La orden ejecutiva de Trump es una estafa. Las protestas aumentan
Barry Sheppard
A l´encontre, 30-6-2018
Traducción de Faustino Eguberri
Viento Sur, 5-7-2018
En respuesta a la masiva protesta pública contra su política de separación forzosa de las criaturas de sus padres y madres demandantes de asilo, Trump ha publicado el 20 de junio un decreto ejecutivo para poner fin a estas separaciones.
¿Una victoria? No tan rápido
En su decreto ejecutivo Trump ha reafirmado igualmente su política de «tolerancia cero» hacia las personas demandantes de asilo que atraviesan la frontera de México para acudir inmediatamente a la patrulla fronteriza a fin de emprender el procedimiento de obtención del asilo.
Estas madres y estos padres, estos seres humanos así como sus criaturas, huyen de situaciones de peligro extremo en América central. Los peligros de los que intentan alejarse son en gran parte resultado de la política y de las acciones estadounidenses, pero eso es otro tema.
Estas personas demandantes de asilo no se «cuelan» del otro lado de la frontera con sus hijos e hijas. Por ejemplo, atravesar el Río Grande (que marca la frontera entre México y Texas) sobre neumáticos y balsas montadas ante los ojos de la patrulla fronteriza para dirigirse a esa misma patrulla no tiene nada de subterfugio, dados los peligros.
Es la política de «tolerancia cero» sobre la inmigración la que ha llevado a arrancar a las criaturas de sus padres y madres. En virtud de esta política, cualquier persona que atraviesa la frontera sin papeles, por la razón que sea, es puede ser catalogada como «criminal», detenida y encarcelada sin posibilidades de pagar una fianza. Las criaturas son separadas inmediatamente de sus padres y madres, puesto que no están acusadas de un crimen como lo son sus padres y madres.
Pero las criaturas son enviadas a diferentes prisiones, llamadas «centros de detención», diseminadas por todo el país, a menudo lejos del lugar de detención de sus padres y madres. Una parte son transportadas en avión a Nueva York, otra a Seattle, y dios sabe a qué otras localidades entre estas dos ciudades.
La administración Trump afirma que estas personas «desobedientes» habrían debido demandar asilo en lugares situados en el interior de los Estados Unidos, justo después de la frontera, pero las patrullas fronterizas no les permiten alcanzar esos lugares dado que no tienen los papeles que las permiten atravesar la frontera. Obtener visas en las embajadas de los Estados Unidos en su país de origen es casi imposible para las familias obreras y campesinas, sin contar con que en esos país es probablemente peligroso intentarlo.
Hay por tanto una contradicción flagrante entre la política de «tolerancia cero» y la declaración de Trump (el 20 de junio) según la cual los niños y niñas debían ser reunidos con sus padres y madres. No es extraño que el personal funcionario encargado de efectuar estas dos tareas vacile y exprese afirmaciones discordantes, cuando la situación sobre el terreno casi no ha cambiado desde el decreto de Trump.
Los pocos casos en que las criaturas han sido reunidas con sus padres y madres son en gran parte el resultado de los esfuerzos de un grupo de abogados y abogadas, cada vez en mayor número, que han comenzado a pelear en favor de estas víctimas de la «justicia» estadounidense.
En este decreto, Trump propone una forma de resolver la contradicción. Como explican dos de los abogados del grupo mencionado, Bred Karp y Gary Wingens, en una editorial publicada en el New York Times del 26 de junio: «El reciente decreto del presidente Trump poniendo fin a la política ilegal e inmoral que consiste en separar a niños y niñas de sus padres y madres desemboca en otra política igualmente ilegal: la de prolongar la detención de las familias demandantes de asilo».
Para hacerlo, Trump propone suprimir una sentencia de 1997 según la cual los y las niñas no pueden estar detenidos durante más de 20 días. La única manera de arreglar la cuestión dejando de separar a las criaturas de sus padres y madres sería mantenerlas con sus padres y madres en la cárcel, indefinidamente.
El 24 de junio, ha propuesto una nueva solución: «Cuando alguien llega, debemos devolverles inmediatamente, sin jueces ni tribunales, a donde han venido».
Mucha gente ha subrayado que estas dos «soluciones» son no constitucionales y violan el derecho a un procedimiento normal (due process). Trump, a quien le importa un comino la Constitución o la aplicación regular de la ley, va por delante.
Una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de junio ha declarado que la posición de Trump era constitucional. De hecho esta decisión forma parte de un juicio sobre otro aspecto de la política de inmigración de Trump, la del «travel-ban» que prohíbe el territorio americano, de forma permanente, a los ciudadanos de seis países, en su mayor parte de mayoría musulmana. En una decisión tomada por cinco contra cuatro, el Tribunal ha confirmado, en efecto, esta prohibición. [La composición del Tribunal Supremo, que decide sobre grandes «problemas de sociedad», es decir la constitucionalidad de las leyes, es de una gran importancia política. Trump va a nombrar a uno de sus partidarios como consecuencia de la dimisión anunciada el 27 de junio del conservador moderado Anthony Kennedy].
Es la razón invocada por el Tribunal para esta decisión la que está directamente ligada a este asunto. El Tribunal ha declarado, en efecto, que el presidente tiene una autoridad ilimitada para decidir cómo controlar las fronteras. Ahora esto tiene fuerza de ley en el país. Esto significa que si Trump va por delante devolviendo inmediatamente a la gente que demanda asilo y sus hijos e hijas a sus países de origen sin ningún control judicial, esto sería actualmente constitucional.
La decisión del Tribunal supremo codifica un gran paso adelante en la consolidación del gobierno autoritario querido por Trump, es decir un gobierno que lleva aún la apariencia de la democracia burguesa, igual que el actual gobierno húngaro de Viktor Orban, que es igualmente un racista que detesta a las personas inmigrantes. No es de extrañar que considere esto como una gran victoria para él mismo.
Si la primera solución de Trump es adoptada, su concreción ha sido ya prevista con la orden de Trump a las fuerzas armadas de prepararse para poner en pie centros de detención en bases militares equipadas para albergar a 20.000 personas. Esas bases podrían abrigar familias de migrantes y sus hijos e hijas. Una versión aún más siniestra sería que Trump ignorara simplemente su propia decisión y esté dispuesto a alojar en esas instalaciones a los niños y niñas -separados de sus padres y madres- cuando estos últimos sean expulsados.
Cualesquiera que sean las decisiones que tome Trump, las criaturas siguen encerradas y no son reunidas con sus padres y madres. Hay padres y madres que han sido ya deportadas mientras que sus criaturas permanecen en los Estados Unidos.
La Casa Blanca afirma que las autoridades han registrado minuciosamente qué niño o niña pertenece a quién, pero dejando aparte la base racista blanca de Trump, poca gente se cree esa ficción. Teniendo en cuenta la opacidad del gobierno, sus mentiras y sus declaraciones contradictorias sobre esta cuestión, esta incredulidad está justificada.
Además, es poco probable que tales registros hayan sido realizados jamás, puesto que la administración ha declarado al comienzo que su objetivo de separar a los hijos e hijas de sus padres y madres tenía por objetivo desanimar a las personas demandantes de asilo y que esperaba eventualmente colocar a las niñas y niños en familias de acogida -en los Estados Unidos.
Desde su ordenanza del 20 de junio, Trump ha intensificado su retórica contra las personas inmigrantes, afirmando que «invaden» los Estados Unidos, «infectan» el país, cometen asesinatos, violaciones y trafican con droga. Para hacer admitir su punto de vista, ha organizado un acontecimiento mediático con personas que eran -según él- víctimas de crímenes cometidos por personas migrantes.
Además, la ofensiva más generalizada contra los y las migrantes llevada a cabo por la Immigration Customs Enforcement (ICE) se ha acelerado, con redadas en los centros de trabajo y otros lugares para detener a las personas inmigrantes sin papeles y deportarlas.
En el curso de las dos últimas semanas, ha habido manifestaciones en numerosas ciudades por todo el país delante de las oficinas del ICE. Estas manifestaciones son cada vez más numerosas y militantes. Campamentos «Occupy ICE» bloquean las instalaciones del ICE en Nueva York, Los Ángeles, Portland y Tacoma [barriada de Seattle].
Ha tenido lugar una manifestación en el pueblo de tiendas de Tornillo, en Texas, lugar de alojamiento de hijos e hijas de migrantes. Miles de personas se han sumado a una marcha en San Diego, en California, cerca de la frontera mexicana. En McAllen, en Texas, manifestantes han bloqueado temporalmente un autobús que transportaba niños y niñas migrantes hacia un lugar desconocido, gritando»¡Liberad a los niños!».
Una reivindicación que no ha sido oída a menudo hasta ahora se vuelve cada vez más popular: la de suprimir el ICE. Con la consternación del establishment demócrata, que en el Congreso ha votado regularmente para financiar el ICE, esta reivindicación es incluso asumida por algunas personas demócratas.
Otra manifestación de la cólera creciente es el hecho de que personal funcionario de la administración Trump ha sido reprendido espontáneamente cuando aparece en público. Un periodista ha escrito en el New York Times del 26 de junio:
«Estos últimos días, cuando el personal demócrata institucional se desolaba como mucho…[activistas] y algunos ciudadanos y ciudadanas han tomado las cosas en sus manos no respetando los colores del poder.
Los y las progresistas han abucheado a Kristen Nielsen, la secretaria de la Seguridad Interior, y Stephen Miller, el asistente de la Casa Blanca, en restaurantes de Washington. Han echado a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, de un restaurante de Lexington, en Virginia. Y han increpado en una sala de cine al procurador general de Florida, que es uno de los principales representantes de los anuncios de Trump en las redes por cable.
La representante Maxine Waters, demócrata de California, ha declarado, en una concentración en Los Ángeles: «Y si veis a alguien del equipo [de Trump] en un restaurante, en unos grandes almacenes, en una estación de servicio, salid y organizad una concentración. Y los alejáis. Y decidles que no tendrán ya ninguna bienvenida, en ninguna parte».
Inútil decir que estas apreciaciones de Waters, que es afroamericana, no han sido bien acogidas por el establishment demócrata. Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara, y Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, se han apresurado a denunciar esas declaraciones.
Para encontrar una solución a esta crisis no se trata de dirigirse hacia los partidos demócrata y republicano, ambos ligados al capital: no tienen solución. Se trata ahora de apoyar, extender y ampliar las protestas. Sumaros a quienes lanzan el grito de reagrupamiento: «Vergüenza, Vergüenza!» contra los y las representantes de Trump tras este ataque cruel y execrable contra las personas que demandan asilo y sus hijos e hijas.
