Saúl Escobar Toledo.México
A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda
Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a
nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una
cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda
pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos
de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente.
El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la
deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5% respecto al año anterior
en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según
proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de
la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39% del PIB entre 2023 y 2024, lo
que plantea un escenario crítico para los próximos años.
El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10
países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el
60% de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de
sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente
sus gastos para el desarrollo social y económico.
Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a
tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces
de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco
de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de
los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta),
acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus
obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron
las deudas ni los costos de sus servicios.
El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de
tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones
de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades
públicas disminuyeron alrededor de un 23%. En el caso de las instituciones
privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde
2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a
los países en desarrollo”.
El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil
millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la
mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede
deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido
insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más
poderosas.
Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial
se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30%
del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la
humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de
su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre
para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40%
del mundo en desarrollo están en “graves problemas “.
Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración,
suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más
pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”.
En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial
y sus perspectivas”, la ONU abundaba:
Para los países desarrollados, debido a las políticas monetarios restrictivas (y en
especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en
2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un
crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas
“exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy
necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo
sustentable”.
De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es
pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7% en 2023 a
2.4% para este año.
Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga
de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia,
nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238% del PIB mundial”. A pesar de todas
estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo
que toca a los países más pobres.
Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran
sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer
lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados ( y una recesión,
especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra
parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede
afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados,
pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y
encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos
multilaterales podrían volverse aún más escasos.
Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el
problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos
riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen
un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles
para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir
sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin
embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras
regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y
expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos
parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos
desarrollados.
México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras
naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países
(48.8% del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6% para América Latina); la
proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos,
sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del
sector público han aumentado del 15.3% en 2022 al 16.2% del PIB calculado para 2024.
Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en
alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros
del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el
gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y
medidas de austeridad mayores para este año.
Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un
reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado
de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente
elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece
recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una
restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al
mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez,
consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida
hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por
construir un país más justo y sustentable.
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