Diario Universidad de Chile Jueves 9 de noviembre 2023
Columna de opinión por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Ya está disponible el texto final que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre. No son pocas las organizaciones de los movimientos sociales que desde ya se han planteado en contra de este texto constitucional, mas no constituyente, pues del término constitucional se desprende que no existió en esta pasada un ánimo de constituir un orden distinto de las cosas, sino -cuando mucho- darle continuidad al statu quo iniciado con la Constitución del 80.
El texto propuesto resultó ser una intensa provocación “republicana”, una exacerbación neoliberal supuestamente centrada en la seguridad, pero sabemos que la de unos pocos; sin embargo, en diciembre nos vamos a encontrar con dos alternativas, aprobar esta provocación o continuar con la Constitución de Pinochet. Desde ya nos posicionamos en contra de la actual propuesta de texto constitucional, pero esto no se trata de ganar o perder en las urnas, pues no representa ningún avance para las demandas del movimiento socioambiental e importantes sectores de la sociedad, sino porque nos mueve la preocupación por la naturaleza y su afectación por la crisis climática, provocada por este mismo sistema, lo que nos da otro orden de urgencia.
Esto significa que el proceso constituyente queda abierto, más allá de las declaraciones del Gobierno que ha señalado que no va a llamar a otro proceso, pues la Constitución del 80 fue rechazada por un 78% de la población en una votación histórica en 2020 en el plebiscito de entrada. Entendemos que actualmente no están las condiciones para continuar en esta cruzada constituyente tal como aspiramos, sin embargo, tampoco lo estaban en 2019, pero fue el poder tradicional alojado en los partidos políticos los que propusieron esta salida institucional al malestar expuesto en el estallido. Hubo una captura de aquello que los movimientos sociales han venido construyendo en un contexto precarizado y de subjetividad neoliberal instalada, en un Chile donde el tema de la propiedad privada tiene más sentido que tener un proyecto o soluciones colectivas.
Antes de hacer algunas menciones del texto a plebiscitar en materia ambiental, no podemos no volver a reiterar la ilegitimidad de este proceso exprés que se ha traducido en el ninguneo de la población, todo fue reducido a la máxima expresión de la élite política con una Comisión Experta y una Comisión Técnica de Admisibilidad designadas por el Congreso, un Consejo Constitucional votado obligatoriamente, y un proceso de participación ciudadana que ni con el apoyo de las universidades del país salió a flote.
Ahora bien, no es posible hacer una vista parcial de la propuesta y atender solo “lo ambiental”, pues un texto constitucional no funciona por partes y, si bien es cierto este requiere de una arquitectura a nivel del ordenamiento jurídico que le permita ser aplicable, las palabras no son banales ni inocuas. Vemos que hay un texto que atenta contra la esencia de un Estado garante de derechos y democrático, que nuevamente insiste en un modelo social ajustado a la moral de la elite y un Estado reducido a su mínima expresión en donde le corresponde subsidiar a los grupos intermedios, tal como si la derecha se estuviera asegurando el gobierno de los próximos años en el que harán prevalecer esas pretensiones, instalándose desde ya como quienes van a administrar esta Constitución, como si la estuvieran formulando para gobernar.
El texto contiene algunos elementos de “buena crianza”, pues en materia ambiental en su artículo 10 señala que “es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo”, pero aquí ya se hace patente el enfoque en materia ambiental: el desarrollo, que no siempre tiene apellido, pero se entiende que habla de crecimiento económico puro y duro. Esto es sostenido a lo largo del texto en esta materia, pues en el artículo 16, de derechos y libertades fundamentales, en su numeral 21 reconoce “El derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo”, es decir, el derecho es funcional al desarrollo económico, no es autónomo, opera en la medida que permite y no obstaculiza, aunque implique un daño a la Naturaleza y la salud de las personas. A esto se suma lo que ya viene instalado en la Constitución del 80, el derecho de propiedad en la cúspide de los derechos, sin que ninguno pueda hacerle mella realmente.
El mismo artículo 16 en su numeral 35 de los literales d) al h) mantiene exactamente la misma garantía constitucional minera que la Constitución del 80, asegurándole un estatus por sobre cualquier otro tipo de inversión, y en el literal i) mejora la redacción del inciso que privatizó la aguas, haciendo que el término bien nacional de uso público sea un saludo a la bandera.
En el capítulo XVI sobre protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, esto se repite desde su nombre, de los ocho artículos que contiene, la mitad hablan sobre desarrollo. Lo que se lee a lo largo del capítulo es una lógica de supuesta protección a la naturaleza para beneficio humano, es decir, se replica la lógica antropocéntrica marcada por el desarrollismo y la mercantilización de la naturaleza, que supone que el progreso económico se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida, olvidando que en los hechos esto se ha traducido en territorios en sacrificio para el beneficio económico de unos pocos, yendo más allá de los límites de la naturaleza y olvidando por completo una perspectiva de derechos humanos, es cosa de ver algunos lugares emblemáticos como Quintero-Puchuncaví, Huasco o la provincia de Petorca.
¿Qué hacemos más allá del “En contra”? ¿Qué sigue después del plebiscito? ¿Cómo abordamos colectivamente la subjetividad neoliberal? Tenemos más interrogantes que respuestas, pero no olvidamos los avances programáticos que se han fraguado por años en la construcción colectiva de los movimientos sociales. Hoy nos toca volver a levantar nuestras luchas desde lo cotidiano, desde lo local, sin perder la perspectiva estructural que significa la defensa de los territorios.
La derrota del 2022 significó más que un repliegue para algunas/os, pero si no recuperamos la agenda estratégica esto significará más que una derrota en las urnas, pues nos toca seguir construyendo las condiciones para trascender el plebiscito de diciembre, la asamblea constituyente sigue siendo parte del horizonte programático, pero no llegamos allá sin ganar conciencias en las pequeñas y grandes luchas.
Hoy sabemos que la lucha socioambiental no es ajena al cotidiano, pues de un modo u otro se ha tomado la agenda. El punto sigue siendo qué alternativas planteamos para enfrentar la crisis ecológica, climática y civilizatoria en la que estamos, desde el movimiento socioambiental se ha planteado como piso mínimo la desprivatización de las aguas, el derecho humano al agua y su priorización; el reconocimiento de la dependencia que tenemos de la naturaleza como principio; una forma no mercantilizada de entender la naturaleza con el reconocimiento de los bienes comunes naturales y su gestión comunitaria; el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como herramienta para su defensa en los territorios; la soberanía alimentaria, la agroecología y la defensa de las semillas para defender nuestra comida y salud; el reconocimiento de los cuidados para poner la vida al centro; el respeto de los pueblos originarios y sus cosmovisiones a partir del reconocimiento de sus derechos políticos, autonomía y territorio, entre otros.
Como de costumbre, nos toca seguir trabajando en la defensa de los territorios y la naturaleza, por esto votamos en contra en diciembre, avanzando paso a paso en la lucha con las comunidades para seguir construyendo una esperanza colectiva.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
