EL PORTEÑO
por Gustavo Burgos
El desalojo de las 200 familias de la Toma 17 de Mayo en Cerro Navia, perpetrado ayer 16 por un contingente de 400 operativos de fuerzas especiales COP de carabineros, pasará a la historia de la infamia como un acto de lesa humanidad en contra del pueblo explotado. Un acto cobarde iniciado en la oscuridad de la madrugada mediante el cercamiento de la población y el subsecuente lanzamiento de bombas lacrimógenas para ablandar la voluntad de lucha de los pobladores. Ni la presencia de discapacitados, enfermos, ancianos, lactantes y niños fueron considerados en este accionar represivo milimétricamente planificado por un cuerpo de carabineros cuyo General Director —Ricardo Yáñez— se encuentra actualmente formalizado por graves y sistemáticas violaciones a los DDHH, durante el levantamiento popular iniciado en octubre de 2019. Una acción represiva que adicionalmente es llevada a cabo por una fuerza militarizada que este Gobierno ha blindado con legislación de inmunidad (Ley Naín-Retamal). Se trata por lo mismo, de la máxima expresión del terror policial que se dirige desde el régimen en contra del pueblo y cuyo principal responsable es el Gobierno de Boric.
El lanzamiento —presentado por los medios oficiales del régimen como una acción de «orden»— se dirigió en contra de una de las Tomas más organizadas y politizadas del Gran Santiago, en la que funcionaba una escuela popular, talleres, ollas comunes y se realizaba actividad cultural y deportiva de manera comunitaria. Los pobladores, cuyas voceras fueron entrevistadas por este medio en el programa Mate al Rey a comienzos de abril, venían años conversando con el Ministerio de Vivienda una solución definitiva al problema habitacional que los empujó a ocupar el lugar en donde se encontraba la Toma. Es más, desde la oficina del Ministro Carlos Montes —un intocable del régimen— se indujo a los pobladores a firmar un compromiso de abandonar el terreno y aceptar se relocalizados a cambio de una solución habitacional. El acuerdo, previa deliberación en asamblea, fue suscrito por los pobladores después del fallo de la Corte Suprema que, acogiendo el recurso de protección interpuesto por la sucesión inmobiliaria Guzmán Nieto, ordenaba el desalojo de la Toma. Una vez firmado este acuerdo, el Ministerio se desentendió de los pobladores indicándoles que no habría tal solución habitacional que originariamente se les había prometido. Lo que buscaban era jugar con las ilusiones de los pobladores para debilitarlos y finalmente propiciar su lanzamiento.
De forma cínica, las autoridades se han referido al desalojo como el simple cumplimiento de una resolución judicial. Mienten. Mienten primero porque el propio Presidente en su campaña se comprometió a que no habría desalojos sin solución habitacional, esta sola promesa revela la naturaleza política del reclamo de vivienda, mismo reclamo que no puede ser calificado como doméstico o privado. En las últimas semanas en varias comunas de la Región Metropolitana se han llevado a efecto desalojos y los mismos han sido presentados como parte de la lucha en contra de la delincuencia.
Sin embargo la 17 de Mayo, sin ser la más grande, era representativa del naciente movimiento de pobladores siendo en efecto parte significativa del torrente de movilizaciones que desembocarían en el levantamiento del 18 de Octubre. Por eso hubo en este desalojo el cuidado de realizar una acción que infunda terror en la población desalojada, en su contra el propio alcalde Mauro Tamayo (cercano al PC) se refirió pública y reiteradamente a la Toma 17 de Mayo como un foco de delincuencia, sin que hubiese para fundar tal afirmación nada más que la voluntad política de criminalizar la pobreza y la protesta social. Este alcalde entregó al Ministerio Público información de los catastros municipales hechos a los pobladores, con la única finalidad de facilitar la represión sobre este movimiento. Este mismo Municipio cambió el uso de suelo del lugar donde estaba ubicada la Toma, con lo que el terreno —otrora un basural limpiado por los pobladores— centuplicó su valor pasando de 100 a 1500 millones de pesos. Este mismo alcalde —por todo lo anterior— estuvo detrás de la decisión de hacer del desalojo de la Toma 17 de Mayo, un acto de campaña.
Este hecho, observado con mayor distancia, forma parte de una ofensiva general en contra del pueblo. Coyunturalmente, desde los hechos que terminaron con tres carabineros muertos en Cañete el pasado 27 de abril, el régimen ha dado rienda suelta a una nueva ofensiva represiva que persigue profundizar la criminalización de toda forma de protesta y resistencia social. Los hechos de Cañete sirvieron de mascarada para impulsar una feroz legislación represiva y afirmar en los institutos armados la completa impunidad. En el plano legislativo se ha legitimado formas de represión que hace 5 años devinieron en más de 400 mutilados oculares el 2019, con la llamada Ley RUF (Reglas de Uso de la Fuerza), quedando pendiente aún el debate sobre la posibilidad de pasar a la Justicia Militar actos de represión sobre población civil. En el mismo sentido avanza el debate de la modificación de la Ley Antiterrorista de Pinochet, mediante tal modificación se crearía el tipo penal de la organización terrorista cuya sola filiación sería constitutivo de delito con pena de presidio mayor; se crearía la figura del instigador que es aquél que promueve ideas contrarias a la institucionalidad del régimen y la del ayudista, que es el que colabora material o financieramente con el accionar anti institucional. Estos cuerpos normativos en su conjunto comienzan a delinear el rostro de un nuevo tipo de Dictadura en nuestro país, una Dictadura Civil, un régimen policiaco de represión.
Por supuesto esta represión ha ido acompañada de acciones en el terreno judicial, concordantes igualmente con el propósito represivo descrito. En efecto, mientras al histórico vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se le condena a 23 años en un acto político y ejemplificador propiciado por el Gobierno querellante, se posterga la formalización al General Yáñez de Carabineros, se revoca la prisión preventiva para el ex Director de la PDI, Sergio Muñoz y se absuelve luego de un juicio oral de un año al ex Comandante en Jefe del Ejército, General Fuente-Alba por el delito de lavado de millonarios activos defraudados al Estado.
Las señales son elocuentes y de un solo signo: mientras el régimen endurece su talante represivo para con el pueblo, el Congreso sigue legislando en defensa de los grandes intereses capitalistas. Una clara y escandalosa representación de este hecho lo constituye la llamada Ley Corta de ISAPRES, impulsada y votado por las fuerzas del Gobierno junto a la Derecha y que importa no solo un perdonazo para la multimillonaria deuda de las ISAPRES para con sus usuarios (que terminarán pagando los propios defraudados), sino que también la legalización de los cobros abusivos y discriminatorios. Mediante esta Ley se anticipa la completa privatización de la salud mediante la imposición de un sistema de multiseguros, una vieja aspiración que ni Piñera logró establecer. Conviene hacer notar que este perdonazo a las ISAPRES no solo nada tiene que ver con mejorar la salud pública, sino que por el contrario persigue subvencionar al capital financiero de una manera que solo tiene registro comparable con el perdonazo que dio Pinochet al sistema bancario, durante la crisis 82-83 —conocida como la «deuda subordinada»— que dio nacimiento a los grandes grupos económicos que hasta el día de hoy gobiernan nuestro país.
Mientras se escriben estas líneas he podido escuchar la intervención de los dirigentes de la Toma 17 de Mayo. Su discurso estremece e impresiona por su fortaleza y dignidad. Refieren la completa destrucción de sus viviendas y de todo lo construido colectivamente durante 5 años, señalan que la maquinaria pesada destruyó sus viviendas pero no su voluntad de seguir peleando por el derecho a una vivienda digna. Anuncian resistencia y permanencia en el lugar, responsabilizan a toda la línea de mando político desde Boric al alcalde Tamayo, de estar detrás de este desalojo infame realizado en cautela a los intereses del gran capital.
Corresponde desde esta tribuna, expresar incondicional solidaridad con este movimiento de pobladores. La lucha de la 17 de Mayo es la lucha del conjunto del pueblo. El fortalecimiento de este movimiento dependerá de su capacidad de elevarse políticamente y generalizar sus reclamos. Son miles de pobladores, miles de familias que carecen de vivienda y que son empujadas a las ocupaciones en todo Chile. Su única fuerza es su capacidad de organizarse y luchar para arrancar del régimen sus reclamos urgentes e impostergables.
Si alguna lección podemos sacar este período complejo por el que atraviesa el movimiento popular, es que las concepciones territorialistas, autogestionarias, de minorías y su consecuente política de derechos —lo que se conoce como «progresismo»— es absolutamente impotente para ofrecer un camino de lucha y de resolución de los gigantescos conflictos y antagonismos sociales que vivimos. Porque el gran conflicto en la sociedad capitalista es de clase y enfrenta a explotados con explotadores y solo puede resolverse en términos de revolución social poniendo fin al orden capitalista con un gobierno de los trabajadores. Porque tal conflicto no puede ser observado desde la particularidad, la minoría, el conflicto de género, la disidencia sexual o el ambientalismo. Tales concepciones están siendo majestuosamente derrotadas como alternativas de liberación social y su principal sepulturero es el actual Gobierno, el que se ha encargado de demostrar en la práctica no solo su impotencia transformadora, sino que su condición de mascarada de una feroz ofensiva de represión y explotación.
Viva la resistencia de los pobladores de la Toma 17 de Mayo, su lucha es la de todo el pueblo trabajador.
Video tomado durante el desalojo: esto es terror
