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Ecuador: Entre la mafia y la intervención estadounidense

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por Leonardo Ogaz Arce 

“Algo huele mal en Dinamarca” 

Shakespeare 

Nadie podría negar las dimensiones de la ola delincuencial y de violencia, desatada por las pandillas mafiosas en el Ecuador: sicariatos por doquier, robo de teléfonos celulares, extorsiones llamadas “vacunas”, secuestros de todo tipo y enfrentamientos sangrientos entre pandillas rivales, sobre todo en las cárceles. Los ajustes de cuenta son casi diarios, la cantidad de asesinatos por cada 100 habitantes es la más alta de América Latina. Algunas de estas pandillas tienen vínculos con carteles internacionales de narcotráfico de México, Colombia y otros países. Estas organizaciones criminales son dirigidas desde las cárceles, recintos que controlan casi en su totalidad. Para dar una idea de la magnitud del problema podemos decir que existe un grupo denominado los “Tiguerones”, que de acuerdo a expertos tiene, 1500 miembros en las cárceles y 3000 fuera de ellas. Fernando Carrión, un estudioso del tema, calcula que hay cerca de 50 mil personas que pertenecen a 22 o 25 bandas criminales. Hay provincias donde en general tienen un gran control territorial, y en el caso particular de la provincia de Esmeraldas, en la costa norte del Ecuador, este control es bastante intenso y extenso. Existe una variada gama de delitos que se distribuyen entre las diferentes bandas: unos hacen inteligencia, otros distribuyen y venden droga, y otros son los mediadores para la exportación de drogas, especialmente a Europa, de lo cual se deduce que existe una especie de difusa división del trabajo: entre crimen organizado nacional y una red Internacional del crimen. (Datos entregados por Fernando Carrión en entrevista con Alondra Santiago). 

Recientemente, la fiscal nacional Diana Salazar ha presentado una denuncia ante los tribunales de justicia que ha denominado “Metástasis” en base a la incautación de algunos celulares a un capo de la mafia local, recientemente asesinado en la cárcel, que dejó al descubierto un impresionante grado de penetración de algunas mafias en el sistema de justicia, y en algunos sectores de la política que incluye gobiernos, parlamentos y alcaldías. Es decir, el Narcotráfico ha permeado al Estado. 

Esta alarmante situación es responsabilidad exclusiva de los grupos dominantes y los gobierno de turno que han mantenido al país en una crisis endémica, a través de sus políticas neoliberales con la consiguiente reducción y debilitamiento del aparato estatal, lo que conlleva cifras impresionantes de desempleo. El Ecuador tiene una población de 17.757000 de habitantes de los cuales 8,4 millones de personas conforman la Población Económicamente Activa (PEA), a junio del 2023, solo 2,9 millones (34,5%) tiene un empleo adecuado, frente a 5, 1 millones (61,4%) que tienen un empleo en condiciones no adecuadas, según indica el informe de la Dirección técnica de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), en este mismo informe se indica que 5 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. He ahí el campo de cultivo de las bandas narcotraficantes. 

El fracaso del neoliberalismo y su ineficiencia se ha expresado por medio de los nefastos gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso el economista Marco Flores lo señala de la siguiente manera: “Los gobiernos de Moreno y Lasso regalaron millonarios recursos a grupos escogidos, permitiéndoles no pagar impuestos bajo el disfraz de <Incentivos tributarios>. Hasta para vacunar a la población contra el COVID crearon grupos VIP. Su política económica selectiva y de torpe austeridad, destruyó la inversión pública, crecimiento económico, la seguridad ciudadana y el empleo, conduciendo a la economía a la ruina fiscal y perjudicando a la gran mayoría de la población. Ahora Noboa pretende que los perjudicados paguen la factura y en medio de la contracción de una economía dolarizada y muy poco competitiva, continúa conduciéndola en contravía y propone incrementar el IVA al 15 por ciento.” (X antes Twitter domingo 14/1/24)

Las clases dominantes y dirigentes en Ecuador carecen de un proyecto nacional y tienen un carácter mercantil que prioriza sus particulares intereses en los procesos de acumulación dejando completamente de lado los intereses nacionales. Estos grupos de poder que han estado gobernando no representan para nada una dirección política, intelectual, ni menos ética y cultural para el país y han demostrado una total incompetencia en el combate a la delincuencia, existen además, serios indicios que muestran el carácter corrupto de algunos grupos de este bloque dominante al participar en las prácticas de lavado de dineros ilícitos. En definitiva nos encontramos frente a una total descomposición de la dominación burguesa. 

En rigor, lo que ocurrió el martes (9/1/24) fue consecuencia de la fuga de dos de los principales jefes de las mafias que a su vez provocó la intervención militar en la cárcel de Guayaquil; daba la impresión de que era la respuesta de los narcos a la reubicación de los jefes de las mafias en cárceles más seguras para interrumpir los circuitos de comunicación delictual, fue algo que parecía una ofensiva terrorista de los narcotraficantes que consistía en una serie de carros incendiados y algunos otros incidentes en varias partes del país, que al parecer dejó un saldo de 10 muertos, -según el relato oficial-. La guinda del pastel la constituyó la toma muy chapucera de un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil, los asaltantes de rindieron fácilmente y en el rescate no hubo ningún fallecido y solo dos heridos al parecer de poca monta. Pero el hecho generó olas de pánico colectivo en todo el país, amplificado por la transmisión en vivo por otro canal de televisión, se tiene la sospecha en base a una serie de antecedentes que en realidad se montó una operación de inteligencia para generar más miedo entre la población que permitiera justificar la declaración de Estado de Guerra Interna que junto al Estado de Excepción, entre otras cosas, le conceden a las fuerzas militares y policiales la potestad de declarar objetivos militares a las fuerzas de narcotraficantes y el uso de armamento letal, además, le otorgan al gobierno amplias atribuciones que se traducen en más autoritarismo y restricción de derechos.

El mundo político a través de la Asamblea Legislativa ha respaldado unánimente al gobierno y se ha logrado la anhelada unidad nacional contra la delincuencia. El gobierno de Daniel Noboa empresario, hijo de Álvaro Noboa importante empresario de la exportación de banano y otras empresas, ha logrado la aprobación de dos leyes, la una que supuestamente está destinada a generar empleo bajándole los impuestos a los grupos empresariales y la otra una ley en el campo energético destinada a aumentar las tarifas de electricidad y finalmente en este campo, ha enviado, a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para subir el IVA de 12 al 15% con el pretexto de financiar la guerra, sin un plazo definido y sin presentar un presupuesto de costos de esta guerra, como se puede apreciar este gobierno hace lo que todo gobierno de la élite dominante realiza: hacer pagar la crisis económica y de seguridad a la población trabajadora del Ecuador, en vez de poner impuestos a las empresas que han obtenido sobreganancias este último tiempo, incluido los tiempos de pandemia, como son los sectores de la banca y las empresas de telecomunicaciones. 

Se teme además que utilizando el alto nivel de apoyo que tiene Daniel Noboa en este momento, más el miedo imperante, el gobierno gane la consulta popular que ha planteado y que con ese capital político, proceda a realizar un intenso proceso de privatizaciones. 

Pero quizás lo más grave, pues compromete la soberanía nacional, lo representan los decretos firmados por el Presidente Noboa que abre las puertas a la intervención del gobierno norteamericano tanto en la dirección, como en las operaciones en contra del narcotráfico.    

Desde sectores de izquierda, se está levantando propuestas alternativas que conduzcan a que las centrales sindicales (FUT) y la Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) en el sentido de que se fortalezca la organización popular independiente, para desde abajo afrontar el problema de la delincuencia.

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