Por Fernando SoCar, Administrador Público, Comunicador y Gestor Cultural
En la década de los noventa, cuando ya se percibía que la demanda de terminar con la constitución del ’80 quedaba solo en una ilusión, porque la voluntad de la dirigencia política que lideraba la transición comenzaba a evidenciar el acomodo paulatino, es que a modo de voluntarista protesta, comencé a decir en varias instancias que nunca sería candidato a cargos de elección popular, mientras la constitución de Pinochet estuviese vigente. Y así lo he mantenido hasta hoy, haciendo el punto de simbólico rechazo a la ilegitimidad de su origen.
Me permito hacer este recuerdo, en momentos donde se desarrolla un inédito proceso constitucional (y no digo constituyente), que tiene la atención y el aplauso de todo el espectro político y comunicacional. Se presenta incluso ante el concierto internacional como un ejemplo y como el fin del legado pinochetista. Pero como iniciamos recordando, ¿les parece conocido el fervor actual, cuando los partidos hicieron mediante el ‘acuerdo por la paz’ y la posterior Ley 21.200, para su beneficio y fueron derrotados dentro de sus reglas?. En los ochenta, la dictadura diseñó un itinerario para ganar el plebiscito del ’88 y permanecer en el poder, pero fueron derrotados dentro de sus reglas. Fue el gran elogio del mundo a Chile y entre sus mismos vencedores, que validaron su tesis institucional de ganarle al tirano dentro de su cancha.
Parte de ese exitismo y de esa aceptación entusiasta al proceso constitucional actual, que no permite o invisibiliza la crítica o la disidencia, o peor aún que denosta al que se muestra escéptico o se resta del proceso por cuestiones de fondo o de conciencia, tiene su correlato en aquellos episodios que pusieron fin a la dictadura. Y es que era impresionante hace un mes, como políticos, periodistas, medios de comunicación, llamaban a votar en esos dos días de mayo. Verdaderas rogativas, que llegaban al extremo de vociferar y ofender a los jóvenes que no salieron a los recintos de votación.
Y al parecer, a pocos importa en serio ese 60% de abstención, que por lo demás, se viene repitiendo e incrementando casi ininterrumpidamente desde hace ya muchos años. Ese exitismo de los vencedores de la convención, desdeñando por completo esta señal, es otro signo de la desconexión del poder con el pueblo excluido. Si antes se avanzó y trabajó desmovilizando el tejido social, la participación y la disidencia, lo que terminó por acomodar y defender un modelo institucional que derivó en la revuelta de octubre de 2019, hoy, si no se pone atención a ese casi 60% de abstención (80% en el caso de elecciones como las de los nuevos Gobernadores), y se avanza y se consolida lo que se pueda construir con solo el 40% de participación, simplemente se está gestando un nuevo orden precario y vacío.
Por eso sigo manteniendo, que nunca se debió llegar a este proceso institucional, que tiene ilegitimidad de origen, no solo por la baja participación en la votación, sino por el acuerdo desmovilizador de noviembre de 2019, que traicionó al pueblo movilizado en la revuelta y validó un acuerdo mientras se violaban los derechos humanos de cientos de chilenos, muchos de ellos hoy mutilados, ciegos o muertos. Lamentablemente, hay sectores de izquierda que no han querido sincerar la captación del mensaje popular. Importan más aprovechar el momento para arremeter y posicionarse en el nuevo escenario.
¿Qué mandato llevan los convencionales electos?……ninguno. Y ahí está el problema de la soberanía. Ahí está la trampa de la representación en blanco, sin el ejercicio del mandato colectivo. La consigna y la praxis de la revuelta fueron los poderes territoriales, los cabildos espontáneos, esa horizontalidad que remecía la verticalidad institucional sacrosanta. Eso es lo que fue vulnerado, muy bien urdido y manejado para bloquear el poder popular.
Si se hubiesen puesto, en cambio, al lado y al servicio del pueblo movilizado, se podría haber logrado una genuina Asamblea Constituyente soberana, de abajo hacia arriba, con representantes territoriales, de las diversas áreas de la sociedad, de los sectores laborales, de los oficios, de los profesionales y un largo etcétera. En el esquema actual, en cambio, ningún grupo puede arrogarse la representación del pueblo, más allá de las buenas intenciones, porque el proceso no expresa la soberanía originaria.
Ya instalada la convención, la mayoría independiente y con sentido común, tienen la obligación moral, para aspirar a mínimos legitimadores, de reformular las reglas del juego. Porque las trampas no solo están en los quórums, sino también por ejemplo en el artículo 135 de la Ley 21.200. Si no lo hacen, seguirán (aun siendo mayoría), avalando la tutela político empresarial.
Sin duda estamos ante un nuevo momento histórico, que quizás muchos no han (hemos) dimensionado aún. Momento posibilitado por la revuelta de miles de jóvenes principalmente, muchos que aún están privados de libertad y por lo que hay que exigir su liberación. El inicio de un camino que tendrá derrotas y éxitos. La esperanza, en medio de este ‘apharteid’ electoral-institucional, donde el 40% domina sobre el 60% que legítimamente no encuentra respuestas en el modelo imperante, está en esos focos de resistencia que a pesar de la pandemia y del cerco informativo, siguen mostrando el verdadero camino hacia un país digno.
