por Franco Machiavelo
El litio, presentado en discursos oficiales como “riqueza estratégica” y “palanca del desarrollo”, sigue un camino muy distinto al prometido: no va al pueblo, va directo a los balances del gran empresariado. Los últimos acuerdos entre Codelco y SQM no rompen con la lógica histórica del despojo; la perfeccionan, la legalizan y la maquillan con un lenguaje técnico que busca anestesiar el escándalo.
¿Cómo ocurre este saqueo? De forma simple y brutal: el Estado, dueño formal del recurso, renuncia a controlarlo plenamente. En vez de explotación directa, soberana y con encadenamiento productivo real, se opta por asociaciones “estratégicas” donde la empresa privada mantiene el know-how, el ritmo de extracción, la comercialización y, sobre todo, la captura de la mayor parte de la renta. El Estado aparece como socio menor de su propia riqueza, celebrando migajas como si fueran conquistas históricas.
La narrativa oficial habla de “transición”, “gradualidad” y “seguridad jurídica”. Traducido: no incomodar al poder económico. Se acepta que el litio —clave para el futuro energético mundial— sea explotado bajo reglas hechas para el mercado, no para el interés colectivo. El precio lo pagan las comunidades, los salares, el agua y el país entero, que observa cómo su recurso estratégico se exporta barato, sin industrialización, sin ciencia nacional robusta y sin soberanía tecnológica.
Aquí no hay ingenuidad, hay complicidad política. El gobierno no es un espectador atrapado por la herencia: es actor que decide, firma y legitima. Entrega el litio al sector empresarial con una puesta en escena institucional que busca desactivar la crítica: mesas técnicas, comunicados optimistas y promesas futuras. Pero el presente es claro: el patrón extractivista sigue intacto, solo cambia el relato.
Lo verdaderamente escandaloso no es solo quién se queda con el litio, sino quién queda fuera: el pueblo chileno. Fuera de la decisión, fuera del beneficio, fuera del futuro que ese recurso podría financiar. Se repite la vieja historia: riqueza pública, ganancia privada; costos sociales, aplausos de mercado.
El litio no fue “rescatado” para Chile. Fue reordenado para que nada esencial cambie. Y cuando un gobierno administra el saqueo en vez de detenerlo, deja de ser mediador y pasa a ser garante del despojo. Esa es la verdad incómoda que ningún comunicado puede esconder.
¿Cómo ocurre este saqueo? De forma simple y brutal: el Estado, dueño formal del recurso, renuncia a controlarlo plenamente. En vez de explotación directa, soberana y con encadenamiento productivo real, se opta por asociaciones “estratégicas” donde la empresa privada mantiene el know-how, el ritmo de extracción, la comercialización y, sobre todo, la captura de la mayor parte de la renta. El Estado aparece como socio menor de su propia riqueza, celebrando migajas como si fueran conquistas históricas.
La narrativa oficial habla de “transición”, “gradualidad” y “seguridad jurídica”. Traducido: no incomodar al poder económico. Se acepta que el litio —clave para el futuro energético mundial— sea explotado bajo reglas hechas para el mercado, no para el interés colectivo. El precio lo pagan las comunidades, los salares, el agua y el país entero, que observa cómo su recurso estratégico se exporta barato, sin industrialización, sin ciencia nacional robusta y sin soberanía tecnológica.
Aquí no hay ingenuidad, hay complicidad política. El gobierno no es un espectador atrapado por la herencia: es actor que decide, firma y legitima. Entrega el litio al sector empresarial con una puesta en escena institucional que busca desactivar la crítica: mesas técnicas, comunicados optimistas y promesas futuras. Pero el presente es claro: el patrón extractivista sigue intacto, solo cambia el relato.
Lo verdaderamente escandaloso no es solo quién se queda con el litio, sino quién queda fuera: el pueblo chileno. Fuera de la decisión, fuera del beneficio, fuera del futuro que ese recurso podría financiar. Se repite la vieja historia: riqueza pública, ganancia privada; costos sociales, aplausos de mercado.
El litio no fue “rescatado” para Chile. Fue reordenado para que nada esencial cambie. Y cuando un gobierno administra el saqueo en vez de detenerlo, deja de ser mediador y pasa a ser garante del despojo. Esa es la verdad incómoda que ningún comunicado puede esconder.
