EL TRABAJO número 544
Por Luis Mesina
Con ocasión del denominado “Acuerdo por Chile” elaborado y suscrito por un arco bastante amplio de partidos políticos, que va desde el Partido Comunista a la UDI, se ha iniciado una campaña intimidadora que busca inhibir, silenciar e invisibilizar las posturas críticas y contrarias a dicho acuerdo.
Los partidos de derecha que lo suscribieron recibieron inmediatamente el apoyo explícito del gran empresariado, saben que, dada las “bases constitucionales” que se establecieron, resulta imposible modificar la esencia del modelo político, económico y social que la actual Constitución ha resguardado durante 41 años.
El oficialismo está más complicado, no tiene mandato para tal aventura, sin mediar razones, motu proprio se entregó en “cuerpo y alma” a la derecha. Hipotecó su independencia al aceptar los márgenes y límites impuestos por ésta, que no son otros que el mantenimiento del estatus quo. Desconoció con toda impudicia, el mandato que el pueblo entregó en el plebiscito de entrada y con ello, revalidó las instituciones que el pueblo masivamente había y sigue cuestionando, en especial al Senado.
Con este deshonesto acto, la autodenominada “izquierda”, principalmente el FA y el PC se convierten en “vagón de cola” de quienes buscan perpetuar los principios y fundamentos de la Constitución Política del 80.
No es una afirmación antojadiza, está explícitamente señalado en los “fundamentos constitucionales” que suscribieron, por ejemplo: que el régimen político es sagrado y por tanto no se discute; que el Senado seguirá gozando de privilegios que solo reconoce este acuerdo, ya que, el pueblo mayoritariamente lo sigue detestando. Irónicamente, se señala que Chile será un Estado Social y Democrático de Derecho; pero, agrega, “con sujeción al principio de responsabilidad fiscal”, que, traducido a lenguaje común significa que mientras no haya o no se generen recursos para tal propósito no se materializarán, o sea, demagogia. La educación seguirá bajo la égida de la “libertad de enseñanza”, que de paso reafirma el negocio en que la han convertido.
Impresiona que, en las bases constitucionales, esta “izquierda” no haya incorporado ni una sola frase referida al derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social o a la vivienda y, por el contrario, acentúe como lo exige la derecha, el “derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones. El sacrosanto “derecho de propiedad” tan peculiar a Jaime Guzmán seguirá vigente y mantendrá su primacía sobre todos los demás derechos sociales convertidos hoy en negocios.
¿Cuál es el falso dilema?
Primero, recurrir a la vieja y socorrida idea de que “algo es mejor que nada” o, como planteó Patricio Aylwin la “política en la medida de lo posible”. En síntesis, sumarse a lo menos malo y abandonar los postulados transformadores que en algún momento la izquierda enarboló. Es la continuidad de la política sin principios.
Lo segundo, es que, si no se apoya este acuerdo, en claro emplazamiento a quienes critican o no se suman a este engendro nos quedaremos con la Constitución del 80.
Aquí está el falso dilema, aprobar este adefesio es aprobar la constitución pinochetista remozada, es validar los principios y fundamentos jurídicos y políticos que han sostenido la actual constitución por 41 años y que las bases constitucionales se encargan claramente de dejar inamovibles y que continuarán neutralizando la participación popular en las decisiones del Estado y la Política.
Aprobar un texto emanado de un órgano ilegítimo, al igual que la de Pinochet, es repetir la historia y continuar por el fracasado modelo de injusticias e inequidades que han hecho de Chile uno de los países más desiguales e injustos del mundo. Es avalar la vulneración a la soberanía que el pueblo expresó en el plebiscito de entrada.
En síntesis, este acuerdo gatopardista es una mala réplica de la Comisión Ortúzar, con la diferencia que ahora no estando en dictadura y con el Partido Comunista y el Frente Amplio dentro, se pretende imponernos una constitución antidemocrática.
Rechazar este acuerdo es rechazar la constitución pinochetista y todo su legado de abusos e injusticias y prepararse para levantar nuevamente, como tantas veces, las banderas por una Asamblea Constituyente Soberana.
1 de enero de 2022
