A nadie que tenga una mínima capacidad reflexiva puede extrañar que Francia haya otorgado asilo político a Ricardo Palma Salamanca, compatriota acusado en Chile por la muerte de Jaime Guzmán, el primero y el más conspicuo asesor y consejero político de la dictadura de Pinochet.
Inmediatamente después del golpe de estado de 1973, miles de chilenos y extranjeros fueron arrestados, golpeados, torturados, despojados de sus bienes, asesinados y hechos desaparecer. Entre los desparecidos todavía figuran cuatro ciudadanos franceses, mientras que otros tantos de sus connacionales fueron a parar a las cárceles luego de ser secuestrados; otros torturados y acribillados a tiros. En la memoria de todo Chile está el asesinato del sacerdote católico francés André Jarlan, muerto de un tiro en la cabeza mientras leía pasajes de la Biblia. Otro caso muy conocido en todo el mundo fue el del ingeniero y profesor universitario francés Jean-Yves Claudet, quien después de ser encarcelado por un largo tiempo, fue liberado en 1975, para sólo unas semanas después, ser asesinado en Argentina por agentes de la DINA.
13 militares chilenos fueron juzgados en ausencia en Francia por estos crímenes, porque sus autores habían sido exonerados de toda culpa con arreglo a la vergonzosa “ley de amnistía general” dictada por la dictadura en 1978 (vino a ser derogada sólo en 2014), en cuya redacción, obviamente y como le correspondía, participó Jaime Guzmán en primera línea.
Cuando el dictador cayó detenido en Londres, los tribunales y el propio gobierno de Francia expresaron su deseo de juzgar a Pinochet en París al juez español Baltazar Garzón, quien fue el iniciador del procedimiento de detención. Como sabemos, el gobierno de la Concertación presidido por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y hegemónicamente controlado por socialistas (¿lo eran de verdad?) y demócrata-cristianos, solicitó formalmente a Inglaterra la extradición del dictador a Chile, con la solemne promesa que Pinochet sería juzgado en nuestro país. Inglaterra cedió al pedido de Chile, y por voz de su secretario de Estado Jack Straw, esto se hacía porque no se dudaba de la seriedad del gobierno de Chile y sus tribunales. Sin embargo, ante el estupor de todo el mundo, quedó al descubierto que la tal promesa no había sido más que una vulgar farsa, una burla y una puñalada en la espalda asestada por el gobierno de Chile a la Justicia internacional. Un acuerdo espurio tramado en secreto entre el gobierno y la derecha política nacional había sellado la salvada de Pinochet.
En Chile, el dictador fue declarado no imputable por estar “físicamente enfermo y padecer una aguda demencia senil,” mientras el viejo sátrapa aparecía en la televisión internacional sano y lúcido justificando sus crímenes y despotricando contra el juez Garzón. La burla para la justicia internacional y, sobre todo, para Francia y su pueblo, no pudo ser mayor.
El argumento clave esgrimido por la defensa de Palma Salamanca en Francia, que fue acogido por los tribunales de ese país, fue muy preciso. Según el abogado defensor, al producirse la muerte de Guzmán, “mucho de la dictadura de Pinochet aún estaba vigente en Chile;” por lo tanto, Chile no era realmente una democracia, y, por extensión, la justicia de verdad no existía. Tema clave en la Filosofía del Derecho es, precisamente, aquel que dice relación con la inexistencia de la justicia y su consecuente remplazo por la vía del individuo. Donde no hay justicia se dan casos como la acción de Palma, la misma que se retrata en “Hamlet” de Shakespeare, obra que, en cuanto el tema, se cita en todas las facultades de Derecho del mundo. Evidentemente, no había justicia.
El dictador era senador vitalicio, campeaba la ley de amnistía de 1978 y, sobre todo, el país seguía bajo la égida de la Constitución de 1980, redactada enteramente sólo por Guzmán y 6 individuos más.
A propósito de democracia, ¿se han fijado que los corifeos de la UDI, cada vez que hablan de Guzmán, lo llaman “senador Guzmán”? Eso, por supuesto, no es casual; conlleva la subliminal intención de calificar a Guzmán como un respetable demócrata, cualidad absolutamente ajena a la personalidad del mayor de los ideólogos que tuvo la sanguinaria dictadura de Pinochet. Ya es anécdota que la calidad de “senador” se la dio su constitución; es decir, se la dio él a sí mismo, con su invento el sistema binominal. Guzmán, no olvidemos, fue tercero en votación en una elección en que hubo cuatro candidatos.
Francia, país de milenaria cultura y tradición en materia de Derecho, no podía ser burlada otra vez. Sus tribunales actuaron como objetivamente correspondía, i. e., en Derecho. El mensaje que ha mandado el País de las Luces, el de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, a todo el mundo y sobre todo a Chile y sus muy poco “honorables” políticos profesionales, es que nadie puede burlarse permanentemente de la justicia internacional.
Finalmente, que quede meridianamente claro que la desconfianza internacional por la justicia chilena ha quedado de manifiesto, así como el ridículo que hizo Piñera, presidente de Chile, al solicitar a su par francés su intervención en favor de la extradición de Palma. El país ya está acostumbrado a los chascarros de Piñera, pero éste fue descomunal. Cómo no advertir que en Francia el principio de la división de los poderes del Estado se cumple, en consonancia con su condición de nación verdaderamente democrática.
Prof. Haroldo Quinteros
