpresas no terminaban ahí: también en la reunión se había dispuesto
“[…] la creación de un equipo especializado para la reapertura de esos casos, y la persecución de la responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad”[2].
Y eso no era todo. El 02 de junio, la Corte Suprema manifestaba estar dispuesta a abrir una investigación acerca de las condiciones en que se encontraban los presos de la revuelta. Algo de por sí increíble. Pero no era aquella, tampoco, una concesión graciosa del máximo tribunal sino la consecuencia de un oficio que le enviara el senador por Antofagasta Pedro Araya en ese sentido[3]. Porque, como lo hemos señalado en todos nuestros trabajos, la función judicial es la más conservadora de todas las que existen al interior del Estado y raras veces adopta medidas ‘revolucionarias’.
Las transformaciones han seguido. El 14 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago procedió a revocar la prisión preventiva del preso de la revuelta de iniciales R.A.O., de 19 años de edad, que permanecía recluido en una de las cárceles de la capital desde el 19 de marzo de 2021 sustituyéndola por arresto domiciliario, medidas que, aún hoy, nos parecen inauditas: liberar a un preso político es algo sorprendente, y que lo haga la Corte de Apelaciones de Santiago, más aún. Pero lo cierto es que lo hizo. A pesar de tratarse de una acusación formulada por funcionarios de Carabineros quienes
“[…] declararon haberle encontrado eventuales molotovs en su mochila, por lo que en el control de detención, el tribunal estableció la medida de prisión preventiva”[4].
Semanas más tarde, nos enterábamos de la liberación de dos imputados que se encontraban en la cárcel Santiago 1; luego, de la suspensión de la causa penal en contra de otros seis imputados, acusados de pertenecer a la ‘primera línea’, y , finalmente, del sobreseimiento definitivo del imputado Darío Chacón, acusado la quema de la Iglesia de Ancud, encarcelado durante trece meses a la espera que la Fiscalía formulase algún cargo en su contra[5].
OTRAS SORPRESAS
A principios de junio, se habían hecho algunas presentaciones a la Corte de Apelaciones de Santiago en defensa del juez Daniel Urrutia a quien, por haber declarado la libertad de varios imputados por delitos cometidos durante el estallido social, se le había enviado a desempeñarse a un juzgado de cobranza. Sin embargo, a mediados de ese mismo mes,
“El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el traslado a un juzgado de cobranza que afectó al magistrado Daniel Urrutia y ordenó que vuelva al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en forma inmediata, a más de un año de esa sanción”[6].
El miércoles 16 de junio, el tribunal oral en lo penal de Ovalle modificó la calificación de homicidio frustrado imputada al oficial de carabineros Hugo Navarro Corvalán por los disparos efectuados en contra del joven Benjamín Huerta Escobar en las cercanías de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle, por la de apremios ilegítimos, condenándolo a cumplir la pena impuesta bajo libertad vigilada[7].
Pero lo más notable de todo este período de frenesí justiciero han sido dos circunstancias recientes y que no pueden sino sorprender: las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado CDE en contra de funcionarios de la policía uniformada
“[…] por los casos de Moisés Órdenes, el hombre que fue brutalmente golpeado por un piquete de Fuerzas Especiales el pasado 21 de octubre de 2019 en la Plaza Ñuñoa; y de Óscar Pérez, el joven aplastado por dos carros policiales en las inmediaciones de la Plaza Italia en diciembre del mismo año”[8].
Las acciones insólitas han continuado. El día 24 de junio, el señor ministro de (In)Justicia Hernán Larraín nos conmovió hasta las lágrimas con su anuncio de querer materializar las exigencias del llamado ‘Protocolo de Estambul’ —documento que entrega las directricesde las Naciones Unidas en materia de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— traspasando al Servicio Médico Legal SML la suma de 513 millones de pesos para facilitar las investigaciones en curso contra agentes del Estado, acusados en causas relacionadas a la vulneración de derechos humanos durante el Estallido Social[9].Pero la resolución del señor Larraín tampoco ha sido graciosa. En modo alguno. Por el contrario: obedeció a un requerimiento del Fiscal Abbott, urgido por la demanda de otras personalidades de Gobierno que, con toda seguridad, también solicitaron la colaboración del titular de (In)Justicia. Porque en las esferas gubernamentales nada ocurre por casualidad.
Este frenesí justiciero, que se haceparalelo y a espaldas del frenesí electoral, se entrelaza con el anuncio del presidente Piñera el sábado 26 de junio, en Temuco, anunciando un nuevo protocolo de funcionamiento para Carabineros de Chile, en que
“[…] los pilares de este nuevo procedimiento son, primero, ‘proteger la vida y la seguridad de todas las personas’. Segundo, ‘estar sujetas al control de la sociedad civil’, y tercero, ‘respetar los derechos humanos de todos’”[10].
En el texto de documento que contiene el nuevo protocolo se puede leer, además:
«Los eventos ocurridos a partid del 18-O llevaron necesariamente a replantearse la relación entre los manifestantes y policías. Este replanteamiento se llevó a cabo a través de la revisión de los cinco protocolos esenciales de Carabineros, que detallan las funciones básicas de Carabineros ante reuniones públicas y en qué casos deberían intervenir una manifestación para mantener o reestablecer el orden público, entre otras materias»[11]
Ese mismo día 26, informaba Radio Biobío la condena de prisión preventiva aplicada al capitán de ejército José Faúndez Sepúlveda, que ordenara disparar balas verdaderas —y no de salva—, en contra de los manifestantes durante el estallido social, matando al joven ecuatoriano Romario Veloz y dejando heridos de gravedad a otros dos[12].
INTERROGANTES
¿Qué está sucediendo? ¿Se busca implantar una era de ‘justicia inmanente’ en nuestra nación? Quienes administran el país, ¿han evolucionado, como el virus del dr. Paris, de ‘malos’ a ‘buenos’? ¿O les acometió un ataque de responsabilidad, y, luego de un ‘merecido asueto’ desean volver a cumplir con sus deberes?
Ni una ni otra cosa. No hay atisbo alguno de justicia en esos actos; mucho menos, reconocimiento de haber cometido acciones reprochables o delictuales. Nada. Absolutamente nada. Por el contrario: las loas al actuar de las fuerzas policiales continúan expresándose tanto de parte del presidente como de sus subalternos. Hay en esos actos unidad de ideas y de principios. Cuando el 23 de junio, decretó la jueza Carolina Fajardo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspender condicionalmente el procedimiento a algunos de los 26 imputados de la “primera línea” por participar de desórdenes públicos el 3 de marzo de 2020 en Plaza Baquedano, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, si bien manifestó respetar la decisión, señaló:
“Las víctimas, los propietarios, los vecinos del barrio San Borja, o del barrio de Santiago Centro, que sufrieron esa violencia y los daños ocasionados probablemente no van a entender que hayan personas que no reciban una sanción que sea proporcional al daño que causaron”[13].
No puede suponerse que todo lo que ha sucedido se debe a que la representación política de las clases y fracciones de clase dominantes fueron golpeadas por la gracia divina y, de súbito, decidieron ser como el Espiritu Santo y compartirlo todo con sus ‘semejantes’ (los sectores populares). No. La bondad no es atributo de esos estamentos. Tampoco es obra de la casualidad.
No hay que olvidar que, en el caso del joven Benjamín Huerta Escobar, su agresor o victimario no solamente continuó prestando servicios en la policía uniformada sino, además, pudo ascender al grado de capitán, con el cual fue exonerado de su cargo. Algo que también sucede con el marino que asesinó a Manuel Rebolledo.
ENSAYANDO RAZONES
A nuestro entender, dos son las circunstancias que han llevado a los organismos encargados de practicar la ‘justicia’ a realizar tales aparentes exculpaciones y, probablemente, otras que se seguirán realizando en el futuro.El primero de ello tiene estrecha relación con las elecciones de 15/16 de mayo y el triunfo de la Lista del Pueblo.
En efecto, las elecciones de 15 y 16 de mayo pasado y el amplio triunfo de los representantes de la Lista del Pueblo, han ayudado a que la ‘limpieza jurídica’ comenzara a operar desde el momento en que esos convencionales constituyentes exigieron, como conditio sine qua non para la realización de su labor, la libertad de todos los presos políticos de la revuelta.
Si bien es cierto que el tema de los presos políticos de la revuelta jamás había sido olvidado por los movimientos sociales, fueron los representantes de la Lista del Pueblo quienes lograron colocar sobre el tapete de la discusión la situación de los jóvenes encarcelados, por más de un año, sin que se iniciara juicio alguno en contra de ellos. A principios de junio, en representación de ese conglomerado, había advertido el actor, Alberto Herrera, que
“[…] no vamos a negociar con nadie hasta que liberen a todos las y los presos de la revuelta, la gente que puso el cuerpo para que esto pasara”[14].
Son embargo, creemos nosotros que la causa principal de todas estas extrañas incongruencias radica en las acciones judiciales entabladas en contra del gobierno chileno ante los tribunales extranjeros por graves violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre de 2019.
El asunto pareciera tener sus comienzos en enero de este año, cuando Piñera anunció a sus más cercanos deseos de ausentarse del país. Porque el presidente no parece tener conciencia de lo que sucede en el país. Piñera es un sujeto anosognótico, un sujeto incapacitado para entender lo que le sucede. En marzo de 2021, cuando el proceso de vacunación se mostraba en todo su esplendor al Gobierno, volvióa replantearse el viaje. Según La Tercera, en La Moneda
“[…] afirman que ahora tiene una nueva oportunidad debido a que el proceso de vacunación, que es considerado exitoso en Palacio, ha sido bien visto desde el exterior y es una oportunidad para capitalizar las “gestiones tempranas” que hizo el gobierno.
Además, ha sido bien visto que el gobierno haya dado vacunas a Paraguay y Uruguay”[15].
La fecha del viaje fue fijada para el 22 de julio.
Sin embargo, en esos mismos meses, se agilizaron los trámites para la presentaciónde la querella que la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otras organizaciones, vinculadas al juez Baltazar Garzón, presentarían ante los tribunales internacionales. Es cierto que las acciones entabladas ante organismos internacionales y, en especial, ante la Corte Penal Internacional, demoran. E, incluso que, si las acciones judiciales interpuestas antes los tribunales nacionales se activan, las que fueron interpuestas ante los internacionales dejan de tener efecto. Y eso bien lo saben los asesores de La Moneda, deduciendo que un viaje, en esas circunstancias, no parecía tener riesgos. Pero, ¿y si Garzón solicita una medida especial para evitar que Piñera eluda la ley internacional?
El temor de una ‘élite’ comprometida en la violación de los derechos humanoses grande. Ninguna persona quisiera ser capturada por la policía internacional y recluida en alguna mazmorra de Europa, en espera de un juicio por violación a los derechos humanos. Eso hay que evitarlo. Evitar el chascarro internacional que ‘su’ presidente puede ser objeto de un trato similar. Pero no solamente ha de temerse aquello: hay que evitar, igualmente, que todos, incluido el presidente, varios de sus ministros, ciertos estamentos de la Justicia y algunos uniformados, puedan ser obligados a permanecer confinados eternamente en Chile (como Carlos Cardoen) para evitar el procesamiento ante los tribunales internacionales por una abierta participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Y eso se logra agilizando los procesos pendientes. No interesa aplicar justicia, no interesa liberar o condenar a los presos del estallido sino agilizar las causas, mostrar, ante la Corte Penal Internacional, que en Chile hay justicia, que los tribunales funcionan. No importa cómo.
El fin del Gobierno de Sebastián Piñera se acerca inexorablemente y, con ello, el término de todas las garantías, privilegios y beneficios que tiene, como asimismo las de quienes colaboran con él. La ‘élite’ política oficialista está viviendo el síndrome de Pinochet. El fantasma de The Clinic aparece continuamente ante ella. Es lo único que parece interesar, por el momento, a la caterva instalada en La Moneda.
Santiago, junio 30 de 2021
[1]Bustos C., Andrea: “Revisión de causas archivadas abre nuevas expectativas de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos del estallido”, Radio Universidad de Chile, 05 de mayo de 2021 Con negrita en el original.
[2] Bustos C., Andrea: Trabajo citado en (1). Con negrita en el original.
[3] Redacción: “Corte Suprema abrirá investigación por las condiciones de los presos de la revuelta”, Radio de la Universidad Central, 02 de junio de 2021.
[4] Redacción: “Preso político de la revuelta queda en libertad tras revocación de prisión preventiva”, Resumen, 14 de junio de 2021.
[5] Vallejos, Beatríz: “Gobierno valora trabajo de Fiscalía en casos de detenidos durante el estallido social”, Radio Biobío, 25 de junio de 2021.
[6] Molina Sanhueza, Jorge: “Libertad a primera línea: Corte revoca traslado a juez de garantía Daniel Urrutia”, Radio Biobío, 23 de junio de 2021.
[7] Redacción: “Bajo libertad vigilada: Condenan a capitán Carabineros que le disparó a joven durante el Estallido Social”, Resumen, 17 de junio de 2021.
[8] Redacción: “18-O: CDE presenta querellas por casos de brutal golpiza en Plaza Ñuñoa y de joven aplastado por dos carros policiales en Plaza Italia”, ‘El Desconcierto’, 24 de junio de 2021.
[9] Redacción: “Apresurados por protocolo internacional de derechos humanos: Justicia entregará $ 513 millones al SML para peritajes en causas del Estallido Social”, ‘Resumen’, 25 de junio de 2021.
[10]Mennickent, Camila: “Piñera: Nuevo protocolo de Carabineros se basa en la experiencia de ‘las mejores policías del mundo’”, Radio Biobío, 26 de junio de 2021.
[11] Rivera Riquelme, Javiera: “Nuevo protocolo para manifestaciones: Tiene seis etapas y Gobierno dice que se basa ‘en las mejores policías del mundo’”, EMOL, 26 de junio de 2021.
[12]Stuardo, Manuel: “Confirman prisión preventiva para capitán que dio orden a tropa disparar contra manifestantes durante 18/O: hubo un muerto”, Radio Biobío, 26 de junio de 2021.
[13] Delgado, Felipe: “Galli defiende decisión judicial que otorgó suspensión procedimiento a algunos ‘primera línea’”, Radio Biobío, 24 de junio de 2021.
[14] Redacción: “Lista del Pueblo: ‘No vamos a negociar con nadie hasta que liberen a todos los presos de la revuelta”, ChileVisión, 15 de mayo de 2021.
