Ecuador – La excepción transformada en dictadura

_{Imagen: Soldados revisan a motociclistas en una calle de Guayaquil, durante el estado de emergencia decretado a inicios de 2023. Imagen: DW, Martin Mejia/AP Photo/picture alliance.}

En memoria de Mario Unda (1957-2026). Ecuador, la excepción transformada en dictadura

Alberto Acosta y Pascual García Macías*

Sin Permiso, 7-8-2026

Correspondencia de Prensa, 7-8-2026

Miedos, violencias, militarización y neoliberalismo bajo Daniel Noboa.

“La arquitectura del poder absoluto no se anuncia. Se normaliza. Y cuando se consolida, el problema no es quién gobierna, sino que el Estado deja de servir a los ciudadanos para servir a quien gobierna. (…) No se construye de un día para el otro. Va de a poco, con pequeñas acciones: disciplinar la palabra, alinear a la justicia, usar al Legislativo como escudo y lanza, controlar a los árbitros del poder y manejar el poder electoral. Todo, con un engranaje final: una burocracia obsecuente y una sociedad indiferente.”

María Sol Borja, periodista ecuatoriana 1

A pesar de que “la metáfora de la rana hervida” 2 no es aceptada como válida por los biólogos, parecería que sí sirve para comprender la incapacidad de los seres humanos de reaccionar ante amenazas graduales o cambios negativos cuando son pausados. Algo de eso parece suceder en Ecuador, con una sociedad paulatinamente habituada a la normalización de medidas excepcionales, tal como sucedería con una rana que no reacciona cuando se le introduce en una olla con agua fría a la que se le calienta poco a poco. La lista de atropellos a la institucionalidad democrática, desatados por un gobierno representativo de la recomposición contemporánea del bloque de poder oligárquico, esta vez encabezado por Daniel Noboa, crece paulatinamente, pero de forma sostenida. 

Como punto de partida para el análisis, debe quedar absolutamente claro que Noboa interpreta y de alguna forma lidera un proyecto político, en el que, de una u otra manera, están sintetizados los intereses de las nuevas y las viejas oligarquías nacionales, en estrecha sintonía con los impulsos que provienen de los centros imperiales, particularmente del Washington de Donald Trump. Por lo tanto, no se pueden perder de vista los procesos en marcha en toda la región, en la que se van alineando con esos intereses cada vez más gobiernos, como acaba de suceder en Colombia y Perú. Noboa no improvisa. Noboa tiene una hoja de ruta. Las decisiones adoptadas, más allá de algunas contradicciones y enfrentamientos inter-oligárquicos, muestran coherencia estratégica.

Recurriendo a las siempre lúcidas palabras de Mario Unda 3, el régimen de Noboa puede caracterizarse como bonapartismo oligárquico. Esta caracterización parte del bonapartismo de Carlos Marx (1852), que fuera posteriormente reelaborada por Nicos Poulantzas, para dar explicación a las formas excepcionales de reorganización del Estado capitalista. A través de una serie de golpes de mano, Noboa se sitúa por encima del Estado y subordina funciones estatales que supuestamente deberían ser de control y autónomas respecto del Ejecutivo. En esta trabazón, signado por un creciente autoritarismo, hay que ubicar a Noboa en la propia clase de la que proviene, desde donde gobierna a través del clientelismo, así como de la persecución y la represión. Y todo en un ambiente en el que predomina una suerte de democracia del tik-tok, como una de las tantas manifestaciones del capitalismo tecnofeudal en marcha.

Los mecanismos privilegiados de este itinerario han sido, por un lado, el temor de buena parte de la sociedad, acorralada por la violencia del narcotráfico; por otro lado, la construcción del “bloque de seguridad” para combatir la inseguridad, fraguando simultáneamente nuevos miedos, como verdadero eje del poder político. Todo esto le otorga al proyecto político que lidera -por lo pronto- Noboa la fuerza material y simbólica suficiente como para construir una forma de poder dictatorial con fachada democrática.

 La progresiva configuración de un régimen de excepción permanente

La necropolítica y la necroeconomía avanzan juntas, como dos caras de la misma moneda. Por un lado, se busca disciplinar a la sociedad y, por otro, se pretende neoliberalizar aún más la economía; todo en clave de un proyecto de dominación sintonizado con los impulsos desatados por tendencias de extrema derecha presentes en muchas partes del planeta. Y lo preocupante es que frente a la avalancha de medidas de corte totalitario no hay respuestas de rechazo vigorosas y masivas… aún.

Aunque el Ecuador contemporáneo (todavía) no constituye un régimen totalitario en sentido histórico estricto, la ejecución de estados de excepción sucesivos, la permanente narrativa del “conflicto interno armado” y la militarización del espacio civil, con un permanente y sistemático atropello al marco legal, configuran un proceso sostenido hacia la autocracia y concentración extraordinaria del poder ejecutivo. Lo graves es que, cuando la suspensión de garantías deja de escandalizarnos y el miedo se internaliza como condición natural, el poder ya no necesita mostrarse en su forma más brutal: comienza a operar “desde dentro”, a través de la resignación, la indiferencia y la desmovilización popular.

En este entorno, el capitalismo, operando en su modo neoliberal extremo, forzando más y más los extractivismos, apuntalado en prácticas económicas liberalizadoras a la par que rentistas y en anquilosadas estructuras sociales oligárquicas, consolida y profundiza en Ecuador formaciones desiguales y visiones conservadoras, con crecientes tendencias individualizantes y reaccionarias, que vigorizan incluso el patriarcado y la colonialidad. Esta realidad demanda un Estado cada vez más autoritario y violento, lo menos democrático posible. Y todo esto, a la postre, robustece tendencias aún más concentradoras del poder, de la riqueza y de la misma acumulación de capital.

Vivimos momentos en los que la institucionalidad democrática y el estado de derecho no se rompen de golpe, sino que se vacían lentamente. No desaparecen de inmediato las elecciones, se las reconfigura en una suerte de sainete para mantener el frontispicio de una democracia. Todo sigue funcionando, pero de manera diferente. La legalidad se vuelve un instrumento de suspensión de derechos; la seguridad se convierte en el lenguaje de dominación del gobierno; la justicia se acomoda al poder; el miedo reemplaza al debate público; y la ciudadanía aprende a vivir bajo restricciones que antes habrían parecido intolerables.

El saldo de tanta violencia estatal se refleja en un creciente autoritarismo represivo, que ha desembocado en sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, con una persecución cada vez más aguda en contra de personas y organizaciones de la sociedad civil, que incluye acciones de brutalidad extrema: con detenciones ilegales, con desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, con asesinato de quienes denuncian la corrupción, con bloqueo de cuentas bancarias, con acciones judiciales sustentadas en “informes reservados”.

Son varios los indicadores e informes internacionales que afirman que Ecuador atraviesa un deterioro democrático (Varieties of Democracy Institute, 2026; Freedom House, 2026; Corporación Latinobarómetro, 2025). Hay incluso análisis que aseguran no solo que los homicidios continúan en niveles históricamente altos, sino que se acumulan denuncias de actos violatorios de Derechos Humanos, en los que incluso están inmersos efectivos militares estadounidenses, con una notable ausencia de mecanismos de control (Human Rights Watch, 2026). Tan grave es este deterioro que inclusive algunos connotados voceros de la derecha, con el eco de parte de la gran prensa, han expresado su rechazo a este orden dictatorial, eso si sin cuestionar para nada la esencia del proyecto oligárquico-neoliberal, por antonomasia autoritario.

Más allá de algunas diferencias, lo que interesa es constatar como al estado de derecho se lo transforma en tiranía.

En la práctica, con el “estado de excepción” se normaliza la dictadura

En el Ecuador de Daniel Noboa el “estado de excepción” no es más la anomalía. La excepción ha dejado de ser una respuesta temporal a determinadas crisis. Le han convertido en un método ordinario de gobernar. Hasta el 20 de junio de 2026, el mandatario había firmado 24 decretos relacionados con estados de excepción, de los cuales 22 han sido por inseguridad, 3 por protestas sociales vinculadas a la eliminación del subsidio al diésel y 1 por la crisis eléctrica. En términos de duración, la administración de Noboa ha transcurrido más de un 95% bajo algún régimen excepcional, nacional o focalizado. En Ecuador gobierna, en síntesis, la excepción, la militarización, a lo que se suma el irrespeto al marco jurídico vigente. Y esto se complementa con un presidente que “trabaja” vía remota o en la distancia, puesto que ha realizado 33 salidas al exterior, hasta la misma fecha, con casi la mitad a los EEUU.

El clave de narrativa oficial: Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado. Lo de fondo no es solo el combate a la violencia criminal, sino también el modo en que esa guerra está siendo utilizada para reorganizar el Estado, disciplinar la sociedad a través de la suspensión de garantías, al tiempo que se alienta el neoliberalismo. La seguridad no funciona solamente reprimiendo el crimen organizado; también organiza conductas, produce obediencia, clasifica poblaciones, administra territorios y fabrica umbrales de tolerancia social, al tiempo que asegura respaldos a los tiranos. En ese espeso escenario como que se normalizan las violencias y la muerte…

Lo concreto es que el uso perverso de la lucha contra la violencia criminal no ha resuelto el problema que dice enfrentar, lo ha agudizado. El año 2025 cerró con 9.216 homicidios, el más violento de la historia reciente del país, mientras los estados de excepción, los toques de queda y sobre todo la presencia militar permanente, con creciente participación de soldados yanquis, no han logrado contener una violencia criminal que se ha expandido territorial e institucionalmente. Así, la pregunta decisiva ya no es solo cuánta violencia existe, sino qué tipo de poder se está construyendo a partir de ella en el país más inseguro de la región.

Mientras el gobierno presenta sus medidas como indispensables para la restauración del orden, la vida cotidiana se deteriora en casi todos los frentes. Hay hospitales sin insumos y alimentos, denuncias por colapso sanitario, precarización laboral, encarecimiento de la vida, crisis educativa, interrupciones en el suministro de electricidad convertidas en amenaza recurrente, a lo que se suma una sensación extendida de abandono social. Vivimos en un país exhausto, donde las violencias y los miedos aparecen como una norma, no como una excepción. 

Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la deriva autoritaria de un gobierno. Es la consolidación de una forma de poder, neoliberal en lo económico, punitiva en lo social, militarizada en lo territorial y subordinada en lo geopolítico. En Ecuador se consolida un proceso que podemos llamar de mikelización, un Frankenstein andino entre neolibertarismo económico de Milei y el modelo represor securitario de Bukele. Un Estado fuerte para reprimir y débil para cuidar la vida; eficaz para suspender derechos y deficiente para garantizar la democracia; rápido para declarar emergencias y lento para responder al hambre, la enfermedad, el desempleo o el abandono escolar.

En este complejo escenario se avanza en un proceso electoral cargado de abusos e irregularidades. Con el peregrino argumento de anticiparse a la llegada del fenómeno de El Niño, se adelantaron las elecciones de gobiernos autónomos descentralizados: prefecturas, municipios, juntas parroquiales. En paralelo, atropellando la institucionalidad electoral y el marco jurídico imperante, se suspende a partidos políticos de oposición, se persigue incluso de forma brutal a potenciales candidatos triunfadores, se criminaliza a cientos de personas y organizaciones de la sociedad civil, se niega la posibilidad de una revocatoria del mandato presidencial establecida en la Constitución. A este paso, no debería sorprender que Noboa, emulando al dictador de Nicaragua, llegue a declarar la suspensión de todos los procesos electorales y los mismos ejercicios democráticos constitucionalmente establecidos.

Todo eso y más es posible, con un gobernante que gobierna a través de la sistemática suspensión o atropello de derechos para concentrar su poder en las distintas funciones del Estado: el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional, a través de la que se desata una avalancha de leyes y disposiciones legales fuertemente regresivas y antidemocráticas, al tiempo que se bloquea cualquier acción de fiscalización política de sonadas denuncias de corrupción en los círculos más elevados del propio gobierno… Para cerrar el círculo de dominación, el régimen está empeñado en romper el último bastión de cierta resistencia democrática, representado por una Corte Constitucional cada vez más neutralizada; cuyos miembros son públicamente atacados por el gobernante, inclusive en contubernio con la justicia.

Esta creciente concentración del poder se apuntala en el control ampliado por la influencia silenciadora del poder oligárquico-gubernamental en varios medios de comunicación, que se nutre también del abierto servilismo de muchos periodistas. Tan grave es el ambiente que organismos de periodistas internacionales han constatado una “alta restricción” para la libertad de prensa.

En el ámbito económico, Noboa parecería también empeñado en enfrentar a algunos grupos empresariales, que al parecer son un estorbo en los negocios del enorme emporio empresarial de la familia Noboa, que es uno de los mayores exportadores de banano. Y como para que no falte nada, se consiguió la remisión total de millonarias deudas del consorcio empresarial familiar en el Sistema de Rentas Internas, por alrededor de 90 millones de dólares

En este entorno no sorprende el sistemático desconocimiento de los pronunciamientos en varias consultas populares que, por ejemplo, frenan constitucionalmente las actividades mineras del país e inclusive la explotación de petróleo en el Bloque ITT, en el Yasuní. Tampoco se cumple con la consulta popular del día 16 de noviembre de 2025, que frenó masivamente el intento noboista para desmontar la Constitución, que desde sus orígenes en el año 2008 incomoda profundamente a las élites. Tras su aparatosa derrota, Noboa insiste en desmontarla mediante reformas legales urgentes y a través de diversas acciones que desconocen la voluntad popular.

La lista de medidas y acciones que debilitan derechos y garantías crece a diario. Así, entre otras tantas cuestiones, se impulsa la reintroducción  del trabajo por hora a través de un simple acuerdo ministerial (con jornadas de 12 horas como en Argentina), se alienta el ingreso de tropas norteamericanas, se acelera la firma de inconstitucionales tratados inversión bilaterales con los prohibidos arbitrajes internacionales, se apura el debilitamiento de la protección ambiental y de la participación social, se construye escenarios para acelerar las privatizaciones, se expande de forma acelerada los extractivismos, en especial la megaminería: negocio en el que estaría envuelta la familia del presidente.

En Ecuador, en suma, se sostiene la fachada democrática mientras se incorporan prácticas de un régimen dictatorial, con una sociedad que parece aceptar que vivir con miedo y derechos suspendidos es simplemente “lo normal”. En nombre de la protección ciudadana se amplían las facultades policiales y militares; en nombre del orden y el progreso se restringe la misma vida democrática y se reprime inclusive la libertad de expresión.

Noboa, el acelerador del modelo neoliberal

Blandiendo el discurso envolvente de enfrentar el crimen organizado, el gobierno de Noboa interviene en todos los órdenes de la vida nacional, incluyendo el económico. Esa fue la justificación para incrementar el impuesto al valor agregado y los precios de los combustibles: gasolina y diésel. Incluso “la guerra comercial” con Colombia (vía incremento de los aranceles) se justificó oficialmente en el establecimiento de una “tasa de seguridad”, dado que el vecino del norte no cuidaría su frontera, según el pretexto de Noboa. Esta “guerra”, que pasó factura a los dos países, como se anticipó oportunamente, resultó ser un mecanismo para debilitar electoralmente la corriente progresista en Colombia, en claro contubernio con las presiones desatadas por el gobierno de Donald Trump.

Más allá de la verborrea de securitización, lo que ha buscado el gobierno, con estas medidas económicas impuestas por el FMI, es sumar reservas monetarias internacionales para atender las demandas de los acreedores de la deuda externa. Dicho aumento de las reservas es el resultado principalmente del financiamiento externo, valorización de activos, atraso de pagos ya devengados, así como del austericidio fiscal. En ningún caso, ese resultado demuestra fortaleza económica estructural. Se trata de una liquidez transitoria con un duro impacto en varios ámbitos, en donde escasea la inversión pública, como el de la salud, que ha colapsado.

Un dato que puede resultar curioso, si bien el gobierno recorta inversiones del sector público, aumenta tributos, tarifas de los servicios, precios los combustibles y del transporte intercantonal e interprovincial, no deja de utilizar clientelarmente parte de los crecientes recursos fiscales para promocionar sus intereses electorales en la consulta popular de abril del 2024, su reelección en el año 2025, inclusive la consulta popular de noviembre del 2025; práctica que se repite ya para las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados de noviembre del 2026. Una acción que le valió un “tirón de orejas” del FMI, pero nada más que eso, puesto que el Fondo sigue apoyando a su protegido. 

Noboa destacó el regreso de Ecuador a los mercados de capital internacionales, luego de haber alcanzado una sustantiva reducción del índice de riesgo-país, conseguido gracias a la contracción del déficit fiscal, debido, en especial, al austericidio fiscal, es decir al sacrificio de la inversión pública en todos los órdenes, incluyendo el de la seguridad, que ejecutó menos del 50% de lo presupuestado en el 2025… Aprovechándose de dicha reducción, el gobierno, para cumplir los insostenibles compromisos adquiridos en el año 2020, contrata más deuda externa. Esta costosa nueva deuda alivia las presiones fiscales en el corto plazo. En el mediano y largo plazos la situación será diferente: se trata de una deuda no solo más costosa, sino incluso muy ventajosa para los acreedores, a quienes, además, se les aseguró la recompra de los bonos al 100% de su valor nominal. Estas operaciones no reducen el endeudamiento público. Lo aumentan. La deuda pública externa e interna supera los 90.000 millones de dólares: casi 70% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal. En síntesis, lo que se hace es cambiar la composición y el perfil de vencimientos de los créditos contratados, manteniendo al país atado a “la deuda eterna”.

Aquí aflora un aspecto medular del proyecto oligárquico-neoliberal: la reducción económica del tamaño del Estado, con la consiguiente búsqueda de privatización de empresas y servicios públicos, incluyendo el de la salud. Cabe mencionar los esfuerzos sistemáticos para debilitar a la principal empresa del Ecuador, la estatal petrolera Petroecuador, a la que se le desfinancia y descapitaliza, se nombran gerentes mediocres y temporales, se despiden técnicos calificados, en suma, se le impide actuar como empresa. Mientras que, de forma perversa, los grandes medios de des-información presentan a las empresas estatales como estructuralmente ineficientes.

El caso del sector eléctrico merece un punto aparte. Los cortes de electricidad en la primera etapa de la gestión noboista fueron recurrentes y sistemáticos, alcanzando hasta 14 horas diarias durante varias semanas. Cabe tener presente que, a inicios del año 2023, todavía en la anterior gestión gubernamental, en la del banquero Guillermo Lasso, se anticipó la llegada de un agudo estiaje y se elaboró un plan para enfrentarlo. Existiendo, esto es clave, recursos para financiarlo, nada se hizo. Ya en el gobierno de Noboa, no solo se incumplió con dicho plan de emergencia, sino que incluso se retiraron recursos de las cuentas de los entes eléctricos estatales para cerrar el déficit fiscal. Poco más tarde, en operaciones abiertamente corruptas, este régimen malgastó millones de dólares en la contratación de equipos termoeléctricos obsoletos. Y en este escenario, cuando nuevamente aparece la amenaza de los apagones, se mantiene la bandera de la privatización como la alternativa, lo que ha sido apuntalado con un par de leyes de urgencia económica.

En este empeño se enmarcan la fusión y hasta la desaparición de ministerios: una política -a lo Milei- que debilita derechos y garantías.

Desplegando a cabalidad el libreto neoliberal, el noboísmo sigue impertérrito alentando acciones extractivistas. Así, con una de las tantas leyes de urgencia económica, el régimen consiguió una reforma pro-minería que debilita brutalmente los controles ambientales y la participación ciudadana; que aumenta las amenazas sobre territorios, comunidades y Naturaleza; al tiempo que consagra la militarización de los territorios con potencial minero para romper la resistencia comunitaria. Con esta ley se autoriza, inclusive, la minería de materiales pétreos en las Islas Galápagos, en donde Noboa trató (sin éxito, gracias a la negativa popular en las urnas en noviembre del año 2025) de que se instalara una base militar norteamericana.

Tampoco podemos marginar los avances en la suscripción de tratados de libre comercio y de promoción de inversiones atropellando disposiciones clave de la Constitución del 2008, que, entre otros puntos, prohíbe los arbitrajes internacionales. Ese mandato, además, se ratificó expresamente en la consulta popular de abril del 2004 cuando el gobierno tampoco consiguió reintroducir el trabajo por horas prohibido en el mismo texto constitucional. A la fecha este régimen ha firmado acuerdos comerciales con los EEUU y recientemente con Canadá; así como tratados de protección a las inversiones extranjeras con los Emiratos Árabes Unidos (garantías para la atracción de capitales en sectores estratégicos e infraestructura) y con la Unión Europea (facilitación e incentivo para inversiones con estándares ambientales y de sostenibilidad).

Aquí destacamos el Acuerdo Comercial Recíproco con los EEUU, suscrito el 13 de marzo del presente año. Este Acuerdo, negociado en poquísimo tiempo, a espaldas de la sociedad, que impone muchísimas más obligaciones al Ecuador que a los EEUU, sintetiza una creciente alineación, en tanto subordina decisiones clave en comercio, inversión, regulación, tecnología e incluso política migratoria, tal como sucede, de una u otra manera, con los otros TLC. Este Acuerdo de Comercio Recíproco -similares acuerdos han suscrito Argentina, El Salvador, Guatemala- representa una suerte de TLC PLUS, a través del que se asume como propia la política exterior estadounidense, no solo la comercial… Acuerdo que hay que analizarlo en el marco geopolítico de las acciones imperiales de Washington como el Escudo de las Américas, al que nos referiremos más adelante. Y como todos los TLC, que son libres, ni solo de comercio, este Acuerdo -esto es lo de fondo- consolida una modalidad de acumulación primario-exportadora, sustentada especialmente en la sobreexplotación de la Naturaleza y de la fuerza de trabajo.

Mientras el discurso oficial celebra algunos indicadores, el deterioro de las condiciones de vida para las mayorías aumenta. A modo de botón de muestra, el mercado laboral y los ingresos muestran una fragilidad persistente. Para marzo de 2026, el empleo adecuado se ubicó en 32,1%, por debajo del 37,1% registrado en febrero del mismo año, mientras el subempleo alcanzó el 19,6% (INEC, 2026). Un problema fundamental radica en la calidad del empleo. Solo 32,1% de la PEA tenía empleo adecuado, mientras el subempleo y las otras formas de ocupación precaria reducían severamente la capacidad material de los hogares.

Por igual se mantiene muy complicada la insuficiencia estructural de ingresos. Según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la canasta básica familiar de marzo de 2026 fue de 830 dólares para un hogar tipo de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingreso, mientras que el ingreso mínimo era de 482 dólares. El problema se magnifica al cruzar la distribución del ingreso por quintiles con la estructura laboral efectiva, los tres primeros quintiles (es decir, el 60% de la población) no alcanzarían a cubrir esa canasta. El primer quintil apenas cubriría 19,8%, el segundo 42,0% y el tercero 66,3%. El cuarto quintil apenas supera el umbral, con 102,3%, mientras el quinto alcanza 230,3%. La fractura social es clara, la mayoría aparece estadísticamente ocupada, pero vive por debajo de condiciones materiales suficientes.

En este contexto económico, a finales del año 2025, mientras la pobreza por ingresos era del 21,4%, la multidimensional duplicaba esa cifra al alcanzar el 41,7%, destacándose la falta de servicios básicos y vivienda digna. Niveles de pobreza mucho más altos en el área rural en comparación con la urbana.

En resumen, esta cruda realidad no se oculta con unos cuantos indicadores macro. Esa realidad nos dice que crece la distancia entre salario y canasta básica, el endeudamiento de los hogares como instancia para llegar a fin de mes, así como el sistemático deterioro de la salud, la educación y la misma seguridad.

Noboa, un fiel peón de los intereses trumponianos

En política internacional, Noboa, levantando la tesis del “conflicto armado no internacional”, se sintoniza de forma pública y sumisa con las remozadas pretensiones imperiales de Donald Trump, inclusive con la violencia genocida del sionismo, cuya sombra planea por toda la región. Una posición coincidente con la estrategia geopolítica de EEUU, que incluye a Ecuador en el perímetro de seguridad inmediato de la “Gran América del Norte”. De esta manera, el régimen noboista, inclusive contrariando las disposiciones constitucionales, conjuntamente con el Comando Sur de los Estados Unidos, desata la “Operación Exterminio Total” para combatir militarmente el narco-terrorismo en territorio ecuatoriano con acciones represivas indiscriminadas, tal como sucede en el Caribe y el Pacífico Oriental. De hecho, ya hay denuncias de “falsos positivos” en la frontera norte y en el mar, es decir el asesinato de civiles inocentes como resultado de esas acciones militares.

Es importante destacar que Ecuador se ha convertido en una pieza fundamental del crimen organizado, cuyos tentáculos se infiltran en todas las instancias del Estado; gobierno central y gobiernos descentralizados, justicia, fuerza pública, en prácticamente toda la institucionalidad política… De los puertos ecuatorianos parte gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa. Droga que es transportada especialmente en embarcaciones cargadas de banano. Droga que también se infiltra por la Amazonía, como sucede en Colombia y Perú, hacia el Brasil.

En este entorno, existiendo una abierta complicidad con autoridades y con empresas consideradas como legales, se expande de forma acelerada la minería aurífera ilegal, en la que incursionan cada vez más los grupos de delincuencia organizada. Así, la expansión de economías ilícitas constituye hoy un factor macroeconómico que amortigua parcialmente las restricciones de liquidez de la economía dolarizada (que también se nutre sustantivamente de las remesas de la emigración). El propio presidente Noboa afirmó, en una entrevista en julio del presente año, que las economías ilícitas generarían hasta el 20% del PIB, que equivaldría a 26.000 millones de dólares al año, los cuales ingresan al sistema formal mediante diversos mecanismos de blanqueo de capitales.

Por cierto, queda flotando una pregunta crucial que no tiene que ver solo con la influencia económica e incluso política de los narco-dólares, sino especialmente con quiénes son los ganadores de esta guerra en contra del crimen organizado, que es un engranaje más de la política de Washington en su lucha contra “los extremistas de izquierda” en todo el mundo.

Tengamos en cuenta que Noboa participó en el establecimiento del Escudo de las Américas, que representa un alineamiento ideológico y estratégico de gobiernos sumisos a la política del Trumpismo. Un mecanismo para la lucha contra el narco-terrorismo, en el marco de la remozada doctrina Monroe (1823), hoy conocida como Donroe; con el que quiere también enfrentar a los otros imperios, sobre todo a China. Ecuador entra así de lleno en lo que se anticipó de forma oportuna constituiría una suerte de Plan Cóndor del siglo XXI; hablamos de aquella campaña regional de represión política y terrorismo de Estado llevada a cabo en los años setenta del siglo pasado por varias dictaduras; se trató de una política de alcance regional, que contaba con el respaldo de los EEUU, que incluía operaciones de inteligencia, el combate a grupos considerados como subversivos, así como el asesinato de opositores

Otro punto no menor. Casi desde el inicio de su administración, Noboa ha dado muestras de su poco o nulo respeto a las normas internacionales. Así, en abril del año 2024, ordenó el asalto a la embajada de México en Ecuador para capturar al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de refugiado. Llegados a esta cuestión, cabe mencionar que el conflicto comercial con Colombia, fue una acción en cumplimiento de disposiciones que provienen del coloso del norte empeñado en debilitar la tendencia progresista en las recientes elecciones colombianas, en las que no tuvo empacho alguno en incidir de diversas maneras. Esta sumisión a Washington explicaría la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba en marzo del presente año, justamente cuando se agudizó el largo y brutal bloqueo alrededor de la isla.

Así las cosas, Noboa inserta su guerra en contra del crimen organizado actuando como sumiso peón en la contienda geopolítica de Washington. Y todo esto permitiendo el control por parte de los EEUU de los bienes naturales del país; pretensión que mueve al gobierno de Trump en todo el hemisferio, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, e incluso fuera de él; basta ver como se ha transformado a Venezuela en una suerte de protectorado yanqui.

A partir del reiterado reconocimiento del “conflicto armado interno”, Noboa presentó en julio del año su Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 destinado a ampliar la cooperación militar y policial internacional con el fin de enfrentar -lo que el régimen considera- amenazas a la seguridad, el orden público y la paz social. Por lo tanto, vía decreto, se abre la puerta para indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que participen en acciones relacionadas con la represión, esperando que la Asamblea Nacional otorgue amnistías, de ser del caso. También se establece que el personal militar de Estados cooperantes o mercenarios que participen en estas operaciones gocen de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables. Se crean tribunales o salas especializadas que conozcan procesos relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como de las fuerzas internacionales involucradas. Como un punto adicional, ya se ha instalado una oficina del FBI en Quito.

Todo esto con una permanente afectación a disposiciones constitucionales. Este gobierno sumiso, hay que reconocerlo, aprovecha de una serie de convenios preexistentes y del miedo atado a la criminalidad y la forma en que se la combate, la que en un círculo perverso provoca nuevos miedos, que alimentan la espiral de violencia represiva e inclusive la aceptación sumisa de dichas acciones autoritarias por parte de amplios segmentos de la sociedad.

Noboa, un dictador a ser enfrentado siempre con más democracia

Ecuador cruza un umbral político de deterioro sistemático y cada vez más acelerado de su democracia, sin que se haya producido -hasta ahora- una sostenida respuesta de la sociedad.

De todas formas, la semilla de la rebelión y la dignidad germina en muchos ámbitos. Resaltemos las múltiples luchas de resistencia de muchas comunidades que enfrentan los extractivismos minero y petrolero; las valerosas acciones de las agrupaciones de Derechos Humanos y de ecologistas que levantan de forma sostenida y valiente su voz de protesta; las movilizaciones puntuales impulsadas por diversos movimientos sociales, campesinos y ciudadanos, entre las que se destaca la gran marcha del “quinto río” en la ciudad de Cuenca, que movilizó a más de 100 mil personas en defensa del agua y los páramos contra la minería el día 16 de septiembre del 2025.

Acciones a las que habría que añadir el -duramente reprimido- paro indígena de setiembre y octubre del año pasado, que contribuyó al triunfo del pueblo en la consulta y referéndum del 16 de noviembre del 2025. En esa ocasión fue derrotado el gobierno y su proyecto político oligárquico-neoliberal. Se frenó el intento de convocar a una nueva constituyente, entre otras de sus protervas intenciones. Ese logro fue posible gracias a una minga democrática, que convocó una gran diversidad de actores sociales y ciudadanos, que priorizaron el bien común, la defensa de la democracia, la soberanía, la paz, la vida misma. Este logro representa un hecho histórico inédito: la Constitución de Montecristi, la del año 2008, aprobada en las urnas en septiembre de ese año, fue ratificada el año pasado.

Por lo tanto, defender la Constitución del 2008 implica asumirla como una red viva de derechos y garantías que se debe cuidar y difundir en la práctica. Así las cosas, esta carta magna emerge como la base para propiciar un gran Acuerdo Nacional, que afirme la dignidad y la irreverencia frente al poder, que recupere espacios de soberanía y democracia activa, lo que implica fortalecer la organización social, especialmente desde ámbitos comunitarios, como fuerza movilizadora en la construcción de un país más justo.

Es importante, entonces, que las oposiciones al régimen, superen aquellas viejas y nuevas disputas, demostrando capacidad para conformar alianzas amplias en las próximas elecciones de noviembre de este año, así como para preparar y sostener movilizaciones y acciones múltiples en el marco del derecho constitucional a la resistencia. Eso sí, sin dejarse atrapar por el egoísmo y el oportunismo, el caudillismo y el sectarismo, que debilitan e incluso paralizan muchas otras formas unitarias de acción democrática, urgentes para enfrentar la dictadura.

La historia la escriben los pueblos, no sus gobernantes.

*Alberto Acosta, economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008. Pascual García Macías, economista mexicano. Editor de la revista Yeiyá Estudios Críticos

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